* Los gobernadores y la policía única  * Ayotzinapa, usado para reprimir  * La presa Yuribia, a punto de ser destruida  * Ibarra y los pozos  * Marcelo da línea  * La ausencia de Jesús Moreno  * Irma León ataca de nuevo  * Caso Lilia Gema: AVI y el MP hostigan  * Theurel se ampara contra orden de aprehensión
 
Atrapado, presidente en crisis, Enrique Peña Nieto tiene fijación por los decálogos y obsesión por los pactos. Los inventa y si le fallan, los recicla, los reedita, los maquilla y los vuelve a activar. Y si son sinónimo de fracaso, les cambia el nombre y los vuelve a lanzar. Es el hojalatero de la democracia.

No es Moisés, pero quiere ser como el patriarca bíblico. Sus decálogos deben ser palabra de Dios, las tablas de la ley, inapelables y, por supuesto, la salvación del mundo.
Así enfrenta el presidente de México el escándalo de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas a manos de la policía municipal que los entregó supuestamente al narco —otras versiones dicen que fue a los militares— y que según el cansado procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, los torturaron, los asesinaron y los calcinaron para borrar las huellas del crimen.

También la superchería es recurso presidencial. Peña Nieto lanzó su decálogo por la paz —noviembre 27— tomando retazos de pactos y estrategias fallidas, unas cuando era aspirante a la candidatura del PRI, otras cuando era presidente electo, unas más ya como primer mandatario. Nada nuevo, salvo las que tocan los sucesos recientes de Ayotzinapa, Guerrero.

Es más de lo mismo. Su decálogo por la paz, la justicia y el desarrollo es recurso desesperado frente al vendaval desatado no sólo por la desaparición de los normalistas, sino las protestas callejeras, la toma de instituciones, la exigencia de que renuncie, los ataques a inmuebles de gobierno, el bloqueo al aeropuerto de la ciudad de México, la quema de la Puerta Mariana de Palacio Nacional, la condena por la “Casa Blanca” que supone conflicto de intereses con la empresa que construiría el tren a Querétaro, que es la misma que financió la ampliación de la vivienda tasada en 86 millones de pesos, usando como parapeto a su esposa, la ex actriz de Televisa, Angélica Rivera.

Peña Nieto propone un pacto que no es con los mexicanos. Es un pacto con los cínicos. No es un pacto con el pueblo. Peña Nieto pacta con los partidos afines, por delante el PRD chuchista, la versión más degradante de la izquierda, la que resultó más alcahuete al presidente; con el Congreso federal, legisladores lacayos, vergonzosamente llamados representantes populares; con el empresariado para el que diseñó las reformas estructurales; con los sindicatos que le sirven para el control de la fuerza laboral, después convertida en fuerza electoral; con los gobernadores, que operan el fraude en las elecciones, que saquean las arcas públicas, que reprimen manifestaciones, que ejercen la represión social, que hostigan a los críticos del régimen tricolor, que solapan la corrupción policíaca.
No es un pacto con el pueblo. Es un pacto de cínicos.

No busca Peña la paz, ni la justicia, ni el desarrollo. Instrumenta los mecanismos para controlar la repulsa social, así sea violando el orden legal, imponiendo nueva legislación, suprimiendo garantías, una de ellas la de la libre manifestación, ahora limitada porque el voto del PRI, PAN y Verde en la Cámara de Diputados así lo quiso, represión social total.

Incluye el pacto de los cínicos una serie de reformas que de aplicarse, acabarían con el municipio libre. Habrá extinción de ayuntamientos cuando se detecte y demuestre que el narco los ha infiltrado. ¿Sabrá Peña Nieto que la mayoría de los alcaldes mexicanos pagan cuota y dan obra pública al crimen organizado, que se entienden con ellos, que son colaboracionistas, que sus policías realizan tareas de halcón? ¿Sabrá Peña Nieto cuántos alcaldes financiaron sus campañas con dinero del narcotráfico ¿Acabaría, pues, con el 80, 90 o 100 por ciento de los ayuntamientos? ¿Y con qué los sustituiría? ¿Con concejos municipales que terminarían igual de involucrados que los alcaldes?

Peña Nieto tuvo en campaña la bandera de la seguridad. Candidato entonces, exhibía los fracasos del Partido Acción Nacional y del presidente Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico en México. Decían los priístas que ellos sí sabían cómo hacerlo.

Pero en los hechos el gobierno de Peña Nieto resultó peor. El gobierno de Peña Nieto no ha podido disminuir los ajustes de cuentas, la muerte de inocentes, la guerra entre capos por los territorios. El gobierno de Peña Nieto sigue postrado ante el secuestro, el crimen y la extorsión. El gobierno de Peña Nieto ha resultado peor que el de Felipe Calderón.

Le sirve la crisis de Ayotzinapa para lanzar un decálogo reciclado e innovar absurdos descomunales como el de usar el número telefónico 911 para denunciar la presencia del crimen organizado. Seguro la sociedad marcará el 911 para decirle a la policía que otro de policías los quieren extorsionar. Seguro a través del 911 el ciudadano se suicidará.

Se vale de Ayotzinapa para la concentración de las fuerzas de seguridad en sus manos. Incluye el decálogo del nuevo Moisés la supresión de las policías municipales y que sean las corporaciones estatales las que se encarguen de garantizar la tranquilidad de la sociedad. Error mayúsculo. Las policías estatales suelen ser peores que las municipales. Delinquen, levantan ciudadanos, los torturan, los extorsionan, los asesinan.

Veracruz es un ejemplo: sus policías acreditables son acusadas de haber levantado al cantante Gibrán, en Xalapa, y de haberlo asesinado. Hoy enfrentan nuevos cargos, incluida la muerte de dos meseros de un bar en Córdoba. La policía en el lugar del crimen, pero involucrada.

Peña Nieto usa el caso Ayotzinapa para revivir su Pacto por México. Le había quedado pendiente la desaparición de las policías municipales para ser concentradas en las fuerzas de seguridad estatales y ahora el caso de los 43 normalistas le permite revivir su proyecto, enviar iniciativas de reforma al Código Penal, cambios que lo dejarán salirse con la suya.
Le sirve Ayotzinapa para reeditar las 10 Estrategias de Seguridad y Justicia, lanzadas el 27 de agosto de 2013, pero que ni se concretaron ni han dado resultado, y que incluía “prevención del delito y reconstrucción del tejido social”, “profesionalización de la policía y creación de la gendarmería nacional”, “coordinación entre autoridades de todas las dependencias” y “fortalecimiento de la inteligencia”.

Un año después, la inteligencia del gobierno de Peña Nieto está dormida, en coma. Desde 2013 se acreditó que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, operaban para Guerreros Unidos, y que su policía estaba al servicio del narcotráfico. Lo sabía el Ejército mexicano, lo sabía la PGR, lo sabía la Presidencia de la República. Nadie movió un dedo. De haber procedido, Abarca habría sido apresado y la masacre de Ayotzinapa no hubiera ocurrido.

Con Peña Nieto están los gobernadores, los diputados y senadores, su partido, el PRI, los panistas, los perredistas de Nueva Izquierda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los empresarios, los medios de comunicación de-a-tanto-la-línea, los líderes sindicales, todos unidos en el aplauso de los cínicos.

Nada obtiene Peña Nieto con su decálogo tipo Moisés. No salvará a México. Tampoco se salvará él. No resolverá el caso Ayotzinapa, la suerte de los normalistas, la violencia social.
Le servirá su decálogo para controlar a las policías, para conformar el estado represor, para prohibir manifestaciones, para conculcar garantías, para aplastar derechos de la sociedad.
Para eso servirán los gobernadores, intendentes de la represión una vez que desaparezcan las policías municipales y se concentre todo en un solo mando estatal. El pueblo será apaleado, las protestas serán sofocadas, habrá persecución, intromisión en la vida privada, espionaje. Ahora lo hay, pero entonces será “legal”.
Para eso sirve un pacto de cínicos.
 
Archivo muerto
 
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