Acusan a directora del IMM Coatzacoalcos por violencia institucional y desacato a orden judicial

​Abogados de Alejandro “N” han hecho públicas sus acusaciones contra Rocío Espinosa Chévez, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en Coatzacoalcos, señalándola por su actitud misándrica y por violar una orden judicial. Según los abogados, Espinosa Chévez ha obstaculizado la convivencia familiar ordenada por un juez federal, priorizando los derechos de la madre sobre los del menor.

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En una conferencia de prensa, los abogados Eduardo Carmona y Mauricio Izquierdo relataron los eventos ocurridos el pasado martes 22 de abril, cuando acompañaron a su cliente al IMM para cumplir con una resolución judicial que permitía la convivencia entre el menor y su madre, Maquis “N”, en un espacio neutral.

“No nos oponemos a las convivencias con la madre, pero exigimos que se realicen en condiciones adecuadas para el bienestar del menor”, declaró el abogado Eduardo Carmona. Sin embargo, desde su llegada al instituto, los abogados y el padre fueron recibidos con hostilidad por el personal del IMM, especialmente por la directora Rocío Espinosa Chévez.

Los litigantes describieron una postura excluyente hacia los hombres, asegurando que se les informó que el instituto solo atendía a mujeres. “Esto evidencia una actitud misándrica y excluyente que contradice la función institucional de brindar atención desde una perspectiva de derechos humanos y no de género sesgado”, añadió Carmona.

Además, acusaron a Espinosa Chévez de comportarse de manera intimidante, acosando verbalmente al padre y a los abogados, con el aparente objetivo de provocar una reacción agresiva y deslegitimar la presencia del padre en el recinto.

Los abogados subrayaron que su presencia en el IMM estaba respaldada por una resolución judicial federal, que ordenaba habilitar el lugar para las convivencias debido a la falta de centros especializados o neutrales en Coatzacoalcos. “El IMM, en lugar de colaborar en un mandato de interés superior del menor, se comportó como un espacio de confrontación y violencia institucional hacia el padre”, puntualizó el abogado Izquierdo.

La defensa de Alejandro “N” expresó su preocupación por una narrativa institucional que, según ellos, criminaliza al padre simplemente por ser hombre, desnaturalizando las resoluciones judiciales que buscan salvaguardar el derecho del niño a convivir con ambos progenitores. También mencionaron denuncias sobre la madre, Maquis “N”, quien habría vestido al niño de mujer para un evento escolar, hecho que fue expuesto a través de mensajería digital.

Finalmente, los abogados anunciaron que documentarán todos los incidentes y los presentarán ante instancias del Poder Judicial federal, con el fin de que se tomen medidas correctivas contra quienes, en lugar de promover la justicia, reproducen actos de discriminación y violencia institucional.

“Este caso ejemplifica cómo el sistema, en vez de proteger a los niños y a las familias, puede convertirse en un escenario de revictimización y exclusión. Es urgente revisar a fondo la operación de estos institutos y capacitar al personal en respeto a la legalidad y a los derechos humanos sin sesgos de género”, concluyeron.

MUCHAS DENUNCIAS SOBRE EL CASO

Alejandro “N” ha denunciado públicamente una serie de irregularidades y violaciones a sus derechos como padre en el proceso legal que enfrenta con su expareja, Maquis “N”, por la custodia de su hijo menor, de identidad reservada, E.D.C. Asegura que desde septiembre de 2021 ha sido víctima de denuncias infundadas, omisiones institucionales y decisiones judiciales parciales.

Según el padre, el 29 de septiembre de 2021, la madre sustrajo al niño, entonces de un año de edad, del domicilio familiar. Durante un periodo de 1 año y 10 meses, se le negó la convivencia con su hijo, pese a existir una orden judicial que la garantizaba. Además, señala que la mujer sustrajo documentos, joyas y su patente notarial.

En octubre de 2021, Maquis “N” habría condicionado la convivencia a la firma de un convenio de separación que exigía 600 UMAS mensuales (alrededor de $60,000 pesos en ese momento) y otras prestaciones, lo que derivó en una denuncia de violencia familiar promovida por la madre.

El proceso penal 740/2022 fue judicializado por la fiscal Karina Yamileth Franyuti, presuntamente por instrucciones de Roberta Ayala Luna, la Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas.

Pese a la existencia de dictámenes psicológicos contradictorios y a que el padre asegura no tener antecedentes de conducta violenta, el caso sigue abierto y sin resolución clara.

Por otro lado, denuncias interpuestas por Alejandro “N” por sustracción de menores (1075/2021) y por robo y extorsión han sido archivadas o trasladadas sin seguimiento, incluso una de las carpetas estuvo extraviada durante un mes.

En 2023 se firmó un nuevo convenio de convivencia entre ambas partes en el expediente 5978/2021, mismo que también ha sido incumplido por Maquis “N”, quien impone condiciones y restringe los días de contacto con el padre. En mayo de 2024, la jueza Alicia Caram Castro ordenó el depósito judicial del menor con su padre y una convivencia asistida con la madre, pero días después, esta presentó una denuncia por “retención del menor”.

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Alejandro “N” ha logrado obtener una suspensión definitiva en el amparo 827/2024-1 para que su hijo permanezca bajo su cuidado. Denuncia que el sistema judicial en Veracruz ha actuado con sesgo de género y omisiones graves, afectando el interés superior del menor.

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