* Cuatro empresarias de la educación falsifican firmas  * Iván Hillman pierde CMAS  * Murad, otra vez burlado  * Golpiza al Diablo Yuen por fraude con fichas de Pemex

 

Tan intimidante como estar en la mira del crimen organizado —ser candidatos al “levantón”, a morir destazados, a nunca más volver—, es hoy el siniestro enemigo que enfrenta la prensa veracruzana: el aparato policíaco represor duartista.

 

De él ha recibido palizas, tortura, infamia, hostigamiento, bloqueo a su trabajo, robo, amenazas, delitos prefabricados e incluso un intento de homicidio, en una espiral de agresión que va definiendo que una buena parte de las fobias del gobernador de Veracruz están concentradas en el gremio periodístico.

 

Así ha sido la dinámica entre Javier Duarte de Ochoa y la prensa que lo fustiga por sus errores, por sus omisiones y por sus abusos, en ya tres años de desgobierno, del poder desperdiciado, sumido Veracruz en una parálisis económica y social, la nave patinando en el lodo, atado el gordobés a su antecesor, padrino y amo, Fidel Herrera Beltrán, aunque de palabra simule una ruptura, vocifere que no está cercado por el pasado y rezongue de las inercias populistas que lo treparon en la gubernatura.

 

Javier Duarte repudia a esa prensa y es bien correspondido. Rehúye la crítica y provoca la multiplicación de voces que alertan que lo peor está por venir. Desdeña a la prensa libre y se cobija en su prensa asalariada, inútil para formar opinión, para mejorarle la imagen, para generarle credibilidad, inútil para convencer.

 

Duarte y su aparato represor acreditable han arrasado con todo. Se imponen con la fuerza bruta, con el golpe artero, con la prepotencia de quien lleva en una mano un escudo y en la otra un bastón eléctrico, armada la policía con traje de robocop, unas veces con uniforme y otras de civil, como en los peores tiempos de la Dirección Federal de Seguridad.

 

Tres años han sido así. Su policía ha agraviado con insólita hostilidad a los medios críticos y una que otra vez se ha llevado entre las patas a su prensa mercenaria, tolerada la policía por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y solapada por el procurador Felipe Amadeo —“Amadreo”— Flores Espinoza.

Su clímax, sin embargo, llegó el viernes 22. Comparecía el secretario Bermúdez ante el Congreso de Veracruz, en la glosa del tercer informe, y aquello habría de tornarse en un día de perros, encajonado por los medios, centro de reclamos, exigencia de respeto, una condena a la constante de agresiones a manos de la policía estatal.

 

“Pinches medios”, había soltado Bermúdez sin percatarse que el micrófono abierto le habría de jugar la peor pasada de su vida. Se sentía hostigado por los flashazos de los reporteros gráficos, por las leyendas en cartulinas que le paseaban en las narices instándolo a cesar la persecución a periodistas, a no criminalizar, a respetar al gremio, a cancelar las agresiones.

 

Hicieron los periodistas lo que no hacen los diputados: confrontar al funcionario con la arbitrariedad del poder que ejerce.

 

Insensible a los asuntos de prensa, Javier Duarte dio muestra desde el inicio de su gobierno de un profundo desprecio por los medios, a excepción de sus inútiles textoservidores. Les retiró la vigilancia policíaca que requerían ante la constante de amenazas y desoyó las voces que le advertían que los estaba colocando en las garras del crimen organizado.

 

Así sobrevino el baño de sangre. Fueron ejecutados Miguel Ángel López Velasco, su esposa Agustina Solana y su hijo Misael López Solana, cuando un comando irrumpió en su hogar de madrugada; Yolanda Ordaz desapareció y su cuerpo fue hallado con signos de tortura y decapitada. Ambos trabajaban en la sección policíaca del diario Notiver.

 

Noel López Olguín, colaborador de los semanarios Horizonte y Noticias de Acayucan, fue levantado y su cuerpo apareció cerca de Jáltipan, donde residía, en una fosa clandestina.

 

Guillermo Vela y Gabriel Huge, quienes habían laborado en Notiver, así como Esteban Rodríguez, de diario AZ y TV Azteca, fueron levantados y aparecieron mutilados en el puerto de Veracruz. Los tres habían abandonado el estado por amenazas de muerte, regresaron y los ejecutaron. Carecían de protección oficial.

Marco Antonio Báez Chino, de Milenio de Xalapa, fue levantado cuando salía de las instalaciones de ese medio. Horas después apareció embolsado, su cuerpo mutilado.

 

Regina Martínez Pérez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, fue asesinada el 28 de abril de 2012. Su caso catapultó a Javier Duarte al escenario nacional, insólita la investigación de su Procuraduría, los palos de ciego, reiterados los intentos de implicar a periodistas en el crimen, el afán de atribuirle a Regina una relación lésbica para justificar el móvil pasional, y finalmente la fabricación de un culpable, Jorge Antonio Hernández Silva, a quien se le condenó a 38 años de prisión y después se le dejó en libertad porque el Tribunal Superior de Justicia acreditó que le violaron sus derechos y fue sometido a tortura por los esbirros de “Amadreo” Flores.

 

Megalómano y oportunista, el gobernador Javier Duarte creó la Comisión para la Protección de los Periodistas de Veracruz, pero sólo para pavonearse y simular solidaridad y respaldo a la prensa. Sus integrantes, a excepción de Jorge Morales, han sido convidados de piedra, pusilánimes y cómplices silenciosos de los agravios al gremio, o han expresado condenas tardías al clima de hostilidad en que se desenvuelven los periodistas.

 

Nada agradable le es la prensa al gobernador Duarte. Otro caso que cimbró al medio periodístico fue el operativo mediante el cual sería ejecutado el reportero de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, a manos de elementos de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Veracruz, tras ser detectada una reunión entre funcionarios y ex funcionarios veracruzanos. Jorge Carrasco se hallaba comisionado en el seguimiento de las investigaciones del asesinato de la corresponsal Regina Martínez, pero también quien documentó las reuniones entre el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y miembros de La Compañía, un grupo delincuencial que operó con toda impunidad en Veracruz en los días de la fidelidad.

 

Fanático del garrote, del golpe artero, Javier Duarte usa a su policía para reprimir movimientos sociales y protestas magisteriales, y de paso para arremeter contra la prensa. Así ocurrió el 14 de septiembre pasado, al ordenar el desalojo de Plaza Lerdo, a fin de limpiar el escenario para la ceremonia del Grito de Independencia.

 

Esa madrugada, decenas de policías arremetieron contra un reducido grupo de maestros y los periodistas que cubrían los sucesos. Les aplicaron toques con sus bastones eléctricos, les arrojaron gas lacrimógeno, los golpearon con toletes y escudos.

A la reportera gráfica Melina Zurita la cercó un grupo de policías vestidos de civil, atrás de palacio de gobierno. Recibió golpes debajo de los brazos y en pleno rostro, sobre sus lentes. Luego le robaron su equipo fotográfico.

 

A los fotoperioditas Rubén Espinoza, de Proceso; Roger López; Ricardo Matus, de Imagen del Golfo, y Oscar Martínez, de la agencia Reuters, también los golpearon y les robaron su equipo de trabajo.

 

Dos meses después, las denuncias contra los policías interpuestas ante la Procuraduría de Veracruz permanecen estancadas.

 

También a la prensa del sur la han zarandeado. Luis Alberto Román Córdoba, de Telever, y Bibiana Varela, de Órale, fueron hostigados por la policía estatal cuando cubrían información sobre la desaparición de la policía intermunicipal que operaba en Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital y Cosoleacaque. Las amenazas y hostigamiento a Román Córdoba corrieron a cargo del subdirector de Operaciones de la SPP, José Manuel Martínez Ramírez.

 

A Gabriela Rasgado, de la televisora DI Noticias, de Diario del Istmo, la policía estatal suele bloquearle su trabajo. Así le ocurrió cuando intentó obtener una declaración del secretario Bermúdez, durante una visita a Coatzacoalcos. Recibió trato soez, negada la posibilidad de acercarse al acaudalado funcionario, y cuando se quejó con el vocero de la SSP, Ernesto González Quiroz, sólo recibió una sonrisa burlona.

 

Alfonso Parra, de Radio Oliva, fue interceptado por policía estatales mientras circulaba en su motocicleta en Xalapa. Lo agredieron física y verbalmente. Seis elementos policíacos fueron cesados posteriormente pero no se les castigó penalmente.

 

Un caso más es el de la columnista política, Silvia Núñez Hernández, titular de la columna Fuera de Foco y directora del portal AGN Veracruz, de línea crítica, que no le hace concesiones al gobernador Javier Duarte, a quien le apostaron un grupo de agentes de la Agencia Veracruzana de Investigación a las puertas de domicilio en el puerto de Veracruz, sólo para intimidar, similar al hostigamiento que sufrió el periodista Andrés Timoteo, autor de la columna Texto Irreverente, publicada en Notiver, quien luego de robos en su hogar y un constante asedio, se exilió en Francia.

 

Es ríspida la relación entre el gobernador Javier Duarte y la prensa crítica. Insensible al quehacer periodístico, incapaz de reaccionar ante el análisis y la reflexión, el gobernador ha optado por una política de agresión y represión al gremio de los comunicadores.

Hoy paga las consecuencias. Su secretario de Seguridad Pública es increpado en el seno del Congreso, masacrado y exhibido. Y sólo atina a responder: “Pinches medios”.

 

Ingrato escenario de la prensa crítica de Veracruz: de ser carne de cañón del crimen organizado a ser objeto de represión de la policía duartista.

 

 

Cuatro damas, empresarias de la educación, de rancios apellidos y conductas non sanctas, involucradas en un caso de falsificación de firmas. A detalle, contundente la evidencia, sus nombres multirrepetidos en las páginas rosas de los medios y drásticos los peritajes técnicos, conforman la historia en un voluminoso expediente que se ventila en el Ministerio Público de Coatzacoalcos y en un tribunal laboral. Qué ganas de querer ocupar la de ocho en la sección de nota roja. Contémonos en la próxima qué tan sucio es el jet-set…

 

Contra viento y marea, con todo lo que se le sabe y se dice de él, Sergio Amaro Caso es el nuevo director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos. Le tumbó el cargo al grupo Hillman, que ya degustaba y hasta se relamía los bigotes, sabedor que CMAS es un barril sin fondo, un auténtico tesoro. Amaro fue apuntalado por el ex alcalde Marcelo Montiel Montiel, hoy delegado de la Secretaría de Desarrollo Social federal en Veracruz, pese a que el equipo ivanista lo había tentado. La acarició, la tuvo y la dejó ir el ex diputado local José Murad Loutfe Hetty, a quien una vez más su jefe político, Iván Hillman Chapoy, lo hizo soñar y luego lo despertó abruptamente. Con esa promoción, Sergio Amaro amarra cuatro años en CMAS y podrá seguir con su pasión por las bicicletas de 50 mil pesos y sus viajes a París…

 

Felpa sangrienta, insospechada, marca diablo, la sufrida por el impresentable Jorge Yuen Ricárdez. Lejos de sus infiernos, rodeado de sus amigotes de farra, feliz convivía el alocado director del DIF de Nanchital, hijo del alcalde Alfredo Yuen Jiménez, en un conocido restauran del malecón de Coatzacoalcos, mientras observaba la clasificación de la selección mexicana de futbol al Mundial de Brasil. Identificado por los comensales que veían sus desfiguros, uno de ellos lo encaró; le dijo que a su hija la había defraudado con una ficha para trabajar en Petróleos Mexicanos; que le entregó 20 mil pesos y que nada le consiguió. Y que le asesta certero derechazo en el rostro. El Diablo Yuen cayó fulminado, el rostro cortado. Nadie, ni sus amigotes de pedaleada ni el personal de restauran movieron un dedo para salvar su honor. Lo llevaron de emergencia al sanatorio May, donde le aplicaron seis puntos de sutura. Lo que es andar lejos de Oceánica, de sus sabias enseñanzas y de su drástico control…

 

twitter: @mussiocardenas