* Uno de los alumnos deja el país  * Arremeten catedráticos contra la rectora  * Lula da Silva y Odebrecht  * A punto de recuperar Jalcomulco  * ¿Y si le pintaron la Z para despistar?  * Gladys y el basurero  * Acusaciones sin ganas de acusar  * Dos Yunes con Robles  * El Señor de las Calenturas y la denuncia

 
Nada es peor que el miedo. Lo saben ocho jóvenes, alumnos de la Universidad Veracruzana, agredidos y amenazados, tundidos y marcados con las huellas de la violencia, que desata la ira, que provoca el reclamo y que, en uno de ellos, precipita su salida del país.

Se va al exilio, aquejado por la presión, inerme y sin garantías, temeroso que el ataque del 5 de junio, aquella madrugada en que celebraban el cumpleaños de uno de ellos, vuelva a ocurrir.

Deja la UV. Causa baja en la Facultad de Pedagogía, donde cursaba sus estudios hasta que enfrentara la ira despiadada de un comando de porros, del grupo parapolicíaco que irrumpió en la casa de la calle Herón Proal, cerca de la Unidad de Humanidades y cerca del PRI estatal, en Xalapa, y los tundió a golpes, con tablas con clavos, con machetes, con toletes, con bastones eléctricos y con armas largas.

Si vida pendía de un hilo, mientras aquellos malvivientes desataban el odio que llevaban dentro, amenazando, con un “ahora sí se los cargó la v...”, con gritos que parecían ser pieza de una orgía demencial.

De los ocho jóvenes agredidos, tres pararon en el Centro de Especialidades médicas y de ahí, por la falta de información parcial o la no información a los familiares, se les trasladó a un hospital privado. Los tres lograron salvar la vida.

Llevan, sin embargo, las huellas de la agresión. En su piel se observan las marcas que deja el golpe del machete o los clavos de las tablas y los bates de beisbol, los puntos de sutura que nunca habrán de desaparecer.

Uno de ellos, su identidad en reserva, ya no está en Veracruz ni en México. Confirma su exilio, su partida al extranjero, la catedrática Ángeles González, quien sostiene que el joven agredido solicitó su baja de la Facultad de Pedagogía donde cursaba sus estudios.

Simultáneamente otro de los jóvenes agredidos, Ignacio, es entrevistado por el portal Animal Político. Dice que les cobraron la factura por apoyar causas justas y por su activismo social.
Refiere que Ignacio presenta 15 heridas en cuerpo. Sufrió múltiples fracturas en su mano izquierda. Se defendía mientras lo tundían a golpes con bate de beisbol y con un palo con clavos. Se le observan varios puntos de sutura, la huella de la agresión.

Son los “incómodos” para el gobierno duartista, los que apoyan movimientos que enfrentan al gobernador Javier Duarte, los que rechazan su política social, la debacle financiera, la corrupción sin límite y la violencia generada en dos frentes: la que proviene del crimen organizado y la que tiene forma de represión oficial.

“Aquí en este estado se da eso. Cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla. Se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que activista y ambientalistas que no están de acuerdo con algo, son criminales”, dice Ignacio.

Tomar el exilio es una medida extrema. Significa el desarraigo y el olvido. Implica el repudio a un sistema de gobierno que hace del uso de la fuerza extrema y la represión, su única forma de enfrentar a quienes disienten.

Uno de los jóvenes ha seguido ese camino.
Su caso sirve para medir de qué está hecha la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, denostada por su tibieza, por su pasividad, por no encarar al gobierno de Veracruz, por usar el discurso para respaldar a las víctimas y con la misma para arremeter contra quien es, dice, lucran con su tragedia.

Condena la agresión porque “si tocan a uno, tocan a todos”, y reprocha que las reacciones airadas también partan de los jóvenes universitarios.

Algo no le funciona a la rectora de la UV. Se enreda sola.
Por ello, los integrantes del Movimiento por la Calidad Académica de la Facultad de Pedagogía de la UV, retoman el caso los jóvenes agredidos. Exigen su esclarecimiento a las autoridades estatales y encajonan a la rectora.

“Nosotros exigimos al Gobierno del Estado la garantía de seguridad a la integridad física y la vida de los estudiantes violentados, el inmediato esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley a los autores intelectuales y materiales de este intento de homicidio masivo así comoo un alto a la represión contra estudiantes, líderes sociales y políticos”, exponen.
Le imputan al gobierno duartista la responsabilidad del ataque y lo hacen responsable de cualquier hecho violento o agresión física que se pudiera presentar a futuro contra cualquier estudiante de la UV.

No aluden o sugieren. Implican Javier Duarte y dos de sus alfiles de posibles agresiones:
“Hacemos responsables de la integridad física, del daño psicológico y moral, y de la vida de los estudiantes de la Universidad Veracruzana al gobernador Javier Duarte de Ochoa, al secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón y al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita”.

Hablan de represión, de la creciente inseguridad y violencia, de la criminalización de la protesta social, de los asesinatos y del acoso permanente a los alumnos de la UV, activistas en movimientos sociales.

Y a la rectora le dicen:
“A la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González, le demandamos mayor exigencia ante las autoridades estatales para impartir justicia en el caso de los estudiantes violentados y un alto a los ataques a esta Universidad Pública, líder en la educación superior de Veracruz”.

Sigue la crisis. Van 18 días desde la aquella agresión. En tres semanas no hay un solo detenido, ni una pista, ni visos de indagatoria. Así funcionan las dictaduras. Protegen a sus sicarios, a sus matarifes, a sus cuerpos represivos.

Enfrenta, sin embargo, Javier Duarte, a una comunidad pensante, la de la UV, con autoridad moral, con académicos de renombre, comprometidos con la causa de los estudiantes, con los problemas de Veracruz.

Su voz no se circunscribe a Veracruz. Se escucha en el contexto universitario y el mensaje es demoledor: la responsabilidad de otro ataque será del gobernador Javier Duarte y su célebre pandilla.

El juicio es contundente. Hay voces que han externado que el ataque del 5 de junio fue obra de un grupo parapolicíaco entrenado en la Academia El Lencero. Es, pues, el brazo ejecutor del duartismo contra las voces críticas, contra los disidentes, contra los activistas, contra quienes se comprometen con las causas justas y contra los intereses que afectan a la comunidad.
Dilema mayor para Javier Duarte. No a diario un gobernador es señalado de violencia institucional. Eso ocurre cuando se pierde la pierde la autoridad y se cuestiona la moral.
Y peor cuando con el índice de fuego lo pone un sector de la UV.
 
Archivo muerto
 
Luiz Inacio “Lula” da Silva no es un mito, ni el gran presidente. Es el gran cabildero, el lobbista. Así es categorizado por la prensa sudamericana y española, traficante de influencias a favor de Odebrecht, hoy acusada de pago de sobornos por 2 mil 100 millones de dólares a la empresa Petrobras, liderar un cártel que logró licitaciones a su favor vía fraude, que alteró precio de obras, que incurrió en actos de corrupción y su presidente, Marcelo Odebrecht en la cárcel. Lula, el ex presidente brasileño, refiere el portal del diario español ABC, viajaba en el avión privado, auspiciado por uno de los enlaces de Odebrecht, Alexandrino Alencar, quien participó en una misión de gobierno por petición de Lula da Silva a la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sin ser funcionario de gobierno. Esos son los alcance de Odebrecht. Y aquí, en Veracruz, está a punto de recuperar la construcción de la presa hidroeléctrica en Jalcomulco, en la zona aledaña al río La Antigua, donde la población está el pie de guerra, reacia a ceder, segura que habrá impacto ambiental y alteración de su modo de vida. Varios de los integrantes y asesores del movimiento La Vida, que repudian la presencia de Odebrecht, figuran en la lista negra de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz. Son los “incómodos”, como Guillermo Rodríguez Curiel, que no van a dejar pasar a Odebrecht, mucho menos ahora que el escándalo persigue a la constructora brasileña...

A José Ramón Coronado Juárez se le vio salir de la Secretaría de Seguridad Pública, en Xalapa. De ahí, no hubo más. Era 15 de junio. Un día después inició la búsqueda. Corrió su imagen en las redes sociales. Habló a la prensa su mamá. Era un “levantón”. Su cuerpo fue hallado el sábado 20, cerca de Acayucan, a un costado de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque. Tenía signos de tortura, una Z pintada en la espalda y una leyenda ilegible en el torso. A simple vista fue víctima de la organización criminal Los Zetas. ¿Y si no? ¿Y si le pintaron la Z para desviar la atención? José Ramón Coronado era líder de taxistas y delegado de la CNOP en Coatzacoalcos, la que se opuso a que Rafael García Bringas fuera candidato del PRI a diputado federal y auguraba su derrota, como finalmente ocurrió. Fue a la oficina de titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y desapareció. Dicen los malpensados que a José Ramón se lo llevaron agentes policíacos, lo torturaron, se les pasó la mano y cubrieron las huellas pintándole la Z en la espalda. Y allá el que quiera preguntar...

Medio Chimoltrufia, exige Gladys Merlín Castro sancionar a quienes persisten en depositar basura en el tiradero de Las Matas, a la entrada de Minatitlán. Dice la diputada local que lo hacen los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, de donde ella es oriunda. Pide investigar porque ese predio había sido clausurado por la autoridad ambiental. Pero se guarda de responsabilizar a los alcaldes Joaquín Caballero Rosiñol y Ponciano Vázquez Parissi. ¿O sea? Lanza el dardo doña Gladys con ganas de no dar en ningún blanco. Dice que mejor se investigue. A ver. Coatzacoalcos genera 450 toneladas de basura al día, la depositan en el predio de Las Matas, que se halla clausurado; lo hacen sobre el derecho de vía de Comisión Federal de Electricidad, lo que equivale a delito federal, y resulta que “alguien” lo hace a espaldas del alcalde Joaquín Caballero. La aseveración es grave: si Joaquín Caballero lo sabe y lo autoriza, el delito lo comete él; si lo desconoce, peor, porque entonces hay alcaldía pero no hay alcalde. La Secretaría de Medio Ambiente ya presentó denuncia contra quien resulte responsable de verter los desechos clandestinamente en un basurero clausurado. Falta que lo haga la CFE por el uso de su derecho de vía; si no lo hace, es complicidad. Y doña Gladys disparando dardos con ganas de no pegar en ningún lado. Y argumentando como la Chimoltrufia, porque como dice una cosa, dice otra...

Que dos Yunes se han reunido con el periodista José Pablo Robles. Una en Acayucan, en conocido rancho, simulando olvidar agravios. De la otra hay dos versiones: una dice que fue en Veracruz; la otra que en Coatzacoalcos. Amarra, pues, el dueño del corporativo Imagen del Golfo al yunismo para el próximo gobierno de Veracruz. Nada quiere con los prospectos fidelistas y con los cuates de Javier Duarte, a quienes ve como los Kleenex: ya los usó y ya los tiró a la basura. Otro Yunes está en espera de ser llamado. Compra todos los números de la lotería el señor Robles; cualquiera gana...

¿Cuánto le costó al erario público sofocar el escándalo, impedir la denuncia de un matrimonio indignado, amordazar y enfriar, evitar que llegara a los tribunales un caso de pederastia, las andanzas del funcionario incómodo, un amorío con una menor de edad en Villa Allende? Fueron varios miles o cientos de miles, y no salieron del bolsillo del Señor de las Calenturas, sino de los recursos del pueblo...
 
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