La reforma al artículo 78 fue aprobada con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención; aún debe ser avalada por la mayoría de los 212 ayuntamientos.
Congreso de Veracruz aprueba quitar fuero a alcaldes; ahora va a los 212 Cabildos
El Congreso de Veracruz aprobó la reforma al artículo 78 de la Constitución estatal para eliminar la declaración de procedencia, conocida como fuero, para alcaldes, síndicos y presidentes de Concejos Municipales. El dictamen fue avalado con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención.
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Con la modificación, las autoridades municipales ya no necesitarán que el Congreso del Estado determine previamente si procede retirarles la inmunidad procesal para que puedan enfrentar un proceso penal. En caso de una investigación, la Fiscalía General del Estado y las autoridades judiciales podrán actuar sin solicitar previamente esa autorización al Poder Legislativo. La reforma, sin embargo, no significa que una denuncia implique automáticamente la separación del cargo ni que la persona sea considerada culpable, pues se mantienen la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.
La iniciativa fue presentada por la gobernadora Rocío Nahle García y durante la discusión diputados de oposición cuestionaron que la eliminación de la protección procesal se limite a autoridades municipales, mientras otros servidores públicos contemplados en el artículo 78 mantienen este mecanismo. Entre las críticas expuestas estuvo el riesgo de que una denuncia penal pueda utilizarse como mecanismo de presión política contra autoridades electas. En contraste, quienes respaldaron la reforma defendieron que las investigaciones penales contra funcionarios municipales no deben depender de una autorización previa del Congreso.
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La aprobación de los diputados locales no es todavía el último paso. Al tratarse de una reforma constitucional, el decreto deberá ser sometido a los 212 ayuntamientos de Veracruz y requerirá el respaldo de la mayoría de los Cabildos para continuar el proceso de entrada en vigor. Los municipios tendrán 30 días naturales para comunicar su decisión al Congreso.
La discusión ocurrió después de que en meses recientes los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, respectivamente, fueran señalados por la Fiscalía en investigaciones penales y posteriormente declarados prófugos de la justicia. Ambos pertenecen a Movimiento Ciudadano. El debate también incluyó referencias al caso del alcalde de Coahuitlán, Isaac García Álvarez, citado ante la Fiscalía por una investigación relacionada con un hecho ocurrido durante una fiesta patronal.
Durante la sesión, Héctor Yunes Landa advirtió que la eliminación del fuero podría permitir que una acusación penal sea utilizada para presionar o remover políticamente a un alcalde. La diputada de MC, Elena Córdova, cuestionó qué problema se pretende resolver con la desaparición de un mecanismo que, afirmó, ya permitió proceder contra alcaldes cuando existieron elementos. Desde el PRI, Ana Rosa Valdés planteó que, si se busca eliminar el fuero, debería aplicarse también a la gobernadora y a secretarios de despacho.
Con la reforma aprobada, el siguiente escenario se trasladará ahora a los Cabildos de los 212 municipios de Veracruz, que deberán pronunciarse sobre la modificación constitucional antes de que pueda concluir el proceso legislativo.
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