​Pilar Argüello Trujillo, una chica de 20 años, salió de su casa un domingo y no volvió. Su familia supo de ella hasta dos días después cuando el señor Pedro Argüello -su papá- escuchó a un voceador promocionando el periódico local con la noticia principal: el hallazgo del cuerpo de una mujer desconocida. 

El señor Pedro Argüello tomó la portada del periódico y ahí vio a su hija.

La señora Reyna Trujillo, mamá de Pilar, acudió a hacer el reconocimiento legal del cuerpo en una funeraria.  

El homicidio se convirtió en el primer caso individual recibido por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). También es la primer investigación archivada de sus características que se vuelve a abrir. 

Sucedió en Coscomatepec, un municipio de la región de las Altas Montañas de Veracruz, el día 2 de septiembre de 2012, después de que Pilar había ido a una fiesta.

“Le gustaban mucho los bailes, se iba a todos los bailes. Si había una disco, iba” recuerda su mamá. “A veces se llevaba a su hermano chico (al que le lleva nueve años). Era muy pegadita con su hermano. Lo cuidaba”, recuerda su papá.

En su última fiesta no estuvo su hermano. Aquel domingo Pilar se encontró con el joven (cuyas iniciales son A.R.M.) con quien tenía una relación sentimental, de acuerdo con versiones de amigos recibidas por la familia.

Ese joven confesó a un policía que mató a Pilar y participó en la reconstrucción de los hechos realizada por la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) en el sembradío de chayotes a donde la llevó por la fuerza, la mató de un golpe con piedra en la cabeza y la abandonó expuesta a la vista de las personas en la vía pública y con señales de violencia sexual.​

El probable responsable, quien era menor de edad, pasó dos meses en la cárcel y una juez lo liberó por falta de pruebas y pese a los intentos de la Procuraduría de revertir el fallo, el señalado está libre 11 años después (no se conoce su ubicación) y el crimen de Pilar Argüello Trujillo sigue impune.

Las posibles fallas del sistema judicial durante esos dos meses que llevaron a la liberación del presunto asesino de Pilar son los elementos que llevaron a la organización Equifonía a tomar la representación legal de la familia y presentar el caso ante el Comité CEDAW.

Las recomendaciones fueron emitidas en 2014 y desde entonces se ha desarrollado un proceso jurídico que podría marcar “un antes y un después” en el trato jurídico del feminicidio en México, según la opinión de Adriana Fuentes, abogada de Equifonía.

Uno de los puntos importantes para la defensa de la familia de la víctima es que en 2017 la CEDAW reconoció que Pilar fue víctima de feminicidio. 

“El proceso contribuirá en el tratamiento e investigación del feminicidio en México, por ser el primer caso en el que se pronuncia el Comité respecto a un caso en particular, que trasciende además en la política pública para el tratamiento de otros casos similares”, dijo Fuentes.

“Su análisis implica el reconocimiento de que no es un caso aislado, no es un caso particular sino que el tratamiento que se le da al caso de Pilar refleja las deficiencias y omisiones que comenten en casos similares. Por eso nos parece muy importante que el Comité admita el primer caso individual. Además, se reabre el caso. No tenemos conocimiento de otros casos archivados que se hayan reabierto. Es un precedente para familias que está buscando justicia para que se reabran las investigaciones”, añadió Araceli González, directora de Equifonía.

Estado tenía las herramientas 

Durante los dos años previos al homicidio de Pilar, sucedieron tres hechos que dieron herramientas al sistema judicial para procesar el caso como feminicidio:

Se tipificó el delito de feminicidio en Veracruz durante 2010; México tuvo una reforma constitucional en 2011 que enmarcó el procedimiento para la protección amplia de derechos humanos que incluye el derecho a la justicia, y en marzo de 2012 la PGJE envió una circular indicando que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como feminicidio.

Caso de Pilar no se investigó como feminicidio sino como homicidio agravado.

De acuerdo con la postura de Equifonía, cuando Pilar fue hallada muerta en un predio de Coscomatepec, las autoridades “ya deberían tener establecido un protocolo de diligencias de investigación adecuado”, señaló Araceli González, directora de esa organización.

Es decir, no hubo un análisis de las diligencias realizadas desde que Pilar fue encontrada expuesta en un lugar público, tampoco se sabe dónde quedó el teléfono celular de ella. La familia se pregunta, ¿por qué se enteraron por el periódico dos días después y no el día del hallazgo? ¿estaba capacitado el personal de la PGJE?

La defensa de Pilar cree que la forma en que se enteró la familia de la muerte de Pilar “evidencia que nuestro sistema penal es deficiente y muy lento” sin un protocolo que agilizara el reconocimiento del cuerpo.  

Un día después de que la madre y el padre supieron que su hija fue asesinada se ocuparon en despedirla en el velorio y sepelio y mientras tanto, las autoridades hicieron la reconstrucción de los hechos sin ponerlos al tanto.

“Don Pedro nos dijo que hubiera querido estar en la reconstrucción de los hechos”, contó Araceli González.

A.R.M., el señalado del homicidio, colaboró en la reconstrucción en compañía de su abogado y la Representante del Menor, garantizándose el debido proceso y sus derechos como menor. “Y a ella no le garantizaron el suyo”, señaló Adriana Fuentes.

El 6 de septiembre de 2012 se llevaron al acusado a la cárcel para menores de Palmasola, en la costa de Veracruz, donde está el único juzgado de responsabilidad juvenil de Veracruz. En la audiencia de medidas cautelares le fijaron 45 días de prisión.

El 12 de septiembre se le encontraron elementos para procesarlo y se le decretó auto de vinculación pero el 3 de noviembre quedó libre porque “no encontraron prueba científica para que reine sobre la confesional”, explicó la abogada de Equifonía.

Es decir, la confesión fue tomada como “espontánea” y la jueza no le dio valor probatorio a las diligencias. “¿Un juzgado especial de menores tiene perspectiva de género? Es un mal mensaje que, por ser menores, pueden matar. ¿Y el peritaje de la prueba?”, se pregunta la abogada.

Además, la defensa supo -y también lo sabe la familia de la víctima- “que en la reconstrucción de los hechos A.R.M dio elementos que nadie más tiene, que no pudieron ser inventados. Con eso se tenía para sancionar al responsable”.

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Pilar en vida

Pilar tenía una cuenta bancaria con 10,000 pesos, un ahorro que logró trabajando tres años como empleada doméstica y tomando capacitaciones en manualidades. Era disciplinada en las finanzas porque tenía muy claras las cosas qué quería hacer y cómo quería lograrlas.

Su papá y mamá recuerdan tres planes en especial. El primero era poner un negocio propio de manualidades y el segundo, que sería consecuencia del primero, era ayudar a pagar los estudios de su hermano menor.  Ya también planeaba construir una casa.

“Era muy hábil y no se detenía con la ignorancia del estudio (no tenía estudios escolares)”, dijo el señor Pedro.

Había otra cosa más: la familia tenía pendiente ir a un restaurante a comer mariscos, la comida preferida de ella. Es uno de los detalles que quedan presentes de esos días de hace 9 años.

Las partes involucradas en el caso mantienen reuniones periódicas para dar seguimiento a las recomendaciones a través de la comunicación 75/2014, en un proceso donde la familia de Pilar y el Comité CEDAW intentan construir los cimientos de un nuevo panorama para la investigación y sanción de los feminicidios en México.

“Hemos estado recibiendo informes del Estado Mexicano y el Comité CEDAW nos manda que podamos hacer observaciones a esos informes. Lo han hecho cada dos años. Entonces ahora nuestra comunicación es parte de las recomendaciones generales que le hacen a México”, explicó Adriana Fuentes.

Con la reapertura del caso la Fiscalía General de Justicia de Veracruz (antes PGJ) ya realizó nuevas diligencias dentro de la reapertura del caso y ha estado en contacto con la familia, sin embargo, el Poder Judicial hasta el momento no ha dado muestras de investigar qué hay detrás de la liberación del joven que confesó el crimen.

“En el Poder Judicial no hay un compromiso de investigar a la jueza que liberó al feminicida, no se han comprometido a investigar posibles actos de corrupción, y es parte de las observaciones (del Comité CEDAW) y del complimiento de las medidas”, dijo González.

Mientras tanto, doña Reyna y don Pedro siguen impulsando el caso en las reuniones de su defensoría legal con representación de la CEDAW y el Estado Mexicano para que el crimen de su hija marque un precedente en las demás investigaciones abiertas y por abrirse de casos similares.

Con información de la-marea.mx​