* El optimismo y la mentira  * El Grupo Tajín y la fabricación de culpables  * Joel Arcos, balconeado por Theurel  * Los 200 mil para Pepe Yunes  * La diputada no se disculpa  * Patricia Peña y su repulsa a los migrantes  * Marcelo y los contratos a Contractor Mart en Sedesol  * Notarios y la suplantación de identidad
 
Si no fuera tan insensato, Javier Duarte jamás habría externado aquel optimismo que de origen era falso. Decía que el delito disminuía, que la violencia menguaba, que la criminalidad iba a la baja. Presumía el combate al secuestro y exaltaba las pinceladas del éxito. ¿Era real? Nada era verdad.

Veracruz, en sus manos, alcanzó la cima del fracaso en seguridad. Es cuarto lugar nacional en secuestro. Es pueblo sin ley. Es territorio impune. Es zona para levantar gente, intimidar a la familia y canjear sus vidas por miles, cientos de miles o millones de pesos. El mercado del terror da para eso y más.
Llega a su quinto año de gobierno, masacrado por la delincuencia, en manos de mafias que trafican con el miedo, que toman vidas, que despojan de bienes y patrimonio, que se hacen de lo ajeno con insultante libertad, y que operan con un altísimo grado de complicidad.

Lo apabulla el secuestro. Javier Duarte transitó por un 2014 para no recordar. O para recordar para evaluar. Para evaluar entre lo que se prometió y lo que no se pudo hacer. Para reflexionar en que la omisión, lo que se debió hacer y no se hizo, produjo miedo y angustia, dolor, azoro e indignación.

2014 fue un año de fracaso. Venció la industria del secuestro. Se impuso a los operativos de seguridad, a la inversión millonaria, al Veracruz Seguro, a los blindajes, a la instalación del Mando Único Policial, a la capacitación y la certificación policíaca. Mucho dinero y cero resultados.

Con su saldo sangriento, 2014 reveló el desastre duartista en seguridad. Alcanzó Veracruz un nada honroso cuarto lugar en secuestro, pulverizado así el discurso demagogo de Javier Duarte, a diario el triunfalismo, las arengas, el éxito que, salvo el gobernador, nadie ha podido ver.
Decía en agosto de 2014 que el delito iba a la baja. Admitía que el problema era el secuestro, porque no había podido disminuir.

Un caso evidenció el fracaso y también la mala intención. Fue el de la niña Karime Alejandra Cruz Reyes, de cinco años de edad, secuestrada junto con su tía Mónica Reyes Baruch, el 7 de julio, que provocó la movilización de la sociedad de Coatzacoalcos, miles marchando exigiendo acciones de la Procuraduría de Veracruz, retando a las autoridades, increpando, evidenciando que la pasividad también es una forma de complicidad.

Aparecieron 60 días después. A fines de agosto, el semanario La Red difundió una información puntual en que se detallaba quiénes eran los plagiarios, dónde confinaron a la niña y a su tía, cómo las ultimaron y la tortura a que fue sometido uno de los secuestradores hasta quedar sin vida en manos del grupo antisecuestros de gobernador Javier Duarte.

No hubo reacción del gobernador ni de su fiscal, Luis Ángel Bravo, alias “Culín”. Sofocaron la información, contuvieron la noticia, dieron falsas esperanzas a la familia de las víctimas, les hicieron creer que estaban con vida. Negó Javier Duarte que estuvieran muertas.

Se impuso una razón política. Javier Duarte ahogó el desenlace funesto para no empañar la cumbre de senadores del PRI y Partido Verde en Boca del Río.

Después de la cumbre política, el 5 de septiembre, oficialmente fue admitida la muerte de Karime Alejandra.

Así de truculento es Javier Duarte. Deja la sensatez a un lado. Privilegia la imagen y sofoca la verdad. Fue aquel un episodio de vergüenza.

Lo de hoy sigue siendo el combate al secuestro. Arranca la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) con un acto protocolario en Coatzacoalcos, este lunes 30, desbordado el optimismo, reciclado el mensaje.

De rodillas ante la violencia, Javier Duarte sigue en las mismas. En sus barbas el secuestro, a su alcance la violencia sangrienta, a la vista el dolor en los hogares de las víctimas, el gobernador de Veracruz persiste en el discurso de la fantasía.

“Quien secuestre en Veracruz —planteó— lo vamos a detener y va a purgar una pena en la cárcel. Sea lo que sea que haga lo vamos a encontrar y lo vamos a detener, estamos preparados para ello”. Ajá.
Destacó la inversión, los millones en capacitación, la selección del personal, el equipamiento, lo más moderno con la mejor tecnología.

Trabajará la UECS en coordinación con el estado de Tabasco, dada su cercanía y la comisión de secuestros en la zona limítrofe entre ambas entidades.

 

No podía faltar “Culín”. Exaltaba el fiscal de Veracruz las cifras del éxito. A modo, justo en el día en que arrancaba el UECS en Coatzacoalcos, un operativo logró el rescate de una mujer y un niño, secuestrados la semana anterior en el municipio de Cosoleacaque, y la captura de ocho personas, armas, vehículos y el aseguramiento de la casa de seguridad en que operaban. Eso sí que es casualidad.

Destacó las cifras del éxito: la captura de 79 personas por el delito de secuestro, 26 de ellas detenidas en el sur de Veracruz.

Pero algo no concuerda. En el contexto nacional Veracruz ocupa el nada honroso cuarto lugar en secuestros. Es la evidencia tangible del fracaso en los sistemas de seguridad del régimen duartista.
Se vive en la derrota y se vive en el desprestigio. Javier Duarte posee un grupo antisecuestro que ha sembrado el terror. El Grupo Tajín opera con absoluta impunidad, levanta inocentes, los somete a tortura, los desaparece, fabrica culpables y nada esclarece.

Su presencia fue visible en Las Choapas a raíz del levantón y muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur, Liberal y La Red, el 5 de febrero de 2015.

Se les veía en camionetas blancas. Llegaban a los hogares, se llevaban personas, las desaparecían. En ocasiones exigían que les entregaran armas, que revelaran nombres de cómplices.

Así se llevaron a una decena de choapenses. Oficialmente no hubo explicación y la Procuraduría de Veracruz desconocía las acciones del grupo antisecuestro, expertos en detenciones ilegales y tortura.

Fue la presión de los familiares y de un sector de los medios de comunicación, entre ellos el periódico Presencia, lo que forzó que las víctimas aparecieran semanas después en un camino en el municipio de Isla.
La explicación del fiscal Bravo Contreras carecía de lógica. Hablaba de dos camionetas en que los plagiarios llevaban a sus víctimas. Al encontrarse con la policía se produjo un enfrentamiento y huyeron. Los policías optaron por quedarse con las víctimas y dejar escapar a los criminales. ¿Y no advirtieron vía radio a otras corporaciones para establecer un cerco?

Así opera el grupo antisecuestro del duartismo. Su fama se finca en la tortura y la arbitrariedad. No se sabe ni se explica si el Grupo Tajín es parte de la UECS, si va a integrarse, si va a tener el mando, si los torturadores seguirán haciendo de las suyas y gozando de impunidad.

Grupo Tajín fue el encargado de combatir al secuestro y el fracaso fue total. Llevó a Veracruz a lugares vergonzosos, al cuarto sitio en el contexto nacional.

Le queda pues, al gobernador Javier Duarte transparentar si los torturadores habilitados para combatir al secuestro en Veracruz tendrán licencia para operar en la UECS.
De ser así, el fracaso ya llegó.
 
Archivo muerto
 
Joel Arcos Roldán creía en Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—. Creía en su discreción. Creía en su buena fe. Pero se equivocó. Theurel le puso 200 mil pesos en las manos. Serían para sufragar gastos del informe de José Francisco Yunes Zorrilla, inundado Veracruz de anuncios espectaculares. Se supone que nadie, salvo los involucrados, lo sabría. Pero Theurel hizo lo de siempre: suelta el billete y quema al destinatario. Quemó pues, al ex diputado Joel Arcos, subsecretario de Desarrollo Social. Y de paso quemó también a Pepe Yunes, que sigue sin atinarle a sus aliados. Por eso, en público, diplomático, Pepe Yunes se expresa correctamente de Theurel; en privado dice lo contrario, dice la verdad...

 De la boca de Patricia Peña Recio brotan ajos y cebollas, denuestos y ataques contra un grupo específico: los migrantes. Es xenófoba. Los tilda de delincuentes, asaltantes, matones y prostitutas. Es xenófoba. Les llama “peligro” para México. Es xenófoba. Y se gana un par de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Le piden a Patricia Peña Recio una disculpa pública. Le piden 28 organismos no gubernamentales que se retracte. Se lo pide también la iglesia católica. Todos dicen que la diputada federal por Coatzacoalcos es xenófoba, que discrimina y criminaliza y que descalifica a quienes otorgan ayuda humanitaria a los ciudadanos migrantes en México, que quiere cerrar los albergues y las casas de asistencia humanitaria. Y ella, en cambio, ni se disculpa ni se retracta; dice, simplemente, que no dijo lo que consta en un audio: que los migrantes asaltan, se matan entre ellos y hasta prostituyen. Y responde con simpleza, con dureza y con cinismo. Ayer, en un evento del gobernador Javier Duarte de Ochoa volvió a negar que sienta repulsa por los migrantes y que todo lo va a aclarar, pero de la disculpa pública ni hablar. Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana en el Pacífico Sur, la acusa de falta de sensibilidad. Y ella, Patricia Peña, sigue en las mismas: ni se disculpa ni se retracta. Y arrastra en la caída a quienes la apadrinan: Juan Nicolás Callejas Arroyo y Marcelo Montiel, los que la hicieron diputada, sin advertir que la pobre no pone orden ni en su cuadra. Va a amainar el escándalo cuando ella se disculpe. Va a arreciar cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una recomendación al Congreso federal y cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación la sancione...

 

 Precisión: no fue en el Teatro del Pueblo de la Expo Feria Coatzacoalcos 2015 donde se le vio bailar y cantar a la diputada Patricia Peña Recio, al ritmo de Gloria Trevi, como aquí se apuntó, sino en el palenque. Cuentan los testigos, foto en mano, que ni de los migrantes se acordó...

 A Contractor Mart no se le dan contratos por calidad ni por circunstancia. Le caían en los días en que Marcelo Montiel Montiel era secretario de Desarrollo Social del gobierno de Veracruz. Uno de ellos fue la construcción de la tercera etapa del acceso a la congregación Pollo de Oro, del proyecto Etileno XXI, en Nanchital. Cotizó por 8 millones 593 mil 289.25 pesos. El contrato le fue asignado el 14 de marzo de 2013. Se trató de una invitación restringida, licitación SEDESOL-DGOP-INVIT-PE-008-13. Sus “competidores” fueron Yesoductos, Dragados y Canales y Agustín Morales Gordillo; o sea, todo en familia. Ahora es la Higa municipal...

 Nueva forma de fraude en las notarías públicas de Veracruz: la suplantación de identidad. Acuden los clientes con credencial oficial, documentos probatorios, testigos de calidad. Y resulta que no son quienes dicen ser. Obliga esto a colocar cámaras de video, y aún así se dan casos en que el “cliente” es un estafador que incluso ha estudiado el recinto de la notaría y la colocación de las cámaras, y logra evitar ser captado a detalle. Lío grande pues para los notarios que dan fe de hechos que de origen son fraudulentos...
 
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