Evidencia su conflicto con el marcelismo * Otra denuncia de la regidora Ana Isabel Ribbón * La alcaldesa de Minatitlán cesa a empleados de ediles incómodos * No habrá regiduría para la prensa de Coatzacoalcos

Jesús Antonio Macías Yazegey suele ser soberbio, altivo y hablador. Lucra con el nombre de su yerno, Javier Duarte de Ochoa, el delfín de la sucesión veracruzana, y usa a menudo su amistad con el gobernador Fidel Herrera Beltrán para abrir puertas, asombrar a los impresionables y cosechar millones al amparo del poder.

Sin embargo, ese aire de perdonavidas prácticamente se desvaneció al sufrir una derrota sensiblemente dolorosa cuando vio frustrado su sueño de adueñarse de 3 hectáreas del predio Punta Diamante, con la complicidad del Instituto Veracruzano para el Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (INVIVIENDA), un apéndice del gobierno estatal que ha servido para el despojo de tierras y el atropello a la ley.

Tony Macías, como se le conoce en el jet-set de Coatzacoalcos, se adueñó de la manzana 15 de la reserva territorial, el 25 de abril de 2007, en lo que corresponde a los lotes “C” al “I”, cuando agregó cerca de 105 mil metros cuadrados al patrimonio del Parque Tecnológico Puerto México, empresa de la que es socio principal, merced a una operación a todas luces sospechosa con INVIVIENDA.

Hombre de suerte, y sobre todo de mañas, se veía triunfador hasta que se descubrió que el lote G de la manzana 15 era propiedad de la empresa Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., a la cual INVIVIENDA le desató un asedio, la sometió a juicios y le canceló permisos de construcción para impedir que se construyera el fraccionamiento Punta Diamante.

Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos y su propietario, Oscar de la Cruz Cruz, vencieron en siete ocasiones, en juzgados estatales y federales, a INVIVIENDA. Enfrentaron también la invasión de la organización priísta Antorcha Campesina, promovida por funcionarios del gobierno de Veracruz y las maniobras de Tony Macías para acreditar que tenía la posesión del bien inmueble.

Tony Macías es un engreído de marras, pero carece de olfato y sensibilidad. Es ambicioso pero torpe. Obsesionado por adueñarse de las 3 hectáreas del predio Punta Diamante, incurrió en un cálculo errado al no medir las consecuencias.

 

Por eso no percibió que el escándalo por el despojo del predio Punta Diamante atraparía a su yerno, el diputado federal por Córdoba, Javier Duarte de Ochoa, y haría frágil la posibilidad de ser candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz.

Duarte El Gordo de Ochoa tampoco es un santo. Siendo secretario de Finanzas y Planeación del régimen fidelista destinó más de 350 millones de pesos para el Parque Fantasma de su suegro —dos años después de su creación no se ha instalado ni una sola industria—, lo que constituye tráfico de influencias y grave daño al erario público de Veracruz.

Si algo distingue a Tony Macías es su lengua larga. Dijo, alardeó, presumió que nunca, a ningún precio, devolvería las 3 hectáreas que le había arrebatado a Punta Diamante. 

 

Luego, cuando vio que el mundo se le venía encima y que su yerno, El Gordo Duarte, sería exhibido en la Cámara de Diputados por facilitarle negocios turbios, concedió a medias; le preocupaba que alguien pudiera tildarlo de ladrón y que por esa razón —sólo por eso— mejor se quedaba con el predio.

Mucho fue lo que dragoneó y poco lo que logró. El 13 de noviembre pasado, 31 meses después de haberse apropiado del lote G de la manzana 15 de lo que el gobierno de Veracruz hace pasar como “reserva territorial”, finalmente sucumbió. Ese día, el Ministerio Público le restituyó el predio Punta Diamante al constructor Oscar de la Cruz Cruz.

 

Este se había desistido de la denuncia que interpuso contra Parque Tecnológico Puerto México y sus accionistas, Jesús Antonio Macías Yazegey y Nicolás Amadeo Hernández Madrid, así como el titular de INVIVIENDA, Manuel Barclay Galindo y el líder de Antorcha Campesina, Pergentino Cortés Girón.
Lo más grave para Tony Macías no fue devolver el predio sino los términos del perdón judicial que le otorgó Oscar de la Cruz.

Según la ratificación del acuerdo —investigación ministerial COAT3/503/09—, Oscar de la Cruz otorgó “el perdón judicial más amplio que en derecho proceda a favor de Jesús Antonio Macías Yazegey y Nicolás Amadeo Hernández Madrid, Manuel Barclay Galindo, así como de Pergentino Cortés Girón”. Todos en el mismo nivel.

Se trató del perdón judicial más amplio.
Fue también fue una humillación de lo más amplia para Tony Macías.

Ana Isabel Ribbón Morales (no Ana María, como aquí se apuntó ayer), regidora sexta en el Ayuntamiento de Minatitlán, no sólo acusó a la alcaldesa Guadalupe Porras David de haber urdido una acción represiva que provocó la golpiza que sus esbirros le asestaron a un menor de edad y que lo tiene al borde la muerte. Le imputa afanes vengativos contra quienes discrepan de sus aceleres políticos, prepotencia y soberbia.

 

En el oficio número REG6/541/09, de fecha 23 diciembre pasado, la regidora Ribbón Morales detalla que no asistió al informe de labores de doña Lupe Porras para no avalar “muchas de las mentiras que dijo”; que la alcaldesa llevó gente acarreada a cambio de despensas, “abusando de la pobreza que padecemos en Mina”; se queja de que en represalia la alcaldesa cesó al personal adscrito a la regiduría sexta; le comunica que sus empleados se quedan con ella, y le advierte a que “con los humildes trabajadores no se meta”.

 

Ana Isabel Ribbón anuncia que colocará mantas en la ciudad “para decirle la verdad al pueblo y lo que la prensa no sabe”.

 

No midió Guadalupe Porras cuanto perdería por dar rienda suelta a su conducta, propia de tiranos... No habrá regiduría para los periodistas de Coatzacoalcos en el próximo Ayuntamiento.

 

Aunque dos reporteros, estrechamente ligados al régimen de la fidelidad, ya daban por sentado que habría posición edilicia para la prensa local, su ilusorio proyecto se esfumó.

 

Frente a lo que representan los sectores y organizaciones priístas, con su capacidad para promover el voto y cuidar casillas de votación, los periodistas nada tiene que hacer. Por lo menos dos comunicadores ya se veían incrustados en la nómina municipal...