La representante legal de la empresa gasera denunció que las unidades están prácticamente en pérdida total y anunció acciones legales por los daños.
Tras 18 meses de irregular retención, FGR devuelve vehículos a empresa gasera de Las Choapas; presentan daños severos
Luego de un prolongado proceso que se extendió por más de 18 meses, finalmente este jueves se llevó a cabo la entrega de tres automóviles y una camioneta que permanecían retenidos en el corralón de Grúas Tou, ubicado sobre la carretera Las Choapas–Cerro de Nanchital.
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La licenciada Mariela Reyes Pimentel, representante legal de una empresa de venta de gas doméstico y propietaria de las unidades, confirmó que el mandato judicial ya se cumplió, pero a medias, pues los vehículos presentan daños graves ocasionados por haber estado todo este tiempo a la intemperie, lo que —a su juicio— podría considerarse pérdida total.
“Cumplieron, pero a medias. Los vehículos están en muy malas condiciones y ahora vamos a proceder legalmente para exigir la reparación de los daños”, expresó la abogada, quien recordó que el juez federal había ordenado la devolución inmediata de las unidades sin condicionamiento de pago alguno, pero que el corralón se negó a entregarlas en su momento.
Durante la diligencia de este jueves, no hubo ningún posicionamiento del área jurídica del corralón, cuyos representantes se limitaron a realizar la entrega de los vehículos, con la presencia del agente del Ministerio Público Federal Jonathan Berriel Lara y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Coatzacoalcos.
Los automóviles y la camioneta fueron remolcados en grúas hasta el punto de origen, el lugar de donde fueron retirados el 27 de abril de 2024, durante un cateo efectuado por la FGR.
Aquel operativo, realizado en abril de 2024, fue ordenado con el supuesto objetivo de verificar presuntas irregularidades en la operación de la empresa gasera, pero según la defensa de la afectada, los agentes ministeriales incurrieron en múltiples anomalías durante la intervención.
Entre ellas, aseguraron las unidades sin causa legal justificada, lo que más tarde fue confirmado por el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Coatzacoalcos, el cual determinó que el aseguramiento fue irregular y ordenó la devolución inmediata de los vehículos.
No obstante, el mandato judicial fue desacatado en dos ocasiones por el Ministerio Público Federal, lo que derivó en una serie de retrasos y perjuicios económicos para la empresa afectada.
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Con la reciente entrega, se da cumplimiento parcial al mandato judicial, pero la representante legal anunció nuevas acciones legales para exigir la reparación integral de los daños y el esclarecimiento de las irregularidades cometidas durante el cateo y la prolongada retención de los bienes.
