* Tony Macías perdió juicio laboral por más de 2 millones  * Maniobras en la Junta de Conciliación para solaparlo  * Cuentas y acciones de Petromaya y Parque Tecnológico Puerto México, en el aire  * El Z-40 y el Cisne de Tuxpan  * Quiénes mandan en la Comunidad de Dios  * El jefe de prensa que se robó el presupuesto 

 

Por gusto, por vocación o por religión, Tony Macías es un personaje tormentoso, de naturaleza pendenciera y codicia grande, que mantiene un obsesivo, permanente y enconado conflicto con la ley.

Va de juzgado en juzgado, de MP en MP, unas veces en demanda de millones de origen turbio y en otras sujeto a la acción de la justicia, culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero siempre burlando el marco legal, que es lo que mejor sabe hacer.

 

Su último traspié es un juicio laboral que lo tiene al borde de un ataque de nervios, condenado a pagar más de 2 millones de pesos, y a centímetros de ver congeladas sus cuentas bancarias y embargados sus bienes, entre ellos los activos de Petromaya, S.A. de C.V. y las acciones de la sociedad mercantil Parque Tecnológico Puerto México.

 

Vencido en los tribunales, Jesús Antonio Macías Yazegey, el suegro incómodo del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, paga también el precio de su soberbia y el menosprecio hacia los demás, sin cruzarle por la mente que una empleada suya le daría una inolvidable lección.

 

Elizabeth Adriana Trinidad Quevedo se llama. Inició como asistente el 1 de junio de 2001 y trabajó con él en Petromaya, hasta el 9 de septiembre de 2009, ocho años en que le sirvió más allá incluso de lo que obliga el marco laboral, sin la remuneración debida.

 

Petromaya es la empresa que le sirve a Tony Macías para enmascarar negocios. Su giro es el suministro de equipo de seguridad industrial. Fue pasada por la fe del notario Yohan Hillman Chapoy. Su registro patronal ante el IMSS es el número F3 32411 10 3.

 

Adriana Trinidad era por demás eficiente. Tony Macías, gerente general de Petromaya, puso en sus manos el manejo de la correspondencia, la agenda de los expedientes personales y de trabajo, y las llamadas telefónicas. Percibía en ese entonces 250 pesos diarios.

 

En 2005 pasó a ser recepcionista. Atendía a los visitantes, recibía facturas, expedía contrarrecibos, concentraba la correspondencia y la turnaba a las diversas áreas de la empresa, y trasladaba las llamadas al personal según fuera el caso. Su salario aumentó a 450 pesos diarios.

 

Algo, sin embargo, falló. Elizabeth Adriana Trinidad tenía un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 PM a 10 de la noche. Trabajaba once horas de lunes a sábado y nunca se le pagó tiempo extra, por lo menos tres horas diarias, durante ocho años.

 

Muy de mañana, el 9 de septiembre de 2009, cuando apenas llegaba a la sede de Petromaya, Adriana Trinidad recibió una noticia que la dejó helada: Tony Macías la despidió.

 

Tres semanas después, el 1 de octubre, Adriana Trinidad Quevedo demandó a Petromaya por la vía laboral, de acuerdo con el expediente 1149/X/2009, ante la Junta Número 10 de Conciliación y Arbitraje. El 14 de diciembre se realizó la primera audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Sólo se presentó el abogado de la demandante. Ni Tony Macías ni el representante de Petromaya acudieron.

 

Esa omisión sirvió para que a Tony Macías se le enderezara la demanda “por sí y como gerente de Petromaya y como propietario de la fuente de trabajo”. Estaba adentro.

 

Así sería la tónica en lo sucesivo. Adriana Trinidad aportó pruebas y reclamos en la audiencia del 3 de febrero de 2010, y Tony Macías ausente, sin que su abogado, Pedro William Tiburcio Zaamario, hablara por él. En consecuencia, cuanto decía la demanda, “se le tuvo por contestada en sentido afirmativo”, refiere el expediente.

 

Meses después, el 8 de octubre de 2010, la Junta de Conciliación emitió el laudo que condena a Petromaya y Tony Macías a pagar indemnización constitucional de tres meses; salarios caídos desde el inicio del litigio y hasta que la empresa o el suegro incómodo salden el adeudo; prima de antigüedad; vacaciones; prima vacacional; aguinaldo, y deja a salvo los derechos para que Adriana Trinidad requiera reparto de utilidades una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revele el balance de la empresa de Tony Macías.

 

Punto clave en el laudo, es el que se refiere a las horas extras no pagadas a lo largo de ocho años de servicio, a razón de un millón 83 mil 375 pesos, lo que elevó el monto la demanda a un millón 878 mil 125.40 pesos hasta el 29 de abril de 2013, cuando se realizó la diligencia de pago y embargo. De entonces a la fecha, la cifra sigue creciendo.

 

Ese día se apersonó en el domicilio de Petromaya, la actuaria Raquel García Ordaz. La acompañaban Adriana Trinidad Quevedo y su abogado Guillermo Arrés Navarrete. La diligencia se celebraba en la avenida Abasolo 1107, colonia María de la Piedad. Se requirió el pago y sólo hallaron evasivas.

 

Atendía el caso el abogado Gustavo Sánchez Guerrero, ex apoderado de INVIVIENDA, con quien Tony Macías concretó en 2005, en el despegue del sexenio de la fidelidad, el despojo legalizado de 70 hectáreas de terreno en la reserva territorial de Coatzacoalcos para su proyecto Parque Tecnológico Puerto México, un lucrativo negocio de compraventa de predios, pero que de tecnología no tiene nada, y que no se sabe si el verdadero dueño es Fidel Herrera, Tony Macías o el empresario Pancho Colorado, preso en Estados Unidos por lavado de dinero de Los Zetas.

 

Lo exhortaba la actuaria a realizar el pago de un millón 878 mil 125.40 pesos o a señalar bienes para garantizar el cumplimiento del laudo. Sánchez Guerrero aducía que ese no era el domicilio de Petromaya sino un despacho jurídico y que así se hiciera constar en el acta.

 

Adriana Trinidad y su abogado refirieron que el abogadazo Sánchez Guerrero, cuando interpuso el amparo 168-2012, el 19 de enero de 2012, había señalado como domicilio de Petromaya la avenida Abasolo 1107, misma que ahora negaba. También le recordaron que el 24 de abril, interpuso un recurso de revisión y volvió a citar el mismo domicilio de Petromaya. Así quedó asentado en el acta.

 

Quienes observaban la escena, pudieron ver un diálogo en corto entre Sánchez Guerrero y la actuaria Raquel García. Ante la negativa a pagar, el abogado de la demandante señaló que debía embargarse las cuentas 0156576788 de Bancomer, número de servicio F-401220-9; cheques, efectivo, bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Parque Tecnológico Puerto México, del que Tony Macías es accionista mayoritario, así como el lote 1, manzana 3, polígono 1, del mismo parque.

 

Sin embargo, tras el diálogo en corto con el abogadazo Sánchez Guerrero, la actuaria Raquel García dio marcha atrás y dijo que no podía realizarse el embargo porque no se señalaba el nombre del beneficiario de la cuenta bancaria y que el bien inmueble Parque Tecnológico Puerto México es una empresa distinta. Omitió decir que las acciones del PTPM están a nombre de Tony Macías y que son embargables para garantizar el pago.

 

Raquel García dio por concluida la diligencia y remitió el caso al “presidente ejecutor” de la Junta de Conciliación, Fernando Domínguez Díaz, quien por cierto, se refiere a Macías Yazegey como “jefe” y quien el 29 de mayo se dijo sin facultades para determinar bienes a embargar de Petromaya y Parque Tecnológico Puerto México

 

Evidente la maniobra para encubrir a Tony Macías, el titular de Conciliación citó a las partes el 10 de julio pasado. Ahí, como si fuera abogado de la parte demandada, conminó a Adriana Trinidad a escuchar un ofrecimiento de Tony Macías. Llevaba la oferta el otro abogadazo, Pedro Williams Tiburcio Zaamario, quien dijo que sólo podían otorgar 450 mil pesos, y que era mejor que los tomaran o no verían nada.

 

Le respondió Adriana Trinidad que el laudo estaba emitido; que no había qué negociar; que hasta el día de la diligencia de embargo —29 de abril— sumaba un millón 878 mil 125.40 pesos, más los que se acumule, y que Tony Macías tenía que pagar. Tiburcio se despidió con un “cuídese”. ¿También se juega a las amenazas prósperas?

Displicente en un principio, histérico después, Tony Macías fue presa de la soberbia que llevó a desestimar el juicio laboral, abandonarlo y finalmente escamotear el pago de más de 2 millones de pesos con la complicidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ha de suponer que así podrá sustraerse a la acción de la justicia. ¿Y la instancia federal?

Quiéralo o no, su imperio será embargado. Ya se verá.

 

 

Inevitablemente cáustico, corrosivo, es el caso Z-40 para el alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos. Dicen los insiders que su hermano Francisco “El Negro” Silva era el abogado de Francisco Colorado Cessa, Pancho Colorado, sentenciado éste a 20 años de prisión en Estados Unidos por lavar dinero de Los Zetas, y que además era apoderado legal de ADT Petroservicios, la blanqueadora de dinero de esa organización. Otro indicio del nexo Silva-Zetas es citado en un escrito enviado al Presidente Enrique Peña Nieto en los últimos días de 2012. En él aparece el nombre de Alejandro Sánchez Rosales, quien era gerente de construcción de ADT Petroservicios y director de Obras del Cisne Silva Ramos durante los primeros días en el ayuntamiento de Tuxpan. O sea, dos cercanos al alcalde Silva embarrados con los malosos, y él, Silva Ramos, cercanísimo a Fidel Herrera, de quien fue auxiliar en el Senado, y ahora delfín del gobernador Javier Duarte, en la trama de Los Zetas. Y así, con la sombra del narco, apunta el Cisne Silva para secretario de Gobierno. ¿Qué pensará Peña Nieto de semejante osadía? Él combatiendo a Los Zetas y en Veracruz revitalizando a quienes estuvieron cerca de los barones de la droga. ¿Y qué dirá la DEA?…

 

 Muy familiar es la Comunidad de Dios. Tanto que en su solicitud de registro ante la Secretaría de Gobernación aparecen como integrantes del “Comité ejecutivo Nacional” el pastor Claudio Martínez Morales, recientemente asesinado, con carácter de presidente; su esposa Luz Margarita Enríquez Aguilar, secretaria, y su hermano Jorge Luis Martínez Morales, tesorero. Otros dos asociados son Candelario Fuentes Díaz de León y María Magdalena Rivera Meraz, aunque ellos sin cargo directivo. En el documento figuran sólo dos ministros de culto: Claudio Martínez Morales y su viuda, Luz Margarita Enríquez Aguilar. La solicitud de registro fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de junio de 2009. O sea que ante la ausencia de Claudio Martínez, brutalmente asesinado el 17 de junio, la única que podía encargarse del culto es la pastora Lucy. Nada al azar; todo bien medido…

 

¿Quién es ese publirrelacionista, improvisado en lides políticas, que se apuñaló el presupuesto de campaña destinado a la prensa? Sus muy cercanos dicen que mientras su candidato recibía metralla en letras de molde, él engrosaba su cuenta bancaria, se daba gran vida y lo que le sobró se lo empinó de antro en antro y de cantina en cantina. Corrió con suerte pues su candidato ganó la elección y con ello se libró de tener que sofocar fuegos poselectorales sin un centavo en la bolsa…

 

twitter: @mussiocardenas