Especialistas alertan que el uso de delitos graves contra comunicadores fomenta la autocensura y pone en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada.
Especialistas alertan que el uso de delitos graves contra comunicadores fomenta la autocensura y pone en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada.
La detención del reportero policiaco Rafael León Segovia, ocurrida el pasado 24 de diciembre en Coatzacoalcos, encendió alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública.
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El caso fue abordado en el programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula, donde el periodista Primitivo Olvera entrevistó al director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, quien calificó como grave que una acusación de este tipo recaiga sobre un periodista por hechos relacionados con su cobertura informativa.
Maldonado explicó que el delito de terrorismo implica prisión preventiva oficiosa, por lo que actualmente Rafael León permanece privado de la libertad. Señaló que su situación jurídica se definirá el próximo lunes 30 de diciembre, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional, con una alta probabilidad de que sea vinculado a proceso, lo que podría recluirlo en prisión hasta por un año, mientras “se llevan a cabo las investigaciones”.
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Durante la entrevista, el representante de Artículo 19 advirtió que este caso se suma a un contexto nacional de escalada en el acoso judicial contra la prensa, al recordar que apenas el 23 de diciembre fue vinculado a proceso en Puebla el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio E-Consulta, en lo que consideró una represalia por investigaciones incómodas para el gobierno estatal.
De acuerdo con cifras de Artículo 19, tan solo en los primeros siete meses del año se han documentado 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, lo que representa un proceso legal iniciado cada cuatro días y un incremento del 143 por ciento en comparación con el año anterior.
Maldonado alertó que el uso del derecho penal —y particularmente de delitos graves como terrorismo o lavado de dinero— para procesar a periodistas, representa un nivel de riesgo sin precedentes para la libertad de expresión en México, país que, según Reporteros Sin Fronteras, se mantiene como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Finalmente, advirtió que la amenaza de prisión genera autocensura y afecta directamente el derecho de la sociedad a estar informada, por lo que llamó a no normalizar la criminalización de la labor periodística.
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