Más de 579 funcionarios detenidos en Chiapas por corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado

​En el último año, más de 579 funcionarios públicos han sido detenidos en Chiapas, entre ellos tres alcaldes en funciones, un tesorero municipal, un secretario municipal, una síndica municipal y dos exalcaldes, acusados de abuso de autoridad, extorsión, usurpación de funciones, corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado, de acuerdo con reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado.

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La detención más reciente ocurrió el lunes 5 de enero, cuando fuerzas de seguridad capturaron a Ernesto “N”, hasta entonces alcalde de Cintalapa. Es investigado por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos, actos de corrupción y posibles vínculos con grupos criminales.

Su aprehensión se dio tras el reforzamiento de operativos en Villaflores, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla y Berriozábal, municipios donde se ha registrado un repunte de hechos violentos atribuidos a grupos criminales que se disputan el control de actividades ilícitas, como en Villaflores, donde criminales quemaron dos bares y secuestraron a ocho personas.

Sin embargo, a menos de 24 horas de la detención del presidente municipal de Cintalapa, fue arrestada Anayeli “N”, quien se desempeñó como síndica municipal durante el periodo 2021–2024, señalada por su presunta participación en hechos relacionados con abuso de funciones y abuso de autoridad.

De acuerdo con la investigación, la exfuncionaria habría intervenido, junto con otros servidores públicos, en la autorización y pago de recursos destinados a supuestos elementos de Seguridad Pública Municipal que no contaban con certificaciones vigentes. Estos pagos se habrían realizado con dinero del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

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A Ernesto “N” se suman José Antonio “N” y Rosember “N”, quienes se desempeñaban como alcaldes de Frontera Comalapa y Bella Vista, municipios de la Sierra Fronteriza que durante 2023 y 2024 se convirtieron en escenario de una escalada de violencia por la pugna entre organizaciones criminales.

En el caso de José Antonio “N”, su detención se realizó el 5 de enero de 2025, a casi tres meses de asumir el cargo como alcalde interino, tras la desaparición de Aníbal Roblero Castillo, alcalde electo, quien fue privado de la libertad el 3 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía informó que es señalado por desaparición forzada, homicidio, extorsión agravada, corrupción y desvío de recursos, además de presuntos nexos con el Cártel Chiapas y Guatemala, grupo criminal surgido en 2023 que mantiene una disputa por el control de la región Fraylesca y la Sierra Fronteriza.

Tras su detención, todo el cabildo de Frontera Comalapa presentó su renuncia, por lo que el Congreso del Estado designó un concejo municipal, encabezado por Marli Trejo Posada. En el municipio permanece el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Por su parte, Rosember “N”, alcalde de Bella Vista, fue detenido el 30 de enero de 2025, cuando se desplazaba sobre la carretera federal Tuxtla Gutiérrez–Ciudad Cuauhtémoc, acusado de abuso de autoridad en agravio de la función pública y la sociedad.

A esta cadena de detenciones se suma la de Erick “N”, tesorero municipal de Bejucal de Ocampo, así como René “N”, secretario municipal de Villaflores, ambos detenidos por el delito de extorsión.

También fue detenido José Luis “N”, exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán y secretario de la CIOAC. Asimismo, el 5 de enero fue reaprehendido Enoch “N”, quien ya había sido detenido en 2023.

La mayoría de los 579 funcionarios detenidos eran policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Suchiapa, Villaflores, Villa Corzo, Chiapa de Corzo, Comitán, Pichucalco, Sunuapa, Ixhuatán, Huixtla, Bochil, Chilón, San Cristóbal de las Casas, Acapetahua y Pantepec.

Tan solo desde el 3 de enero, 156 policías municipales de Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas fueron detenidos; 11 ya fueron judicializados por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.

“El motivo por el cual están o terminaron de declarar los policías es una labor de investigación, una labor administrativa, y también vamos a investigar a mandos operativos y alcaldes”, precisó Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, durante una conferencia de prensa virtual.

Actualmente, se mantienen operativos permanentes en Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores y Ocozocoautla tras los hechos violentos recientes. De acuerdo con la Fiscalía, el 28 de diciembre, un convoy armado del Cártel Chiapas y Guatemala, que utilizaba patrullas clonadas de la Sedena, irrumpió en Villaflores, incendió dos locales y privó de la libertad a ocho personas, algunas de las cuales fueron localizadas sin vida en la localidad de Santa Julia, municipio de Cintalapa.

Con información del

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