* Siete familias acusan al gobernador y a la AVI  * Buscaban a los asesinos del periodista y se les pasó la mano  * “Vivos los queremos”  * El procurador ya se parece a la Chimoltrufia  * ¿122 desaparecidos o 665 desaparecidos?  * Carrillo Almeida a la Subprocuraduría del sur  * Manchado y enlodado, llega de Córdoba  * Bustamante, el todólogo  * Qué lanzada la amiga de Rendón 

Un gobierno que desata una redada, feroz embestida para hacerle justicia al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y castigar a sus asesinos, y que levanta ciudadanos, los tortura, intimida y los desaparece, no es democrático, ni ético, ni popular. No se puede aplicar la ley violando la ley. Así es el gobierno de Javier Duarte.

Siete familias lo saben hoy. Hurgan entre parajes perdidos, buscan a sus muertos en fosas clandestinas, remueven la tierra en cementerios ocultos. Es la tragedia de siete familias y la realidad de un pueblo: Las Choapas.

Son siete familias consumidas por la angustia, atrapadas en un infierno que comenzó la mañana y tarde del 11 de febrero y la madrugada del 12, cuando elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones allanaron casas, detuvieron ciudadanos, impusieron el terror en nombre de la justicia, la búsqueda del cuerpo de Gregorio Jiménez, el reportero de los periódicos Notisur, Liberal del Sur y la Red.

Tres semanas han transcurrido. Goyo Jiménez fue hallado ese martes 11 en una fosa clandestina, torturado y mutilado, su cabeza desprendida, el ritual de la brutalidad que distingue a los sicarios, al que plagia y ejecuta, al criminal sin alma. Yacía su cuerpo a unos centímetros de la superficie, apenas enterrado, en el poblado Polanco de la colonia J. Mario Rosado.

Pero la pesadilla no terminaba así, si acaso comenzaba. La AVI traía cuerda. Ahora los levantones corrían por cuenta de los agentes del gobernador de Veracruz, impunes y poderosos, con licencia para todo, máxime ahí, en Las Choapas, los dominios del diputado Renato Tronco Gómez, cuya zona rural vuelve a ser refugio de criminales, gracias a la complicidad de los círculos de poder político.

Vivo o muerto debía aparecer Goyo Jiménez. Y apareció muerto. Y ni vivos ni muertos aparecen los siete “levantados” por la AVI, que en esos dos días, el 11 y 12 de febrero, los sacaron de sus casas, los interceptaron en la calle, en sus centros de trabajo, los detuvieron en el parque Benito Juárez, a unos metros del palacio municipal choapense y nadie supo más de ellos.

Luis Antonio Méndez Jiménez, Gilberto Hernández Ramos, Ana Luisa Morales Gómez, Juan Carlos García Rodríguez, Beatriz Morales Hernández, Natividad Cacho Hernández y Andrés Leyva Ordóñez, sufrieron el embate de la AVI. Según la versión de sus familiares, hombres encapuchados, con armas largas, a bordo de camionetas blancas, algunas con logotipos de la AVI, se los llevaron.

Llegaban a las casas y a punta de marrazos abrían las puertas; destruían lo que hallaban; “levantaban” a quien querían; exigían “entregar las armas”. Así lo dicen y así lo denuncian sus familiares.

Luis Antonio Méndez Jiménez, de 27 años, iba a bordo de su motocicleta Italika 125. En ella se transportada, pues es vendedor de bolillos. Lo levantaron en la calle, pero la moto apareció en la batea de una camioneta oficial, y de ello existe evidencia, una fotografía.

Ana Luisa Morales Gómez, una menor de 15 años, trabaja en un puesto de hot-dog en el parque Juárez. Ahí fue detenida la noche del martes 11. Se la llevaron los agentes de la AVI a la vista de testigos.

Gilberto Hernández Ramos había salido de su casa y se dirigía al mercado. Había sido voceador y ahora vende agua de tepache. Se lo llevó el comando de la camioneta blanca cuando caminaba sobre el bulevar Antonio M. Quirasco, a la altura del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel 43.

Juan Carlos García Rodríguez fue “levantado” cuando caminaba también sobre el bulevar Antonio M. Quirasco, a la altura del COBAEV, en la misma zona en que se llevaron a Gilberto.

Beatriz Morales Hernández, de 14 años, también fue levantada por sujetos desconocidos. Viajaría de Las Choapas a Agua Dulce, pero nunca llegó.

Andrés Leyva Ordóñez fue sacado de su domicilio la madrugada del 12 de febrero. Eran las 3 de la mañana. Dormía junto con su esposa. Un grupo de encapuchados irrumpió en el hogar, lo golpeó y se lo llevó. A su mamá le exigían que “entregara las armas” y si no, los teléfonos celulares. Pero son tan pobres que ni eso tienen, según dice en su denuncia.

No hay peor infierno que la incertidumbre, la angustia de no saber de los seres queridos. Sus familiares han hecho todo para traerlos de regreso, pero nada ha tenido éxito.

Buscaron en agencias del Ministerio Público, en comandancias de policía, en reclusorios. Fueron al penal federal de Villa Aldama, cerca de Perote. Nadie los tiene registrados.

Dispuestos a todo, externaron que radicalizarían sus acciones si el gobierno de Veracruz no les entregaba a sus familiares; que bloquearían la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa; que atraerían la atención de la prensa nacional e internacional. Provocaron así la respuesta del régimen duartista, que ofreció una mesa de diálogo, el miércoles 26 de febrero.

Acudieron sólo para escuchar lo previsible, evasivas al por mayor. Marlon Ramírez Marín, el subsecretario de gobierno, el mismo que con sus maniobras provocó que el 30 de septiembre de 2008, se inmolara el asesor de indígenas de la sierra de Soteapan, Ramiro Guillén Tapia, les expresó que no, que el gobierno de Veracruz no tenía a los “levantados”. Los instó a buscar en dependencias federales, la PGR, el Ejército, la Marina.

Sacudidos por la noticia de que los cuerpos pudieran haber sido sepultados clandestinamente en el municipio de Agua Dulce, el 3 de marzo los familiares se dispusieron a ubicar los restos. Llegaron al rancho El Granero, cerca de la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa y de la planta industrial MADISA. Palearon y removieron arena, pero no hallaron nada.

Dos días después, este miércoles 5, ante la indiferencia del gobierno de Veracruz, acusaron a Javier Duarte y a su fiscal especial, el ex director de la AVI, Enoc Maldonado Caraza, de ser los responsables de la desaparición de sus familiares. En una manta expresaron su indignación mientras bloqueaban, durante un par de horas, la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa. Dicen que repetirán la dosis si el gobernador persiste en eludir el problema.

Resignados unos, abatidos otros, sostienen que si sus familiares cometieron algún delito, que los consignen conforme a derecho, y si no, que los dejen libres. Pero que no se aplique la ley de la tortura y la desaparición forzada.

No es así como se impone la ley ni se hace justicia. Javier Duarte ordenó ir con todo, hallar a Gregorio Jiménez vivo o muerto, pescar a sus plagiarios y asesinos, pasar sobre quien fuera, pues para eso está hecho el poder. Se le concedió dar con el periodista, pero con daños colaterales, víctimas del abuso y la brutalidad, que hoy no aparecen. Y eso es un delito.

Pisa así el umbral de un nuevo escándalo: la desaparición de siete ciudadanos de Las Choapas, levantados por los agentes de la AVI, quizá torturados, quizá muertos, hasta ahora desaparecidos, quizá en una fosa clandestina porque “se les pasó la mano”.

¿Pero en qué estaría pensando Duarte cuando dejó que los demonios anduvieran sueltos?

Archivo muerto

Si no se entiende él, menos nosotros. Un día, el lunes 3, dice el procurador Luis Ángel Bravo Contreras que en Veracruz se tiene registro de 122 desapariciones. Pero llega a Coatzacoalcos, el martes 4, y asegura que de 2011 a la fecha son 665 casos de ciudadanos que se esfumaron sin que nadie los volviera a ver. O sea, cinco veces más de lo que había expresado un día antes el mismo fiscal. Alguien tuvo que actualizarle la estadística, sacudirlo, centrarlo, pero para entonces ya había hecho el oso, toda una Chimoltrufia. Metida de pata la del procurador, mientras el Colectivo por la Paz tiene documentados 464 casos de desapariciones en los últimos tres años. A ellos sí se les cree… Reprobado en Córdoba, donde también fue subprocurador, Ricardo Carrillo Almeida asumió este martes 4 la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Sur. Sustituye a Jorge Yunis Manzanares, aquejado en su salud, delicado dice el diagnóstico, postrado por un infarto cerebral. Carrillo Almeida llega dos décadas después a un reencuentro con Coatzacoalcos. Aquí fue agente del Ministerio Público, dicen que cuando era derecho o bueno, o ambos. Recorrió Veracruz, el norte, el centro y se estacionó en Córdoba. Allá fue subprocurador y allá lo atrapó el escándalo: las historias contadas por el crimen organizado, quizá reales o quizá no, pero de que fueron escándalo, lo fueron. Uno de los detenidos dijo que a todos, políticos, jefes policíacos, fiscales, periodistas, abogados, les tocaba su nómina. A Carrillo Almeida, dijo El Pencho, le tocaban 100 mil mensuales. Chéquense la edición de Proceso del 17 de noviembre de 2012. Obvio, todos lo negaron…

Más loco que de costumbre, Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— quiere ahora tener acceso a una sesión de cabildo —ordinaria o extraordinaria, dice— para aclararle al cabildo de Coatzacoalcos cómo está lo de la cuenta pública 2013 y obviamente cómo quedó el cochinero financiero, producto de su desastrosa alcaldía. Cursó el oficio el martes 4, dirigido al presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, y en él le precisa que sería acompañado por el ex tesorero, Daniel Jiménez Medina, y su ex director jurídico, Benito Argüelles Calzada, el vice alcalde, terror del personal, de los contratistas, de los vendedores ambulantes. Sólo le faltó decir que también llevaría a Brian Carlos López Mendoza, el corruptazo ex director de Adquisiciones, a quien le comprobó el entonces contralor, Rafael Tejeda Patraca, que desviaba recursos e incurría en conductas delictivas. De risa, pues si en algo se distinguió Theurel fue su fobia a las sesiones de cabildo, y cuando las hacía terminaba mentándole la madre a los ediles. Puede checarse el oficio en este enlace: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817854281561309&set=a.164751636871580.46133.100000102355577&type=1&theater …

Todólogo, como Edel Álvarez Peña cuando aún no reinaba el marcelismo, Alfonso Morales Bustamante mete la mano donde lo dejan, incrusta espías en el ayuntamiento, decide qué se hace y qué no se hace, a quién contratan y a quién no, qué obras se aprueban y a qué contratista se las dan. Tiene el tesorero municipal poder absoluto en Coatzacoalcos y sólo se entiende con su mentor Marcelo Montiel Montiel, quien desde la delegación de la SEDESOL federal en Veracruz cumple virtualmente su tercer período como alcalde. ¿Joaquín Caballero Rosiñol? Políticamente no existe. Sirve para cortar listones, para salir en la foto, para calentar la silla de presidente municipal. No manda, no decide, no es escuchado. Morales Bustamante, el tesorero, el todólogo, es el alcalde en funciones, el que abre la válvula para que los regidores estén contentos, alcen la mano, hagan caminar al ayuntamiento, cristalicen los negocios que se hacen desde el poder. Vaya realidad. Y todos pensando que el alcalde era Joaquín Caballero…

Se llama Dulce Denisse Hidalgo y por Facebook le dice a Luis Rendón: “Te quiero muchisisisisisímo”. Sorprendidos, muchos amigos en Coatzacoalcos lo vieron. Y de pronto, el comentario se esfumó. Si lo borró ella, fue por la imprudencia. Si lo borró él, qué falto de caballerosidad. Pero si Dulce Denisse sólo quería decirle que lo quiere “muchisisisisisímo”. ¿O era que el mensaje debió enviarlo por inbox? En otro expresa: “Yo quiero ser feliz contigo LR”. Suertudo, Luis Rendón ya tiene su reina…

mussioc2@gmail.com

mussiocardenas_arellano@hotmail.com

www.informerojo.com

twitter: @mussiocardenas