* Atacan César del Angel y los 400 Pueblos a la prensa  * Veraz y Formato 7, agredidos en Xalapa  * La discriminación, un pretexto  * Vínculo con Fidel   * El acuerdo con Erick Lagos

 

Que se acredite el origen legal y destino de los 25 millones de pesos decomisados por la PGR al gobierno de Veracruz, pudiera ser peccata minuta ante la hipótesis de que el gobernador Javier Duarte desvía recursos hacia Enrique peña Nieto, el candidato presidencial del PRI, o, de plano, blanquea dinero.

 

Duarte perdió el sueño desde el viernes 27, cuando recibió los primeros informes de que el enviado de la Secretaría de Finanzas, Miguel Morales Robles, se hallaba detenido en el aeropuerto de Toluca y los 25 millones que llevaba en una aeronave del gobierno estatal y que debía trasladar a la ciudad de México, los tenía en sus manos la Procuraduría General de la República.

 

Horas después, un segundo emisario, Said Sandoval Zepeda, de la Secretaría de Seguridad Pública, intentó rescatar el cargamento —las dos maletas conteniendo los fajos de billetes de 500 y mil pesos— y al elemento retenido. Ambos quedaron a disposición de la autoridad federal.

Fue, como se percibe, un fin de semana de nervio puro. La mañana del lunes 30, Duarte vio cómo se le venía el mundo encima. Ese día, el diario Reforma publicó a ocho columnas la información que tiene al gobernador de Veracruz en el aparador nacional, vapuleado a mansalva con un título demoledor: “Retienen a Duarte 25 millones en efectivo”.

 

Reforma sustentó su información con datos de la PGR que identificaban a “dos colaboradores del gobernador Javier Duarte”, quienes se resistían a señalar el destino de los 25 millones de pesos. Said Sandoval “se identificó como miembro del equipo de serguridad del gobernador Javier Duarte”, o sea como un escolta.

 

“Exigió que le entregaran a Morales Robles por instrucciones de la Oficina del Mandatario de Veracruz”, reseña Reforma, con lo cual tácitamente el escolta involucraba al gobernador Duarte en el caso. Contrario a su encomienda, ambos fueron detenidos por negarse a revelar “para quién era el dinero y en dónde lo iban a entregar”.

 

Buena parte del viernes 27, Morales Robles, primero, y Said Sandoval, después, ocultaron el destino de los 25 millones de pesos. Era obvio que procedía del gobierno de Veracruz, pues viajaban en un avión oficial, y presentaron oficios de la Secretaría de Finanzas aunque sin sello oficial. Del destinatario nada dirían. Sería ese el hilo más fino de la telaraña y el que finalmente se rompió.

 

Tres días después de la aprehensión, el lunes 30, con el escándalo en alta, el gobierno de Veracruz admitió que el dinero era suyo y que servía como pago de servicios turísticos con la empresa Industrias 3, S.A. de C.V., radicada en Lomas de Chapultepec, en el DF, especializada en la elaboración de audios, videos y filmes.

 

Gina Domínguez, vocera del gobierno veracruzano, oficializó que los dos empleados fueron dejados en libertad. El dinero, en cambio, lo retuvo la PGR.

 

Parecía que ahí moría la bronca. No fue así. Justificar el hecho ante la opinión pública, fue para el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, agravar el conflicto. Dijo que “por las prisas” se decidió pagar en efectivo y no con transferencia bancaria, en un razonamiento ilógico, pues la operación electrónica hubiera sido más que inmediata, legal y sin riesgo alguno.

 

En un festín de absurdos, Industrias 3 reveló, por su parte, que el pago de sus servicios, según el contrato, podía realizarse con transferencia o en efectivo. Dijo desconocer por qué el gobierno de Veracruz decidió pagar en efectivo.

Debió saber la empresa productora que una operación de tantos millones habría que realizarla como marca la ley: con cheque o transferencia bancaria.

 

Tampoco se sabía que el gobierno de Veracruz practicara pagos a domicilio, y menos en efectivo y fuera de la entidad, pero lo único que logró fue despertar suspicacias entre constructores y prestadores de servicios a los que en las ventanillas financieras les dilatan pagos de estimaciones por meses.

 

Faltaba algo en el carnaval de incongruencias. La factura que ampara el cobro de los 25 millones de pesos, fue emitida por la empresa productora tres horas después que estalló el escándalo, según reveló la periodista Denise Maerker. O sea, primero les pagarían y luego emitirían la factura.

 

Nadie en su sano juicio dio crédito a la versión oficial. La hipótesis de que pretendió burlar mecanismos fiscales —evadir el impuesto por depósitos en efectivo— creció entre la opinión pública.

 

Atrapado en su laberinto, Javier Duarte es hoy presa fácil del escarnio popular, burla de tuiteros, víctima de lenguas filosas y leña de una hoguera atizada por sus propios desatinos. Increíble su historia, nadie se tragó que los 25 millones quemantes fueran para saldar el contrato por los promocionales de las fiestas de La Candelaria, en Tlacotalpan; la Cumbre Tajín, y el Carnaval en el puerto de Veracruz.

 

A la versión del intento de evasión fiscal, se suman hipótesis punzantes de que era dinero subrepticio, una de tantas entregas millonarias para la campaña presidencial del priísta Enrique Peña Nieto, dinero para controlar a la prensa nacional o lavado de recursos públicos para el círculo rojo del gobernador.

 

Algo deber haber. Tan es así que el PRI nacional, contra su costumbre, salió a defenderlo. Dijo que como en el caso de los tres ex gobernadores de Tamaulipas, a quienes investiga la PGR, se está politizando la justicia en tiempos electorales. El PRI anda nervioso.

 

Duarte ya hizo una de las suyas. Otras han de venir. Que lo controlen, si es que se deja.

 

 

Una más de las canalladas de César del Angel Fuentes, no líder sino embaucador, manipulador malintencionado del Movimiento de los 400 Pueblos: la agresión a los periódicos Veraz y Formato 7, de los colegas Claudia Guerrero Martínez y Manuel Rosete Chávez, perpetradas el lunes 30 y martes 31, en Xalapa, la capital veracruzana. Ese día, la dirigencia de los 400 pueblos publicó un desplegado en que acusó a ambos, así como a este reportero, Mussio Cárdenas Arellano, autor de INFORME ROJO, de discriminarlos con términos como “prietos, feos, pobres y mugrosos”. La imputación, cuando menos en cuanto hace a INFORME ROJO, es falsa, carente de sustento, como consta en el historial de esta columna y como se demostrará en las instancias legales. No hay una línea escrita en que se haga escarnio de su color, de su condición social o de su raíz étnica. Sobran, en cambio, textos para describir la degradación de la protesta y la orientación política de su espectáculo infame, propagandista, ariete de campaña del PRI, mal enmascarado como reclamo social. Protagonistas del ridículo, danzantes nudistas, a los 400 Pueblos se les critica por el farmalla denigrante que ofrecen bailando como zombies, sin ropa alguna hombres, mujeres e incluso ancianas; orinando y defecando en la vía pública, apropiados de parques y plazas; transgresores del orden, violadores del bando de policía, impunemente tolerados por el gobierno de Javier Duarte, antes por el de Fidel Herrera Beltrán, y por Elizabeth Morales, nulidad política andando, un auténtico cero a la izquierda que los xalapeños tienen que soportar por alcaldesa. Vestidos de Adán, atacaron a Veraz lanzándole huevos, quebrando cristales, desatada la psicosis entre los vecinos, sin que la seguridad solicitada por Claudia Guerrero se hiciera presente; a Formato 7 le pintarrajearon las paredes. No es la discriminación que arguyen los 400 Pueblos, tan falsa como la honorabilidad del tormentoso César del Angel, lo que anida en el fondo de la nueva escalada de violencia física y verbal contra cierto sector de la prensa y contra líderes de opinión. El móvil real está en el manejo del tema político y concretamente en la vinculación César del Angel-Fidel Herrera Beltrán; la aseveración, de la que luego César del Angel, como niña llorona, se desdijo: Fidel les pedía que se desnudaran, que protestaran en cueros, recogida la versión por más de medio centenar de medios de comunicación impresos y electrónicos, con el consiguiente boom noticioso. Frente a la magnitud de la confesión, la hipótesis de que el Sultán del Golfo y su delfín, Javier Duarte, auspiciaron la manifestación nudista y el secuestro por tres horas de Miguel Angel Yunes Linares, entonces candidato del PAN al gobierno de Veracruz, hoy aplaudidor del gobernador, pese al agravio, el 3 de junio de 2010, en Naolinco, a una hora de Xalapa, resulta un desliz incriminatorio, una delación, una revelación propia de delincuentes. De ahí que César del Angel, lengualarga como es, reculara y arguyera que nunca pronunció lo que toda la prensa difundió. Cobarde natural, amparado en los pellejos de los 400 Pueblos, responde ahora con la violencia que le es habitual. Su error, atacar a Veraz y Formato 7, ha provocado, consecuentemente, la indignación de la prensa y de diversos sectores de la sociedad, cansados de observar cómo César del Angel le falta el respeto a Xalapa, convirtiéndola en un muladar, foro de su impudicia y de sus traumas nudistas. Ha generado también el repaso histórico de un cúmulo de episodios escandalosos protagonizados por el falso profeta rural y sus huestes; sus protestas violentas; relatos de sangre, e incursiones a la cárcel. Queda saber qué acordó, hace semanas, César del Angel con el entonces subsecretario de gobierno de Veracruz, Erick Lagos Hernández, hoy líder estatal del PRI, y si de ahí partió la instrucción de atacar a Veraz y a Formato 7, y que sirviera la agresión de distractor en una semana crucial… Vaya desde aquí nuestra solidaridad para Claudia Guerreo y Manuel Rosete por el evidente ataque a su libertad de expresión y a su tarea periodística...