* La justicia que no llega  * Fis-culín da palos de ciego  * A la familia, el abandono  * El sicario de Moisés y las desapariciones forzadas  * Encubierto en 2009; acusado hoy  * García Bringas, trampolín de Chagra  * PT no halla sustituto para Rotter  * Erick y El Cisne se acercan al grupo de Yunes Landa  * La trampa con las suplencias
 
Maltratado por la vida, Gregorio Jiménez de la Cruz hizo periodismo hasta el límite de sus capacidades. Se entregó a su profesión. Dio voz. Recogió historias, narró atropellos, reporteó para informar. Y un día, sin más, la violencia se lo llevó.

 

Un levantón, el miedo, la angustia, la tortura, la saña, un asesinato brutal, su cuerpo semienterrado en una fosa clandestina. Son los destellos del trágico final de Goyo Jiménez, el periodista que murió dos veces.

 

Goyo fue levantado el 5 de febrero, en 2014. Llegaron por él cuando apenas despuntaba el día. Lo fildearon, lo siguieron, lo encararon, primero en su auto compacto, luego en su hogar. Fueron por él y lo sacaron a rastras.

 

Un puñado de sicarios se apersonó. Lo tomó y nunca más se le volvió a ver vivo.
Goyo Jiménez reporteaba para Notisur, Liberal del Sur y La Red. Hablaba de temas policíacos y demandas sociales, sus textos en nota y antes en la columna del Pantera, como suscribía sus informaciones.

 

Vivía en Villa Allende, la congregación más importante de Coatzacoalcos, cuna del crimen organizado, de las mafias toleradas, del tráfico de drogas, del negocio de los migrantes, de trata de blancas.

 

Goyo Jiménez hablaba de eso y sabía, quizá, de más, de la trampa a la que se arrastraba a las mujeres migrantes, indocumentadas, llevadas a las cantinas y bares con el señuelo del empleo para continuar su camino hacia el norte y, una vez ahí, ser atrapadas, verse prostituidas, obligadas a convivir con el cliente y a saciar sus deseos.

 

Goyo Jiménez reporteó el secuestro de un líder cetemista, Ernesto Ruiz Guillén, alias “El Dragas” o el “Cometierra”, levantado el 18 de enero de 2014, presuntamente por conflictos intergremiales y por el control de las obras a realizar en la zona industrial.

 

Informaba de lo que ocurría en su tierra adoptiva, su olvidado Allende, sus calles de tierra, su abandono, la seguridad vencida por la violencia, el crimen organizado impune, dueño de todo y de todos.

 

Hacía periodismo más por vocación que por satisfacción. Ganaba una miseria. Cobraba por nota, unos 20 pesos si le publican. Era un periodista pobre, muy pobre, porque además era honesto, renuente al chayote y la extorsión.

Un año hace que Goyo Jiménez se fue. Lo levantó un comando, la mañana del 5 de febrero. Se lo llevaron frente a su familia, presa de la angustia su esposa, sus hijos, impotentes, sin nada qué hacer.

 

Dieron aviso a la policía, que llegó tarde al domicilio del periodista. Alertaron que cerraran los accesos a la ciudad, pero nada se hizo. Perdieron instantes valiosos que pudieron impedir que el reportero fuera sacado de Allende.

 

Alertados por lo ocurrido, sus compañeros de oficio salieron a las calles, elevaron su protesta, exigieron al gobierno de Veracruz, al gobernador Javier Duarte, acciones inmediatas para recuperar a Goyo Jiménez.

 

Tarea inútil resultó su empeño. Al mediodía de 11 de febrero, corrió la noticia de su muerte. Fue hallado en una fosa clandestina, en la colonia J. Mario Rosado, en Las Choapas. Estaba semienterrado, decapitado, con signos de tortura, la saña de los chacales evidenciada en su cuerpo.

 

Murió el 6 de febrero, según el reporte oficial. Un día después del plagio, Goyo Jiménez había sucumbido al sacrificio, agredido, torturado, pasado por el filo de una navaja que le cercenó el cuello. Y su cuerpo hundido en la arena, en una fosa clandestina.

 

Murió ese día y volvió a morir cuando el olvido, la indiferencia, la falta de empuje del gremio a que perteneció, dejaron que las instancias judiciales trastocaran la demanda de justicia.

 

Acusados del plagio y crimen, seis personas permanecen en prisión: Teresa de Jesús Hernández, presunta autora intelectual del homicidio, quien habría pagado 20 mil pesos a José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera y Juan Manuel Rodríguez Hernández para ultimar al periodista por supuestos conflictos personales.

 

Su libertad es inminente. Incriminados por la fuerza, los seis alegaron tortura para aceptar su culpabilidad. Interpusieron un juicio de amparo y se les concedió.

 

Enoc Maldonado Caraza, la eminencia gris de la Procuraduría de Veracruz, encargado de enlodar a los periodistas asesinados y convertirlos en causantes de su propia muerte, fue el artífice de la acusación contra los seis implicados.

 

Hoy es el alfil del fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, quien se aferra a un recurso de revisión para evitar que “La Tere” y coacusados abandonen la prisión. Si fracasa, a Goyo Jiménez se le habrá negado la justicia.

 

Aplica la ley con palos de ciego Fis-culín. Promete retener a los seis involucrados cuando es más creíble que se les obligó a implicarse por la vía de la tortura.

La otra injusticia la vive la familia de Goyo Jiménez. Por razones de seguridad se les trasladó a Xalapa. Allá vivieron unos meses, en un pequeño departamento, con muebles comprados en un bazar, simulando la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas que tenía especial interés en ellos.

 

Carmela Hernández, la viuda de Goyo Jiménez, vive de nuevo en Allende. Su familia padece la pobreza y se pierde en la incertidumbre. Recibe dádivas del gobierno de Veracruz y por no cumplir con los requisitos que exige la Secretaría de Desarrollo Social, perdió la ayuda de Oportunidades, hoy Prospera.

 

Aisladas son las notas periodísticas que dan seguimiento al caso Goyo Jiménez. Su caso sirvió para que se negociara una mejoría en los convenios de publicidad de algunos medios oficialistas con el gobierno de Veracruz. A cambio de sofocar las protestas de los reporteros, bajo amenaza de que se quedarían sin trabajo, los industriales del periodismo lucraron con la muerte del reportero de Notisur.

 

El olvido también es muerte. Un año después, a Goyo Jiménez no se le ha hecho justicia. No se acredita por qué lo mataron, inverosímil la versión de que fue por un conflicto personal con “La Tere” y que ésta pagó 20 mil míseros pesos a los sicarios.

 

A un año de distancia, el gobierno de Veracruz soslaya el móvil principal: a Goyo Jiménez de la Cruz lo mataron por lo que escribía, por las denuncias de levantones, de secuestros, de trata de blancas, de tráfico de migrantes indocumentados, de delincuencia impune.

Un año después, a Goyo Jiménez no se le hace justicia.
 
Archivo muerto
 
Indigna la arbitrariedad, el abuso, el atropello. Agrede el gorilato de la fiscal regional en el sur de Veracruz, Samyra del Carmen Khourie Colorado, a reporteros que cubrían el hallazgo de fosas clandestinas en la zona de playa de Coatzacoalcos, la tarde de este miércoles 4. Pretendían entrevistarla. Les cerraron el paso. El auto de la funcionaria embistió a los periodistas, mientras agentes policíacos, portando armas largas, y elementos de la Naval arremetían contra los informadores. La foto es elocuente. Permeó en las redes sociales y en los portales de noticias, generalizada la condena al gobierno arbitrario de Veracruz, el que se dice respetuoso de la libertad de expresión, el que auspicia foros de crítica como Hay Festival, pero que en los hechos es intransigente, autoritario, represor. Uno de los agredidos, Jorge Domínguez, de Olmeca TV, presentará denuncia por la agresión. Pretendieron también decomisar las cámaras y borrar las gráficas. ¿Qué esconde el desgobernador Javier Duarte? ¿Por qué ocultar que Veracruz es un cementerio clandestino macro, quizá peor que Coahuila, quizá peor que Guerrero, quizá peor que Michoacán? ¿Por qué atropellar el ejercicio periodístico? En tres días, desde el domingo 1, han aparecido 11 ejecutados en el sur: seis en Coatzacoalcos, cuatro en Las Choapas, uno en Agua Dulce. Pero, ¿qué mueve a Javier Duarte, al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, a Samyra Khourie a intentar evitar que se documente el hallazgo de fosas clandestinas en las que se advierte pudieran haber por lo menos cien cuerpos?...

 

Día 34. Noé Zavaleta, corresponsal de la revista Proceso, publica un dato inédito: Clemente Noé Rodríguez Martínez, detenido y acusado del levantón y muerte del periodista Moisés Sánchez Cerezo, había estado involucrado en desapariciones forzadas en sus días de policía intermunicipal en la zona Veracruz-Boca del Río, en diciembre de 2009. Fue identificado como parte del grupo policial que secuestró y borró del mapa a dos comerciantes michoacanos, Edgar Gilberto Romero Toriz y David Zaragoza Hernández. Lo investigaron, lo interrogaron, lo detuvieron y finalmente lo soltó la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y la Unidad Estatal de Combate al Secuestro (UECS), parte de la Procuraduría, hoy Fiscalía General. Clemente Noé Rodríguez iba al volante de la patrulla PIVB-329 cuando ocurrió el secuestro, según la investigación 003/UECS/2009 de la UECS y en la 1373/2009 de la procuraduría veracruzana. Pero lo encubrió el gobierno fidelista y lo terminó de solapar el duartismo, pues desde 2011 ya no se mueve el expediente. Ahora es acusado de ser parte del grupo de sicarios que asesinó al periodista Moisés Sánchez, editor del semanario “La Unión”, en Medellín, el 2 de enero. O sea, los exonerados de ayer son los asesinos de hoy. Qué ejemplo de procuración de justicia...

Mala lectura la de Rafael García Bringas. Si gana la elección, será diputado federal por Coatzacoalcos pero sólo por unos meses. Le ofrecerán un cargo en el gobierno de Veracruz. Si lo rechaza, le actualizarán viejos pendientes, una andanada de lodo, una exhibida total. Asumirá la diputación su suplente, Roberto Chagra Nacif, la carta de Fidel Herrera Beltrán, el ex gobernador que hundió a Veracruz. Quedará así Roberto Chagra situado en la plataforma para ser candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos en 2017. Fidel maneja los tiempos, entiende las circunstancias y sabe que García Bringas es desechable. ¿Será que no leyó García Bringas para qué lo iban a usar?...

No halla el Partido del Trabajo con quién sustituir a Armando Rotter Maldonado. Tiene vacante la candidatura a diputado federal por Coatzacoalcos, al aire su propuesta desde que el empresario se abrió tras ser amenazado, primero telefónicamente y luego con una visita de tres sicarios armados a su hogar. Hay versiones que apuntan que el PT le hizo una propuesta formal a Rosa María Cabrera y a Pedro Miguel Rosaldo. Ninguno habría aceptado. Rotter, por su parte, vino a Coatzacoalcos, atendió un asunto y se fue. Reside fuera, con su familia, aún presa del miedo...

De las fuentes fieles: Erick Lagos Hernández y Alberto Silva Ramos, precandidatos a la diputación por Acayucan y Tuxpan, buscan que las suplencias se le otorguen al grupo de Héctor Yunes Landa, acérrimo enemigo de Fidel Herrera Beltrán. Obvia la trampa, quieren así desmembrar al senador veracruzano, romper sus estructuras, generarle una fractura, pues suponen que así evitarán el voto de castigo a los delfines del ex gobernador y de su rummy Javier Duarte. Dos veces engañado —la primera cuando dejó pasar al gordobés con la promesa de que él sería su sucesor, y la segunda cuando Duarte creó la minigubernatura de dos años a disputarse en 2016—, Héctor Yunes ofrece de palabra el apoyo a los candidatos del PRI a diputado federal. Sin embargo, en los hechos, a los fidelistas y duartistas los tratará como lo han tratado a él...
 
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