* Duarte calla ante el hallazgo de los 31 cuerpos  * ¿Qué le amarra la lengua?  * Los Tiburcios en un caso de daño patrimonial  * Amenazas en el nombre de Tony y Javier  * Marcelo en el hospital ABC  * Olivares, otro “aviador” en la SEV  * Manuel Bringas, empinado por el abogadazo Samuel Muñoz.

 

Ominoso, el silencio de Javier Duarte de Ochoa es síntoma del desastre que vive un gobernador empequeñecido, del estigma del narco blindado por el poder de los priístas, del teatro del horror que le estalla en las manos y de la evidencia innegable de que Veracruz es paraíso del crimen organizado y territorio de fosas clandestinas. 31 cadáveres lo hicieron callar.

 

Reacio a hablar, desdeñó pronunciarse sobre el hallazgo de Nopaltepec, las narcofosas en el rancho El Diamante, en la tierra de Fidel Herrera Beltrán, Cosamaloapan, en la cuenca del Papaloapan, a la medianoche del lunes 16.

 

Calló Duarte el primer día, y el segundo, y en el tercero —jueves 19—, en Coatzacoalcos, se limitó a decir que “no voy a hablar de ese tema” y remitió todo a la Procuraduría de Veracruz.

 

Le preguntaban los reporteros, unos comedidos, otros cáusticos: “¿Son migrantes?”, “pues no que en Veracruz no pasa nada”, “Señor, hable de los temas que le interesan a Veracruz”, “¿qué opina de la masacre en Tres Valles (municipio vecino a Cosamaloapan)?”.

 

Duarte era una piedra. Informado como todo gobernador, los hilos del caso en sus manos, no pudo o no quiso hablar del hallazgo que le quema las manos.

 

“No voy a emitir comentario —refirió seco—. No diré nada del tema”.

 

“No voy a hablar de eso” —volvió a cortar.

Al cuarto día —viernes 19—, su procurador Luis Ángel Bravo Contreras, tan dado a las conferencias de prensa, su pedestal del ego, optó por tocar el caso de los 31 cuerpos hallados en las narcofosas sólo en el noticiario de Carmen Aristegui. Pero no aportó nada que no se supiera. Eso sí, dijo que no había detenidos.

 

Javier Duarte enmudeció. Actúa como si el sicario fuera él. Calla como si el autor de la carnicería fuera Fidel Herrera, su pastor político.

 

Algo tiene esta masacre que trae inquieto al duartismo. Se vulnera la confianza y se agiganta la sospecha. Ocurre así cuando el silencio incrimina.

 

Pudo el gobernador de Veracruz salir con una declaración a modo. Tibio, optimista, cuadrado, Javier Duarte debió decir de lo de siempre: son hechos aislados, Veracruz está en paz y los indicadores muestran que aquí se le está ganando la guerra a la delincuencia, en Veracruz no pasa nada. Y denle vuelta a la hoja.

 

Azorado, sin embargo, no tuvo palabras para responder al nuevo baño de sangre, 31 cadáveres sepultados clandestinamente. Y menos para explicar por qué en tierra de Fidel, en Nopaltepec, en Cosamaloapan, ahí donde las nauyacas hacen su nido.

 

De la tierra emergieron trozos de cuerpos, torturados, mutilados, la mayoría con el tiro de gracia. Y de ese hallazgo macabro surge la actitud sospechosa del gobernador Javier Duarte, el silencio, las evasivas, la negativa a hablar, la información trillada del procurador.

Diría Jodie Foster, el silencio de los indecentes.

 

Algo serio entraña el caso Nopaltepec. Ocurre en tierra caliente, donde la gente vive con miedo. Ocurre ahí, donde los hijos de políticos son baleados o donde las sobrinas de los diputados son levantadas.

 

Ocurre en la zona cero. De Tierra Blanca a Acayucan, pasando por Rodríguez Clara, Isla, Cosamaloapan o Tres Valles, la gente un día está al siguiente no. Los levantones son frecuentes.

 

Matan a mansalva. La policía permanece inmóvil. El gobierno no existe. Puede más la ley del revólver, la ley del más fuerte o del mejor armado. Es una jungla mortal.

 

A Duarte lo persigue la muerte. Inició su gobierno con ganas de encarcelar a sus enemigos, a sus detractores, a sus críticos. Lo único que le faltó fue llevar a los penales a los criminales, como es su obligación.

 

Seis meses después, la escalada de asesinatos de periodistas lo situó en el vértice del escándalo nacional. Luego vendría la represión de inocentes, de gente que marcha pidiendo justicia, de maestros que rechazan la reforma educativa, de madres que buscan a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus padres, pues un día, sin más, no los volvieron a ver.

 

En Veracruz se le teme más al gobierno de Javier Duarte, a su policía, a su pandilla política, que a la misma delincuencia organizada, pues es peor atropellar usando la ley como justificación.

 

Duarte está marcado por la sangre. Recuérdese el escándalo de Boca del Río. Ahí fueron 35 cuerpos mutilados. Tirados a plena luz del día, a los pies del monumento a Los Voladores de Papantla, en la zona in, en la conurbación turística, se veían los trozos de seres humanos desperdigados, unos sin brazos, otros sin piernas; otros sin brazos, sin piernas y sin cabezas.

 

Aquello marcó al gober de Veracruz. Días después aparecerían otros mutilados en una casa de seguridad, y otros 14, y unos más acá y algunos más allá. En suma, en octubre de 2011 fueron casi un centenar de ejecutados en la entidad, calentándose las plazas por la guerra de las bandas por el control del territorio Zeta, concedido así en los días de fidelidad.

 

Desde entonces Javier Duarte no duerme. Su vida pende de un hilo. Se hace acompañar por un enjambre de guaruras. Protege a su familia. Huye de los eventos.

 

Dispara discursos en que exalta la falsa seguridad de Veracruz. Se convence a sí mismo de que la policía cada vez es mejor, pero no convence a uno sólo de los casi 8 millones de veracruzanos.

 

Javier Duarte no es el gran justiciero aunque se empeñe en parecerlo. Sus números de gobierno son patéticos. A nadie le descabezan cuerpos y se los dejan tirados en plena zona turística de Veracruz-Boca del Río. A nadie le matan 10 periodistas, le desaparecen cuatro, le golpean decenas y le persiguen y hostigan a cientos más.

 

Sumido en un abismo de credibilidad, lo peor que le podía pasar al gobernador de Veracruz era que le hallaran 31 cuerpos en fosas clandestinas en la tierra de su mentor político. ¿Por qué en Nopaltepec? ¿Por qué en Cosamaloapan? ¿Por qué?

Callar fue, a su juicio, la mejor salida ante la inquietud social.

 

Sin reparar en las consecuencias de su acción, Javier Duarte siguió la ruta de la incriminación. Cuando un gobernante miente o cuando un gobernante calla, se implica en el delito.

Duarte abre la puerta de la especulación. Las narcofosas son, además de un caso para la justicia, un golpe mediático al duartismo. Y quizá algo más.

 

¿Hay implícito un mensaje para la fidelidad? ¿Por qué 31 cadáveres en el rancho El Diamante, en los límites de Cosamaloapan y Tres Valles, en Nopaltepec? ¿Quién lo sabía y por qué dio aviso a la Secretaría de Marina? ¿Quién tenía la ubicación exacta de las fosas?

Es un caso explosivo. Peor aún cuando un gobernador opta por el silencio, cuando enmudece, cuando soslaya y se vuelve evasivo.

 

En circunstancias así, el silencio es revelador. El silencio dice más que mil voces. El silencio delata e incrimina.

Es el silencio de los indecentes.

 

 

En el nombre de Tony Macías, su Dios, el clan de los Tiburcio va torciendo la ley, sometiendo juzgados, enlodando al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. No será la última, pero sí la más reciente trastada, timar con terrenos ajenos y engullirse 600 mil pesos a cambio de una regularización de predios que nunca realizó Víctor Manuel Tiburcio Zaamario en agravio de la licenciada María Elena Arroyo Márquez. Detalla el expediente 2494/2013, radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia, que María Elena Arroyo entregó diversas cantidades en diciembre de 2010 para regularizar predios en Villa Allende. A sugerencia de su padre, Víctor Tiburcio Rosas, Víctor Tiburcio Zaamario se comprometió a realizar el trabajo. Y luego se hizo el occiso. Perdida la regularización, perdidos los predios, su única excusa fue que el dinero ya no lo tenía. Vino entonces el conflicto legal. Ofreció compensar la pérdida de los terrenos, pero no cumplió. Se le ha querido notificar en su oficina pero se niegan a recibir documentos. Se le ha buscado y se esconde. Existe, sin embargo, un pagaré firmado por Tiburcio Zaamario, con la firma de testigo de su padre, Víctor Tiburcio Rosas, que lo obliga a saldar los 600 mil pesos y los intereses causados a la fecha, casi cuatro años después. Su padre ofreció el 6 de febrero que la deuda quedaría saldada y propuso la venta de un inmueble en Minatitlán, dado que María Elena Arroyo se dedica al giro de bienes raíces. Cuando ella mencionó que habría que protocolizar la propuesta y operación, los dos Tiburcios se esfumaron. Recibe ahora María Elena Arroyo amenazas de muerte pues “la familia Tiburcio son gente que ocupa sus influencias a través de la cercana relación que tiene Pedro Tiburcio Zaamario con el suegro del gobernador, Jesús Antonio Macías”, dice una relatoría de hechos. Pedro Tiburcio Zaamario “ha provocado el tráfico de influencias para obtener lo que más le convenga, manejando a los jueces y autoridades a su conveniencia”, precisa el documento. Todo un caso de abuso de poder, daño patrimonial, hostigamiento, amenazas y la seguridad personal de María Elena Arroyo pendiendo de un hilo, pues no sólo se usa el nombre del suegro incómodo sino también el del gobernador Javier Duarte de Ochoa para torcer la justicia, cómplices jueces, secretarios y personal de juzgados. Pedro Tiburcio Zaamario, hermano de Víctor Manuel, es aquel al que los malosos le quemaron su restaurant El Acuyo porque supuso que con él la cuota no funcionaba. Vaya enredo y lo que sigue...

 

Fue en el ABC donde se atendió Marcelo Montiel. Le liberaron una arteria obstruida mediante un cateterismo, a punto de una embolia y quizá algo peor. De emergencia, ingresó al afamado hospital, superó el trance, se le dio de alta y guardó reposo. Luego acudió a un chequeo de rutina en el hospital Ángeles. Si le preguntan dice que no, que goza de cabal salud. Si se checa su historia clínica, ahí está el episodio, que pudo ser funesto. Lo cuenta un pariente que dice que esta vez sí estuvo a punto de extinguirse el marcelismo. Ahora anda cortando listones de restaurantes, La Camila de Mario Oriani, en Boca del Río; recibe a Rosario Robles Berlanga, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, y hace grilla, mucha grilla, para posicionar a Víctor Rodríguez Gallegos, su brazo financiero en la delegación de SEDESOL, hacia la diputación federal por Coatzacoalcos, en 2015. Una cosa es más fácil que otra: evitar una embolia tiene lo suyo, pero que Víctor Rodríguez sea aceptado en las colonias, ni con catéter...

 

Otro becario en la Secretaría de Educación de Veracruz, delegación zona sur: Roberto Orlando Olivares Carrillo, a quien el delegado Esteban Lara le halló recibos de cobro por 12 mil pesos mensuales. Obvio, quiso saber quién es ese picudo que sangra la nómina sin trabajar, incluso cuando se involucra en los órganos electorales, y que da con el protegido del clan Chagra. ¿Pues no que no había “aviadores” en la SEV?...

 

Inteligente, lo que se dice inteligente, no es; trepador sí. Samuel Muñoz de la Rosa, abogadazo, tiene literalmente con un pie en la cárcel a su cliente, Manuel Bringas Burelo, el hermano incómodo de los ex dueños de Coatzacoalcos. Implicado en la venta fraudulenta de terrenos, en el área sur de Punta Diamante, tolerado y encubierto por el regidor José Antonio Chagra Nacif, Manuel Bringas incurrió en fraccionamiento indebido, fraude, uso de escrituras sobre un predio en el que no tenía derecho alguno. De un momento a otro pisará la cárcel. Hay evidencia de la venta de lotes en “paguitos”, el banco en que le depositaban, las cuentas a su nombre. Empinó el abogadazo Samuel Muñoz a su cliente, suponiendo que si alguien pagaba los platos rotos sería Manuel Bringas. Ahora ya se tienen pruebas de que uno y otro están mancornados en el negocio. Al tiempo...

 

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