* Guillermo Drago, agredido  * Ibarra y su chofer, señalados  * Cinco funcionarios del DIF en el caso de falsificación  * Multas de 30 mil y cárcel  * La reportera y la extorsión a la SSP  *  Alcaldes sureños que violan normas de la ASF  * Renato, Estrada y sus tres estaciones de radio clandestinas  *Mensaje gay en la Tesorería

Al mediodía del miércoles 29, despreocupado, Guillermo Drago González llegó al edificio de Obras Públicas Municipales. Habló. Quiso hacerse escuchar. Fue desoído, ignorado, toreado. Se indignó. Ironizó sobre el papel de la autoridad. Y a cambio sufrió una golpiza brutal, la ira de un criminal.

Su caso va y viene en las redes sociales. Las incendia. Genera reacciones. Ocupa espacios en la prensa escrita y merece la atención de la sociedad. Concita a la solidaridad de quienes se asombran e irritan por la descomunal agresión sufrida. Convoca a un sector de la opinión pública a expresar repudio a la prepotencia oficial.

Vive días terribles en el sanatorio Semedis. Hipertenso, diabético, 67 años a cuestas, el ingeniero Guillermo Drago es víctima de la violencia pero también se convirtió en ícono de lo que la sociedad no está dispuesta a permitirle a la autoridad. Nunca más otro caso así.

Llegó ese día a la Dirección de Obras Públicas Municipales. Era la cuarta ocasión en que intentaba comprometer al ayuntamiento de Coatzacoalcos en labores para evitar inundaciones. Urgía en la necesidad de desazolvar canales, de evitar que las lluvias impactaran, que provocaran daños a vecinos, los de la colonia Puerto México, en los límites con la Petrolera.

Buscó al ingeniero Javier Arriaga, a quien antes recurrió y quien siempre atendió su llamado. Ya no lo halló. Arriaga fue transferido al DIF municipal cuando el actual director de Obras Públicas, Guillermo Ibarra Macías, solicitó su baja.

Insistió, pues, en dialogar con Ibarra Macías. No se hallaba. Decidió esperar. Transcurría el tiempo, tedioso el momento, impensable en un gobierno que se precia de gobernar “Por un Mejor Coatzacoalcos”.

Al límite de su paciencia, expresó que debía colocarse un aviso a los ciudadanos que enterase que en esa dependencia no habría solución. Y aludía que sólo los idiotas creían en la eficiencia oficial.

Activó el detonador. Un individuo presente lo increpó. Le expresó que ofendía a una trabajadora. Guillermo Drago respondió que la alusión no era para la señora. La secretaria ingresó a la oficina del director de Obras Públicas; el individuo también.

Minutos después salió el sujeto. Su nombre, José María González Cervantes, alias “Chema”. Su cargo, chofer del director de Obras Públicas, Guillermo Ibarra Macías.

Lo tuvo a distancia. Le asestó un golpe certero. Y luego otro más. Guillermo Drago cayó al suelo. Ahí recibió otra andanada, pateado a mansalva, vulnerada su dignidad, agraviado como hombre de bien.

Nadie hizo por él. Varones —si así se les puede llamar— permanecieron inmóviles. Nadie pedía que cesara la golpiza brutal. Todavía escuchó voces cargadas de amenazas.

Guillermo Drago quedó tendido en un charco de sangre. Perdió varias piezas dentales y medio litro de sangre. Presenta fractura en el tabique nasal. Su ojo izquierdo sufrió un impresionante derrame. Su antebrazo izquierdo está inmovilizado ante la presunción de varias fracturas. Pasa sangre en la orina. Su cuerpo, en general, quedó molido a golpes.

Tras la golpiza, algunas de las empleadas se acercaron y lo auxiliaron. Otras recibieron la instrucción de ir junto a él trapeando la sangre que brotaba de su cuerpo, obvia la intención de borrar las huellas de la agresión.

Llegó hasta él Juan Carrera Molina, director de Desarrollo Urbano y Ecología. Luego lo haría el secretario de Gobierno, Oliver Damas de los Santos. Lo llevarían a una oficina contigua. Quiso acercarse Guillermo Ibarra, súbitamente rechazado, increpado por el ingeniero Drago González, a quien responsabiliza de la agresión. Más tarde lo trasladaron a su domicilio en la avenida Díaz Mirón, en la colonia Puerto México.

Convalece en Semedis, agraviado como hombre, lesionado como si el atacante fuera un criminal. ¿O sí?

Hasta ahí llegó el Ministerio Público, ante el cual interpuso su denuncia penal. Resume los hechos, aporta datos, señala al chofer José María González Cervantes; implica al director de Obras Públicas, Guillermo Ibarra Macías.

Tuvo otra visita, la del alcalde Joaquín Caballero Rosiñol. Alrededor de las 10 de la noche del jueves 30, dialogó. Ofreció actuar, cerrar el paso a la impunidad. Se comprometió a entregar evidencia plena de que el criminal chofer fue cesado del ayuntamiento, su baja oficial. E izó una bandera de paz.

Nada dijo, sin embargo, de la autoría intelectual de la agresión. Nada replicó en torno a la responsabilidad del director de Obras Públicas, Guillermo Ibarra, en el ataque, la instrucción al chofer para acallar al ciudadano que sólo pedía que se atendiera su petición de que sean desazolvados los canales. Ofreció el alcalde cero tolerancia y que asuma su responsabilidad quien la tenga. Habrá que ver.

Guillermo Drago González no está solo. Enfermo, hipertenso, diabético, hombre de la tercera edad, tiene a su lado su familia, sus amigos y a un amplio sector de la sociedad. Tiene también a un allegado con fuertes conexiones en la Procuraduría General de la República y uno más en el círculo cercano al Presidente Enrique Peña Nieto. ¿Me estás oyendo Joaquín?

Su caso comenzó en las redes sociales, el miércoles 29, minutos después de la agresión. Pasó a los periódicos, a la radio, pese al ofrecimiento de 30 mil pesos a los periodistas que quisieran callar. Cundió en las entrañas del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Cimbró las estructuras del marcelismo. Irritó al círculo cercano al joaquinismo. Se documentó en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Y sigue prendiendo en las redes sociales, en Facebook y Twitter, donde se exhibe la prepotencia de un chofer con licencia para matar y un funcionario, Guillermo Ibarra, que resuelve sus frustraciones a golpe de puño y patada. ¿Y si el “Chema” hubiera portado un arma?

“Por un Peor Coatzacoalcos” resume el lema alterno del gobierno joaquinista, llevado a su expresión violenta de la mano de Guillermo Ibarra, el constructor, el negociante, el ex socio de Perconsa, que llegó a la Dirección de Obras Públicas supuestamente a ganar centavos cuando en la iniciativa privada cosecha dólares.

“Por un peor Coatzacoalcos” se expresa en la agresión criminal del “Chema” González Cervantes, el chofer del director de Obras Públicas, que alteró la vida, la salud, el futuro de su víctima, Guillermo Drago González, un ciudadano cuyo pecado sólo fue querer evitar que las lluvias se conviertan en inundaciones, y las inundaciones en daños a un sector de la sociedad.

Repudiable, el episodio de violencia que agravia a Guillermo Drago sirve para advertirle a una runfla de medio pelo, los achichincles de los funcionarios municipales, con ínfulas de dioses, de los alcances de la prepotencia, la altivez que distingue a la pandilla de gatos que pululan en el joaquinismo, mareados, ensoberbecidos, como si el poder les hubiera sido dado para la posteridad.

“Chema”, la mano criminal, ya está señalado. Que se actúe también contra el autor intelectual.

 
Archivo muerto

Malas noticias para el director del DIF, Jesús Moreno Delgado. Dice la Ley General de Profesiones que la institución que no verifique la autenticidad de un título y cédula profesional del personal a su cargo se hará acreedora a una multa de 500 días de salario mínimo, unos 30 mil pesos, en este caso en el que labora la pseudo psicóloga del DIF, Patricia Salcedo Gómez, cuya cédula que pertenece a la maestra María Leticia Campa Avilés, del estado de Baja California, y algo similar costarán las omisiones y complicidades por el caso similar de la “psicóloga” Yahana Arizveidy Lozada Parra y de los abogados Luis Arturo Ruiz Mendoza y Wendolyn Ramos Fernández, quienes han fungido como “asesores jurídicos” del DIF en medios judiciales. Y falta esclarecer cómo anda el procurador de la Defensa de Menor, Salvador Hernández Martínez, egresado de la Universidad de Xalapa (UX) aunque en el Registro Nacional de Profesionistas nadie aparece con ese nombre, con título de abogado y emanado de esa institución. Cinco casos para la ley, pues además de las multas hay sanción corporal de uno a seis años de prisión. Ah, y la denuncia puede ser por “acción popular”...

Se llama Belen y era reportera de TV Azteca. Anduvo ahí, entre la información y la tenebra, hasta que un escándalo sofocado la puso fuera. Informes de Seguridad Pública de Veracruz refieren que pedía apoyo económico por destacar lo que le daba lustre a la dependencia o por ocultar lo que le quemaba las manos. Era chayote o extorsión. Y el caso irritó al secretario Arturo Bermúdez. Belen es de armas tomar. Quiso destacar, desplazar, ser la número uno. Y así grilló al jefe de información de TV Azteca en el sur de Veracruz, José Manuel Alor. Trianguló una campaña de descrédito, correos electrónicos plasmados de insidia, una andanada de lodo hasta que se descubrió qué había en el fondo. Acabó el show cuando se documentó la extorsión a la SSP. Renunció al saber que la bomba que ella activó, iba a estallar y que la iba a pulverizar. Cuentan que en Olmeca TV, donde también militó, hay una historia similar...

¿Quiénes son esos alcaldes sureños que iniciaron su obra pública violando los nuevos procedimientos establecidos por el Congreso de Veracruz y que, por ello, irremediablemente incurrieron en daño patrimonial? Son tres, dos en la zona de costa y uno en la llanura. Sus respectivos expedientes se hallan en importante oficina de Xalapa y, sin duda, formarán parte de la Auditoría Superior de la Federación ejercicio 2014...

Nos quedamos sin La más choapense. Ya no oiremos Radio Mix. Nunca más Radio Bendición. Se las llevó la ley. Clandestinas las tres, difundían su música, sus mensajes y su propaganda desde Las Choapas con alcance a Tabasco y Chiapas, sobre todo en el área rural. Las usó el remedo de cacique, Renato Tronco Gómez, hoy diputado local, para controlar y embaucar a sus huestes. Las empleó el alcalde Marco Antonio Estrada Montiel en sus días de campaña, así fuera transgrediendo la ley electoral, y hoy como presidente municipal. Ambos sabían que las tres estaciones radiofónicas andaban chuecas y fueron cómplices, pues ahí tuvieron destino los recursos públicos. De las tres no quedó nada. Llegó la PGR, apoyada por el Ejército. Las intervino y las clausuró, apenas el 1 de octubre. Ya no suenan más. Se las llevó la ley...

“No veo las horas de estar de nuevo en tus brazos”. Es un mensaje gay. Fue hallado en el celular del asistente dirigido a su jefe, un funcionario de tesorería del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Lo halló la esposa, mejor conocida como “La Muñeca” y de inmediato procedió por la vía judicial. ¿Pistas? Piénsenle...

twitter: @mussiocardenas