Blindan programas sociales ante embargos; El Barzón empuja reforma

​En rueda de prensa la mañana de este martes, realizada en el café La Parroquia, frente al Palacio de Gobierno, el diputado federal Adrián González Naveda presentó una iniciativa para cerrar la puerta a los embargos sobre programas sociales, una práctica que ha dejado a adultos mayores y familias vulnerables sin acceso a su propio dinero… incluso sin sentencia judicial definitiva.

Acompañado por la dirigente de El Barzón, Teresa Carbajal, así como por integrantes de esta organización, el legislador expuso que la propuesta busca poner un alto a lo que consideran un abuso legal: el bloqueo de cuentas donde se depositan apoyos como la Pensión para el Bienestar y las Becas Benito Juárez para cubrir deudas.

Respaldada por la sociedad civil, la iniciativa plantea reformas al Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, estableciendo que estos recursos son intocables: inembargables, intransferibles e irrenunciables, al tratarse de apoyos de carácter alimentario.

El problema no es menor. Hoy, bajo figuras precautorias, bancos pueden congelar cuentas antes de que un juicio concluya, dejando a personas —principalmente adultas mayores— sin dinero para medicinas o alimentación.

“Estos recursos no son un privilegio, son un derecho. No podemos permitir que un tecnicismo legal deje sin comer a quienes más lo necesitan”, advirtió el legislador.

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Casos como el de una mujer de 67 años, cuya cuenta fue bloqueada para pagar un crédito, exhiben la dimensión del problema: quedarse sin pensión, en automático, es quedarse sin sustento.

En este escenario, El Barzón se posiciona como un actor clave, aportando su experiencia en la defensa de deudores frente a prácticas que consideran abusivas por parte de instituciones financieras y despachos de cobranza.

La propuesta también obliga a los bancos a identificar y blindar las cuentas donde se depositan estos apoyos, evitando retenciones automáticas. Solo se mantiene una excepción: el cumplimiento de pensiones alimenticias ordenadas por un juez.

El fondo del asunto es claro: frenar la desproporción entre deudas y la capacidad real de pago de sectores vulnerables, y evitar que el sistema financiero termine golpeando a quienes dependen de estos recursos para sobrevivir.

De aprobarse, la reforma entraría en vigor en 60 días, y daría 120 días a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para establecer las reglas de protección.

Por ahora, la iniciativa ya está en comisiones. El debate apenas comienza.