* Los agredidos de UV, en el DF  * Golpeadores contra fotorreporteros  * Revuelta en Tamiahua  * El crimen que provocó la quema del palacio  * ¿Fidel y las acusaciones contra Marcelo?  * Las fobias del alcalde de Acayucan  * Renato y el auto para la prensa  * Día clave en el Caso Goyo  * Resolverán el amparo
 
No agreden para matar. Su furia tiene otra intención. Amedrentan, buscando disuadir y sembrar terror.
Son los porros que operan en las sombras, los escuadrones parapolicíacos, el puño del sistema que intimida, a veces embozados, que se cubre el rostro, que así como usan máscara de payaso, se muestran como son.

No llevan armas. Usan tablas con clavos, bates de beisbol, machetes, toletes, bastones eléctricos, instrumentos usados para agredir. No hablan, insultan; no advierten, amenazan.
Es represión científica, calculada, sin víctimas mortales. Es represión que advierte, que lanza el mensaje, que invita a sofocar la protesta.

Llega al Distrito Federal el caso de los ocho universitarios agredidos la madrugada del 5 de junio, en Xalapa. Auspician su denuncia las agrupaciones de derechos humanos de mayor peso en el país. Los escuchan, les dan foro, exhiben el nivel de violencia que domina a Veracruz.

No hablan de un asalto ni de un conflicto casual. Es la violencia institucional, concebida y nacida en las entrañas del régimen duartista, evidente la intolerancia del gobierno de Veracruz a la protesta y al reclamo, a la manifestación pública y a la denuncia popular.

Frente a los medios de comunicación plantean tres de los ocho alumnos de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana cómo se perpetró el ataque, sus motivaciones, la lista negra elaborada por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, muestra palpable de que el gobierno de Javier Duarte reprime violando la ley.

Dice la catedrática Giovanna Mazzotti que se trató de un atentado “perfectamente planeado para no matarlos, sino para dejarlos marcados y diseñado para generar miedo a la población movilizada”.
Retoma sus palabras el portal de la revista Proceso. Para Giovanna Mazzotti “el ataque tiene una dedicatoria para los estudiantes que apoyan diversos movimientos sociales, que se congregan usualmente en el campus de la UV, de donde parten hacia marchas.

“Por las señas de las lesiones (contusiones en el cuerpo, fracturas en brazos, cabeza y machetazos) —agrega— se trató de una estrategia para castigar la participación social ante una serie de inconformidades sociales”.

En otra parte de la reseña, cita Proceso el relato del joven Ignacio Córdova:
“Con una férula en la mano izquierda y puntos de sutura en la frente, Ignacio Córdoba recordó que los ataques al sector estudiantil, a los activistas y periodistas se agudizó a partir de 2011, en tanto que en noviembre de 2012 y septiembre de 2013 se registraron ‘detenciones arbitrarias, se sembró droga y armas’ a activistas que participaron en movilizaciones.

“Conmocionado aún por los hechos del viernes 5, Córdoba narró cómo fueron agredidos por unos 10 hombres armados con machetes, tablas con clavos, armas de fuego y bastones, uno de ellos con una máscara de payaso, otros con pasamontañas y uno más con el rostro descubierto y corte tipo militar.

“El estudiante de ingeniería relató que luego de la incursión del grupo que denominó ‘paramilitar’, acudieron policías que, lejos de ayudarlos a perseguir a los agresores, sacaron fotografías y humillaron a las víctimas, hasta que arribaron defensores de derechos humanos a los que los jóvenes buscaron.

“Fueron los defensores quienes los llevaron al hospital de la Cruz Roja, donde se levantó una denuncia de oficio que hasta ahora no ha sido desahogada, apuntó”.

Para los defensores de derechos humanos, el caso Veracruz es paradigmático de la violencia institucional. Dice Araceli Olivos, del Centro de Derechos humanos Agustín Pro Juárez, que “Veracruz es el estado que ocupa el primer lugar en desapariciones forzadas, según datos de la propia Procuraduría General de la República”.

La agresión perpetrada contra los estudiantes de la UV “se enmarca dentro de un contexto de violencia generalizada contra los movimientos sociales y la libertad de expresión en la entidad”.
Se persigue con “brutalidad extrema” y “hay persecución a activistas sociales”.

Su caso ya escaló a esferas nacionales. Advierte el nivel de represión, el uso del aparato de estado para sofocar la protesta, la movilización popular, la denuncia ante el deterioro de la seguridad y violencia, la quiebra de las finanzas, el endeudamiento brutal, el rezago social, la corrupción y el saqueo.

Javier Duarte se halla en el centro del escándalo. Le llueven acusaciones por los constantes actos represivos en que aparecen policías con uniforme y vestidos de civil.

Uno de ellos ocurre el miércoles 17. Tres fotógrafos de prensa son agredidos por supuestos campesinos que participaban en una protesta frente al palacio de gobierno de Xalapa.

Embozados, cubiertos sus rostros con pañuelos, los tipos golpean, intentan robarles sus equipos fotográficos, los intimidan. Minutos después repiten la acción.
Es la marca de la casa. Es el régimen duartista, que amedrenta para sofocar la protesta social.
 
Archivo muerto
 
A pedazos se cae Veracruz. Un crimen, el del joven Jadir García, desató la ira del pueblo de Tamiahua. No cayó en manos de los malosos. Fue algo peor. Lo detuvo la policía, lo torturó hasta el límite, le fue arrancando la vida. Jadir García fue trasladado a un hospital de Tuxpan y ahí murió. Detonó ese suceso, la tortura policíaca, el abuso, el agravio, una protesta general. Fue apresado el policía criminal que encabezó la agresión y dos elementos más. Pidió entonces el pueblo el cese del alcalde Martín Cristóbal Cruz, fidelista puro, y al no concederlo los enviados de la Subsecretaría de Gobierno, por ser atribución del Congreso estatal, se precipitó la crisis. La madrugada del miércoles 17 fue incendiada una parte del palacio municipal de Tamiahua. Dice el subsecretario Marlon Ramírez, con su habitual imprudencia, que se encausará penalmente a los policías involucrados en el crimen y también a los ciudadanos que le prendieron fuego al inmueble municipal. O sea, échele gasolina a la hoguera para que arda más...

Dicen los fidelistas que su líder, Fidel Herrera, no tuvo que ver; dicen los marcelistas que sí. Habría partido del fidelismo la filtración que dio pie a la denuncia contra el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social federal en Veracruz, Marcelo Montiel Montiel, sobre robo de recursos de los programas sociales y coacción a beneficiarios. Le llegó la información al senador Alejandro Encinas, ex del PRD, y al diputado panista Juan Bueno Torio, quienes le dieron trámite legal. A los marcelistas no les queda duda: el caso lo urdió el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y su objetivo era forzar a MMM a operar en el distrito de Coatzacoalcos, donde perdió el PRI, el candidato propietario a diputado federal, Rafael García Bringas, y su suplente, Roberto Chagra Nacif, a quien Fidel pretendía posicionar rumbo a la próxima alcaldía. Marcelo no cedió y el proyecto Chagra fracasó...

Marcos Martínez reprime, aprieta y deja sin trabajo a sus adversarios políticos. Tres de ellos, auxiliares de regidores de oposición, salieron de la nómina del ayuntamiento de  Acayucan porque así lo decidió el alcalde. Argumenta que falta dinero, que el presupuesto no soporta. Se van los auxiliares de regidores de oposición, pero se quedan los asistentes de los funcionarios de confianza, los que sean, que para ellos sí hay. Son las fobias de Marcos Martínez. Otras las dirige a los periodistas que exhiben el desgobierno plagado de ocurrencias y transgresiones a la ley. Uno de ellos, Demetrio Andrade, quien encabezaba una protesta pacífica de vecinos y comerciantes por el mal servicio de agua potable, y les envía porros para reventar la manifestación. Gobierna Marcos Martínez con grupos de choque, creído que el poder es eterno, que la impunidad es absoluta y que la complicidad lo salvará de enfrentar a la ley...

No legisla ni se para por el Congreso de Veracruz. Usa su tiempo —y sus dietas, sus apoyos, su partida para gestoría— para agitar, tomar carreteras, buscar a un pobre diablo que sea su doble, para cantar. Es Renato Tronco un diputado inútil, pero cuando se trata de figurar, organiza un convivio con los periodistas, los agasaja, celebra con ellos la libertad de expresión, no olvidando, sí ocultando cuánto le calan las críticas y las denuncias de corrupción en su contra, o cuanto le irrita la imputación, aún en los archivos de la Procuraduría hoy Fiscalía de Veracruz, de ser el autor intelectual del crimen del ex regidor del PAN en Las Choapas, Alfredo Pérez Juárez. Renato quiere congraciarse con los periodistas. Les arma un convivio. Rifará un automóvil. Su invitación refleja toda la procacidad que distingue a Renato: “Amigo periodista, sácatelo, gózalo. Y ni se te ocurra comer, pa’ que te entre toda la parrillada y la taquiza, y para que se te baje el bailazo con Faraón de Chicago y entre risa y risa sin apuro ni prisa, disfruta la presentación del Show 2”. Finísima persona...

hoy, día clave en el juicio contra los presuntos asesinos del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Resolverá el Poder Judicial Federal si otorga el amparo a Teresa de Jesús Hernández Cruz, “La Tere”, y cómplices, ella acusada de la autoría intelectual del levantón y muerte del comunicador, el 5 de febrero de 2014, en Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, cuyo cuerpo apareció en Las Choapas, seis días después, en una fosa clandestina. Fuentes de la Fiscalía General de Veracruz aseguran que les será negado el amparo, que seguirán presos. Lo mismo presumía el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras de los supuestos asesinos del pastor Claudio Martínez Morales, y hoy están libres porque se les torturó para que se incriminaran. Día crucial...
 
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