* El suministro de cemento para colonos, en tiempos de campaña  * María Gudelia López Aguilar también distribuía para Piso Fiel, de Fidel Herrera  * El tráiler de Ciro (Félix) Porras, la noche del viernes  * Los navales lo dejaron pasar sin revisión * “Mónica Robles Págame” exige en la vía pública Luis Esteban Castillo 

 

Multimencionada, proveedora estrella del gobierno de Veracruz, María Gudelia López Aguilar no es un ficha menor sino la pieza clave para desentrañar la mecánica del fraude electoral, la compra del voto y el control de masas que le permiten al PRI sostenerse en el poder, dominar el Congreso y usufructuar las alcaldías con el mayor potencial económico.

 

Su papel es por demás relevante. Desde hace cinco años, hasta donde se tiene documentado, doña Gude ha venido proveyendo al gobierno federal, al régimen fidelista y a su engendro duartista, de todo tipo de material de construcción —cemento, láminas, block, arena— cuyo destino son los colonos y grupos marginados, que representan el voto duro del priismo.

 

Desconocida para muchos, su nombre saltó a la luz pública cuando el sábado 25 de mayo un camión torton cargado con cemento arribó a Coatzacoalcos. Su conductor, Eladio Torres Vargas, pidió informes sobre el domicilio donde dejaría la carga. Preguntó y preguntó. Y en una de esas reveló que se trataba de 16 toneladas de cemento del programa Piso Firme.

 

Lo supo un panista. Luego otro. Pronto tuvo encima a la dirigencia y a la militancia en tropel. Le hicieron hablar. Llevaba ya seis o siete viajes, cargado el camión con cemento de Piso Firme, programa social del gobierno federal. Suponían bien los militantes del Partido Acción Nacional. Aquel hallazgo tenía un marcado tufo a PRI y se había violado la veda electoral.

 

Dos días antes, el jueves 23, en términos del Código Electoral, inició la restricción a la entrega de apoyos sociales. Mes y medio antes, el PAN denunció la existencia de una red de mapaches electorales en Veracruz, a cuya cabeza se encuentra el gobernador Javier Duarte de Ochoa, según un video y audios en que aparecen priístas de Boca del Río y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social federal fraguando cómo robarse los programas sociales.

 

Aquel escándalo provocó el endurecimiento del PAN y del PRD, renuentes a aprobar más reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto mientras los gobernadores del PRI se daban vuelo batiendo el lodazal electoral para robarse las elecciones.

 

Y así, por la uña del gordobés Duarte —y la del verdadero gobernador, Fidel Herrera— y la evidencia de cómo coaccionan al votante, Peña Nieto les propuso un addendum al Pacto por México, garantía de transparencia de los programas sociales y cero lucro político.

 

Sonaba bien pero era irreal. Cuando los panistas de Coatzacoalcos detectaron al camión con las 16 toneladas de cemento, sus sensores indicaron que los priístas de Veracruz, Duarte, el secretario de Desarrollo Social, Marcelo Montiel Montiel, Salvador Manzur, los ladrones de elecciones, pues, se mofaban de Peña Nieto y de su palabra empeñada.

 

Fue ahí que apareció el primer hallazgo. La proveedora del cemento para el presunto operador priísta, Nicolás Sosa Machuca, era María Gudelia López Aguilar, operadora de la empresa CEMEX, S.A. de C.V., a quien le tocaba suministrar el material de Piso Firme en la Región Olmeca, o sea en el sur de Veracruz.

 

De María Gudelia López Aguilar poco se sabía. Ahora no. Diversos documentos la exhiben como proveedora de la SEDESOL federal, del gobierno de Veracruz y del gobierno del Estado de México, sí, justo cuando el gobernador de aquella entidad era Enrique Peña Nieto, en 2007, y antes, con Arturo Montiel Rojas.

 

Doña Gude es tan versátil que lo mismo se pone con el cemento que con los blocks, con la varilla o con la arena. Y todavía le sobra para suministrarle anillos de plástico al gobierno que lo requiere. Cuando menos eso dicen los documentos a los que INFORME ROJO tuvo acceso y permiten desentrañar la mecánica del fraude electoral al que son tan asiduos los priístas pues limpia, lo que se dice limpiamente, nunca han ganado una elección.

 

De los 34 contratos otorgados por el secretario de Desarrollo Social del gobierno veracruzano, Marcelo Montiel Montiel, y que están sirviendo para comprarle el voto a los marginados, tres fueron suscritos con María Gudelia López Aguilar en este 2013. El resto se los otorgaron a 15 empresas que se manejan como un holding que concentran el suministro de materiales para la compra del voto.

 

Duarte y Montiel le perdieron el amor a 194 millones 550 mil 23.26 pesos, dinero de origen federal, para aplicarlo en el programa Piso Firme y para “Mejoramiento de la Vivienda”. Y de ello, doña Gude López se llevó 17 millones 391 mil 838.70. Por la licitación LS-105T00000-010-13 debió cobrar 5 millones 754 mil 956.04 pesos, bajo el concepto de abastecimiento de láminas de zinc; la LS-105T00000-020-13, por 5 millones 777 mil 954.08 pesos, para el suministro de blocks de concreto, y la LS-105T00000-010-13, por 5 millones 858 mil 928.58, por “paquetes específicos de arena”.

 

Sobre Gudelia López Aguilar existen investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y el propio Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, que se supone es la tapadera de los cochupos de la pandilla fidelista-duartista, pero que en su momento le halló irregularidades y no los dejó pasar, o cuando menos le sirvió para apretarla.

 

La ASF le detectó a “Maquinaria, Construcción y Consultoría María Gudelia López Aguilar” falta de documentación que soportara los pagos recibidos por parte del Consejo Nacional de Empresas Campesinas (CNEC), que de los 77 millones 920 mil pesos recibidos de SEDESOL en 2005, no acreditó 69 millones 920 mil pesos.

 

Otro documento evidencia que María Gudelia López Aguilar fue una intensa proveedora de materiales del programa estatal Piso Fiel, con el que el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, le hacía las contras al régimen calderonista, en 2010, cuando ya se perfilaba para dejar “la plenitud del pinche poder”.

 

Uno de los contratos suscritos y ejecutados fue el SEDESMA-UA-LS-010-10-13, consistente en “concreto hecho en sitio”. Se le pagaron 5 millones 226 mil 788.38 pesos. Fue suscrito por el jefe de la Unidad Administrativa, Antonio Gómez Anell, y por el director de Políticas y Programas de Desarrollo Social, Francisco Cessa Servín, el 19 de abril de 2010. Paco Cessa era el encargado de torpedear el programa federal Piso Firme.

 

Ese contrato era parte del programa Piso Fiel. En total, María Gudelia López recibió de las generosas manos de Fidel Herrera, aunque con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, o sea de origen federal, cinco contratos por más de 18.5 millones de pesos.

 

No se sabe cuánto de ese dinero fue reciclado a los políticos que intervinieron en la cadena del fraude electoral o si hubo diezmo, pero sí se documentó que el monto total rebasó el límite de lo permitido para ser otorgado mediante licitación simplificada, y se fraccionó el monto total para evitar realizar una licitación pública nacional, según resultados del ORFIS.

 

María Gudelia López Aguilar y los otros 15 proveedores recibieron contratos para proveer de materiales a los operadores del PRI, en un plazo del 9 de abril al 10 de junio, empalmando sus tiempos con la veda electoral. Aunque el gobierno de Veracruz se lava las manos y asegura que no es su responsabilidad el suministro tardío, la ley dice que está impedido de hacerlo, incluso por interpósitas personas. O sea, Duarte, Marcelo Montiel y sus mapaches violaron la veda electoral y atropellaron el addendum del Pacto por México, y ni qué decir del Pacto por Veracruz. Es más, atropellaron a Peña Nieto.

 

Ilusos quienes creen que en política hay casualidades. La entrega de materiales de construcción para canjearlos por votos no fue algo accidental en este 2010. Fue premeditado. En 2012, previo a la jornada electoral federal, el gobierno de Veracruz otorgó contratos similares en el mismo período, para ser ejecutados entre abril y junio. Pretendían así salvarle la elección a Peña Nieto, pero fracasaron.

 

Sabíase que Duarte, Marcelo y sus mapaches irían por todo. Pero nadie imaginó que serían pillados en medio de la poza de lodo.

 

 

¿Qué hacía, a las 11:30, la noche del viernes 31 de mayo, un inmenso tráiler, sobre la avenida Justo Sierra, esquina Lerdo, en Minatitlán, escoltado por una camioneta con propaganda del candidato del PRI, Ciro (Félix) Porras? Realizaba maniobras, convertía en un caos el tránsito vehicular, circulaba en sentido contrario, provocaba el asombro de automovilistas y también mentadas. Y ahí, expectantes, los navales a bordo de dos patrullas, sin revisar al infractor del reglamento de tránsito, sin inquirir qué traía en el interior el tráiler, si era cemento, despensas o propaganda ilegal. Dice una fuente que lo vio todo, que nadie se quiso involucrar no fuera a irles como en Coatzacoalcos, donde los panistas detuvieron un camión cargado con cemento para un operador del PRI, llegó la naval y dejó impune el delito cometido en flagrancia, máxime que la entrega del material se hacía dentro de la veda electoral. Pasaron así los panistas de acusadores a acusados, ahora con una denuncia por robo encima. En Minatitlán, la impunidad milita en el equipo de Ciro (Félix) Porras, solapado por los navales, a quienes sólo les faltó que le abrieran paso al tráiler y le pusieran alfombra roja. ¿Para eso se implementó el Mando Único Policial?...

 

“Mónica Robles Págame”, rezaba la cartulina con que Luis Esteban Castillo Pérez se apostó en el malecón de Coatzacoalcos para ridiculizar a la candidata del PRI a la diputación local, Mónica Robles de HILLMAN. Acosado, privado de su libertad por más de tres horas, obligado a firmar un pagaré por un dinero del que no dispuso, el ex editor, reportero y fotógrafo de Diario del Istmo se engalla y le exige a la presidenta del consejo de administración del rotativo que le pague lo que le debe, que deje de recurrir al terrorismo laboral, que no violente las normas de trabajo, que no incurra en delitos, para evadir el pago de su liquidación. En la Junta de Conciliación y Arbitraje número 15, Luis Esteban Castillo pudo acreditar que los directivos de Diario del Istmo le comunicaron la rescisión del contrato de trabajo; en el Ministerio Público viene demostrando que fue privado de su libertad y hostigado y que es constantemente amenazado vía llamadas a su teléfono celular, cuyas grabaciones están siendo analizadas por peritos expertos en Xalapa. ”Mónica Robles Págame”, le dice Luis Esteban Castillo en su cartulina, junto a la publicidad visual de la candidata del PRI a diputada por Coatzacoalcos. Qué mameyazo…

 

twitter: @mussiocardenas