* Diez periodistas bajo espionaje y hostigados * La corresponsal de Proceso, ejecutada * El robo, ¿un montaje? * Fredy Ayala, líder espurio, confirma tribunal * La finca cafetalera del diputado
Su vida en un hilo, indomable en su línea crítica, el nombre de Regina Martínez Pérez apareció en una lista de periodistas, lista negra le llamaron dentro y fuera del palacio de gobierno, sometidos a investigación, espionaje, hostigamiento y, de ser necesario, ejecución por punzar al régimen de la fidelidad y al engendro del duartismo que de él emanó.
Se vivían los estertores del gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Quien tuvo en sus manos el memorándum siniestro, Carlos Lucio Acosta, lo dio a conocer en su reveladora Columna 33, con el título “Periodistas Críticos ¿Bajo Investigación?”, el 26 de noviembre de 2010, a cuatro días del fin del régimen fiel.
Regina Martínez era el segundo nombre mencionado, rubricado con su condición de corresponsal de la revista Proceso, del Distrito Federal, y colaboradora el diario Notiver, del puerto de Veracruz. La precedía Manuel H. Naranjo, autor de la columna EL Flechador, difundida en diversos diarios digitales de cobertura estatal y nacional, de lenguaje altisonante, adjetivos ácidos e información extraída de fuentes calificadísimas, conocedoras de los pasos del gobernador Duarte, su vida íntima, la de sus socios y la de sus parientes, así como los renglones torcidos de la seguridad en Veracruz.
Otros ocho periodistas conformaban esa lista negra: Filiberto Vargas Rodríguez, entonces jefe de información de la página en internet gobernantes.com y titular de la columna Punto de Vista; Andrés Timoteo Morales, autor de la columna Texto Irreverente, ex corresponsal del diario capitalino La Jornada, hoy exiliado en Francia; Claudia Guerrero Martínez, titular de la columna Entre lo Utópico y lo Verdadero, directora y editora del Periódico Veraz, y del digital periodicoveraz.com; Antonio Trujillo y Perdomo, director de la página electrónica jalapaverbabrava.com; Mussio Cárdenas Arellano, autor de INFORME ROJO y entonces director de Semanario Contacto; Elfego Riveros Hernández, director de Radio Teocelo; Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y director del semanario Formato Siete, y Jorge Manrique, titular de la columna Del Otro Lado del Cristal, difundida en más de 30 portales de internet y medios impresos estatales y nacionales.
A ellos, de acuerdo con los cánones de los sótanos del poder, había que espiarlos y conocerles todo, desde sus querencias y amistades hasta nexos con políticos, empresarios y líderes sociales; condición social y económica; gustos y repulsas, a partir del documento titulado “Medios de Comunicación Social del Estado de Veracruz. Agenda de Riesgos”.
De acuerdo con el texto de Carlos Lucio, la finalidad era “identificar posibles puntos de conflicto y alertar sobre amenazas que no sólo vulneren la imagen y el trabajo de servidores públicos, sino también, perturben el desarrollo de su vida personal o familiar”.
Tendrían los sabuesos del gobierno fiel y la encomienda al naciente duartismo, que aplicarle marcaje personal a los periodistas incómodos y saber de ellos con quién hablaban, qué comían y con quién dormían, resumidos en por lo menos 45 puntos de su vida pública y privada. El espionaje burdo y descarado tendría que responder al “estado civil, estudios, lugar de nacimiento, medios de comunicación en los que trabaja, ingresos, comisiones, si labora en oficinas de los gobiernos municipal, estatal o federal, si cuenta con negocios particulares, antecedentes penales, si vive en casa propia o renta, preferencias sexuales, hábitos, nivel de vida, círculo de relaciones sociales y red de contactos con medios de comunicación de presencia estatal, nacional o extranjera”, pero sobre todo a sus motivaciones y razones para mantener una línea editorial crítica a los cuadros de la pandilla en el poder.
Habilitada con todo, costara lo que costara, la red de intrusos pudo disponer de equipo de cómputo con software y video grabadoras para realizar trabajo de espionaje con base de datos de periodistas y medios de comunicación del Estado y equipo de videograbación a distancia con cámara para monitoreo de circuito cerrado, teléfono celular, radio de comunicación y dispositivos USB. Lo que fuera con tal de violar la intimidad de os ejecutables.
“La orden partió —escribió Carlos Lucio— de una de las oficinas laterales del Palacio de Gobierno de Veracruz. Investigar a todos aquellos periodistas que por una u otra causa, motivo o razón, no han magnificado el trabajo político, económico, social, cultural y religioso del conflictivo doctor Fidel Herrera Beltrán”.
Si de algo se preciaba el residente de esa oficina lateral, el tormentoso secretario de Gobierno del régimen de la fidelidad, Reynaldo Escobar Pérez, fue de su mano férrea, alma implacable, para tratar a la prensa incómoda. Lo hizo durante el reinado del sultán de Nopaltepec y lo hizo después, ya como procurador de hierro de Javier Duarte, hasta que reventó por criminalizar a los 35 muertos, cuyos cuerpos aparecieron ejecutados y mutilados al pie del monumento a los Voladores de Papantla, en Boca del Río, en septiembre de 2011.
Su clímax con la prensa ocurrió cuando Don Rey atribuyó a la periodista Yolanda Ordaz, reportera de Notiver, nexos con el crimen organizado, una vez que apareció golpeada, torturada y decapitada en julio de 2011. Ofendió, agravió, pero no pudo sustentar la infamia.
De aquellos diez periodistas ejecutables, el gobierno de Javier Duarte apretó a varios: a Jorge Manrique le fabricaron el delito de extorsión, lo encarcelaron y lo sentenciaron; a Claudia Guerrero le enviaron a los 400 Pueblos de César del Ángel, quienes le apedrearon y llenaron de huevo las instalaciones de periódicoveraz.com; la misma receta le aplicaron los 400 encuerados a Manuel Rosete, en Formato Siete; Carlos Jesús Rodríguez, propietario de gobernantes.com, donde laboraba Filiberto Vargas, fue aprehendido por una denuncia de lesiones contra una dama, y luego, ya en el penal, lo torturaron causándole lesiones en los riñones que ameritaron su ingreso al hospital Ángeles, en un cuadro de muerte del que por fortuna sobrevivió; Mussio Cárdenas se enfrentó a un asedio policíaco que lo obligó a solicitar dos amparos federales, pues la consigna era detenerlo donde fuera, fabricar el delito y, ya tras las rejas, remitirlo a las manos de torturadores profesionales, y Andrés Timoteo, amigo de Regina Martínez, agobiado por las amenazas de muerte que recibía y los tres robos que sufrió en su hogar, salió de Veracruz y solicitó asilo en Francia, desde donde continúa publicando su Texto Irreverente.
De todos los ejecutables, como los definieron en los sótanos políticos de Veracruz, sólo con Regina Martínez se aplicó una medida extrema. La corresponsal de Proceso fue asesinada en su domicilio de Xalapa. Su cuerpo apareció el sábado 28 de abril pasado, golpeado, mordida en el cuello y finalmente estrangulada. Semanas antes había externado sus temores por el nivel de violencia contra periodistas y calificó al gobierno de Javier Duarte como “el más prepotente y represor”.
Transcurridas unas horas del crimen, del aparato judicial duartista y su área de comunicación se filtraba que el móvil era el robo. Provocó, como era de imaginarse, el rechazo de la prensa crítica y de los amigos de Regina. Obligó, pues, a cambiar la estrategia, lanzar la hipótesis del asesinato pasional y a hacer comparecer a colegas varones y mujeres, tomarles sus huellas y fijar una muestra de su placa dental porque entre ellos seguro estaba el “malviviente” periodista que la había mordido en el cuello.
Nada les cuajó. Seis meses después, el 29 de octubre, con un cerrojazo de antología, el gobierno de Javier Duarte presentó a un chivo expiatorio, Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, quien de inicio se inculpó con el rollo del robo, pero ante un juez reveló haber sido torturado para que admitiera un crimen que no cometió. El montaje incluyó una supuesta amistad de Regina con sus victimarios y hasta un noviazgo con uno de ellos. Infamia pura, infamia duartista.
Quince días después, el gobierno de Javier Duarte persiste en ignorar el móvil del trabajo profesional de Regina Martínez, sus críticas al sector público, a los políticos, a la narcopolítica, a la quiebra financiera de Veracruz y a la violación y muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión a manos de militares, caso por el que el gobierno de Fidel Herrera denunció a la corresponsal de Proceso en instancias penales por la osadía de haber publicado la foto de la víctima en la plancha del forense. Habrase visto semejante disparate.
Ser insistente en ventilar la podredumbre del poder, le valió a Regina Martínez formar parte de la lista de diez periodistas sujetos a espionaje y de ser necesario, ejecutables, como finalmente ocurrió cuando la privaron de la vida.
Esa lista negra, quién la integró y quién ordenó el espionaje y el hostigamiento, pudiera ser la clave.
Justicia obliga. Regina la merece.
Archivo muerto
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