Gonzalo Guízar Valladares tiene un problema mayor. Convence poco y cuando se trata de deslindarse de los escándalos protagonizados por sus hermanos, prácticamente no hay quien le crea. “No protejo a nadie”, es la frase que resume su autodefensa ante la serie de denuncias públicas que lo involucran con el despojo de terrenos a manos de sus hermanos y cuñadas, tráfico de influencias, atropello a la ley, marrullerías legales y un historial de abusos de los que el diputado local por Coatzacoalcos dice ser ajeno. “No protejo a nadie”, plantea a voz en cuello, ligando los recurrentes escándalos del Clan Guízar con un supuesto intento de afectarlo políticamente, “a meses de que se defina al candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, en donde el nombre de Gonzalo Guízar Valladares ha sido uno de los más sonados”, según reza textualmente la nota periodística de desagravio y de defensa del honor más puro.
Su discurso suena a cliché. Huele a frase vieja. Se dice respetuoso de la ley. “Por eso —dijo— yo soy de los más interesados en que se resuelva esta infamia que se ha realizado en mi contra, porque se me ha señalado por tráfico de influencias, y que se sancione a quien sea, y que sean los tribunales los que respondan, porque creo en la ley y no protejo a nadie, mi compromiso es con la sociedad”.
Conmovedor, Gonzalo Guízar argumentó: “Si es un asunto de tribunales, que sean ellos los que actúen apegados estrictamente a derecho y que sancionen a quien sea, dijo, así tenga que ser a un amigo o un vecino, un adversario o inclusive a mi propio hermano o cuñada, a quien sea”.
Nadie podría negarle al diputado Guízar Valladares su derecho a deslindarse de los escándalos de su familia. Pero tampoco, nadie, tiene la obligación de creerle. Convencer es un problema inherente a los políticos. Contados son los que alcanzan credibilidad y logran encajar en el ánimo de la opinión pública. Carga, la mayoría, con la suspicacia de la sociedad, con la sospecha y con el recelo. Así le ocurre a Gonzalo Guízar. Dice ser ajeno a los problemas legales de sus hermanos y cuñadas; dice conducirse con verdad y vestirse con el ropaje de la virtud; dice haber construido una “imagen, a lo largo de muchos años, de esfuerzo, de trabajo y de honestidad”. Pero una cosa es que lo diga y otra que se le crea. Contra su alegato público, resulta equiparable la figura de líder del Clan Guízar con el del jefe de la banda. Justo es decir que en los siete casos de despojo de terrenos no figura el nombre de Gonzalo Guízar. Sin embargo, nadie se explica con qué facilidad obtienen los hermanos del diputado el reconocimiento oficial de trámites catastrales, pago de contribuciones, escrituración y sentencias judiciales. Todo en terrenos ajenos. Ahí nace la suspicacia y la sospecha. Ahí se finca la oscura leyenda de que el clan opera como una mafia; que el clan tiene jefe y que ese jefe es Gonzalo Guízar.
Lo demás viene solo.
Archivo muerto
La libró el ex regidor municipal, Alejandro Wong Ramos, al quedar sin efecto la orden de aprehensión por la gresca que protagonizó junto con los periodistas José Luis Pérez Cruz, Roberto Pérez López, Jorge Tolentino García y José Luis Ortega Vidal, en la Galería Cantina El Rincón de José Alfredo Jiménez, el 3 de marzo pasado. Ortega Vidal cayó de una altura de seis metros; sufrió lesiones graves y afortunadamente se encuentra en recuperación. Las acusaciones iniciales señalaban al ex regidor perredista como el autor de una agresión y hasta se le imputó un intento de homicidio. Wong Ramos dijo que él fue el agredido y que se trató de un borrachazo. El Ministerio Público armó una telenovela en la que no tuvo los elementos, ni en declaraciones de los involucrados ni en la reconstrucción de hechos, para sustentar la acusación contra Alejandro Wong de haber provocado la caída de Ortega Vidal o haberlo arrojado, como sostuvo el MP. Luego de obtener el amparo federal, el caso se fue a recurso de revisión al Tribunal Colegiado, en Villahermosa, el cual determinó —18 de mayo de 2009, expediente 176/2009-II— que debía analizarse si existían elementos sobre la posible responsabilidad en las lesiones sufridas por Ortega Vidal, y remitió el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Coatzacoalcos. Ante ello, este lunes 10 el juez Laurentino Sosa Capistrán dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra de Alejandro Wong Ramos y su ayudante, Javier Hernández Cruz, como probables responsables del delito de lesiones dolosas en agravio de José Luis Ortega Vidal. Sólo subsiste una orden de comparecencia por el delito de lesiones dolosas en contra de Jorge Tolentino García. En el expediente de la causa penal 64/2009 se hace referencia explícita al altercado verbal entre Wong y el subdirector de Diario del Istmo, José Luis Pérez Cruz, donde se mentaron la madre mutuamente, siendo éste el origen del conflicto. Según el criterio del juez, “no existe constancias en autos que determinen que de manera directa Alejandro Wong Ramos y Javier Hernández Cruz hayan sido quienes empujaron al lesionado José Luis Ortega Vidal”; señala que “no se ha demostrado en autos que las lesiones que sufrió el c. José Luis Ortega Vidal hayan sido ocasionadas por otro sujeto”, y advierte que “existen contradicciones en la forma en que fue la persecución”. A todo esto queda una pregunta en el aire: ¿por qué el Ministerio Público no requirió la declaración de José Luis Ortega Vidal cuando éste se encontraba en condiciones de hacerlo, incluso por escrito? ¿Cuál fue la intención? Ahora se espera que el MP presente una apelación…