Hostil, infinitamente altivo desde su pedestal de gobernador, Javier Duarte ha sido duro con la prensa, acosador de periodistas críticos, indiferente a la represión policíaca y omiso ante el ataque del crimen organizado contra los comunicadores, pero con tres casos se quebró: el de Milo Vela, el de Regina Martínez y el de Gregorio Jiménez de la Cruz.

 

Frágil y vulnerable, el gobernador de Veracruz escucha y lee, siente el reclamo y la protesta, la ira de muchos, dentro y fuera de México, por su imperdonable pasividad en la oleada de sangre que enluta al periodismo y que exhibe al Duarte real, un espectador complaciente de las acciones de los gangsters, de los sicarios, de los matones que ultiman a sus victimas por una paga, porque tocan los intereses de las élites de poder y a veces sólo por placer.

 

Escandaloso, el caso Veracruz, el caso Duarte, detonado por el “levantón” y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, en Coatzacoalcos, ya es tema nacional e internacional. Condenado por todos, devino en algo más radical: la exigencia de que el gobernador se vaya, que renuncie, por su omisión cómplice a su obligación de otorgar condiciones de seguridad a la sociedad y por ese afán irracional de pretender desligar las muertes de los comunicadores de su oficio profesional.

 

Goyo Jiménez, especialista en temas policíacos, reportero de Notisur, Liberal del Sur y La Red, estuvo ausente seis días. Fue plagiado el 5 de febrero en su domicilio de Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, y su cadáver apareció el martes 11 en una fosa clandestina, en el poblado Polanco, en la colonia J. Mario Rosado, en Las Choapas, en la zona colindante con el estado de Tabasco.

Goyo Jiménez fue levantado, desaparecido, torturado y por último degollado con insólita crueldad, inmundo y despiadado su asesino. Cuenta el sicario que la víctima pedía perdón al saberse perdido. ¿Perdón de qué? ¿Qué habrá publicado para recibir un castigo así? ¿O qué sabría y no llegó a publicar? ¿O a quién le sabría algo grande, algo pesado?

 

Con el apelativo de “El Pantera”, otras veces con su nombre, Gregorio Jiménez publicaba información que reflejaba cómo devora la inseguridad a Villa Allende: asesinatos, secuestros, ejecuciones, robos, plagios, extorsiones.

 

Gregorio Jiménez reseñaba hechos violentos desde su óptica policíaca. En ese género se movía como pez en el agua. Era un reportero de nota roja. Escribía con la puntualidad que exige la información de policía. Y así habló de niños plagiados, de zozobra, de miedo.

 

Asolada por la violencia, Villa Allende es rehén de bandas delincuenciales que atracan comercios, allanan casas, asesinan a plena luz del día, matan con instinto demencial. Y eso lo sabe Seguridad Pública, el Ejército, la Naval, la Policía Federal, sin que nadie hubiera actuado con éxito alguno. De eso también escribía Goyo Jiménez, la información como evidencia de la incapacidad o la complicidad de las instituciones.

 

Goyo reporteó un caso y coincidentemente su cuerpo quedó a escasos metros del personaje central de aquella nota. Fue un golpe periodístico cuando reseñó cómo un comando armado atacaba a tres líderes sindicales y uno de ellos, Ernesto Ruiz Guillén, alias “El Dragas” o “El Cometierra”, era herido en las piernas y llevado con destino mortal. “Se lo tragó la tierra” tituló Notisur, en torno al “levantón” del 18 de enero pasado.

 

Goyo Jiménez fue ejecutado el 6 de febrero, un día después que lo plagiaran. Su cadáver apareció el martes 11. Pudo ser hallado a tiempo pero el Mando Único Policial llegó tardíamente al lugar del levantón, dos horas después de que se reportara el hecho. Pudo establecerse un cerco, bloquear las salidas de Villa Allende, cerrar los caminos para impedir que los sicarios lo trasladaran a otro municipio, como finalmente ocurrió.

 

Quiere ahora Javier Duarte que el móvil del crimen sea la venganza personal, por un pleito con la vecina, encargada del bar “El Palmar” o “El Mamey”, Teresa de Jesús Hernández Cruz, molesta porque Goyo Jiménez había reporteado un crimen y publicado que en ese “lugar de mala muerte” se mantenían privados de su libertad a migrantes indocumentados. Y porque un hermano de la dueña de la cantina y la hija del periodista habían sido novios y aquello terminó en una agresión a la joven. “Tú te vas a morir”, le dijo la mujer a Goyo alardeando que era amiga de Los Zetas y que ya les había encargado el trabajo.

 

Por esa ruta va la Procuraduría de Veracruz, atrapada en un laberinto sin salida, mientras los periodistas de Coatzacoalcos, del sur de la entidad, de la capital Xalapa, de la conurbación Veracruz-Boca del Río, del DF, Chiapas, Querétaro, Coahuila, del extranjero, la prensa en español, inglés, francés, italiano, las organizaciones de periodistas y derechos humanos, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Human Rights Watch, Periodistas de a pie, Red de Periodistas Judiciales Latinoamericanos, el Comité para la Protección de Periodistas, Amnistía Internacional y muchos más, demandan el esclarecimiento del caso y que sea la principal línea de investigación el trabajo periodístico de Goyo Jiménez.

 

Pero no. Javier Duarte sólo piensa en desconectar los crímenes de los periodistas de su actividad profesional.

 

Así fue cuando un comando irrumpió en la casa de Miguel Ángel López Velasco, “Milo Vela”, reportero, columnista y editor del periódico Notiver, la madrugada del 20 de junio de 2011. Fue acribillado junto con su esposa Agustina Solana Melo y su hijo Misael López Solana.

 

Lo ejecutó la mafia y el gobierno de Javier Duarte sólo dio palos de ciego. Nunca siguió la ruta de sus publicaciones.

 

Milo Vela había documentado los malos pasos de Luis Rosas Duarte, presunto primo del gobernador Javier Duarte. Lo tildó del “primo incómodo” y en sus columnas de mayo de 2011 reseñaba cómo con “chinche cañón amarrado a la cintura, causando estupor y terror entre la clientela”, acudía al viejo café de La Parroquia, en el puerto de Veracruz. Se refería a él como un “fantoche” y advertía: “Si el señor tiene miedo, pues que no vaya al café o que se compre un perro”. El tema lo documentó la periodista Balbina Flores.

 

Decía Milo Vela que Luis Rosas Duarte, denominado con el nombre clave “Halcón”, operaba con agentes de la Dirección de Detección del Delito, ramificados con elementos de tránsito y de la policía Intermunicipal de la zona Veracruz-Boca del Río-Medellín, desaparecida después por vínculos con el crimen organizado, sustituida por las fuerzas federales.

 

Un mes después de exhibir al “primo incómodo” del gober, Milo Vela y su familia fueron asesinados, allanado su hogar, acribillados con balas de ametralladora. Nunca se quiso seguir esa línea de investigación. Tiempo después, el gobierno de Javier Duarte se acogió a una supuesta versión de que otros tres periodistas —Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez— le habían pedido a un grupo de sicarios que ultimaran al columnista de Notiver y a la reportera de policíaca, Yolanda Ordaz de la Cruz, a quien además degollaron.

 

¿Por qué no siguió el gobierno de Javier Duarte la tesis del trabajo profesional de Milo Vela para dar con sus asesinos y el móvil del crimen?

 

Menos de un año después, Duarte enfrentó su mayor escándalo: el asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, Regina Martínez Pérez, el 28 de abril de 2012.

 

Golpeada a mansalva, Regina Martínez murió estrangulada en el baño de su hogar. Ya antes había expresado que era acosada. Un día le allanaron el domicilio. Lo hicieron de manera perfecta. No violaron ninguna cerradura. Usaron técnicas de primer nivel, una llave maestra, lo que emplean los policías políticos del gobierno.

 

Acuciosa reportera, honesta sin mancha, Regina Martínez había seguido la pista de los narcopolíticos veracruzanos; de los movimientos sociales contra el gobierno de Fidel Herrera Beltrán; el suicidio del asesor de campesinos e indígenas, Ramiro Guillén, inmolándose en Plaza Lerdo, frente al palacio de gobierno, en Xalapa; el regreso de priistas acusados de complicidad con la delincuencia; el deterioro de las finanzas del gobierno veracruzano desde que Javier Duarte era titular de SEFIPLAN, y la violación y muerte de la indígena de la tercera edad, Ernestina Ascensión, en la sierra de Zongolica, a manos de militares.

 

Duarte desoyó los llamados, los reclamos, las exigencias de seguir la línea del trabajo periodístico de Regina Martínez. Lo desdeñó, lo relegó, lo sepultó.

 

Optó por el móvil pasional. Su coartada fue que Regina convivía con sus asesinos, que era novia de uno de ellos, que bebía y que un día le robaron y la silenciaron. Cuanto lodo.

 

Presionado por los periodistas y los defensores de derechos humanos, el gobernador de Veracruz recurrió a un acto de magia. A los seis meses, el 30 de octubre de 2012, presentó a Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, y lo acusó de ser el asesino material.

 

“El Silva” se quejó de haber sido torturado para incriminarse. Aún así la justicia de Veracruz lo halló culpable. Condenado a 38 años de prisión, apeló la sentencia. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia, vía el magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, le concedió la libertad bajo el argumento de violaciones a sus derechos y de haber declarado bajo tortura. A Edel Álvarez le costó la publicidad para su consorcio periodístico, encabezado por El Liberal.

 

Hoy, Javier Duarte de Ochoa vive días para no recordar. Gregorio Jiménez, el periodista de Notisur, Liberal del Sur y La Red, detonó un estallido mayúsculo tras ser levantado, torturado y degollado por sicarios, matones a sueldo.

 

Su muerte, violenta y traumática, generó una oleada de críticas, incitó a muchos a hablar descarnadamente de la inseguridad en Veracruz y movió a reclamar que los periodistas tengan que ejercer su oficio bajo riesgo, a expensas del crimen organizado.

 

Una de las publicaciones más feroces fue la de La Opinión de Los Ángeles. El diario norteamericano pide al presidente Barack Obama presionar al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto por el caso Veracruz.

 

Tilda a Javier Duarte de “cínico, opaco, impune e intimidador” por tratar a la ligera los asesinatos de periodistas.

 

Agrega: “El estado de Veracruz, bajo el gobernador Javier Duarte, es el mejor ejemplo de la desprotección que existe contra los reporteros y la impunidad de que gozan las bandas armadas que se mueven intimidando y asesinando periodistas. Durante los tres años y medio del gobierno de Duarte en Veracruz, diez periodistas fueron asesinados, cuatro desaparecidos y se produjeron 132 ataques contra la prensa estatal”.

 

Titulado “El Veracruz de Duarte”, el editorial de La Opinión de Los Ángeles, habla que la “desprotección de la prensa, la impunidad con que se mata a periodistas y la poca seriedad en la investigación de estos crímenes son un atentado contra la libertad de expresión en México”.

 

Y pide la renuncia del gobernador Duarte:

“El gobernador priista no quiere que la gente esté informada de lo que ocurre en Veracruz, y mucho menos de que sepa cómo están matando a los periodistas. Esta actitud de no garantizar protección a los reporteros ni querer investigar honestamente sus asesinatos lo hace cómplice de estos homicidios. Duarte no debe permanecer en el gobierno, los veracruzanos se merecen estar informados en vez de ser víctimas de la desinformación y de un periodismo bajo intimidación”.

 

Muchos, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en la radio, en la prensa escrita, exigen que Javier Duarte deje el gobierno de Veracruz. Y hacen bien.

 

En una frase, Javier Duarte se desmorona.

 

twitter: @mussiocardenas