* Candidatos y funcionarios, denunciados  * Congreso de la Unión presiona  * EPN revienta al gobernador  * Rehuye el fiscal el crimen del periodista  * García Bringas y la escasez de agua  * ¿Quién mueve el voto de castigo?  * Banco Azteca, zona de riesgo  * El abogado asesinado  * Costosa pifia en Chedraui
 
Algo pasó. En seis meses la PGR fue omisa, calló, no actuó. Dormía la denuncia que la Auditoría Superior de la Federación interpuso para actuar contra la pandilla de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, acusados de malversar por lo menos 2 mil 100 millones del erario federal. Y de pronto, el Congreso de la Unión apretó.

Día negro para la fidelidad y su extensión política, el duartismo. Sube a tribuna en la Comisión Permanente, el miércoles 6, el senador panista Fernando Yunes Márquez. Propone el punto de acuerdo con el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a actuar. Y todos le dicen que sí.

Advierte un tema que de entrada está chueco. Ha congelado el caso la PGR, su inacción la delata, su silencio la exhibe, falta a su deber legal. Y es que a ninguna demanda de información enviada por el legislador veracruzano ha respondido.

Ahí lo planteaba Fernando Yunes. Lo expuso: “Hasta el día de hoy, la PGR no ha respondido a nuestro exhorto de apegar sus actos a la Constitución y proceder en contra de los responsables de este desvío multimillonario; hoy damos a conocer seis nuevas denuncias presentadas también por la ASF ante la PGR en noviembre del año pasado”.
Se trata de denuncias sustentadas en información que acredita el desvío de más de 2 mil 100 millones de pesos, de origen federal, que debieron aplicarse en dos rubros: Educación Básica y Normal, y Seguro Popular.

Citan las denuncias a una decena de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Fidel Herrera Beltrán y también del Javier Duarte. Pero centra su objetivo en dos: Antonio Tarek Abdalá Saad, candidato a diputado federal del PRI por Cosamaloapan, y a Edgar Spinoso Carrera, contendiente priista por Martínez de la Torre.

Tocan las denuncias penales a ambos y a otros cuatro funcionarios y ex funcionarios de alto nivel, protegidos hoy, quizá en demasía, por el gobernador Javier Duarte. Ellos son: Tomás Ruiz González, secretario de Infraestructura y Obras Públicas, antes titular de Finanzas; Gabriel Deantes, secretario de Trabajo y Previsión Social, antes oficial mayor de la Secretaría de Educación estatal; Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas; Vicente Benítez González, oficial mayor de la SEV, operador financiero de la campaña de Javier Duarte al gobierno estatal, en 2010, pillado en el caso de los 25 millones en efectivo hallados en una aeronave del gobierno de Veracruz, en el aeropuerto de Toluca, supuestamente destinado a pagar producción publicitaria y promoción de eventos como la Cumbre Tajín, el Carnaval de Veracruz y las Fiestas de la Candelaria; Lorenzo Antonio Portilla, auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y Antonio Ferrari Cazarín, director de Patrimonio del Estado de Veracruz.

Ahí se citan únicamente seis nombres. El 19 de abril, Miguel Ángel Yunes Linares y el líder nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, habían revelado la existencia de las seis denuncias interpuestas ante la PGR y enlistaron a 18 funcionarios más, entre ellos a los ex secretarios de Finanzas, Juan Felipe Aguilar de la Llave, Rafael Germán Murillo Pérez, Salvador Sánchez Estrada, Fernando Charleston Hernández y Mauricio Martín Audirac Murillo, quien también fue titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz.

Fernando Yunes se encajó. Decía que Tarek Abdalá y Spinoso Carrera, lejos de andar en campaña, pepenando el voto, debieran hacer frente a las denuncias por malversar recursos públicos.

“Las pruebas de la Auditoría Superior de la Federación son inequívocas —dijo—, porque se trata de auditorías ya concluidas y dictaminadas, apoyadas por informes certificados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, por si fuera poco, de documentos donde el propio Gobierno del Estado de Veracruz reconoce la desviación de los recursos y se compromete a devolverlos, lo que no ha sucedido, pero aunque los devolvieran, el delito ya se ha cometido”.

Desnuda la inacción de la PGR la parcialidad en la procuración de justicia. Yunes Márquez habló de encubrimiento hacia los candidatos del PRI a diputados federales. “Se hace cómplice del verdadero objetivo, que es buscar el fuero constitucional para evitar que pueda procederse en su contra por los delitos que han cometido”, señaló, pues debe actuar la PGR “en contra de quienes han saqueado las arcas públicas, causando daño gravísimo a los veracruzanos”.

Hubo debate. Representantes de los partidos políticos subieron a tribuna. Hablaban y argumentaban. Sorprendió que dos priístas, el diputado Alejandro Montano Guzmán, y el senador David Penchyna, avalaron el punto de acuerdo pues enfatizaron que cualquier ciudadano puede ser investigado, sin distingo alguno.

Lo que se aprobó trae filo. No sólo se exhortó a la PGR a integrar la averiguación previa a partir de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación, sino que la conmina a informar “sobre las acciones que haya llevado a cabo en relación con éstos graves hechos, a partir del mes de noviembre de 2014 en que las denuncias fueron presentadas”. O sea, un recuento de la investigación judicial.

Se aprobó por unanimidad. Lo respaldaron oposición y PRI, aún los aliados de Javier Duarte, incluso la línea del presidente Enrique Peña Nieto. Y ahí está la clave.
Fernando Yunes no es ingenuo. Sabe de la rentabilidad política del caso. Toma las denuncias de la ASF y las hace mediáticamente suyas, convertidas en capital político para acceder a la alcaldía de Veracruz o la gubernatura de dos años.

Una parte es el alegato por la justicia y otra el golpe a sus acérrimos rivales, rivales del yunismo azul, Fidel Herrera y Javier Duarte. No es dádiva ni generosidad. Es impacto de varios megatones con beneficio político.

Lo insólito es la actitud monolítica del Congreso de la Unión. Hasta los priístas y sus aliados le asestaron la puñalada a Javier Duarte, lo tasajearon, le arrancaron la piel.
Javier Duarte y Fidel Herrera saben qué representa una investigación federal. Ahí no hay fuero protector. Y hay algo peor: ese paquete de denuncias apenas cubre una mínima parte del caos que habrán de enfrentar. En los años recientes, el saqueo de recursos federales fue descomunal, trampeando, simulando que realizaban obra, que destinaban dinero para obras de salud, que lo aplicaban en el sector educativo, que tenían como fin el combate a la pobreza. Quedan otros ejercicios anuales por revisar y denunciar.
Tarek Abdalá y Spinoso Carrera, como dice el senador Fernando Yunes, no debieran andar en campaña. Debe enfrentar la ley.

Fidel Herrera y Javier Duarte también. La ASF va por la tripulación del barco pirata pero faltan el capitán y el contramaestre. El saqueo partió de ambos, como se ejerce el poder, como se dispone de los recursos públicos en Veracruz.
Es insólito que en seis meses la PGR haya dormido el expediente de las denuncias contra la pandilla duartista y fidelista. La incógnita está en por qué el Congreso de la Unión aprieta y quién desde el más alto nivel dio línea para que el priísmo y sus aliados lo avalaran

Peña Nieto no quiere a Javier Duarte. Tampoco traga a Fidel Herrera Beltrán. En noviembre, cuando llegaron las denuncias a la PGR, no habría tenido impacto político. Hoy sí.

Tarek Abdalá y Spinoso Carrera serían los primeros candidatos en hacer campaña con orden de aprehensión. Y después irán sobre Fidel Herrera y Javier Duarte.
Ya se ven en la cárcel.
 
Archivo muerto
 
Muy propio de él. Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal de Veracruz, no se involucra en el crimen del Armando Saldaña Morales. Dice que es competencia de Oaxaca, que allá, en Acatlán de Pérez Figueroa, fue hallado el cuerpo del periodista, y que la Procuraduría oaxaqueña no lo ha llamado a colaborar. No se mete Bravo Contreras, alias “Culín”, porque el caso le quema las manos a Javier Duarte. Armando Saldaña, veracruzano, que trabajaba en medios de comunicación veracruzanos, fue hallado en Oaxaca pero aún se indaga el móvil, si fue por lo publicado sobre Veracruz, si tiene que ver con la corrupción en territorio jarocho. Armando Saldaña es el doceavo periodista asesinado durante el reinado de Javier Duarte en Veracruz. Y eso, quiéralo o no el fiscal Bravo Contreras, no se puede soslayar...

Interminable, la escasez de agua tiene ya un costo político en Coatzacoalcos. Hay rechazo en colonias contra el ayuntamiento priísta, hacia el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, hacia el PRI, hacia el candidato Rafael García Bringas. Días enteros sin agua, colonias a medio abastecer mediante pipas, pozos de alivio, construidos para enfrentar la crisis por el cierre de la presa Yuribia, que no funcionan, provocan la ira de miles de colonos. Y paga el costo el candidato priísta a la diputación federal. Fracasó el proyecto de operar 30 pozos de emergencia, tasados en 100 millones de pesos por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, negociazo al fin, que no aporta los mil 165 litros por segundo que requiere la ciudad. Cuentan los insiders que cada pozo cuesta en realidad un millón y medio de pesos. O sea, la mitad de lo presupuestado, corrupción pura, lucro al amparo de la escasez de agua, de la irritación social, del malestar de la población. ¿O acaso el plan es provocar el voto de castigo contra García Bringas? Recuérdese que el marcelismo no traga al candidato que le impusieron, así se vea a García Bringas, Víctor Rodríguez, Joaquín Caballero, Jesús Moreno y Marcelo Montiel, el patriarca del clan, comiendo todos en el mismo plato...

No se quiso dejar. No quiso ceder. Genaro David Bermejo Orozco llevaba consigo los 3 mil pesos que había cobrado. Le quitaron el teléfono celular, pero el dinero no. Formado en la fila de Banco Azteca, sucursal Guerrero, en el centro de Coatzacoalcos, el miércoles 6, forcejeó con el asaltante. Recibió un cachazo. Luego un disparo en la espalda. Siguió a los criminales y le asestaron otro tiro. Murió sin razón. Esa sucursal es asediada por delincuentes. Pululan timadores, los del fajo de dólares que piden les sea cambiado por moneda nacional. Ahí operan las del pacazo, con aspecto indígena, que tiene el billete ganador de la Lotería pero que a ellas no se lo querrían pagar. Y todo mundo lo sabe. Y nadie evita la delincuencia. Llegó el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y ofreció que en unos días más tendrá solucionado el caso. Seguro presenta a los delincuentes y después, por faltas al debido proceso, o porque los torturan, se le van. Y cualquiera se pregunta: si “Culín” sabe quién es quién entre la delincuencia de Coatzacoalcos, si los halla con tanta facilidad, ¿por qué no actuar antes, desmantelar las bandas y evitar que siembren temor, despojen a la sociedad y provoquen luto, dolor y llanto?...

Barato le salió a Chedraui el error de su publicidad en la venta de cerveza. Ofreció en una de sus tiendas de Coatzacoalcos “2X99 a 57 pesos”. Cuatro clientes hicieron valer la oferta. Recurrieron a la Procuraduría Federal del Consumidor. Chedraui debió entregar 198 six por los que cada cliente pagó 114 pesos. Y le salió barato pues la Profeco pudo haber aplicado la figura de publicidad engañosa, cuya multa es superior a 2 millones de pesos. Víctor Nazariego Ortiz, quien cumple ya dos años como subdelegado de Profeco, explicó que Chedraui prefirió hacer válida la oferta que intentar de demostrar que se trató de un error involuntario. Pifia de Chedraui y de nadie más...
 
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