* La protesta de los que carecen de agua, legítima  * Intento de tomarle el anexo del palacio para frustrar el informe  * A Sanjuana sí la defienden; a Maryjose no  * Zetina y su inmadurez  * En el INE no vale el choro ni el embuste.
 
Montada sobre el legítimo derecho de la gente a disponer de agua, una asonada política estuvo a centímetros de dejar al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol sin informe de gobierno, masacrado públicamente, el naufragio a la vista y su futuro en el infierno, atrapado por un episodio de violencia.

 

Ocurrió la tarde del viernes 26. Acudían al parque Independencia decenas de personas que protestaban por la falta de agua, inmerso Coatzacoalcos en los efectos del cierre de la presa Yuribia a manos de los ejidatarios de Tatahuicapan. Reclamaban, exigían, increpaban. Y tenían mucho de razón.

 

Unos lo hacían por la falta de agua, las pipas que no eran enviadas, los llamados desoídos. Otros porque el agua carece de calidad, sabe a sal, su color oscuro semejante al agua de tamarindo, que provoca enfermedades en la piel.

 

 Cuestionaban que el agua emanada de los pozos perforados por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, una alternativa a la falta de suministro de la presa Yuribia, ni llega a los hogares ni es agua pura. Y ahí, como expresión máxima del repudio, quemaban sus recibos de pago.

 

Escucharon del secretario de Gobierno, Oliver Damas de los Santos, la versión oficial: el suministro vía tubería y pipas de agua llega a la totalidad de las colonias. Lo contradecían. Exigían que diera la cara el alcalde Joaquín Caballero. Soltaban los reclamos, volaban los insultos.

 

Roto el diálogo, el grupo de manifestantes se dirigió a los bajos del palacio municipal. Apostado ahí, los esperaba un grupo de empleados municipales —los porros del Miguel Antonio Wong Ramos, uno de los cuatro alfiles del ex alcalde Marcelo Montiel Montiel, el padre político del Caballero— con la encomienda de no dejarlos avanzar, de intimidar.

 

Inminente el encontronazo, algunos de los manifestantes se dirigieron a uno de los pasillos que dan al anexo del palacio municipal, cerrada la reja metálica, frente a ellos la valla humana.

 

Ahí inició la gresca. Algunos videos que circulan en las redes sociales muestran el zafarrancho, detonado con reclamos mutuos, jaloneos de una y otra parte y finalmente los golpes.

 

Una de las fotografías difundidas exhibe la brutalidad de uno de los porros tomando del cuello a una mujer y recargándola sobre una camioneta. Los videos captan a uno de los ciudadanos, quien se identificó como Arnulfo Altamirano, recibiendo puñetazos y puntapiés, lanzado al suelo y ahí vejado una y otra vez. Instantes después, entrevistado, mostraba un corte en el rostro y los hilos de sangre. Admitía que él sí tiene agua pero que otros no.

 

En los videos se aprecia que de parte de los manifestantes también lanzan golpes, trenzados con el grupo porril, tras el intento fallido de trasponer la reja del pasillo que conecta con el anexo del palacio, donde el sábado 27 rendiría su informe el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero.

Concluye el zafarrancho con reclamos de los manifestantes, acusaciones contra el alcalde, contra los porros de Wong, identificados sus rostros en actos represivos anteriores. Se miran y se gritan pero ya no chocan entre sí.

 

Minutos después, inicia la batalla en las redes sociales. Se generaliza una condena por la agresión a manifestantes. Se radicaliza el lenguaje. Algunas expresiones tienden a la descalificación. La razón, dicen, la tienen los tatahuis porque el gobierno de Veracruz no les ha cumplido. La razón, arguyen, es de los manifestantes porque carecen de agua. La culpa, insisten, es de Joaquín Caballero. Y en ese tono el caso se vuelve viral.

 

Quiere el joaquinismo enfrentar a los detractores del alcalde, pero le va peor. Le echan en cara el desabasto de agua, la mala calidad y anuncian que no pagarán el recibo mensual. Se les descalifica con argumentos y con insultos. Llaman prostituta a una “amiga” en Facebook de nombre Patty Zetina por criticar a los tatahuis y decir que en la sierra amedrentan con palos y machetes, que no son dueños del agua porque es un recurso federal.

 

La gresca permea. Los medios locales y estatales, los portales en internet masacran al alcalde de Coatzacoalcos. Lo llaman represor, le endilgan la agresión.

 

Mediáticamente, Joaquín Caballero perdió la batalla, inútil su área de comunicación, las dádivas a la prensa, el derroche millonario. Pero en lo político salva el pellejo. Es legítimo el derecho a la protesta, pero ahí hubo algo más, un golpe político que finalmente se frustró.

 

Lo que Caballero impidió fue que le tomaran el palacio municipal. Impidió que los manifestantes se apoderaran del anexo del palacio donde el sábado 27 rendiría su primer informe de labores.

 

Unos fueron a protestar por la falta de agua, y tenían razón. Otros fueron a allanar el escenario donde se habría de realizar el acto de informe. De haberlo logrado, Caballero habría naufragado.

 

Un día después, en su informe, Joaquín Caballero volvería a decir que el conflicto por el Yuribia obedece a razones políticas “y por la cerrazón de unos cuantos permanece cerrada”. No refirió nombres. No admitió que el gobierno de Javier Duarte lo dejó solo. No planteó que la insidia del secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, detonó el conflicto el 4 de diciembre, provocó una gresca, el rompimiento con los ejidatarios de Tatahuicapan y que el alcalde Joaquín Caballero saliera de la sierra en medio de una lluvia de piedras.

 

No invocó al gobernador Javier Duarte, cuyas promesas han quedado en el olvido, engañados los tatahuis, a medias los caminos y los puentes, las obras educativas, la reforestación de la zona aledaña a los arroyos que abastecen la presa Yuribia.

 

No reveló cuántos millones ha entregado el ayuntamiento de Coatzacoalcos en su administración y en las anteriores, a los líderes sociales de Tatahuicapan, una parte para ser invertidos en sus pueblos y otros para domar a los grupos sociales y operar un acuerdo que permita mantener en operación la presa Yuribia. Algunos insiders sostienen que sólo de marzo a noviembre fueron 12 millones de pesos, de los que el pueblo de Tatahuicapan no vio nada. ¿Quién se quedó con el dinero?
“Ojala que pronto nos digan, ya, (los tatahuis) qué agravios hay que compensar, cuáles son los acuerdos pendientes de cumplir y qué esperan del pueblo de Coatzacoalcos”, expresó Caballero.

 

Amargo, el episodio para el alcalde de Coatzacoalcos deja lecciones: la brutalidad del grupo porril de Miguel Antonio Wong le dio estatus de edil represor; su operación en medios de comunicación es deficiente al grado que hasta los de casa lo masacraron, y su sistema de información clasificada —información de seguridad— si bien identifica a los autores del intento de toma de palacio, no traduce el análisis ni lo aterriza en la opinión pública.

 

Joaquín Caballero fue avasallado en las redes sociales, sin poder dar respuesta a la cadena de críticas. Su prensa afín, costosa, sumamente costosa, se le fue encima y lo pulverizó. No dio el contexto real ni las otras razones de la protesta. No advirtió que sobre la exigencia legítima de agua, y sobre todo, de agua con calidad, se montó el intento de tomarle el anexo del palacio para frustrar su primer informe de labores.

 

Joaquín Caballero pudo dejar crecer la protesta para no ser llamado represor. Pero políticamente hoy estaría peor. A la crisis del agua le sumaría no haber podido rendir su primer informe.
El costo habría sido mayor.
 
Archivo muerto
 
Dos enfoques para dos casos comunes. A Sanjuana Martínez, periodista de la Jornada y afamada escritora, detenida por la Procuraduría General de la República por un delito añejo, la defiende la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y lanza una alerta nacional porque en el trasfondo se aprecia una persecución por lo que escribe. “Es un acto de represalia por el trabajo profesional ejercido por la periodista”, dice el comunicado. A Maryjose Gamboa Torales, una de las mayores críticas del gobernador Javier Duarte de Ochoa, la ignora la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz porque dictamina que su caso no obedece a razones periodísticas. Ambas son periodistas de denuncia, son contundentes, sacuden las estructuras del poder. Pero a Sanjuana la defiende una comisión de derechos humanos y a Maryjose Gamboa, no le tiende la mano la CEAPP porque este organismo es un apéndice de Javier Duarte. Se deslindó en septiembre del caso Maryjose Gamboa. Alegó que mientras esté siendo juzgada no puede presentar denuncia contra quien le imputa los cargos, lo que se denomina litispendencia. Su actuación es tramposa y vil. No alzó la voz la CEAPP por el amparo violado que estipulaba que no podía ser trasladada del centro de reclusión de Playa Linda a otro penal, ni de las condiciones insalubres en que se encuentra en el penal de Tuxpan. Una vergüenza el organismo duartista para simular que protege a los periodistas de Veracruz. Ojalá fuera como la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que sacó la cara por Sanjuana Martínez y alertó al periodismo nacional...

 

 Si así como atiende el área de personal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Jorge Luis Zetina Castillo va enfrentar los temas electorales en el consejo distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), el PRI tiene un problema mayor. Zetina es el mismo que generó una oleada de inconformidad entre el personal de confianza vinculado al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, a quienes toreó con el pago del aguinaldo, ocultó información, prometía a sabiendas que no iba a realizarse el depósito en las cuentas bancarias y engañó con todo descaro. El INE es algo distinto. Ahí se enfrenta a políticos de partido con gran kilometraje recorrido, ex dirigentes, ex ediles, así como a consejeros que no se cuecen al primer hervor. Tarea complicada para quien cree que hacer política es choro y embuste...
 
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