* Se roba Oportunidades la pandilla de Duarte * Renuncias y escándalo * Guízar quiere a Juanelo como diputado * Becker Martínez rompe acuerdos en el PANAL
Analfabeta político, imán de mil conflictos, Javier Duarte de Ochoa pasó de dos episodios de hostigamiento y represión a la prensa, a un escándalo mayor: ser descubierto como el líder de una pandilla de mapaches electorales que se roban los programas sociales del gobierno federal.
Había concitado críticas por el despido orquestado desde el palacio de gobierno de la periodista Verónica Danell de la empresa Megacable, por la difusión del video en que se observa al Presidente Enrique Peña Nieto confundir la capital de Veracruz, suscitar risas, rectificar y finalmente conceder: ”El Presidente también se equivoca”.
Días después, volvió a quemarse en leña verde cuando la revista Proceso acusó que existía un plan siniestro del círculo duartista para acosar, espiar y detener, incluso haciéndole daño físico si se resistía, al reportero Jorge Carrasco Araizaga, autor de los reportajes sobre las tropelías judiciales relativas al crimen de la corresponsal de ese medio en Xalapa, Regina Martínez Pérez, y a su sinuoso trayecto judicial, el juicio a un malviviente que grita que fue torturado para incriminarse y la sentencia en la que sólo Duarte cree.
Fue ese sólo el preludio del huracán que hoy hace dar vueltas a Javier Duarte en el escenario nacional, e incluso internacional. Su acérrimo enemigo, Miguel Ángel Yunes Linares, vía el orgullo de su nepotismo, Miguel Ángel Yunes Márquez, precandidato panista a la alcaldía de Boca del Río, destapó una cloaca cuya pestilencia causó náuseas en el gobierno federal; la secretaria de Desarrollo Social, la ex izquierdosa Rosario Robles Berlanga; la Cámara de Diputados y el Senado, al dejar al descubierto el robo de programas sociales para convertirlos en votos a favor del PRI, como ocurrió en la elección de 2010.
Chiquiyunes exhibió frente a los medios un video y varios audios en los que se observa y escucha la truculenta mecánica para apropiarse de los recursos de Oportunidades, 65 y Más, suministro de leche Liconsa, abarrotes de Diconsa, Seguro Popular y el manejo sesgado y tortuoso de las sillas de ruedas y los aparatos auditivos. Hasta la Cruzada Contra el Hambre, el programa estrella del gobierno de Peña Nieto, sale embarrado por los mapaches del gober.
Protagonizan el cochinero el ex secretario de Salud de Veracruz, Pablo Anaya Rivera, ahora coordinador del PRI en la zona Veracruz-Boca del Río; secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz, antes alcalde de Boca del Río; ex secretario de Comunicaciones, Raúl Zarrabal Ferat, precandidato a la diputación local; funcionarios de la delegación de SEDESOL, Felipe Sosa Mora y César Perdomo Buenrostro, y ex secretario de Protección Civil en el régimen fidelista, Ranulfo Márquez Hernández, delegado de SEDESOL en Veracruz.
En suma, son casi 60 funcionarios y ex funcionarios de uña larga, hoy denunciados ante la Procuraduría General de la República por malversar recursos de los programas sociales federales para rescatar al PRI de la debacle que amenaza con arrinconar políticamente al maltrecho gobierno de Javier Duarte a partir del 7 de julio, día de la elección local.
Mapaches imperfectos, pillados en la maroma, Manzur, Anaya y el resto de la pandilla fueron desnudados como “ladrones de elecciones” y sus voces e imágenes registran la intromisión abierta del gobernador de Veracruz en el proceso electoral, llevándose entre las patas al gobierno de Peña Nieto y a la secretaria Robles, quien no supo ni lo que hacía cuando designó a Ranulfo Márquez, el Cabeza de Lata de Fidel Herrera Beltrán, como delegado de SEDESOL en la entidad. O sea, puso al séquito de Satanás en los altares del Vaticano.
De los audios, captados en varias reuniones, desde el 3 de febrero hasta el 22 de marzo, se advierte una cátedra de cinismo, prepotencia, marrullería y descaro para usar los recursos federales destinados en teoría a abatir los rezagos sociales y aliviar la pobreza, hacia la operación política del PRI y la perpetuación del fidelismo en el poder.
Displicentes, Manzur y Anaya enfatizaban que el jefe máximo de la estructura electoral era el gober Javier Duarte y aludían al “licenciado Fidel”, en referencia a Fidel Herrera Beltrán.
Salvador Manzur, entonces como alcalde de Boca del Río, se ufanaba de que SEDESOL y Oportunidades ya estuvieran en manos del gobierno priísta.
“Derivado del cambio, de la llegada del PRI al gobierno federal, ya tenemos delegación estatal de SEDESOL y también el cambio en la oficina regional de Oportunidades”, decía.
El 12 de febrero, Manzur insistió en que el jefe máximo de la estructura electoral del PRI era el gobernador Javier Duarte de Ochoa, y que él, Manzur, era su enlace en Boca del Río.
El 15 de febrero, Manzur soltó otra:
“Con esta estructura —los programas sociales— vamos a lanzarnos, a ganar la elección”.
Manzur Díaz invitó a los coordinadores de programas sociales federales, César Perdomo y Mariano Molina a incorporarse a la estructura priísta. Perdomo era el responsable de operar 65 y Más, relativo a la ayuda económica a los adultos mayores.
Presumía del uso del aparato de gobierno, los empleados del gobierno como esclavos políticos. “Jalan o jalan”, refería, prepotente, de mente rapaz, para quien las beneficiarias y las vocales de Oportunidades, las 4 mil inscritas en el padrón, son un ejército asalariado, que están ahí por un interés económico. Son 4 mil beneficiarias con sueldo, concretaba.
Instaba a que los enlaces priístas “se apoderen” de Oportunidades y si las beneficiarias acuden a reuniones no avaladas por Perdomo o Molina, amenacen con retirarlas del padrón.
Manzur se escucha implacable. El 22 de marzo, ya como titular de la Secretaría de Finanzas, revelaba que el ex alcalde jarocho, Raúl Ramos Vicarte, coordinaría a todos los empleados del gobierno duartista. Los 2 mil 300 empleados de SEFIPLAN, agregaba, forman parte de la estructura electoral del PRI. “La SEFIPLAN se incorpora completa. La invitación es respetuosamente voluntaria, pero a fuerza, de que tienen que acompañarnos a los trabajos”.
Y soltó una más:
“Venimos con todo. También el licenciado Fidel lo comentó. Recibimos la instrucción de nuestro jefe máximo, el señor gobernador. Yo llegué a donde estoy (SEFIPLAN), pues obviamente pa’ atender las cuestiones de la Secretaría, pero ora sí que primero es lo primero”. O sea, robarse la elección.
Otro especimen de la fauna fidelista-duartista, Pablo Anaya, fue pillado en el video y los audios del clan Yunes con toda la suciedad que trae dentro. Este sujeto, ex diputado federal, ex diputado local, ex aspirante a alcalde de Poza Rica, ex secretario de Salud, es hoy coordinador regional del PRI.
Pablo Anaya, el mismo a quien la Auditoría Superior de la Federación le halló un desvío de 72 millones de pesos que debió utilizar para adquirir medicamentos y los empleó en supuestos pagos a proveedores, describía la mecánica del fraude.
Son expertos los priístas —decía el 15 de febrero— en falsificar actas de asambleas inexistentes para sembrar de incondicionales el padrón de Oportunidades, y consecuentemente usar a las beneficiarias como carne de cañón electoral.
Conminaba también a dar de baja del padrón a las beneficiarias identificadas con el PAN. Hay que mandarles el mensaje. No que se les va a sacar del programa sino que se les va dar de baja del padrón, es decir, pegarles en el bolsillo. “Nosotros operamos Oportunidades, nosotros somos gobierno”, decía cuando aún era secretario de Salud.
El audio del 1 de marzo describe a un Pablo Anaya que habla del uso del Seguro Popular para reclutar priístas. Entrega de sillas de ruedas, de aparatos auditivos, mano a mano del candidato a los pobres, incluso dinero, mil 500, sacados del erario por los alcaldes para que los abanderados del PRI actúen con misericordia.
Anaya fue incisivo, el 22 de marzo. Revelaba otra forma de cooptar adeptos al PRI: la condonación de servicios médicos. Semanalmente, decía, se perdona el pago de 935 mil pesos, casi un millón a la semana, casi 4 millones al mes.
Felipe Sosa, funcionario de SEDESOL federal en Veracruz, advertía el 8 de marzo de cómo apropiarse de las lecherías de Liconsa en Boca del Río, 12 en manos de operadores panistas y la apertura de otras más para canjear litros por votos.
César Buenrostro, también funcionario de SEDESOL, refería que debían abrirse a la mayor brevedad nuevas ventanillas para la afiliación de adultos mayores en el programa 65 y Más. Los abuelitos, según su visión, son los más manejables.
Un día después de estallar el escándalo, presionada por la dirigencia panista, la titular de la SEDESOL, Rosario Robles, renunció a seis funcionarios en Veracruz y separó temporalmente al delegado estatal, Ranulfo Márquez, mientras el caso camina en la PGR.
Conocidas la trapacerías de la pandilla duartista, el caso brincó a la Cámara de Diputados, donde las bancadas del PAN y PRD reventaron una sesión y casi ocurre lo mismo en el Senado, con el riesgo de abortar la reforma en telecomunicaciones y comenzar a derrumbar el Pacto por México. Ahí se tomó el acuerdo de citar a Rosario Robles para que explique, si puede, el lucro electoral que el PRI obtiene con los programas sociales en Veracruz.
Nada de esto es ajeno al quehacer de los mapaches fidelistas-duartistas. En 2010, el operativo G-5 consistía en las mismas prácticas. Se robaron los recursos de Oportunidades, 70 y Más, el programa de suministro de leche, los Pisos Firmes.
G-5 lo coordinaba Fidel Herrera y sus operadores inmediatos eran Moisés Herrera Beltrán; Reynaldo Escobar Pérez, secretario de Gobierno, y Javier Duarte de Ochoa, candidato al gobierno de Veracruz. Dispusieron de los programas federales, consumaron el fraude y convirtieron el sexenio fiel en la docena trágica.
Pero esa, esa es historia aparte.
Archivo muerto
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