“Las calles no le pertenecen a nadie”: Nahle advierte que paro implica renunciar a concesiones

​Con el mensaje contundente de que “las calles no le pertenecen a nadie”, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, advirtió que el paro de transportistas en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río puede interpretarse como una renuncia a las concesiones, al tratarse de la suspensión unilateral de un servicio público esencial.

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En entrevista radiofónica con XEU, la mandataria estatal condenó la decisión de los concesionarios de dejar sin transporte a miles de usuarios, subrayando que quienes dependen del servicio público no pueden ser rehenes de intereses particulares. Reiteró que no existe ni existirá autorización para aumentar la tarifa, la cual se mantiene en 15 pesos, incluidos los descuentos para estudiantes y adultos mayores donde ya se aplicaban.

Nahle afirmó que el gobierno del estado ha mantenido diálogo permanente con los concesionarios, pero dejó claro que una concesión es para servir a la ciudadanía, no exclusivamente para hacer negocio. En ese contexto, señaló que el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar la movilidad, incluso en escenarios de conflicto.

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Como medida inmediata, anunció que las unidades Ulúa, adquiridas con recursos públicos, pasarán a operar directamente como servicio del Estado, de manera paralela a los concesionarios que decidan continuar trabajando bajo la tarifa vigente. Detalló que algunos transportistas pusieron sobre la mesa la devolución de las unidades, propuesta que fue aceptada por el gobierno.

Actualmente, el Estado cuenta con 142 camiones Zulúa, incluidos 40 nuevos, y no descartó la movilización de 60 unidades de la línea Quetzalli que se encuentran en Coatzacoalcos, en caso de ser necesario para reforzar rutas con alta demanda en Veracruz y Boca del Río. Mientras dure el paro, el servicio estatal se ofrece de manera gratuita, para no afectar las actividades laborales y cotidianas de la población.

La gobernadora también advirtió que cualquier conductor que incurra en maltrato, prepotencia o groserías hacia los usuarios será investigado y separado de manera definitiva del servicio público. Reiteró que el respeto al ciudadano es una obligación tanto del gobierno como de los prestadores del servicio.

Finalmente, Nahle sostuvo que el paro, de prolongarse, no tiene otra lectura más que la renuncia a una prestación concesionada, y recalcó que el Estado no permitirá vacíos de autoridad. “Las calles y las rutas son públicas, y corresponde al gobierno garantizar la seguridad y el servicio. Para eso estamos”, sentenció.

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