* Tibieza y pobreza moral  * 428 universitarios la condenan  * El DIF y la podredumbre  * Las valoraciones ilegales  * Moreno y sus bufones  * Vuelo privado a Toronto  * Marcelo mató el sueño de Beto Chagra
 
Para entender a la rectora, hay que ir al psiquiatra. Es tibia y medrosa. No se debe al estudiantado ni lo prioriza. Evasiva y esquiva, tuerce la verdad cuando una agresión brutal, perpetrada por porros o un comando parapolicíaco, contra ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana exigía, por lo menos, una condena radical.

 

Hoy, 428 integrantes de la comunidad universitaria la increpan. Dicen que Sara Ladrón de Guevara miente. La perciben desinformada, ingenua, nada comprometida con la exigencia de justicia y reclaman de ella, como cabeza de la UV, un posicionamiento firme y contundente, “acorde con las gravísimas circunstancias del estado de Veracruz”.

 

Vive su Waterloo la rectora de la UV. Se le ve ajena, desentendida, al trágico momento que enfrentan los ocho estudiantes agredidos por un grupo de encapuchados la madrugada del viernes 5, en una vivienda de la calle Herón Proal, en Xalapa.

 

Le reclaman su tibieza. Repudian sus palabras para enfrentar a estudiantes, catedráticos y personal administrativo que marcharon por las calles, el lunes 8, y que condenaron el ataque parapolicíaco, que llegaron hasta la rectoría y doña Sara sutilmente se les escabulló.

 

Había sido rebasada. Movilizarse es un arma letal de la comunidad estudiantil. Es el puño que reta. Auspicia las voces que disienten, que señalan y denuncian, que reducen a nada el poder del gobernador.

 

Un día después, el martes 9, la rectora justificó su pasividad. Diría en un comunicado difundido en los medios de comunicación que ella, Sara Ladrón de Guevara, siempre estuvo de lado de los agredidos, que lo supo, que actuó en los minutos posteriores al ataque, que procuró su atención médica, que ha visitado a los jóvenes internados en el Centro de Especialidades Médicas.

 

Todo bien, quizá creíble, pero se le ocurrió hacer dos apuntes que precipitaron la condena:
“Me comuniqué personalmente con el gobernador del estado, Dr. Javier Duarte de Ochoa, y con todo respeto pero también con firmeza le solicité ordenara la investigación de los hechos, así como su intervención para garantizar que ningún miembro de nuestra comunidad vuelva a ser agredido bajo ninguna circunstancia. El ejecutivo estatal me manifestó que la investigación se emprendería de inmediato y que los responsables de esta agresión serían perseguidos de oficio”.

 

Se necesita ser ingenua para creerle a Javier Duarte.
El otro fue el acabose:
“Rechazo también cualquier intento por usufructuar el dolor y la situación por la que atraviesan los jóvenes y sus familias. Protesto contra quienes intentan capitalizarlo con un interés ajeno a la salud, recuperación e integridad de quienes sufrieron la agresión, que también lesiona a toda nuestra comunidad universitaria”.

Mejor no lo hubiera dicho. Aludir al gobernador con semejante doblez, sumisa cuando la dirigencia del Partido del Trabajo acusaba que se trataba de un acto de represión, de la criminalización de los estudiantes que mantienen una actitud crítica ante el gobierno; cuando un periodista Andrés Timoteo, de Notiver, en su Texto Irreverente señalaba que “los atacantes  encapuchados fueron entrenados en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía. Son de los suyos, de los acreditados, afirman en los mismos pasillos de palacio de gobierno”, provocó una reacción mayor.

 

Dicen los 428 integrantes de la comunidad universitaria que “el pronunciamiento de las ‘autoridades’ de la Universidad Veracruzana no solo es insuficiente sino falaz: sugiere que la comunidad universitaria no está bien informada, cuando han sido estudiantes quienes desde los primeros minutos de la agresión han estado cerca de los jóvenes y sus familias. El exhorto a informarnos ‘responsablemente’ es de una ingenuidad insultante: llaman a informarnos cuando ellos mismos están completamente alejados, y hasta ajenos, a la comunidad que supuestamente representan. ¿Informarnos responsablemente en un estado en el que los periodistas son asesinados y los crímenes permanecen en la impunidad? ¡Por favor!

 

“Exigimos a las autoridades de la UV que se responsabilicen de los gastos médicos, legales y psicológicos de los muchachos agredidos.

“Reclamamos de las autoridades universitarias un firme, claro y contundente posicionamiento institucional —acompañado de acciones concretas— a la altura de la comunidad a la que representan y sobre todo, acorde con las gravísimas circunstancias del estado de Veracruz.

 

“Demandamos castigo a los culpables materiales e intelectuales del brutal ataque a los estudiantes.

“Reclamamos el cese a la criminalización de la protesta y el activismo social”.

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional, logró agendar un exhorto para que la Procuraduría General de la Republica atraiga el caso de la agresión a los ochos jóvenes estudiantes, activistas y ambientalistas.

 

“La gravedad y brutalidad de la agresión —dijo—, el contexto político-electoral previo a los comicios del 7 de junio, así como la participación social y política que tuviesen los jóvenes, hacen suponer que fue un agresión dirigida y con la clara intención de lastimarlos y de provocar miedo la víspera de las elecciones.

“Por supuesto, estamos indignados con la cobarde agresión, y por eso nos sorprendió la actuación de las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia, quienes que no actuaron en forma expedita para atender e investigar con la prontitud que el caso exigía estos reproblables hechos”.

 

Protestan los estudiantes, los académicos, los egresados, los administrativos, la sociedad civil. Y lo hacen airadamente. Asumen que es un agravio a todos. Y retan. Lo que le hagan a uno, se lo hacen a todos.

 

Sara Ladrón de Guevara no se suma. Relegada por decisión propia, es timorata y gris en un tela medular. Debió salir de su cueva. Debió tomar la calle, encabezar al estudiantado, a los catedráticos, a su personal. Debió alzar la voz, exigir, condenar.

 

Sara Ladrón de Guevara es un ícono que se destiñó pronto. Nunca antes una mujer había asumido la rectoría de la UV. Le precedía un historial limpio. Aplaudía su nombramiento toda la comunidad.

Vive una crisis porque el silencio se vuelve complicidad, porque una agresión como la sufrida por los ochos jóvenes, atacados con palos con clavos, con bates de beisbol, con machetes, con equipo táctico, como si fueran policías, o como policías encapuchados, merecía un posicionamiento radical, una condena al hostigamiento y la intimidación.

 

“Nuestro dolor e indignación es profunda. Nuestra rabia y coraje indecible, nuestra voluntad inacabable”, refiere el comunicado signado por 428 integrantes de la comunidad UV.

 

“La artera, vil, cobarde golpiza a ocho jóvenes universitarios es una agresión a toda la comunidad de la Universidad Veracruzana. Los batazos, machetazos, golpes, patadas e insultos fueron asestados a ocho jóvenes que festejaban un cumpleaños, pero la embestida es contra todos nosotros. Tres jóvenes continúan hospitalizados con múltiples fracturas, con heridas de arma blanca, con el cuerpo adolorido, sin dientes, y los otros cinco están también lastimados, escondidos y con el estupor de no entender por qué fueron atacados. Estupor compartido por quienes no fuimos heridos, pero sí agredidos.

 

“Esta brutal agresión se da en el contexto de un deterioro social, económico, ambiental, de derechos humanos e institucional, de violencia contra las mujeres, en el estado de Veracruz y en México. La golpiza a nuestros compañeros va a la par de la violencia desatada en Guerrero, en Puebla, en Oaxaca, en la ciudad de México. Imposible separar esta violencia abierta de la lista negra de la SSP de Veracruz que ha circulado en días recientes, en la que figuran los nombres de varios universitarios y de compañeros y compañeras de organizaciones civiles. A todas luces, se trata de criminalizar la protesta social, de amedrentar, de acallar la crítica”.

Arde, pues, la comunidad UV. Repudia la agresión y también la represión. Identifica el origen, la acción del Estado, la estrategia del miedo, la embestida para silenciar.

Y la rectora se esconde. Entra y sale por la puerta de atrás, insultante su miseria moral, dócil su discurso, sin brío la exigencia de justicia al gobernador.
De veras, hay que consultar al psiquiatra para entender a la rectora.
 
Archivo muerto
 
Sacude Lilia Gema Santiago Ríos al DIF. Le imputa tropelías, valoraciones psicológicas falsas, trapacerías y enredos entre su titular, Jesús Moreno Delgado, y el empresario multiusos, Carmen Ramos Rodríguez, el esposo que falseando dichos, engañando autoridades, la mandó a la cárcel. Acusa que las corruptelas sirvieron para que un juez civil de pésimos antecedentes en la ciudad de Córdoba, ahora en Coatzacoalcos, le arrebatara la custodia de su hijo. Contundente, toca Lilia Gema Santiago, maestra de profesión, ella sí con título y cédula, las maquinaciones del director del DIF en Coatzacoalcos, conciencia del alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, celestino y cómplice de un grupo de pseudoprofesionistas que ejercen fuera de la ley, que suscriben documentos oficiales, que representan a la institución en instancias judiciales, sin acreditar que culminaron sus estudios universitarios, obtuvieron su título correspondiente y tramitaron su cédula profesional. Despojada de su hijo, Lilia Gema habla de las valoraciones ilegales suscritas por la pseudopsicóloga Patricia Salcedo Ramos, la que usa una cédula profesional que corresponde a una maestra del estado de Baja California, según el Padrón Nacional de Profesionistas, acreditado su delito pero encubierta por el clan Moreno-Cházaro-Caballero, denunciada penalmente, consignada y hoy con una orden de aprehensión. Perverso el marido, sin escrúpulos, Carmen Ramos la acusó falsamente de sustracción de menores y por ello Lilia Gema Santiago fue encarcelada, salió bajo fianza, fue absuelta. Ganó un juicio de amparo, ratificado en revisión en la ciudad de Mérida donde los magistrados le expresaron su sorpresa por las maniobras legaloides que se permiten en Veracruz. Su historia es de película, dramática, injusta, reacia a renunciar al derecho de tener a su hijo, arrebatado por un individuo que ocultó que tenía matrimonios previos y tras divorciarse, siempre se quedó con la custodia de los menores. Lilia Gema devela la podredumbre, exhibe la corrupción, las ligas entre Jesús Moreno y el susodicho Carmen Ramos para quitarle a su hijo. Y a todo ello responde Jesús Moreno con un rosario de mentiras, omisiones, medias verdades, usando el aparato de poder, el área de comunicación del ayuntamiento de Coatzacoalcos, y replicando sus embustes el coro de los infames a su servicio, agraviando con sorna, con burla, sin un gramo de inteligencia, cuando Lilia Gema Santiago ha planteado públicamente, de frente, con valor, con toda seriedad, en qué grado de putrefacción ha caído el DIF. Ese DIF que jefatura Jesús Moreno, el “compadre incómodo”, es el mismo que no pasaría la prueba de la yerba, ni el alcoholímetro. Y pensar que en manos de ellos quedan niños, jovencitas y familias enteras. Es el DIF donde cohabitan la primera dama y la viceprimera dama. Es el DIF donde el robo de las despensas lo aplica un connotado miembro de la familia real. Sobre dos de las pseudopsicólogas, Patricia Salcedo Ramos y Yahana Lozada Parra, protegidas de Jesús Moreno, penden autos de formal prisión y sus consecuentes órdenes de aprehensión. ¿Qué sigue? Lo del avión privado en vuelo a Toronto. Y la chica en turno...

 

Certeros, los dardos dieron donde tenían que dar. No se metió a la contienda Marcelo Montiel Montiel, el minicacique y delegado de Sedesol federal en Veracruz, por una fobia contra Rafael García Bringas. No era ese su objetivo. No lo hizo perder nomás porque sí. Quería sepultar políticamente a Roberto Chagra Nacif, candidato a diputado federal suplente del PRI en el distrito de Coatzacoalcos. A García Bringas no le vio tamaños para aspirar a la próxima alcaldía; a Beto Chagra sí. Era la figura del fidelismo, la carta del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, el candidato potencial a la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Coatzacoalcos en 2017. Y Marcelo operó. Una parte de su estructura no salió a votar; la otra parte, sí, pero en contra del PRI, con los votos suficientes para que aquello fuera irreversible. Así acabó el sueño de Beto Chagra de ser alcalde...
 
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