* Investigado en Brasil; corrido de Ecuador  * El caso Akar  * Rozendo Pinto le miente a la autoridad * Sainete panista en el Congreso  * Sumergido está Veracruz por la impunidad  * Slim se apodera del túnel  * Revocan amparo a asesinos de Goyo Jiménez  * Posible condena de 70 años
 
Corrido, denostado donde va, fustigado por el presidente Rafael Correa que les cerró las puertas de Ecuador, Odebrecht es un titán que exprime al constructor, auspicia prácticas monopólicas, lo aprieta, lo revienta y deriva los saldos en la planta laboral.

Rafael Correa les imputa una “estafa” pues en 2007 Odebrecht construyó la hidroeléctrica San Francisco y resultó un fiasco. En noviembre la echó a andar y siete meses después, en junio de 2008, tuvo que parar. Le hallaron fallas estructurales en su construcción, según un despacho de la agencia española EFE.

Pretendía el presidente de Ecuador que Odebrecht asumiera su responsabilidad, que reparara los daños, que se ajustara a un nivel de calidad.

Odebrecht no cedió. Correa le acumuló los cargos, halló otras irregularidades en cuatro obras más que se le habían asignado y expulsó a la empresa brasileña de Ecuador, refiere EFE.

Odebrecht quiso cobrar las reparaciones por un trabajo que era su responsabilidad. Dos veces concilió el gobierno sin resultado alguno. “Han estado acostumbrados a hacer lo que les da la gana —dijo el presidente Correa— y creyeron que podían seguir haciéndolo”.

Rafael Correa usó entonces una expresión demoledora:
“Dos veces se intentó llegar a un acuerdo y las dos veces fue esta compañía la que creyó que se podía burlar del país, que podría coimarnos (sobornarnos) o ablandarnos y se equivocaron del medio a la mitad. Fueron expulsados del país y ahora están diciendo que todo fue politización”.
Por esa estafa, como la llamó el presidente Correa, se emprendieron acciones legales, civiles y penales, un lunar en la piel de Odebrecht.

Odebrecht construye Etileno XXI, la planta de insumos plásticos cuyo costo es superior a los 5 mil 200 millones de dólares, en terrenos de Nanchital, municipio veracruzano que sólo ve pasar la riqueza, sin traducirla en desarrollo, sin empleo de calidad, sin que sea la plataforma para su despegue.

Su fama es deplorable. En Brasil, figura entre una veintena de empresas acusadas de integrar un cártel para agenciarse los recursos del gigante petrolero Petrobras.
Fueron 23 empresas. Todas fueron vetadas, suspendidas mientras se realizaban las investigaciones, acusadas de repartirse los negocios de Petrobras, en uno de los mayores escándalos de corrupción del país sudamericano.

Varios funcionarios de Petrobras pararon en la cárcel. Las empresas señaladas, que fueron objeto de un “bloqueo cautelar”, aceptaron colaborar con la justicia a cambio de la reducción de sus condenas.

Según despachos de prensa, las compañías involucradas eran: Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Odebrecht, Mendes Junior, QAS y Queiroz Galvao.

En Perú, Odebrecht fue señalada de beneficiarse de contratos otorgados por el gobierno de Alan García, a cambio de la donación del “Cristo del Pacífico”. Las imputaciones provenían de otras constructoras desplazadas o ninguneadas.

Y así va a acumulando críticas, denuncias, acusaciones, todas con el sello de la corrupción, tráfico de influencias, estafas.
México no es la excepción. Protagonizó un conflicto en Jalcomulco por la construcción de una presa hidroeléctrica que generaría un impacto ambiental y afectaría las actividades de los habitantes de la zona centro de Veracruz, a lo largo del río La Antigua.

Organizados, en pie de lucha, los habitantes de aquella región replegaron a la constructora. Protestaban a diario. Se manifestaban. Y obligaron a retirar su maquinaria, sin que por ello desistiera Odebrecht de realizar la obra.

Etileno XXI es caso aparte. Aquí avanza el proyecto de 5 mil 200 millones de dólares. Se da lustre. Le dedican espacios los medios nacionales. Dicen que es la mayor inversión privada del país y que está pronta su finalización.

No hablan de su historia negra. No dicen que en el trayecto al paraíso hay atropello a la ley, prácticas monopólicas, abuso de poder, maltrato al constructor y el consecuente impacto a la plantilla laboral.

Lo vive así un grupo de trabajadores de la empresa Akar Inmobiliaria, cuyo conflicto con Ethylene XXI Contractors, encargada de la construcción del proyecto Etileno XXI, los tiene en la indefensión, sin recursos, sin un centavo y en la total incertidumbre.

Se la viven en los tribunales laborales. Demandan justicia, exigen el pago de sus días laborados y lo que resulte.
Han ganado dos laudos y ni así pueden cobrar. Odebrecht o Etylene XXI reventó a Akar Inmobiliaria. Le dejó de pagar. La aplastó y arrastró a los trabajadores.

Ellos acusan al apoderado legal de Etileno XXI, Eduardo de Lima Rozendo Pinto. Lo hacen responsable de su tragedia laboral. Exponen los hechos, desnudan los embustes.

Requerido por la Junta de Conciliación y Arbitraje número 16 de Coatzacoalcos, para que aportara los recursos retenidos a la compañía Akar, a fin de garantizar el pago a los trabajadores, la filial de Odebrecht incurrió en maniobras y subterfugios para evadir la entrega de recursos.
Lo consigna la Junta de Conciliación:

“El C. Eduardo Lima de Rosendo Pinto, en su carácter de apoderado legal de Etileno XXI México, mediante el cual en atención al oficio girado por esta autoridad con número JE15/979/2015, informa que no existe a la fecha ninguna suma disponible para pago a favor de la demandada en autos (Akar Inmobiliaria, S.A. de C.V.)”.

Etileno XXI falseó la verdad. Un oficio elaborado por el apoderado legal de los trabajadores demandantes, Roberto Oscar Pérez Rivera, deja en claro que sí existe una partida generada por los trabajos realizados por Akar Inmobiliaria para garantizar cualquier contingencia laboral.

“Importe que la subcontratista deja en garantía de contingencias laborales... 1’881.937.39 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.) de donde se desprende que el apoderado legal de la empresa Ethylene XXI Contractors SAPI de C.V., señor Eduardo Lima de Rozendo Pinto, se encuentra faltando a la verdad ante esta autoridad laboral, en su escrito de contestación al oficio  numero JE15/979/2015”.

Piden los trabajadores a la Junta de Conciliación que se vista al Ministerio Público para que Eduardo de Lima Rozendo Pinto responda por los delitos que se le imputen, obvio falsedad de declaraciones a la autoridad.

Con esa cantidad, se garantiza el pago de las cantidades demandadas por los trabajadores de Akar Inmobiliaria.

Llámese Odebrecht, llámente Ethylene XXI o llámese Etileno XXI, las transgresiones a la ley son evidentes. Y no sólo es el aspecto laboral, provocado por la rescisión de contratos a las compañías constructoras. Es la práctica monopólica al obligarlos a contratar fianzas con un par de firmas ad-hoc. Fuera de ellas, ninguna fianza es aceptada.

Odebrecht no cambia. Donde va siembra discordia. Sea Brasil, Ecuador, Perú, o Jalcomulco o Nanchital, si no es falta de calidad, es impacto ambiental, conflictos laborales, tretas para reventar al constructor.
Qué historia. Hay más.
 
Archivo muerto
 
Flota aún el Caso Gregorio Jiménez de la Cruz. Se extingue la posibilidad de que los presuntos asesinos logren su libertad. Día crucial, el jueves 18, cuando el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, revocó el amparo otorgado por la juez novena de Distrito, Irma Caudillo, quien había determinado que a los acusados no se les permitió contar con asistencia legal y que había evidencias de tortura. Concedió un amparo liso y llano que les abría la puertas de la cárcel. Interpuso un recurso de revisión la Fiscalía General de Veracruz y la sentencia dejó sin efecto el amparo, según consta en el expediente 429/2014. No hubo violación al debido proceso. Queda ahora concluir el juicio en ámbito del fuero común. Teresa de Jesús Hernández Cruz es acusada de la autoría intelectual del periodista, reportero de Notisur, Liberal y La Red. Los autores materiales son: José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera, Juan Manuel Rodríguez Hernández y Gerardo Contreras Hernández. Deja el caso el terreno federal y se espera la sentencia condenatoria de entre 40 y 70 años...

Sainete mayúsculo en el Congreso de Veracruz. Airados, los diputados panistas protestan e ironizan. Reaccionan contra el sesgo que toma el túnel sumergido de Coatzacoalcos, la obra en el abandono, su reactivación, los capitales de Grupo Carso, la corrupción encubierta, la impunidad. Y frente a ellos, desde la tribuna, teléfono celular en mano, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, retador, desdeñoso con los legisladores, simulando ignorar que esa bancada legalmente constituye un poder superior al suyo, Tomás Ruiz González les clava la foto. Ellos increpan y cuestionan. Exhiben los panistas cartulinas con reproches hirientes, crítica y sentencia: “Veracruz sumergido pero en la impunidad”; “El túnel sumergido de la fidelidad, de la prosperidad, de la impunidad”; “9 secretarios + 10 años de irregularidad y opacidad = túnel sumergido”; “En Veracruz, la infraestructura y obra pública está sumergida”. Llevan cucharas para mover el mole y dicen los diputados pitufos que “todos se han servido con la cuchara grande”. Exhibían mantas en que sentenciaban que el túnel “está sumergido en la impunidad, en la corrupción y opacidad”. Triplicada su inversión, el túnel sumergido de Coatzacoalcos alcanza ya los 5 mil millones de pesos. Debió costar mil 700 millones y haberse realizado en un par de años. Van nueve desde que inició formalmente su construcción. Ha sido un barril sin fondo, con fuga de recursos, pago de facturas sin proyecto de por medio, un saqueo en el que participan empresarios y funcionarios, disponiendo de recursos de origen federal, estatal y lo que genera el cobro de peaje de la caseta ubicada sobre el puente Coatzacoalcos I. Halló el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz inconsistencias por 225 millones de pesos, correspondientes al ejercicio presupuestal 2012, no solventadas. Y nadie toca a los responsables. Le encontró la Auditoría Superior de la Federación decenas de irregularidades, violando normas, atropellando el proyecto. Sumergido el túnel y también la moral, la ética de quienes manejaron los recursos de origen público. Son 5 mil millones de pesos invertidos en un elefante blanco, una obra sin lógica, sólo para unir a Coatzacoalcos con la cosmopolita Villa Allende, una congregación atrapada en el rezago social, y la zona de los complejos petroquímicos, y nada más. Demanda el PAN que no haya impunidad, que no se le dé carpetazo a las investigaciones, que se castigue a los culpables, a quienes saquearon hasta acabar con los fondos para concluir la obra. Se amplia la concesión a 45 años, luego que Grupo Carso, de Carlos Slim, adquiriera el 25 por ciento de las acciones de FFC Construcciones, la empresa española titular del consorcio Cotuco, responsable de realizar la obra hasta que paró si no le seguían fluyendo los millones de pesos. Irrita al diputado del Partido del Trabajo, Fidel Robles Guadarrama, la solución hallada para reactivar la construcción:. “No se trata de ir en borrón y cuenta nueva. Es una pasarela electorera que cree que por ir con el hombre más rico del planeta y traerle mil millones de pesos puede resolver los problemas en Veracruz”, expresó. Dijo que es un acto vergonzoso aprovecharse de esta situación. Acusados de bribones por el ex titular de SIOP, Gerardo Buganza Salmerón, quien alegaba que ya se les había pagado hasta el último centavo —o sea que para ellos sí había pagos por adelantado—, Cotuco y socios terminaron demandando al gobierno de Veracruz, y el gobierno de Veracruz haciendo lo mismo con ellos. En noviembre de 2014, Carso se convirtió en el principal accionista de FCC, y entonces se avizoraba que Slim iría tras el túnel sumergido de Coatzacoalcos, como finalmente ocurrió. No inquieta que Carso tenga la concesión. Lo que indigna es que se haya extendido de 30 años a 37 y finalmente a 45. Y que haya llegado cuando la mesa estaba servida. Y que a la fecha no haya un solo culpable del saqueo, llámense fidelistas o duartistas. Y que nadie investigue el fraude de Cotuco. Irreconocibles, los diputados panistas en el Congreso parecían perredistas, o ahijados del Peje López Obrador. Y mientras satirizaban la comparecencia de Tomás Ruiz, el secretario de infraestructura sacaba su cel, los encuadraba y les tomaba la foto. Al diablo con las investiduras...
 
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