* El Veracruz violento no se haido  * Asesinan al ex alcalde de Isla * LaMansión Dalai  * Alberca, jacuzzi, sauna,masaje, sala de juegos, espacio de placer

 

Agazapada, sin exponer el pellejo, María Gina Domínguez Colío observa desde la barrera cómo se desmorona la criminalización de periodistas en Veracruz y el remolino que arrebata a funcionarios que dieron crédito al fallido esclarecimiento de los asesinatos de comunicadores a manos del narcotráfico.

Sin mancharse el plumaje, las alas de “águila”, la vocera del gobernador Javier Duarte enmudece frente al enésimo tropiezo del régimen; calla ante las críticas; ignora las aberraciones cometidas por la Procuraduría de Veracruz al avalar revelaciones frágiles de un grupo de sicarios que afirmaban que tres de los periodistas asesinados habían propiciado la muerte de otros tres reporteros del Notiver; ve a distancia la errática intromisión del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, en el diferendo con la prensa, y es insensible al revés propinado por la Procuraduría General de la República, al no integrar en su consignación ante un juez penal federal el caso de los reporteros.

Gina Domínguez es así. Juega para sí y para nadie más. Si no percibió la debacle, por lo menos debió alertar a su jefe, el gobernador Javier Duarte, que tomar la ruta del desastre conduce, irremediablemente, al fondo del abismo.

Nada tonta, apenas si secundó el relato telenovelesco con que el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa retomó —agosto 15— las palabras de un narcomenudista, Juan Carlos Hernández Pulido, alias “La Bertha” o “El Vertiz”, que reveló “de oídas” que un grupo de narcos con los que trabajaba, encabezados por Isaías Flores Pineda, “El Cronos”, del Cártel de Jalisco Nueva Generación, había secuestrado y asesinado a los periodistas Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez supuestamente por haber causado la muerte de Miguel Angel López Velasco (Milo Vela), Misael López Solana y Yolanda Ordaz de la Cruz, a manos del grupo delincuencial Los Zetas.

Luego, cuando vino la oleada de críticas, la incredulidad en la cima, incurriría en un sospechoso silencio. Taimada, mañosa, tampoco fijó la postura del gobierno de Javier Duarte ante la suspicacia de la prensa, los hilarantes comentarios y el repudio generalizado al “esclarecimiento de los crímenes de periodistas veracruzanos” que anunció el procurador.

Insostenible la versión de los sicarios, sin móviles convincentes, sin refuerzo moral, con una versión de oídas — “tengo conocimento”, dijo “La Bertha”, pero no expresó “yo escuché, yo vi, yo participé”—, no tardó el gobierno de Javier Duarte en agitar las aguas del océano. Le brincó la prensa seria, los críticos del régimen, las organizaciones internacionales de periodistas. Flotaba el escepticismo sobre la coartada policíaca, obra cumbre del duartismo.

Uno de los periodistas que citó en su análisis la innegable incredulidad del gremio y de la sociedad, que invocó a la organización Artículo 19; al Comité para la Protección de los Periodistas, presidida por Mike O’Connor; al corresponsal del periódico español El País, Salvador Camarena, fue el columnista Arturo Reyes Isidoro. Es un problema de falta de credibilidad, resumió el periodista sureño. Y desató una reacción tan torpe como virulenta.

No le dio respuesta Gina Domínguez, como debió ser. Lo hizo el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, en una materia que no es la suya y con un desplegado público que evidenció el analfabetismo del gobierno duartista en el expediente de la comunicación.

Reclamaba en su precisión, el 20 de agosto, que las agrupaciones a las que Reyes Isidoro citaba descalificaran sin mayor sustento una conclusión “que no se basa en golpes de suerte, sino que derivó de investigaciones documentadas, testimonios diversos, y un trabajo profesional de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

Catalogó como subjetivas las afirmaciones de Reyes Isidoro sobre la Procuraduría de Veracruz, un trabajo “que no conoce y sobre el cual borda en el aire una serie de opiniones particulares que califica como falta de credibilidad generalizada, como si su postura personal, fuera el espejo de la opinión pública”.

“Es lamentable —agregaba Buganza— que lejos, como dice, de que el esclarecimiento sea una buena noticia digna de reconocer, haya quien intente empañarla y pretenda generar un ambiente adverso a una positiva acción de Gobierno”.

Particularizó sobre el pasado de Reyes Isidoro como jefe de prensa del gobierno de Veracruz:
“Usted, quien es hoy un pertinaz crítico de la función pública, laboró muchos años en la estructura de Gobierno, y particularmente en el área de comunicación social, y conoce a la perfección que la autoridad debe de tomarse sus tiempos para, precisamente como en este caso, informe con toda responsabilidad y pruebas plenas sobre los hechos que sabemos tienen un alto impacto en la opinión pública.

“Por parte de la autoridad, no se tiene ninguna duda sobre la autoría de los crímenes esclarecidos, los expedientes que constan de muchas cuartillas, con decenas de declaraciones ministeriales, pruebas periciales, pruebas documentales, además de las más recientes integradas, con las confesiones y elementos probatorios de los integrantes de la delincuencia organizada recientemente detenidos o abatidos.

“A diferencia de la opción que tienen comunicadores como usted, de partir de una opinión particular para hacer juicios sumarios y absolutos, la autoridad tiene que actuar con mucha responsabilidad y prudencia, sobre todo para informar a la opinión pública.

“La autoridad no puede especular, no puede suponer, no puede dar situaciones por hecho, cuando no tiene la información totalmente confirmada; eso sí sería una irresponsabilidad”.

Era como leer a Gina Domínguez en un texto suscrito por Gerardo Buganza. Habían palabras de la vocera incómoda en el escrito del ex panista. Alguien, pues, envió al secretario de Gobierno al matadero. ¿Habrá sido la gentil Gina?
Desestimado por la PGR, el testimonio de “La Bertha” era insustentable y no fue motivo de la consignación ante el juez federal.

 

La PGR derrumbaba así el “esclarecimiento de los crímenes de periodistas”, del que tanto se había pavoneado el régimen duartista. La PGR se encargó de aplastar la coartada oficial. El gobierno de Veracruz falló y confirmó por qué vive una crisis de credibilidad.

Neófito en temas de comunicación, el gobierno de Javier Duarte pretendió recriminar que las opiniones de un columnista tengan la intención de empañar los estériles logros de la Procuraduría, y cuestionó a Reyes Isidoro al proclamar una falta de credibilidad generalizada “como si su postura personal, fuera el espejo de la opinión pública”. El razonamiento del gobierno es un absurdo mayúsculo, razón de sus constantes tropiezos mediáticos.

Reyes Isidoro no es la opinión pública. No pretende serlo. Es un columnista político. Su opinión es personal. No habla por la sociedad ni a nombre del pueblo. Los géneros periodístico de columna, artículo, ensayo, son de opinión; son subjetivos; es la voz del que escribe y de nadie más. Ningún analista político, así sea el mayor líder de opinión, ha sido electo por el pueblo para hablar a nombre de las masas. Darle esa categorización es una falacia.

Gina Domínguez, cuya función es definir y guiar las acciones en materia de comunicación en el gobierno de Veracruz, lo sabe. Aún así, no alertó del tropiezo en incurriría el secretario de Gobierno o de quien le puso en sus manos el texto que finalmente suscribió.

Más que vocera, María Gina Domínguez es la reina el boletín. Fuera de ello, es una náufraga caribeña. El gobierno de Javier Duarte no desarrolla una política de comunicación social. Oculta hechos, tergiversa realidades, se agazapa en momentos de crisis.

 

Derrocha millones en convenios de publicidad que de nada sirven. Maltrecha, la imagen del gobernador y de Veracruz es tema noticioso nacional e internacional cada semana. Si no es la violencia, es la quiebra financiera, son los desvaríos de poder el virrey, el encarcelamiento de tuiteros, los aviones oficiales cargados con 25 millones de procedencia turbulenta.

A todos llega tarde María Gina, la vocera incómoda. Apaga el fuego cuando el daño devastó lo que encontró a su paso, la imagen de Duarte, la precaria solidez de su gobierno, la escasa, mínima credibilidad de sus acciones.
Y así será ad perpetuam.
 
Archivo muerto
 
Nuevo capítulo de violencia en el Veracruz sangriento de Javier Duarte. Anoche fue asesinado el ex alcalde de Isla, Nahún Tress Mánica. Se hallaba en el interior de su rancho El Guerrero, cuando hasta él llegó un comando que abrió fuego. Nahúm recibió cuatro impactos de bala; su hijo Oscar Tress Pintado, tres. Junto a los cadáveres apareció un narcomensaje que la policía ocultó de inmediato. Nahúm Tress fue tío de la ex candidata panista a la diputación federal por Acayucan, Xóchitl Tress Domínguez, cuyo esposo, el ex alcalde electo de Rodríguez Clara y ex diputado federal del PAN, Gregorio Barradas Miravete, fue secuestrado y plagiado a unos días de tomar posesión de la presidencia municipal, en noviembre de 2010. Otro familiar suyo, su cuñado Ramón Martínez Rodríguez, también perdió la vida violentamente ese año, el 12 de marzo. Nahúm Tress provocó la furia de muchos por aquella declaración, siendo alcalde, sobre los feminicidios que dio pie al episodio de las “Muertas de Isla, a quienes calificó de “muchachas putitas que se iban de sus casas”. ¿No que el operativo Veracruz Seguro ya dio resultados?…

 

Se erige sobre mil 200 metros cuadrados y será un auténtico refugio, un remanso de paz. Tendrá alberca, jacuzzi, sauna, sala de masaje y de aparatos para realizar ejercicio, bar, comedor, sala de estar, varias recámaras, cuarto de televisión, estancia de juegos y biblioteca; en dos pisos a todo lujo. Cerca del río, a unos pasos del mar, en la primera calle de la avenida Lázaro Cárdenas, se construye el lugar de reposo, la Mansión Dalai, la choza multipolar, sobre los cimientos de un vetusto caserón. Antes hogar de Jorge Merino, la antigua casa fue derruida con personal y maquinaria oficial para dar paso al nuevo palacete. Adquirida a costo millonario —¿con salario de servidor público?—, el chalet tendrá misiones varias: recinto de festines y reventones, área de acuerdos políticos, nube de placer y pasión. ¿El dueño? Un priísta al que en un año y medio se le acaba la cuerda y comienza la pesadilla…
 
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