* La amenaza del gobierno doblegó a sus líderes  * La amenaza de cárcel pudo más  * Les faltó base social  * Ponciano Vázquez traicionó a Pepe Yunes  * Los Condado, parte del PRD rojo  * Sus ligas con la fidelidad y el duartismo  * La alcaldesa y su constructora favorita  * Regidores de oposición o la Ley del Maíz.
 
Alguien mareó a los ejidatarios. Les hizo creer que el sabotaje es bueno. Les vendió la idea de que en la lucha social se vale todo. No les dijo que el sabotaje es un delito. No les dijo que enfrentarían denuncias penales. No les dijo que podían parar en la cárcel.

 

Lo vinieron a entender 24 días después, en sus manos la presa Yuribia que surte de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, en ascuas medio millón de habitantes en la zona sur que no son culpables de su desgracia, trastocada su vida, la de los centros escolares, el área de salud y toda actividad.

 

Genuinas sus demandas, condenable el olvido oficial, los ejidatarios de Tatahuicapan esgrimieron siempre que del gobierno de Veracruz sólo recibieron promesas huecas, incumplimiento, alardes demagógicos, obras desechas al primer temporal, carreteras destrozadas, puentes caídos, cero reforestación en las áreas cercanas a los afluentes que dan vida a la presa Yuribia y pagos de los sistemas municipales de agua que nunca llegaron o que llegaron a jalones y estirones.

Su lucha, pues, estaba justificada. Sus métodos no.

Provocaron la peor crisis de agua de los últimos treinta años cuando bloquearon las válvulas, se apoderaron de la presa y cancelaron el suministro, el 4 de diciembre. Ese día marcaron su destino.

Reyes en su feudo, se les vio insultar, agraviar, liarse a golpes, someter y aplastar a la autoridad. Se habían concentrado en la asamblea que se realizaba en la Casa Ejidal. Tatahuicapan y la sierra de Soteapan entera sabían lo que significaba ese momento, tenso el ánimo, la ira al borde.

 

Cuando tomó la palabra el operador de la Secretaría de Gobierno, José Luis Utrera Alcázar, estalló el conflicto. Utrera los agravió. Dijo que Tatahuicapan tiene una población de 20 mil habitantes y que ahí no habían ni 600. Encendió los ánimos. Lo bajaron a mentadas. Lo jaloneaban. Lo llevaron a la presa Yuribia. Lo hicieron pedir perdón.

 

Enfrentados, los tatahuis se liaban a golpes, unos a favor de suscribir un nuevo acuerdo con el gobierno estatal y así garantizar el agua a los tres municipios, y otros por la cancelación del suministro.

 

Ahí se veía al alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, saliendo entre reclamos airados, la gente violenta —¿pueblos hermanos?—, a punto de ser linchado. Y apenas abordó su camioneta, cayó una lluvia de piedras, destrozado el medallón del auto mientras se pudo alejar.

 

Joaquín Caballero regresó y anunció la puesta en funcionamiento de los pozos de alivio, perforados durante los ocho meses que duró la tregua con los tatahuis. Tendrían que haber funcionado los 30 pozos pero lo hicieron 14. Paulatinamente se fue incrementando el abasto.

 

Enfrentó entonces el reclamo de una población que demandaba agua, que se quejaba porque las pipas no abastecían con puntualidad, que advertía que el agua tenía sabor a sal y que provoca enfermedades en la piel.

 

Inédito el escenario, hizo crisis el viernes 26 cuando un grupo de manifestantes llegó a los bajos del palacio municipal y reclamó la falta de suministro, pero de pronto trató de ingresar al anexo del inmueble, donde el sábado 27 se realizaría el primer informe de actividades del alcalde.

 

Fueron repelidos por un grupo porril, comandado por el operador marcelista Miguel Antonio Wong Ramos. De ambos lados hubo reclamo, jalones, golpes volados y puntapiés.

 

Arrojó la gresca un herido y varios golpeados del bando de los manifestantes. Acusaban al alcalde de represor, a la vista el puño. Joaquín Caballero evitaba así que le tomaran el palacio municipal y lo dejaran sin escenario para su informe.

Un día después, el sábado 27, el alcalde dijo en su informe que la toma del Yuribia obedecía a razones políticas y que “por la cerrazón de unos cuantos permanece cerrada”.

 

Pidió a los tatahuis enumerar los agravios para que fueran subsanados.

Bajo el agua, la negociación seguía. Entre lunes y martes, 22 y 23 de diciembre, los tatahuis fueron advertidos que las denuncias interpuestas en su contra los llevarían irremediablemente a la cárcel.
 
Conocieron detalles jurídicos: por la cuantía del daño provocado a las tres poblaciones, por el gasto ocasionados a los ayuntamientos —renta de pipas, renta de vehículos, compra de tinacos y cisternas, salarios— y por la afectación a la presa y a las líneas de conducción, ni un amparo los salvaría.

Por el número de implicados en la toma del Yuribia, la garantía que exigiría un juez federal para otorgar el amparo, sería de 3 millones de pesos.

 

Seguía la negociación. Comenzaba a enrarecerse el ambiente entre el Santa Martha y el San Martín. Sopesaban los líderes campesinos la conveniencia proseguir con la toma de la presa. Les inquietaban las consecuencias legales.

 

Operadores del alcalde Joaquín Caballero intensificaban la presión. A lo largo de ocho meses, de marzo a noviembre, entregaron 12 millones de pesos para ser aterrizados en Tatahuicapan y para amansar a los sectores radicales. Se sabe el origen pero no el destino de ese dinero.

Se doblegaron los tatahuis el domingo 28, Día de los Inocentes. Sesionó el grupo ejidal. Excluyeron al alcalde y al líder más emblemático de la sierra, Esteban Bautista. Los audios de la reunión traslucen el temor. En ellos se advierte la amenaza del gobierno duartista. Quienes llevan el mando se niegan a seguir adelante.

 

Hay voces que disienten. Les explican que el gobierno les dio como plazo hasta la medianoche de ese domingo 28. O cedían o enfrentaban las órdenes de aprehensión. Nuevas voces plantean que pueden encarar al gobierno. ¿A pedradas?, les preguntan.

 

De ahí salió el acuerdo. Incluye la extinción de las órdenes de aprehensión y de toda persecución legal; el uso de sólo el 40 por ciento del torrente del Yuribia para Coatzacoalcos; un hospital con todos los servicios, y las obras pendientes de realizar en la sierra.

 

Tiene algo de absurdo el acuerdo con el gobierno de Veracruz. Su vigencia es de ocho meses más. En ocho meses habrá que revisarlo. ¿Qué sucederá entonces? Si las condiciones no les favorecen, ¿no lo renovarán? Y de ser así, ¿bloquearán de nuevo el Yuribia? ¿Enfrentarán de nuevo a denuncias penales, las órdenes de aprehensión, el riesgo de ir a la cárcel?
La amenaza pudo más que la causa social.

 

El 4 de diciembre, los tatahuis mostraron el puño frente a los alcaldes de Coatzacoalcos y Minatitlán. Insultaban, amenazaban.

 

Al operador del la Secretaría de Gobierno, “Supermán” José Luis Utrera, lo hicieron pedir perdón. Gozaron de sus excesos.

Dejaron sin agua a medio millón de habitantes que no tenían culpa de las promesas incumplidas del gobierno.

Veinticuatro días después, cerca de la fecha límite, pudo más la amenaza del gobierno, las órdenes de aprehensión, el riesgo de ir a la cárcel.

 

Se quebraron los tatahuis. Les faltó base social, pueblo que respaldara a sus líderes, movimiento que sacudiera las entrañas de la sierra.
Simplemente se quebraron los tatahuis.
 
Archivo muerto
 
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