* El Caso Daccarett y Yunes Linares  * Polvos de aquellos lodos  * La cárcel y la memoria  * Las obras de Theurel, tres meses de retraso  * Rocío Nahle y el repudio de los perredistas  * Vicente Benítez en el piso 7 de Torre Animas  * Pagos a periodistas  * No 25 millones sino 40, en Toluca

 
Incrustar mapaches en las áreas de capacitación electoral, ha sido siempre una apuesta de los partidos políticos que, en casos remotos, suele abortar.

Es el caso del IFE en Coatzacoalcos. Cuando se instaló el consejo distrital —diciembre 14 de 2011— el PAN planteó la urgencia de conjurar cualquier intento de los partidos, fuera cual fuera, por infiltrar las áreas de capacitación y supervisión, desde las cuales se designaría a funcionarios de casilla y, con ello, se induciría el resultado electoral a través de prácticas fraudulentas.

Así ocurrió. El 18 de febrero, durante la sesión extraordinaria del IFE, el área de Capacitación reveló que 37 capacitadores fueron dados de baja por irregularidades en la documentación que exhibieron cuando solicitaron su plaza de trabajo.

De acuerdo con el informe, 16 pertenecían o habían sido representantes del PRI ante casillas electorales en elecciones recientes.

Entre los nombres citados aparecían: Carmen Rodríguez Linares, Erika Vianey Conecpción Lepe, Hugo Eduardo Osorio Moreno, Raymundo Chacón González, Ricardo López Rodríguez, Martín Cruz Guzmán, Jorge Mariani Torres, María de los Angeles Hernández Patraca, Carlos López Ordón, Miriam Alvarez Bautista, Rosa Elena García Ruiz, Adelina López Morales, Pedro Jesús Hernández Moreno, Octavio Francisco Natarén Damas, Palona Teresa Lozano Vela y María del Rosario Trinidad de la Cruz.

Otros nueve tenían vinculación con el Partido de la Revolución Democrática. Ellos eran: Eduardo Solís García, María Concepción Amador Leyva, Irving Estrada Ballesteros, Miriam Rodríguez Soto, Leyda Hernández Santos, Juan Carlos Chevez Arrés, Miriam Mijangos López, Leslie Ríos Sánchez y Jacqueline del Rosario Hernández Ortiz.

Corrientes del PAN intentaron incrustar a siete simpatizantes: Jorge Octavio Torres Hernández, Aurelio Domínguez Ortiz, Yoani del Carmen Luna Jiménez, Mireya Portugal Morales, José Luis Montiel Díaz, Dorcas Aguilar Martínez e Iliana González Molina.

Por parte del Partido del Trabajo, se detectó un caso: Fernando Pérez Gutiérrez; del Movimiento Ciudadano, Roberto Sánchez Martínez; del Verde Ecologista, Víctor Omar González Quintana, y de Nueva Alianza, Olga Hernández Plácido.

Un caso más fue el de Jorge Alberto Arellano Romero, a quien se le destituyó por “falsedad de información”, ya que al solicitar la plaza como supevisor omitió decir que contaba con trabajo fijo en el ayuntamiento priísta de Nanchital, municipio que integra el distrito XI, con sede en Coatzacoalcos. Se le reemplazó con el primer ciudadano que aparecía en la reserva, José Luis Sánchez Benítez, quien es petrolero jubilado, integrante de la Sección 11, bajo la influencia del líder priísta Ramón Hernández Toledo.

Detectar a esos 37 prospectos de mapaches, fue una labor titánica para el consejo distrital del IFE. Tuvo en sus manos los padrones de afiliados de los partidos, aunque no los usó. El partido que se negó a proporcionar su lista de militantes fue el PRI; el resto aportó sus listados estatales. No obstante, el IFE se valió de las listas de representantes de los partidos en las casillas de votación, que le entregó el Instituto Electoral Veracruzano.

Sustituir a esos 37 mapaches en potencia es otro reto. Entre los ciudadanos que se hallan en la reserva de capacitadores, y que fueron hablitados para ocupar esas plazas, existen personajes vinculados a las corrientes del PRI y a los operadores del fraude.

Adelaido Infanzón García, de grupo del ex priísta y ex candidato derrotado a la alcaldía de Coatzacoalcos, Gonzalo Guízar Valladares, ligado al grupo del ex alcalde Iván Hillman Chapoy, es responsable de las secciones electorales 765, 768 y 791.

Baltasar Guzmán Mendoza ha participado en cinco procesos electorales, todos ligados al Instituto Electoral Veracruzano, controlado por el PRI.

Omar Alejandro Rendón Fernández, de profesión abogado; Carlos Orozco González; Alma Delia Meléndez Ríos, y Miguel Montero Morales, han tenido participación en procesos organizados por el IEV y se les vincula a grupos priístas.

Depurar al grupo de supervisores y capacitadores no es todo. El siguiente embate de los partidos políticos será insertar funcionarios en las mesas de votación y desde ahí controlar la jornada electoral.

Así se las gastan.
 
Archivo muerto
 
Perdido en el tiempo, un suceso policíaco marcó al jet-set de Coatzacoalcos: la aprehensión de cuatro empresarios por intento de fraude a Bancomer. Aquel episodio —febrero 6 de 1993— fue un día de trueno para los socialité. Aprehendidos los Daccarett, los Macías, los Ramírez, el gobierno de Patricio Chirinos reviraba los desplantes de una generación forjada en la impunidad. Chirinos lanzaba un mensaje a los paladines del abuso, timadores profesionales cobijados en el gutierrezbarrismo que intentaban convertir a Veracruz en un cacicazgo político, en feudo de delincuentes. Y los contuvo. Miguel Angel Yunes Linares, entonces secretario de gobierno, fue el brazo ejecutor. Aquella instantánea, los empresarios tras las rejas a todo color, en papel y tinta, huéspedes efímeros del penal de Palma Sola, sin las canas de hoy, quedó para el recuerdo, para la memoria activa. Tres días después, luego de devolver el dinero que se negaban a pagar a Bancomer, recobraron su libertad, no por inocentes sino porque habían reparado el daño. La afrenta ahí quedó como llaga abierta. Diecinueve años después, Yunes Linares, como los santos frailes, se ciñe a un voto de silencio que sólo él se explica. Hoy panista, hoy duartista, aplaude a un gobierno que sabe que su pasado es presente. Nada se olvida…

 

Fiasco de fiascos, la obra pública de Coatzacoalcos camina a paso de caracol. Tardíamente, casi tres meses después de su fecha programada para su inicio, arranca el saneamiento en la colonia Ampliación López Mateos, festinado con falso orgullo por el alcalde Marco César Theurel Cotero. La obra debió iniciar el 30 de noviembre de 2011, a cargo de la empresa Consorcio Constructor Tabasqueño (COCOTAB), cuya estampa es la de entregar trabajos a destiempo, fuera de lo que marca el contrato. COCOTAB, de pésima fama, goza, sin embargo, de un plus que a otras compañías les falta: el encubrimiento y el disimulo del edil, que ya les perdonó que no culminaran dos pavimentaciones en la colonia Sector Popular en los plazos pactados. Según el contrato CNA-007/11, número de obra 2011040455, con un costo de 3 millones 398 mil 827.14 pesos, el saneamiento en la Ampliación López Mateos debió iniciar el 30 de noviembre y su fecha de entrega se programó para el 27 de mayo de 2012, lo que obviamente no ocurrirá. Tres meses de retraso es el signo que distingue a un ayuntamiento, el de Marcos Theurel, que sólo tiene ojos para los negocios y no para el servicio a la sociedad; que arrancó tarde y que muy pronto, más de lo que imagina, verá su final. Ayer, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, inauguró la obra de las naves deportivas en el parque Margarita Maza de Juárez. Ahí también hubo retraso. Las debió entregar Theurel el 13 de noviembre, 10 y 25 de diciembre de 2011. Otra burla para Duarte…

 

De pic-nic en tiempos electorales, ajena a la pobreza y a la marginación, inventada como luchadora social, Rocío Nahle García siente ya cuánto la desdeñan los perredistas. Candidata a fuerza, capricho del Clan de la Succión, jefaturado por José Pablo y Roselia Robles, doña Chío, como ninguna, suma voluntades… pero en contra. Dos aspirantes a diputado por Coatzacoalcos, Roberto Ramos Alor y Armando Rotter Maldonado, acusaron una encuesta fraudulenta, mascarada y burda maniobra para imponer a la dama en una candidatura que le llega en el peor momento, cuando su ídolo de barro, Andrés Manuel López Obrador, se desmorona y su efecto electoral —el Efecto Peje— no arrastra a nadie. Ramos Alor, primero, dijo que impugnará la designación; Rotter, por su parte, manifiesta sus preferencias por el panista Jesús Serrano Carrillo, quien será el candidato azul a la diputación federal. Como ellos, otros perredistas no se abstendrán de participar en la contienda, sino que lo harán con su voto de castigo para evidenciar el minúsculo tamaño político de Rocío Nahle, cuya historia política es de risa mayor…

 

En la cima de su mundo, Vicente Benítez González tenía una encomienda que cumplía con riguroso tacto: pagarle a la prensa que aplaudía al frágil candidato del PRI en la contienda por la gubernatura de Veracruz, en 2010, Javier Duarte de Ochoa. En su Torre Animas, su torre de cristal, piso 7, a la entrada de Xalapa, el joven Vicente Benítez era un invisible operador del billete. Pagaba no sólo a la prensa; también propaganda, gastos de candidatos a diputados locales, eventos e imprevistos, incluída la campaña negra de la pederastia y las imputaciones al panista Miguel Angel Yunes Linares, responsabilizándolo, por si algo faltara, de haberse confabulado con el narco para la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. O sea, Vicente Benítez, personaje gris, oscura su alma, es diestro en el manejo del dinero que no deja huella, traslados en efectivo, billetes lavados. Sigue siendo Vicentillo la clave para desentrañar el caso de los 25 millones de pesos confiscados al gobierno de Veracruz por la Procuraduría General de la República, que propiciaron su renuncia como tesorero, sin que se sepa oficialmente qué hizo mal para haber dejado el cargo, y si algún delito cometió, por qué no se le acusa penalmente. Sobre Vicente Benítez hay algo peor: la sospecha de que no eran 25 millones de pesos en efectivo los que llevaba el avión del gobernador Javier Duarte, sino 40 de los grandes. Léase a Francisco Cárdenas Cruz, en su Pulso Político. Qué show y lo mejor es que apenas comienza…
 
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