El pueblo se impone en Tatahuicapan: rechazan comité a modo del alcalde

​La elección de los comités de Administración y Vigilancia del programa federal FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) detonó una crisis política y social en Tatahuicapan, luego de que ciudadanos y representantes comunitarios acusaran al alcalde Eusebio González Hernández de intentar imponer un comité afín a sus intereses, en abierto desacato a la convocatoria oficial emitida por la Secretaría de Bienestar.

¡Ya tenemos canal de WhatsApp!  Únete aquí

Según el pronunciamiento emitido por Eleazar Bautista Ramírez, integrante del Comité de Defensa de la Democracia y respaldado por líderes naturales de las 23 comunidades del municipio, el pasado 25 de junio se llevó a cabo una asamblea pública en el domo central, convocada por los Servidores de la Nación mediante redes sociales y perifoneo.

La asamblea estuvo respaldada por autoridades oficiales como el coordinador regional de la Secretaría de Bienestar, Israel Marcial Gómez, y la directora regional del programa FAIS, Maydeline Ortega Morales. El objetivo: elegir democráticamente a los comités ciudadanos encargados de vigilar los recursos destinados a obras comunitarias.

Sin embargo, los conflictos comenzaron días antes, el 19 de junio, cuando el alcalde organizó una convocatoria paralela y sin aval oficial, con la intención de imponer un comité “a modo”, según denunciaron los líderes comunitarios.

Durante la asamblea del 25 de junio, que reunió a más de mil 500 personas, el representante del alcalde, Cornelio Bautista Hernández, intentó validar el comité promovido por el Ayuntamiento, lo que provocó el rechazo e inconformidad generalizada de los asistentes.

La situación se tornó violenta cuando, según denuncias, funcionarios municipales —incluidos el director de Protección Civil, Sixto Hernández Guillén; el jefe de Recursos Humanos, Abel Sánchez, y policías locales— agredieron a ciudadanos presentes. Esto provocó un enfrentamiento, pero los funcionarios fueron expulsados del recinto por la mayoría del pueblo.

Posteriormente, el grupo afín al alcalde tomó las oficinas de Bienestar e impidió que los Servidores de la Nación continuaran con sus funciones. Aun así, los ciudadanos presentes decidieron seguir adelante con el proceso y eligieron por unanimidad a los nuevos comités:

Comité de Administración:

• Presidente: Marcos Eloy González Martínez

• Tesorera: Elena Ramírez

• Secretario: Omar Ramírez Martínez

• Vocal 1: Ángel Méndez Hernández

• Vocal 2: Evelyn Alexandra Revilla Hernández

Comité de Vigilancia:

• Presidente: Gustavo López Pérez

• Secretario: Lamberto Hernández Tole

• Vocal 1: Elirode Hernández González

La asamblea concluyó con la presencia y validación de los representantes de la Secretaría de Bienestar.

El Comité de Defensa de la Democracia responsabilizó directamente al alcalde y a su círculo cercano, acusándolos de actuar con “dolo y mala fe”, financiando actos de provocación y violencia para sabotear el proceso ciudadano. También desmintieron el acta circunstanciada difundida por los allegados al edil, calificándola como un documento fabricado.

“Estamos cansados de tantas mentiras e injurias… exigimos vivir en paz. Basta ya de permitir violencia contra mujeres y adultos mayores”, reclamaron en un pronunciamiento público.

Entre sus exigencias principales se encuentran:

1. Que el alcalde deje de intervenir en los procesos de elección ciudadana.

2. Liberación inmediata de las oficinas de Bienestar y restitución del personal.

3. Respeto absoluto a la decisión tomada en la asamblea pública.

4. Que el delegado estatal del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, reconozca el proceso y a los comités electos.

5. Intervención urgente de la gobernadora Rocío Nahle García para evitar una mayor crisis social.

Finalmente, advirtieron que, de no obtener respuesta de las autoridades estatales y federales, el pueblo tomará decisiones por cuenta propia en defensa de su voluntad democrática.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro grupo de WhatsApp

Este conflicto evidencia una profunda división política en el municipio y pone en entredicho la transparencia de los procesos sociales del Gobierno Federal en zonas indígenas. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un posicionamiento oficial.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí