* Rubén Espinosa, Silvia, Claudia, Timoteo, entre la amenaza y el asedio  * La rectora evade el diálogo  * Y se pela por atrás  * Caballero y el daño ambiental  * García Bringas también amenaza  * Nuevo ataque en La Bestia   * Odebrecht y la privatización de SAS  * Gustavo Guerrero opera para Fidel, Duarte y Tony

 
A Rubén Espinosa le “caga” irse de Veracruz, ocultarse, andar con miedo, no poder trabajar. Trasluce ira. Sabe que si permanece un día más, le va a ocurrir lo que a los estudiantes de la UV, agredidos, tundidos a golpes, tasajeados con machete, a manos de un grupo parapolicíaco o paramilitar.

Prefiere el exilio. Rubén Espinosa es fotorreportero, corresponsal de la revista Proceso, de AVC, de Cuartoscuro, y un joven con conciencia de gremio, que habla y denuncia, que se irrita ante la muerte de los periodistas en Veracruz, por la impunidad, por la política de represión del gobierno de Javier Duarte.

“Me molesta, me caga estar así, aislado, con miedo, no poder chambear a gusto, pero prefiero salirme, antes que me pase lo que a los estudiantes”, dice a Proceso, en una información que alertó a todos, que encendió de nuevo los focos rojos sobre el Veracruz violento que ha dado, sólo durante la pesadilla duartista, 12 crímenes de comunicadores.

Su exilio es temporal. Se va mientras no haya condiciones para ejercer el periodismo, asediado por personajes extraños que lo siguen, que le pisan la sombra, que los halla aquí y allá, que le aplican marcaje personal.

Cuenta Rubén Espinosa:
“El pasado miércoles, tres hombres corpulentos, con actitud sospechosa y sin retirar sus miradas intimidatorias, me tomaron fotografías en las afueras de mi casa, ellos iban acompañados de un taxi… un sujeto, con bermudas blancas, playera azul de un equipo de futbol y zapatos de vestir, hizo movimientos corporales con toda la intención de que yo me percatara de que me estaban tomando fotografías”.

Ya los había visto afuera de su casa. Los vio por la mañana pero “no presté tanta atención”.
Posteriormente, tras cubrir el diálogo entre estudiantes y directivos de la Universidad Veracruzana, luego de la agresión que sufrieran los ocho alumnos, la madrugada del viernes 5, caminaba sobre la avenida Xalapeños Ilustres. Otros sujetos de “complexión delgada pero musculosa” le hicieron saber que tenía que “quitarme del camino” si no quería ser agredido.

“Algunos metros más adelante, al pasar por las instalaciones de la Policía Auxiliar, otros dos tipos, morenos, de cabello corto, corte tipo militar, que se encontraban en la parada de autobuses, afuera de una carnicería, me siguieron. Uno avisó al otro con el codo, me señaló con la mirada y de nueva cuenta no dejaron de seguir mi trayecto a lo que me resguardé en una tienda de artículos para bebé que se encuentra a contraesquina de la carnicería, los tipos cruzaron la calle, uno de ellos volteó, me retó con la mirada por última vez y se retiraron del lugar”, dijo Rubén Espinosa.

Sus temores tienen un por qué. Rubén Espinosa fue uno de los periodistas que se percataron que en la conferencia de prensa del Partido del Trabajo, en Xalapa, había tipos armados. Vestían de blanco. Dialogaban con los “orejas” del gobierno.

Ahí reveló el PT que el gobierno de Veracruz tenía una lista de estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, militantes de partidos políticos, catalogados como “incómodos”.

Filtrado al PT, el documento se denomina “Balance Electoral 2015”. Lo elaboró o pasó por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno veracruzano y en ella se tilda a los “incomodos” de “anarquistas” y “desestabilizadores de elecciones”.

Rubén Espinosa participó en la colocación, por segunda vez, de la placa con el nombre de Plaza Regina, en Plaza Lerdo, frente al palacio de gobierno, en Xalapa. Una vez la pusieron, fue retirada, la volvieron a colocar y acaba de desaparecer, obvia la irritación del gobernador, obvia la afrenta, obvia la repulsa porque el crimen de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, fue un antes y un después para Javier Duarte.

Ese 9 de junio, Rubén Espinosa participó en la recolocación de la placa. A su lado y de frente tenía a “orejas” del gobierno. Con ellos había pseudoperiodistas infiltrados, uno de ellos que se hacía pasar por reportero de Imagen del Golfo, desmentido luego por el propio portal.
A Rubén Espinosa, como a otros periodistas, le tomaron fotografías. Y después comenzó el asedio, hostigado, con la amenaza constante.

No es el único. Claudia Guerrero Martínez, autora de la columna Entre lo Utópico y lo Verdadero y directora del portal Periódico Veraz, le agredieron las instalaciones de su medio los integrantes del Movimiento de los 400 Pueblos, a las órdenes del ex presidiario César del Ángel, auspiciador de desnudos de menores de edad, grotesco espectáculo que genera dividendos políticos para el patrón del mal.

Al periódico Veraz lo atacaron los encuerados con piedras y huevos, lanzados a granel, ante la mirada pasiva, complaciente, cómplice de la policía estatal.

Luego irían por más. Claudia Guerrero los denunció y en respuesta le rodearon su casa. Impedían entrar y salir, un secuestro vil, al gusto de la pandilla duartista.

Silvia Núñez, columnista, autora de Fuera de Foco, enfrenta una amenaza tan sutil como siniestra.

Reveló los pormenores de la traición en Movimiento Ciudadano para que su candidata a diputada federal en Veracruz, Carolina Aragón, no creciera, no criticara a su adversaria del PRI, Anilú Ingram Vallines, ni al gobernador Javier Duarte, ni al líder magisterial Juan Nicolás Callejas Arroyo, y a cambio recibió un mensaje con filo: “Saludos a Regina. Cuídate”.

Denunció a sabiendas de la complicidad del gobierno duartista, que no se mueve un dedo en el área judicial si se trata de defender y garantizar el trabajo de los periodistas.

Andrés Timoteo, titular de Texto Irreverente, que se publica en el periódico Notiver, corresponsal de La Jornada en Xalapa, decidió autoexiliarse en 2012, tras el asesinato de Regina Martínez, su entrañable amiga. Trascendió entonces que Andrés Timoteo figuraba en una lista negra, que sería asesinado junto a tres periodistas más. Salió de Veracruz y se fue a radicar a Francia.

Son tres pero hay más. A reporteros del Corporativo Imagen y de FM de Veracruz los reprime la policía. Son atacados por realizar su trabajo periodístico. Los hostigan, les impiden tomar fotografías, los confinan en cuarteles policíacos, son objetos de burla mientras reciben golpes. Y cuando se les denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública del “general” egresado de la Academia Bancaria y Comercial, Arturo Bermúdez Zutira, simula que sanciona a los esbirros.

Hoy es Rubén Espinosa. Dice que le “caga” estar así, aislado, con miedo, pero que es preferible antes que le ocurra lo que a los estudiantes de la Universidad Veracruzana, agredidos a punta de batazos y machetazos, la madrugada del viernes 5 de junio.

Se tuvo que ir. Dejó Veracruz el viernes 12. Lo asediaban, lo seguían, le tomaban fotografías, les dijeron que se “quitara del camino”.
Fue mejor que quedarse a morir.
 
Archivo muerto
 
Qué desfiguros hace Sara Ladrón de Guevara. Acude a un foro sobre violencia, habla, echa rollo, evita el diálogo y se esfuma. Irrita así la rectora de la Universidad Veracruzana a los alumnos y académicos que ahí la tenían, fugazmente, para abordar el tema de la agresión a ocho alumnos, para fijar su posición en torno a la represión oficial, para dilucidar si está al frente de la UV o agazapada en un rincón. Entró la rectora por la puerta trasera al salón, en el Museo de Antropología de Xalapa, el lunes 15. Tomó la palabra. Habló. No escuchó. No dialogó. Se marchó. Desató la crítica, el reproche, agravó el repudio. No es rectora Sara Ladrón de Guevara porque un rector está al lado de sus alumnos, apuntalada por la comunidad universitaria. Es rectora de membrete, de palabra, de fachada, una máscara y nada más. Mientras, en el DF el caso de los estudiantes agredidos la madrugada del 5 de enero por un grupo parapolicíaco o paramilitar, escala y se redimensiona, crece y es retomado por los principales organismos de derechos humanos, por Artículo 19, por ONG internacionales. Ellos denunciando allá y la rectora, acá, saliendo por la puerta de atrás...

 Sabía que era terreno intocable. Y aún así quiso violar la ley. Megabronca ambiental, jurídica y política, la que enfrenta Joaquín Caballero Rosiñol. Pillan al personal del ayuntamiento en el basurero de Las Matas, sobre un área incendiada, en derecho de vía de Comisión Federal de Electricidad. Ahí seguía depositando los desechos sólidos, la basura, como hizo por espacio de tres años, violando la clausura ordenada por la autoridad ambiental. Ya antes había usado un terreno rumbo a Las Choapas, propiedad del delegado de la Profepa estatal, Rafael Dehombre López, en una incongruencia total, pues el encargado de velar por la protección al ambiente permitía y hasta se beneficiaba del tiradero de basura. Luego fue Villa Allende, donde también era inviable. Ahora vuelve al basurero de Las Matas que se halla en estado de clausura. Y a viola. Si bien le va, CFE podría abstenerse de cursarle una denuncia penal federal por delito ambiental. Pero si no, Caballero enfrentará a la ley... Incorregible, Rafael García Bringas es Rafael García Bringas. Un día se le vio liarse a golpes en el anexo al palacio municipal con el presidente del comité del carnaval. Otros, increpar a la oposición en la radio, invadir sus espacios de publicidad, refutarlos, atropellar el tiempo que los adversarios del PRI pagaban para exponer su oferta política. Siendo panista, insultaba a los líder priístas, que de “caciques y putos” no bajaba, uno de ellos Ramón Hernández Toledo, el otro Marcelo Montiel Montiel. Pero regresó al PRI. Ahí le cobraron los agravios, lo engañaron, convencido que sería diputado federal por Coatzacoalcos. Lleva en sus adentros la hipocresía. Suelta frases de aprecio, respeto, hermandad. Y ya en corto profiere amenazas, amagos de violencia, como bandolero y rufián. Así es García Bringas, el doble cara, en el decadente final de su carrera política...

Atacan de nuevo a migrantes en Veracruz. Ocurrió en La Bestia, a bordo del tren, el sábado 13, en las inmediaciones de Tembladeras y San José del Carmen, municipio de Las Choapas, cuando criminales irrumpieron y aplicaron su cobro de cuota. Exigían los 100 dólares para poder continuar su camino hacia Estados Unidos. Muchos carecían de recursos. Los agredieron a punta de machete y con armas de fuego. Por lo menos 10 migrantes centroamericanos resultaron heridos, siendo trasladados al DIF municipal. Veracruz sigue siendo un infierno para quienes provienen de otros países en calidad de indocumentados. Y las cifras no mienten. Van 250 migrantes desaparecidos, según reporte del Movimiento Migrante Mesoamericano. Es Veracruz la entidad donde se registra este fenómeno, seguido de Tabasco y Oaxaca. Dice el sacerdote Alejandro Solalinde, presidente de Pastoral de Movilidad Humana en el Pacífico Sur y director del albergue Hermanos en el Camino, que el Plan Frontera Sur del gobierno federal no tiene por objeto garantizar los derechos humanos de los indocumentados, sino cazarlos y repatriarlos. Acusa Solalinde que la desaparición de migrantes involucra a autoridades, que hay extorsión por parte del Instituto Nacional de Migración, que a los niños migrantes los desaparecen y trafican con sus órganos. Y que Veracruz es el cementerio clandestino más grande de migrantes de todo el país...

Un nombre: Gustavo Guerrero Sánchez. Es el representante del consorcio Odebrecht-Aguas de Barcelona, “ganadora” de la licitación por el Sistema de Agua y Saneamiento del puerto de Veracruz. O sea, una mascarada vil, pues Gustavo Guerrero Sánchez es aquel director jurídico de INVIVIENDA que en los tiempos de Fidel Herrera Beltrán en el gobierno de Veracruz, acabó con las reservas territoriales. Gustavo Guerrero orquestó despojos y fue vencido en cientos de juicios. Luego se abrió de INVIVIENDA. Se convirtió en asesor legal del suegro del gobernador, Jesús Antonio Macías Yazegey. Ahora reaparece como representante de la tramposa Odebrecht, la que ha hecho trastupijes donde ha ido, violando leyes. Si Gustavo Guerrero está inmiscuido en la asignación de SAS a favor de Odebrecht, es que ahí está el fidelismo y el duartismo. Dicen los insiders que luego van por CMAS de Coatzacoalcos. O sea, los políticos privatizan los sistemas de agua y los políticos se convierten en sus dueños. Y a encarecer en un 400 por ciento el servicio, como denuncia el diputado federal de Morena, Manuel Huerta...
 
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