* Abuso de autoridad, títulos falsos, valoraciones psicológicas tendenciosas  * Una diligencia judicial inexistente  * Denuncias penal y administrativa  * El caso, rumbo a La Gaviota  * Marcelo y Theurel comiendo en el mismo plato  *  Gonzalo y el PES: negocio de 21 millones  * Roselia y Rocío, ni huelen ni pintan en el PRD. 
 
Lilia Gema Santiago Ríos es víctima de una infamia. La agravió su marido. La agravió el director del DIF, las pseudo psicólogas y el mal llamado procurador de la defensa del menor. La agravió un juez de pésimo historial. La agraviaron médicos y abogados. Entre todos le arrebataron a su hijo.

Lo tuvo con ella hasta el 11 de abril. Lo vio la noche anterior.

 

Jugó con él. Disfrutó su presencia. Al amanecer lo preparó para su guardería. Habría de dejarlo poco antes de las 8 de la mañana, en su hogar. Partió al trabajo, la escuela donde da clases. Volvió a tenerlo con ella una vez más, al filo del mediodía y lo dejó en casa cuando regresó a su trabajo escolar. Después, nada sería igual.

 

Vive desde entonces un infierno. Sortea mil acechanzas. Enfrenta a la simbiosis del poder y el dinero, la perversa relación del que usa las instituciones a su antojo y el que se sirve de ellas para consumar un agravio.

 

Y por si fuera poco, por una infamia del marido, pasó unas horas en prisión.

 

Su historia resume un caso de abuso de autoridad, usado el DIF para despojarla de su hijo de dos años, en el fango la institución más noble de la estructura del poder, y acorralada por el poder judicial con tretas y chicanas.

 

Aquel 11 de abril, Lilia Gema Santiago Ríos, tuvo por última vez a su hijo. Horas después, la tarde-noche, cuando regresó de la escuela donde trabaja, el menor ya no estaba. Su padre, Carmen Ramos Rodríguez, se lo llevó.

 

Hasta ese día, Lilia Gema Santiago siempre tuvo a su lado al pequeño de dos años. Ignoraba que en el Juzgado Segundo de Primera Instancia se tramaba una canallada, orquestada por el juez José Manuel Jiménez Santés, y el secretario, Lorenzo Castillo Ortiz.

 

Un mes antes —marzo 12— el juzgado montó un teatro para perjudicar a Lilia Gema. Realizó una supuesta diligencia para acreditar que ella estaba en posesión del hijo, cuando en realidad el menor se hallaba en la guardería Peques, ubicada en avenida Bravo, entre Bellavista y 18 de Marzo.

 

La “diligencia” presumiblemente comenzó a las 8:05 de la mañana. Se realizó donde Carmen Ramos y su esposa Lilia Gema habían vivido pero que no ocupaban ya, en la calle Niños Héroes 301 y 5 de Mayo, colonia Frutos de la Revolución. A propósito, el esposo amuebló de nuevo el lugar para simular que ese era el domicilio conyugal.

 

En el acta se advierte la mala fe del juzgado. Consigna una serie de lamentos de Carmen Ramos por la supuesta conducta agresiva de su esposa. Y dice que el menor estaba ahí.

 

Falso. Según el registro de entrada a la guardería Peques, el hijo de Lilia Gema Santiago Ríos ingresó ese día a las 8:20 de la mañana. Lo llevó Carmen Ramos Rodríguez, su padre, de acuerdo con el reporte de la escuela.

 

 ¿En cuantos minutos se realizó la audiencia, que comenzó a las 8:05? ¿Cuánto tiempo tardó Carmen Ramos en trasladarse de la colonia Frutos de la Revolución a la guardería, cerca del malecón costero? Simplemente inverosímil.

 

Habrá que ver el material gráfico con que se demostró que la supuesta diligencia se realizó. Y verificar los metadatos de las fotografías para establecer cuándo fueron captadas en realidad.

 

Fue notificada el 19 de marzo del juicio de depósito judicial con el que su marido reclamaba la custodia del niño. Ese día se presentó en el Juzgado Segundo un convenio de divorcio y guarda y custodia del menor. Se especificó que seguían viviendo juntos.

 

Carmen Ramos no acreditó el procedimiento en los 10 días que marca la ley para adjudicarse la custodia del niño. Pese a ello, lo consintió el juez Jiménez Santés. Hubo un segundo juicio de depósito judicial, obviamente improcedente. El juez fue conminado a desecharlo pero no lo hizo, instando a consultar si en otro juzgado existía demanda contra Lilia Gema Santiago. Quiso ganar tiempo, favorecer al esposo y finalmente lo logró.

 

Marcado por un proceder cuestionable, Jiménez Santés es un juez de pésimos antecedentes. Sus historias corren por las redes sociales. Es denostado, exhibido, criticado por su proclividad a favorecer a los esposos en los juicios por la custodia de los hijos. De ello hay evidencia en la hemeroteca del periódico El Buen Tono, de Córdoba, ridiculizado hasta con trompa y orejas de marrano por sentencias arbitrarias, locuaces y sucias.

Lilia Gema Santiago Ríos lo denunció ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Fue un recurso de queja, interpuesto el 4 de junio, y ampliado el 18 del mismo mes. En él reclama, entre otras cosas, que el juez Jiménez Santés haya postergado su aprobación para que se realizaran la convivencia familiar entre madre e hijo.

 

Inmensamente perverso, el esposo, Carmen Ramos Rodríguez fue más allá. El 14 de mayo, Lilia Gema Santiago Ríos fue aprehendida por agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones bajo el cargo de sustracción de menores, cuando que el hijo siempre estuvo en custodia de ambos padres. Lilia Gema fue trasladada al reclusorio Duport Ostión.

Recurrió entonces a la justicia federal y se halla en espera de que se le conceda un amparo.

 

Hay otro agravio. Ha sido víctima del DIF Coatzacoalcos, cuyas psicólogas, Yahana Arizveidy Lozada Parra, titular del área, y Patricia Salcedo Gómez no acreditan tener título profesional ni cédula profesional, según el Registro Nacional de Profesionistas.

 

Patricia Salcedo, autollamada “perito en psicología”, usa la cédula 925753, cuya titular es una maestra de Baja California, María Leticia Campa Avilés, egresada de la escuela normal “Profr. Gregorio Torres Quintero”, con antigüedad de 1984. ¿Abuso es delito? Delito.

 

Su dictamen en torno al caso ha sido devastador para Lilia Gema Santiago. Emiten juicios sin sustento, parciales, tendenciosos. Dicen que es “la agresora” por el solo hecho de que así lo asevera el esposo, sin haberla valorado. Y eso ayuda al juez a mantenerla lejos de hijo.

 

Por ello, el 3 de julio Lilia Gema Santiago Ríos presentó un recurso de queja contra el DIF de Coatzacoalcos por las aseveraciones irresponsables y la parcialidad con que se conducen las pseudo psicólogas y el procurador de la Defensa del Menor, Salvador Hernández Martínez, de trato grosero, corriente, vulgar y prepotente.

 

Amplió su queja el 5 de octubre, dirigida a la presidenta del DIF estatal, Karime Macías de Duarte, y a la procuradora estatal de ese organismo, Adelina Trujillo Landa. Del asunto está enterada la presidenta del DIF municipal, Cristina Cházaro de Caballero, quien ni brinca, ni salta, ni se inmuta, y Jesús Moreno Delgado, el principal orquestador de la infamia, solapador de las psicólogas sin título.

 

En su parte medular, Lilia Gema Santiago Ríos dice en su oficio de queja:

“Es de elemental razonamiento que en situaciones de esta naturaleza no puede ni debe la autoridad emitir un dictamen en base a puras manifestaciones, sino que debió de haber ido al menos una persona adscrita a esta institución a realizar una inspección ocular o simplemente haberme llamado y poder así haber sido evaluada en  equitativas circunstancias.

 

“No obstante, he sido señalada como una madre violenta, enferma mental, delincuente, agresiva, y por más dañando mi imagen y sobre todo privándonos de nuestro derecho de lazo afectivo madre e hijo, y más aun el impacto psicológico que todo este proceso ha tenido en mi hijo de apenas dos años de edad, la alienación parental o consecuencias post-traumáticas que un dictamen irracional, lejos de cualquier método psicológico veraz y fehaciente, puede provocar en mi pequeño y en mi persona.

 

“¿Por qué escuchar solamente a una de las partes? ¿Por qué emitir un dictamen psicológico señalando violencia intrafamiliar de un cónyugue sin escuchar al otro y sobre todo sin inspeccionar el domicilio conyugal ni mucho menos ver al menor? ¿A favor de quien está el DIF o para qué está realmente el DIF?”.

 

La paciencia tiene caducidad. El 15 de octubre, Lilia Gema Santiago denunció penalmente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos a cuatro funcionarios del DIF Coatzacoalcos: Jesús Moreno Delgado, Salvador Hernández Martínez, Yahana Arizveidy Lozada Parra y Patricia Salcedo Gómez. Invoca el uso de cédula profesional que pertenece a otro profesionista; falta de acreditación de título y cédula en el caso de Yahana Lozada y Patricia Salcedo; abuso de autoridad del procurador Salvador Hernández al suspender las convivencias familiares a capricho del padre del menor, y por el encubrimiento del director de la institución, Jesus Moreno.

 

Usado con fines políticos, no sociales, el DIF de Coatzacoalcos es el Sistema para la Destrucción Integral de la Familia. A ciegas, es un DIF sin rumbo.

 

 Es reflejo de quienes lo encabezan: divorciadas, maridos irresponsables, alcohólicos, padres que embarazan y no le responden a la madre, engañadoras profesionales, amantes que luego se convierten en esposas ejemplares, políticos que usan a la institución para fines electorales.

 

Hoy, el caso Lilia Gema Santiago evidencia el abuso de autoridad, la podredumbre del DIF de Coatzacoalcos, la usurpación de profesión, las arbitrariedades de un juez civil de pésimo historial y la perversidad de un esposo que para arrancar a un hijo del lado de su madre, no se tienta el corazón para enviar a la madre a prisión.

Sin embargo, hay una luz: la historia la conocerá La Gaviota.

 

Archivo muerto

 

Menú del día: cinismo con guarnición de desvergüenza. Lejos de la vista de muchos, departían el pan y la sal, el vino y el postre, Marcelo Montiel Montiel y Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— en el restaurant Cacharrito, en las cercanías del hotel Lois, en el puerto de Veracruz. Olvidaron los agravios, la insidia y el rencor. Se reunieron en los últimos días de septiembre. Pactaron los ex alcaldes de Coatzacoalcos una paz que durará mientras viva el proyecto del senador José Antonio Yunes Zorrilla para llegar al gobierno de Veracruz. Bromeaban como en los tiempos en que uno, Marcelo, era el padrino y el otro, Theurel, era el ahijado, ahora intocable en el joaquinismo. ¿Qué dirán de ello los marcelistas que fueron echados del ayuntamiento cuando Theurel ocupó la alcaldía de Coatzacoalcos, canceladas sus plazas de base, obligados a recurrir a la demanda laboral? Cinismo puro...

 

 Políticamente muerto, Gonzalo Guízar Valladares no tiene en sus manos un partido político, el Partido Encuentro Social, del que es líder estatal en Veracruz; tiene un negocio millonario. Mínimo recibirá 21 millones de pesos, uno por cada uno de los distritos federales de la entidad, en la próxima elección de 2015. Son las prerrogativas de ley y los ingresos subterráneos que tendrá el PES para cumplir su función de partido satélite del PRI, succionador de votos que le arrancará a la oposición, si no muchos cuando menos los que pudieran representar una diferencia entre ganar y perder un distrito. Reventado en la pasada elección municipal de Coatzacoalcos, donde vio sus últimos días en el Partido Acción Nacional, Gonzalo Guízar tiende así un puente hacia el PRI, su alma mater, en el que habrá de reinsertarse pues al yunismo no le garantiza nada ya y su estructura tácitamente fue pulverizada en las urnas. O sea, no tiene nada y 21 millones —los legales y los que le aporte el PRI bajo la mesa— son un negocio nada despreciable. A cualquier espantapájaros le vendrían bien...

 

Sin olor y sin color, Roselia Barajas de Robles y Rocío Nahle García sólo sirvieron para enchinchar en el Partido de la Revolución Democrática en Coatzacoalcos. Nada le aportaron, nunca operaron, cacharon votos de candidatos ajenos, los de Cuauhtémoc Cárdenas y los de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, sin paraguas que las cobije, viven penurias perredistas. Ni pesan, ni operan, ni hay quien las trague. Su desarraigo es total. Roselia, la bióloga, matriarca del Clan de la Succión, madre de la diputada verde-priísta Mónica Robles de Hillman, ni se para por Coatzacoalcos ni falta que hace. Su pupila, Rocío Nahle, pasa más tiempo en el Senado que conformando estructuras perredistas en Coatzacoalcos, y quienes trabajaron con la química, huyeron despavoridos. Así de deplorable es su cartel, que hasta en Morena prenden veladoras para que no se les ocurra acercarse para enturbiar las de por sí nada claras aguas del partido de López Obrador...

 
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