Trump enfrenta a la Corte Suprema por aranceles impuestos bajo ley de emergencia

​Una Corte Suprema dividida se mostró escéptica el miércoles sobre la autoridad del presidente Donald Trump para imponer aranceles unilateralmente a casi todos los países bajo una ley federal de poderes de emergencia, mientras los jueces ponían a prueba una pieza central de su agenda económica y los límites del poder presidencial. A lo largo de casi tres horas de argumentos, interrogaron a los abogados de la administración y a un grupo de pequeñas empresas que impugnan la legalidad de los gravámenes.

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El debate gira en torno a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que la Casa Blanca invocó para fijar aranceles sin una autorización explícita del Congreso. Varios magistrados señalaron que la IEEPA “no menciona la palabra ‘arancel’” y nunca había sido utilizada por un presidente para justificar impuestos a la importación hasta ahora. La administración sostiene que la frase “regular la importación” en la ley otorga esa facultad.

La jueza Amy Coney Barrett pidió al procurador general D. John Sauer identificar otras disposiciones del código federal donde “regular” confiera autoridad para imponer aranceles, mientras que el presidente del tribunal, John Roberts, advirtió que Trump reclama una “autoridad importante” para aplicar impuestos a cualquier producto de cualquier país durante cualquier periodo.

“El estatuto no usa la palabra aranceles”, dijo Roberts, subrayando que aunque los aranceles inciden en relaciones exteriores, “el vehículo es la imposición de impuestos a los estadunidenses, y ese siempre ha sido un poder central del Congreso”. La Constitución atribuye al Legislativo la potestad de “establecer y recaudar impuestos, derechos, tasas e impuestos especiales”. Centro Nacional de Constitución

El juez Neil Gorsuch cuestionó repetidamente la teoría del Gobierno sobre una amplia delegación de competencias en asuntos exteriores a través de la IEEPA y se preguntó qué impediría que el Congreso “abdicara de toda responsabilidad de regular el comercio exterior” o incluso de declarar la guerra para delegarla al Ejecutivo. Señaló el riesgo de un “trinquete unidireccional hacia la acumulación gradual pero continua de poder en el poder ejecutivo y lejos de los representantes del pueblo”.

El juez Brett Kavanaugh, en contraste, mostró simpatía hacia el argumento de la administración. Sostuvo que el Congreso promulgó un estatuto que entrega al presidente varias herramientas para responder a una emergencia y cuestionó por qué la ley permitiría un embargo —una medida más extrema— y no aranceles —un castigo más específico—.

“Estás obligando al presidente a responder a una emergencia… y le estás quitando el conjunto de herramientas al presidente cuando la que está autorizada es mucho más extrema”, dijo.

Kavanaugh citó los aranceles de Trump a productos de India por su compra de petróleo ruso, presentados como presión sobre Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.

Tres tribunales inferiores concluyeron que la mayoría de los aranceles del presidente son ilegales, y un fallo de la Corte Suprema que confirme esas decisiones asestaría un golpe a los planes de usar aranceles para forzar concesiones comerciales. El caso abarca dos tandas de gravámenes implementados mediante órdenes ejecutivas a inicios de año. En ambas, Trump invocó la IEEPA tras declarar emergencias nacionales por “desequilibrios comerciales” y por el “flujo de fentanilo y otras drogas ilegales” a Estados Unidos. La ley autoriza al presidente a “regular… importación” para enfrentar una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional, la política exterior o la economía.

Desde sus anuncios —descritos como el “Día de la Liberación”—, la administración afirma haber alcanzado acuerdos con al menos 10 países y la Unión Europea y negocia con otros. Pero dos grupos de pequeñas empresas y 12 estados impugnaron la medida, alegando que la IEEPA no autoriza una acción tan amplia.

Un tribunal de distrito en Washington y el Tribunal de Comercio Internacional fallaron por separado contra la administración, al concluir que la IEEPA no concedía autoridad para aranceles globales ni vinculados al tráfico de drogas. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, por 7-4, sostuvo que muchos de los gravámenes eran ilegales; admitió que la IEEPA puede autorizar algunos aranceles, pero no de “la magnitud” aplicada por Trump, y aun así permitió que se siguieran cobrando mientras avanza la disputa.

Un asunto clave es cómo ven los jueces esos aranceles: como ejercicio del poder presidencial en asuntos exteriores o como un impuesto a los consumidores estadounidenses. Neal Katyal, abogado de las empresas demandantes, abrió su alegato con que “los aranceles son impuestos” y recordó que la Constitución confía el poder tributario al Congreso. A su juicio, aceptar la interpretación del Gobierno sería “un trinquete unidireccional”. La Corte ha mostrado escepticismo ante reclamaciones ejecutivas de gran calado cuando el Congreso no habla con claridad, al valerse de la llamada “doctrina de las cuestiones mayores” en controversias recientes.

Sauer replicó que los aranceles son una herramienta de regulación del comercio exterior y que los tribunales deberían deferir al juicio del presidente sobre cómo enfrentar emergencias nacionales derivadas de déficits comerciales y del tráfico de drogas. Invalidar los gravámenes tendría “consecuencias catastróficas” para la seguridad nacional, la política exterior y la economía, dijo el Gobierno.

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Barrett fue la única que preguntó por reembolsos, señalando que algunos los consideran “un desastre”. Katyal precisó que representa a cinco empresas, no a una demanda colectiva, y que existe jurisprudencia especializada para abordar devoluciones, aunque “es difícil”; sugirió que el tribunal podría optar por un alivio prospectivo. La causa avanza en un calendario “extremadamente rápido” tras la decisión de la Corte de conocerla en septiembre, y podría haber un fallo en breve. Subrayando su importancia para la administración, asistieron tres miembros del gabinete: el secretario del Tesoro, Scot Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el representante comercial, Jamieson Greer.

Con información del Excelsior​

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