* Veracruz en quiebra y el gobierno lo niega  * Desairan a Renato Tronco los tronquistas  * El mapa de la Reforma Agraria  * Fidel le vendió gato por liebre a Holiday Inn  * Romana, ¿protegida o consentida?  * Y la subasta para la familia de Goyo  * Funcionario duartista compra finca de Justo Fernández.

 

Irritados y agobiados, medio millón de veracruzanos en el sur ya no saben qué es peor: si la intransigencia de los habitantes de Tatahuicapan, que tienen secuestrada la presa Yuribia, o si la negligencia del gobierno de Javier Duarte, que incumple promesas y ante el conflicto no halla cómo salir del laberinto en que se metió.

 

Enfrenta Coatzacoalcos una sequía pavorosa, inédita la crisis de agua desde los días del fidelismo, cuando los moradores de la sierra de Soteapan bloquearon las válvulas por no ver en 20 años los beneficios que el gobierno de Veracruz decía dejaría la construcción de la presa Yuribia, enclavada en el cerro de Santa Martha.

 

A Fidel Herrera Beltrán le estalló aquella bronca cuando su gobierno apenas despuntaba.

 

Reclamaban los lugareños, los tatahuis, la política del engaño que ha distinguido a los regímenes priístas, los compromisos de palabras huecas y un sinfín de acciones que nunca se tradujeron en desarrollo.

Tenían entonces, como ahora, su razón.

 

A cambio de la utilización del “Nacimiento”, el yacimiento que abastece los arroyos Tezizapa y Ocotal, sus aguas captadas en lo que hoy es la presa Yuribia, Tatahuicapan y los pueblos vecinos tendrían vías de comunicación, escuelas, áreas reforestadas que permitirían prolongar la vida del venero, y una mejor calidad de vida.

 

Nada de eso fue realidad. Transcurrieron 20 años. Los tatahuis ejercieron presión. Y Fidel Herrera sofocó el conflicto con más promesas y obras que apenas a medias ejecutó.

 

Les hizo caminos y puentes, pero la reforestación del área aledaña a los arroyos Tezizapa y Ocotal no se dio. Y para su infortunio, una buena parte del sistema carretero y los puentes fueron destruidos por la tormenta Mateo, en 2010.

 

Hoy, el conflicto tiene sus aristas: un sector del magisterio, inconforme con la reforma educativa, ha tomado la presa Yuribia como rehén, y los ejidatarios de Tatahuicapan persisten en hacer cumplir los compromisos suscritos con el gobierno de Veracruz. Ambos, sin embargo, han golpeado en un objetivo equivocado, a medio millón de habitantes que nada tiene que ver en sus broncas.

 

Compleja, deliberadamente complicada, la crisis de agua refleja mucho de intransigencia y más de repudio popular. Son tan obstinados los tatahuis que para apretar al gobierno de Veracruz y obligarlo a cumplir compromisos, secuestran la presa Yuribia, generan el caos y dejan sin agua a 500 mil habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

 

Es su dinámica de la sinrazón. El conflicto lo origina un gobierno acostumbrado a mentir; que recurre a la promesa hueca; que ofrece caminos y no los construye; que elabora proyectos sin futuro; que ejecuta obra de baja calidad siempre y cuando haya un diezmo para el gobernador; que se compromete a reforestar el área de los arroyos del Yuribia y luego se olvida de lo que suscribe.

 

A los tatahuis les toca la otra parte de la dinámica del caos. Secuestran la presa Yuribia, encadenan las válvulas, les aplican soldadura, todo lo que impida que el agua llegue a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

 

Acusan al gobierno de incumplir compromisos, de suministrar una mayor cantidad de agua de la acordada, de no pagar el porcentaje de la utilidad obtenida por los sistemas operadores de la red de distribución. Y en actitud radical, bloquean el envío del líquido.

 

Pueden ser justas sus causas, pero es un exceso afectar a una sociedad que es ajena al problema. Medio millón de habitantes repudian el bloqueo de la presa Yuribia.

 

Medio millón de veracruzanos que por un conflicto que no es suyo, ven alterada su vida, sus actividades laborales, sus hábitos de higiene, su economía pues deben pagar pipas de agua o adquirir cientos de garrafones de agua purificada.

 

En toda su expresión, la intransigencia de la gente de la sierra lo único que se ha ganado es la condena general, no el aplauso.

 

Si deseaban irritar al pueblo contra el gobierno, lo que lograron fue concentrar el rencor social hacia los tatahuis. Aún aquellos que entienden su lucha, hoy ven el bloqueo al Yuribia como una villanía, lejanos a la sensatez y a la razón.

 

Coatzacoalcos es el municipio más impactado con el conflicto. Se abastece casi en su totalidad con el agua proveniente de Tatahuicapan, y los pozos de Canticas, que en su momento fueron los que cubrían todo el suministro, prácticamente operan a media capacidad.

 

Al municipio de Coatzacoalcos le cuesta 20 mil pesos diarios cada pipa contratada para abastecer las colonias de la ciudad. Son 30 pipas. Se erogan 600 mil pesos todos los días.

 

La sangría económica es millonaria y a ese ritmo, el ayuntamiento sufrirá un boquete económico mayor. El gasto es suyo pero no la salida al conflicto.

 

Sin embargo, la solución está en manos del gobierno de Veracruz, la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) y su apéndice, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos (CAMAS).

 

Políticamente, el jaloneo permanece en la esfera del secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, pieza clave de Fidel Herrera en el gobierno de Javier Duarte. Sus negociadores van y vienen, ofrecen e incumplen; tiran rollo, suscriben acuerdos, burlan a sus interlocutores y luego se van. Así es el juego de Erick Lagos.

 

Este fin de semana, el conflicto creció. El gobierno de Veracruz llegó a la sierra con un pago de un millón de pesos.

 

Les fue rechazado. Primero debían reparar la fuga ocurrida a un ducto en el municipio de Chinameca.

 

Sólo así se aceptaría el pago.

El propietario del predio exigía 90 mil pesos por dejar pasar a la cuadrilla que repararía el ducto afectado.

 

Se requirió la fuerza pública para ingresar. Hasta el lugar llegó el director de CAEV, Francisco Valencia, uno de los responsables de tanto engaño y de las promesas incumplidas.

 

Los tatahuis representan la intransigencia. El gobierno de Javier Duarte la negligencia.

 

Radicalizados, los tatahuis ahorcaron el suministro de agua, pero no afectaron al gobernador ni a su círculo de poder.

 

El golpe lo asestaron en el sitio equivocado: a medio millón de veracruzanos que hoy sufren la peor escasez de agua.

 

Insensible, el gobierno de Veracruz ha jugado siempre con la promesa vacía. Agustín Acosta Lagunes suscribió acuerdos de desarrollo que nunca vio cumplidos el pueblo de Tatahuicapan, desde que era congregación de Mecayapan. Veinte años después, los tatahuis tomaron acciones drásticas.

 

Fidel Herrera les cumplió a medias, los engatusó. Hoy, los tatahuis le pasan la factura al gobierno, pero la paga el pueblo.

 

De un lado está la intransigencia y del otro la negligencia.

 

Archivo muerto

 

Directa, como es, María del Carmen Pontón Villa dice lo que otros diputados callan: Veracruz está en quiebra. Urge, afirma, que el gobierno de Javier Duarte reconozca el problema financiero y aporte una solución, pues “se hará impagable en los próximos 50 años la deuda que Veracruz ya mantiene con las instituciones bancarias”. No hay dinero, expresa la presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso estatal, en contrasentido a la bonanza que describe el gobernador Duarte, a la jauja que se vive en el círculo de poder, al derroche en fiestones y eventos de relumbrón, a las fortunas insultantes que exhiben con toda impudicia los funcionarios de la pandilla duartista, que son los fidelistas de ayer. María del Carmen Pontón, una de las figuras más respetables en el panismo veracruzano, confirma lo que ya la Secretaría de Hacienda había revelado con cifras dramáticas: Javier Duarte contrató nuevos créditos por 41 mil millones de pesos, casi todos sin amortizar, lo que dispara la deuda de Veracruz a 70 mil millones de pesos. Y todo a espaldas del pueblo…

 

Volátil es la lealtad de los tronquistas, etérea, fugaz. Sabrían el sábado 3 del retiro del diputado Renato Tronco Gómez, de la renuncia a buscar la alcaldía de Las Choapas, de la extinción de su corriente política, y ahí acabó el encanto. Desairan las movilizaciones de apoyo, ya no aplauden a rabiar, ya no invocan a su líder. Sólo unos cuantos marchan por las calles de Las Choapas. Son convocados pero sólo algunos responden. Se concentran unos 150, los que anidan la esperanza de mover a todo el pueblo. Aguardan, dan tiempo al tiempo. Inician el trayecto. Ven a otros unirse en el camino. Y al final si acaso 500 acuden a la cita. Las figuras del tronquismo no están; los líderes rurales no asisten. Los miles que seguían a Renato Tronco, su base social, han perdido a su pastor. Su lealtad, como siempre, es volátil. Le aplican al diputado aquello de que el muerto y el arrimado a los tres días apestan…

 

 Un mapa de la Secretaría de la Reforma Agraria evidencia que a los dueños del hotel Holiday Inn le Fidel Herrera Beltrán les vendió gato por liebre. Muestra el documento gráfico —al que tuvo acceso este reportero— lo que fue la afectación del Puerto Industrial del Ostión y que termina justo a unos metros de donde hoy se construye el cuestionado hotel. El mapa, que data de los años 80, fue cotejado contra mediciones con el sistema GPS y un escaneo digitalizado de acuerdo con coordenadas de Google Earth. No deja lugar a dudas: Holiday Inn construyó su hotel en terrenos de la familia Bringas, que nunca fueron afectados por el proyecto del Puerto Industrial del Ostión, y que por supuesto no son parte de la reserva territorial. Pero hay más: la afectación original consideraba lo que hoy es Puerto Esmeralda y parte de Lomas de Barrillas. Otras extensiones de tierra se las apropió el gobierno de Veracruz mediante la escritura elaborada por el notario público Juan Hillman Jiménez, un connotado terrateniente, vía los Miranda, los Picazo, los Stevanato, que permitió el descomunal despojo. ¿Saben a qué otros inversionistas les están viendo la cara y sus proyectos van a terminar en el cesto de la basura? ¿Cuántos millones se van a perder? Luego les cuento…

 

Qué vida la que se da Romana Ortega Cruz, periodista protegida a raíz del asesinato de su amigo y colega, Gregorio Jiménez de la Cruz, levantado en Villa Allende, congregación de Coatzacoalcos, el 5 de febrero pasado, asesinado un día después y su cuerpo hallado en una fosa clandestina de la colonia J. Mario Rosado, en Las Choapas, Veracruz. Viaja Romana de Xalapa, donde habita con cargo a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, a cualquier parte, libremente, sin nada que la inquiete, pero eso sí, en su condición de periodista protegida. Vive en un hotel lujoso, con toda comodidad desde febrero, tres meses ya. Y mientras, el gremio realiza eventos para apoyar económicamente a Carmela Hernández, la viuda de Goyo, ex amiga de Romana, como fue la subasta de fotografías —#FotoXGoyo— en la que participaron más de 100 fotógrafos mexicanos, con la que se pudo reunir la cantidad de 131 mil pesos, mismos que le fueron entregados a sus familiares. Vaya contraste. Las penurias de la viuda y la vida de placer de Romana. ¿Es protegida o es consentida?…

 

¿Quién es ese funcionario del gobierno de Javier Duarte que adquirió la finca que fue del dictador Antonio López de Santa Anna, recientemente del empresario Justo Fernández? Veracruz en plena quiebra y los duartistas exhibiendo el producto de sus corruptelas…

 

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