* Exculpa a la Fuerza Civil  * Los familiares protestan  * El racismo del presidente del INE  * Brinca como mapache Marcelo Montiel  * Lo denuncian y denuncia  * Candidatos independientes, saboteados  * Líder sindical financia a la oposición  * Objetivo: restarle intención de voto a Rocío Nahle
 
Iván y Diego no son los únicos. Hay otros cinco ciudadanos desaparecidos, llevados por la fuerza, sacados de su domicilio, interceptados en las calles y de los que no hay, siquiera, una pista. Son el retrato de la inseguridad, el miedo, la zozobra, el caos que priva en Coatzacoalcos.

Por Iván Arévalo y Diego Corro se armó una protesta mayúscula, Coatzacoalcos bloqueado, sus accesos en manos de familiares y amigos desde la noche del domingo 17 hasta pasadas las 3 de la tarde del lunes 18 cuando un grupo antimotines de la Fuerza Civil los desalojó.

Acusaron que Iván y Diego viajaban en un automóvil particular, un Ford Mustang amarillo, vistoso, sobre la avenida Universidad, el sábado 16, luego de jugar un partido de futbol. Los interceptaron cuatro vehículos. Fueron bajados a golpes, sometidos, reducidos a nada. Pasaron a la condición de “desaparecidos”.

Con ellos iba Andrea López Caballero, esposa de Iván Arévalo. Llevaba a su pequeña hija. También fue sometida.

“Nos bajaron. Yo llevaba a mi bebé. Nos tiraron al piso. Decían que eran de Fuerza Civil y nos apuntaban con sus armas. Decían que eran de Fuerza Civil pero no mostraron documentos, algo que los identificara”, señala.

Su caso trascendió. Inundó las redes sociales, ese espacio que sirve para potenciar sucesos, y provocó una reacción viral.

Un día después, la marcha contra la inseguridad sirvió para exigir que Iván y Diego aparecieran y para exhibir a la Fuerza Civil, acusada del “levantón”, de ocultarlos, de no admitir que hubiera acusación en su contra, de incurrir en desaparición forzada.

Esa noche, apenas concluida la marcha por la seguridad, el puente Calzadas, uno de los accesos a Coatzacoalcos, fue bloqueado. Ante la falta de respuesta oficial, el lunes 18 se impidió el paso a la altura de la caseta de peaje sobre el puente Coatzacoalcos I. Horas después, a las 15:30, un equipo antimotines desalojó a los manifestantes.

En el ojo del huracán, vilipendiada, la Fuerza Civil aguantaba la avalancha de imputaciones, el “levantón” como modo gangsteril, la desaparición forzada como método de actuar.
Llegó el martes 19. Acusada de todo, la Fuerza Civil, la policía de élite, los seals de Javier Duarte, guardaban silencio.

Pasado el mediodía, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz deslindó a los rambos jarochos. Dijo que los elementos de la Fuerza Civil eran ajenos a la desaparición de Iván Arévalo y Diego Corro, pero no aludió a los otros levantones.

Simultáneamente, trascendió que Iván y Diego habían regresado. Inundó a las redes sociales, lo difundieron portales informativos, lo consignan medios de comunicación. Decían que Iván Arévalo estaba sumamente lastimado, pero ya con sus familiares. Se prometió una conferencia de prensa que nunca llegó.

Día convulso, el lunes sirvió también para que los familiares de otros desaparecidos protestaran en la Subfiscalía regional de Coatzacoalcos. Piden que regresen, que los suelte la autoridad, que esclarezca si hay delito en su contra, si hay denuncia de por medio, pero que no les apliquen la desaparición forzada, que se sujeten a la ley.

Cartulinas en mano, elevaban el reclamo, apostados a las puertas de la dependencia, inútil su esfuerzo pues la intragable subfiscal, Samyra del Carmen Khoury Colorado, simplemente los ignoró.
Nada nuevo en Samyra Khoury. Así procede, no se sabe si por incapacidad, ignorancia, altivez, mala fe u orden del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”.

Samyra Khoury, a quien en el medio judicial se le recuerda como una simple secretaria a las órdenes del entonces juez federal Vicente Mariche de la Garza, hoy magistrado, agravó el clima de sospecha con su silencio. Pudo descartar que alguna aprehensión, pudo confirmar que hay delito que perseguir.

Ella no habló pero los familiares de los levantados sí.
A Eleazar Alvarado Villafuerte, uno de los desaparecidos, se lo llevaron cuando se hallaba en su domicilio, en la colonia Obrera.

Héctor Facundo Ramos también estaba en casa cuando un grupo de encapuchados lo sorprendió. Dicen sus familiares que portaban ropa negra, botas tipo militar. Una patrulla de la Fuerza Civil resguardaba a los embozados mientras se llevaban a Héctor Facundo.

Jonnhy Enríquez Orozco estaba en casa. De ahí lo sacó el grupo de encapuchados. Vive en la colonia Villas del Sur.

Por la casa de Manuel Cruz pasaron patrullas de la Fuerza Civil. Él vive en la calle General Anaya, colonia Constituyentes. Eran como las 00:31 horas del martes 12 de mayo. “Ya preguntamos en todos lados pero no nos dicen nada”.

Son cuatro casos de desaparición. Un quinto nombre de mantiene en reserva, pues el miedo inhibe a los familiares. Lo buscan. Cuestionan si hay denuncia, si le imputan algún delito, si violó la ley. Pero no hay respuesta.

Dice la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz que la Fuerza Civil no está implicada, que es policía de élite.

Para poco sirve el rollo oficial cuando lo que está en juego es la vida de las personas. La Fuerza Civil es mencionada en cuatro de los cinco casos, y en los de Iván Arévalo y Diego Corro.
Polémico el caso, ha provocado reacciones encontradas. Unos sostienen que los “desaparecidos” tienen implicaciones con el crimen organizado o la delincuencia común; otros sostienen que son víctimas de un atropello.

Como sea, si la Fuerza Civil actuó en contra de células delictivas, debió sujetarse a la ley. Aprehenden, acreditan que hay orden judicial, demuestran que hubo flagrancia, y consignan a la autoridad competente. Si no, es desaparición forzada.

Grave el dilema para Arturo Bermúdez Zurita (ABZ), secretario de Seguridad Pública de Veracruz. Ya exculpó a su Fuerza Civil. Ya dijo que no están implicados en la desaparición de dos levantados, Iván Arévalo y Diego Corro. Pero no alude a los otros cinco.

La impunidad va de la mano de la pandilla duartista. En septiembre de 2014, cinco jóvenes desaparecieron cuando circulaban sobre la carretera, cerca de Cosoleacaque. Sus fotografías en una instalación policíaca fueron filtradas a la madre de uno de ellos.

Ella lo subió a las redes sociales. Se acreditaba que estaban vivos, golpeados a mansalva, pero vivos. Y en manos de policías. Luego aparecerían en fosas clandestinas en el municipio de Tatahuicapan.

Se trató de desaparición forzada, tortura, asesinato, inhumación clandestina. Corroe la podredumbre al gobierno de Javier Duarte.

Nada dijo de ese crimen el secretario Bermúdez, míster West Point, una vergüenza para la afamada academia norteamericana.

Nada ha hecho el Señor Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, el fiscal del duartismo, que solapa y encubre la tortura policíaca. Ojo: caso Regina Martínez, donde el magistrado Edel Álvarez Peña hizo valer los agravios del supuesto cómplice del asesino, Jorge Antonio Hernández Silva, quien se autoincriminó luego de ser sometido a la tortura de los agentes policíacos. ¿Qué hizo “Culín” contra los tortuadores? Nada.

Quema las manos el caso Iván y Diego, y los otros cinco. Lacera al gobierno de Javier Duarte, el gobernador, a Bermúdez Zurita, a la Fuerza Civil, al fiscal Bravo.
Es desaparición forzada, una vez más.
 
Archivo muerto
 
Dice Lorenzo Córdova que su expresión fue “desafortunada”, pero que la grabación es “ilegal”. O sea, lo importante no es que se burle de los indígenas sino que lo hayan pillado. No, lo ilegal resulta irrelevante frente la descomunal burla del presidente del Instituto Nacional Electoral a un dirigente indígena. Es racista, insultante, despectivo. Revela la grabación de su conversación con el secretario general del INE, Edmundo Jacobo Molina, de qué lodo está hecho Lorenzo Córdova, evidente la doble moral, el doble lenguaje, la falta de ética, la hipocresía. “Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón”, se escucha decir a Córdova. “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones” Luego expresó: “No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames”, refiere Córdova entre carcajadas: “O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro cabrón, cabrón, no mames, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca’, no mames, no mames, está de pánico cabrón”. Racista, burlón, Lorenzo Córdova dice que la filtración es ilegal y que es un intento por desestabilizar al INE. Falso. No es el INE quien hace mofa de un dirigente indígena, ni lo compara con Toro Sentado. La burla sale de los labios de Lorenzo Córdova y de nadie más. Es la otra cara del joven presidente del INE, un racista que tiene en sus manos la elección federal... 

Brinca y se defiende Marcelo Montiel Montiel. Denuncia sustracción de documentos y falsificación de firmas, luego que circulara la supuesta denuncia que le interpusiera Pablo Ruiz Domínguez por el robo de los recursos de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social federal, unos 500 millones de pesos, que serían usados para su campaña a gobernador de Veracruz. Circuló la denuncia contra Marcelo en medios de comunicación, implicado él y su lugarteniente, Víctor Rodríguez Gallegos, frustrado aspirante a diputado federal por Coatzacoalcos. Contiene la denuncia lo mismo que escandalizó cuando el senador Alejandro Encinas Rodríguez, ex militante del PRD, revelara la mecánica de robo, la falsificación de firmas para cobrar las migajas que le envían a los beneficiarios de los programas, el cobro en cajeros automáticos e instituciones bancarias. Los videos con los testimonios los dio a conocer el diputado panista Juan Bueno Torio. Ahora se filtra la supuesta denuncia ante la PGR y el delegado de Sedesol responde con otra denuncia y su ya sobada expresión: “Es un montaje”. Dice el delegado de la Sedesol que Pablo Ruiz no es trabajador de Sedesol, que mintió a la autoridad al dar como domicilio la sede de la Secretaría de Salud. Sostiene que su actuación es apegada a la ley, que no manipula los programas sociales y que respeta el blindaje electoral. Quizá ahora sí, pero en 2013 no. Entonces secretario de Sedesol estatal, su dependencia entregaba cemento del programa federal Pisos Firmes en plena veda electoral, en Coatzacoalcos, y el cargamento fue inmovilizado por militantes del PAN. Hubo denuncia. Sobraba evidencia. Se difundieron los movimientos de las miles de toneladas de cemento que el marcelismo usaba para tener el voto de los colonos. Pero el asunto se durmió. Así operó Marcelo Montiel para llevar a la presidencia municipal a su nuevo entenado político, Joaquín Caballero Rosiñol. Así que eso de que respeta el blindaje electoral, a ver quién se lo cree. Increíble, ver a Marcelo defenderse como mapache boca arriba...

No es que no pinten, ni que no suenen. Es que el INE los dejó fuera de la boleta electoral. Son los dos candidatos independientes, Esteban Valles Martínez y Roberto García Alonso, el golpeador de periodistas. Contienden ambos por la diputación federal en el distrito de Coatzacoalcos, pero sus nombres no aparecen las 24 mil 999 boletas asignadas a las 35 casillas del municipio de Nanchital. Refiere Esteban Valles que no es error; es dolo. Se la aplicaron a 14 candidatos independientes en todo el país. Dice que los dejaron fuera de los spots. Acusa que el sistema de cómputo va a fallar y lo sabe porque Esteban Valles tuvo acceso a él, advirtió las fallas, las diagnosticó. De Roberto García Alonso qué decir. Es un simulador que trabaja para el sistema político, informante y apagafuegos de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, ex secretario de Gobierno de Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— y autor intelectual de la agresión al reportero Luis Briones Márquez, por lo que enfrenta una denuncia penal. Valles es una cosa; García Alonso otra...

¿Quién es ese líder que financia campañas de oposición con recursos de origen sindical, no para que algún candidato crezca sino para restarle votos a la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Rocío Nahle García? De entrada es delito, pues no es financiamiento oficial ni lo están reportando al INE como aportaciones privadas. Es dinero en efectivo, entregado mano a mano, sin documento, sin huella, sin pista que seguir...
 
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