* El túnel y el montaje  * El penal inviolable  * O lo asesinaban o lo extraditaban  * Marcelo deja solo a Javier Duarte  * Desaire en evento de Sedesol  * García Bringas, al rincón  * Reverzazo al Reglamento de Tránsito  * Ley Antimordida, una utopía  * Multa a quien conduzca ebrio a Veracruz
 
Enrique Peña Nieto tiene un problema serio: nadie cree que El Chapo se fugó. O que se haya ido sin la complicidad de sus aliados en el gobierno. Amo y señor del Altiplano, el penal en que habitó año y medio, andaba a sus anchas. Pero cuando sintió el amago de la muerte, la hipótesis del asesinato, y el riesgo de la extradición, decidió huir.

Se fue con la ayuda del narcosistema que lo encumbró, protegido por sus socios con poder, pues al paso de las horas y los días se fortalece la versión de que Joaquín Guzmán Loera tuvo ayuda de primer nivel para escapar.

Fluyen así las historias de la fuga. Oficialmente, el Chapo se fue por un túnel en que se hizo alarde de ingeniería, a lo largo de 1.5 kilómetros, con un diámetro de casi 4 metros, iluminado, sin que nadie dé cuenta donde fueron a parar las toneladas de arena que debieron ser extraídas, cómo se encubrió el ruido de las máquinas que trabajaron en su construcción.

Historia inverosímil, la fuga del narco camina a la par de la condena popular, la crítica incesante de un sector de la sociedad que lo menos que expresa es que como en el gobierno de Vicente Fox, al Chapo le abrió las puertas del penal del Altiplano el régimen de Peña Nieto. O sea, narcocomplicidad.

Dice Jorge Carrillo Olea, ex director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), el Altiplano es inviolable. Sí, mientras se siguen los protocolos, mientras no se alteran las normas, mientras se salvaguarda la lógica de un penal de alta seguridad.

Refiere el veterano militar que a los reos se les vigila día y noche, si van al comedor, si permanecen en su celda, si acuden al baño, “si se masturban”, en algo que viola toda intimidad pero que por la peligrosidad y por ser quienes son, así deben ser tratados.

Es la lógica de Carrillo Olea, quien participó en su diseño, quien aportó ideas, quien constató que un penal de alta seguridad como el Altiplano no corre el riesgo de una fuga.

Pero en los hechos, El Chapo se fugó. No se sabe si lo hizo por el túnel. No se sabe si el túnel es un montaje para justificar la huida sin que se muestren las manos sucias del régimen peñista, o de los narcopolíticos que habrían de ser salpicados si Joaquín Guzmán Loera hubiera sido obligado a cantar, a revelar sus secretos, a describir cómo operaba la red de corrupción que lo cuidaba desde las entrañas del gobierno.

Carrillo Olea cree en la inviolabilidad del penal del Altiplano. Pero otros no. Otros dicen que las normas internas fueron relajadas, que se modificó su diseño, que se redujo la vigilancia.
Uno de los análisis más precisos sobre las sinrazones de la fuga la da el periodista Raymundo Riva Palacio, autor de la columna Estrictamente Personal.

“Primero el túnel, descrito por el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, que arranca con un hoyo de 50 centímetros por lado en la zona de regaderas, y recorre un kilómetro y medio a diez  metros bajo tierra. Expertos ingenieros calcularon que ese túnel tenía aproximadamente dos mil 71 metros cúbicos que produjeron 725 toneladas de tierra, más el concreto armado que tuvieron que extraer de las fundas de seguridad de las protecciones metálicas y de basamento del edificio. Con el factor de compactación y expansión de esos materiales, dijeron los expertos, debieron haber requerido de 250 camiones de volteo para retirarlos.

“Toda la obra tuvo como salida una casa humilde donde, de acuerdo con ese cálculo, debieron utilizarse 2.2 camiones por día durante los 505 en que estuvo preso Guzmán en El Altiplano, si desde que ingresó a la cárcel se hubiera empezado a cavar el túnel, lo que no fue así. No se sabe cuánto tiempo duró la planeación, ni cuándo consiguieron los planos del penal y sus especificaciones técnicas para poder realizar su obra de ingeniería. Las autoridades federales tienen bajo investigación a todas las autoridades del penal, y han declarado más de 30 personas. En la probable ayuda interna encontrarán quizás a los responsables directos, pero no los indirectos.

“Esto nos lleva a la segunda parte: los dispositivos de seguridad de los penales de máxima seguridad. La característica que tenía ese tipo de cárceles en México es que contaban con cinco círculos de seguridad, avanzada tecnología –en el sistema de vigilancia y construcción, o brazaletes para seguimiento personalizado de internos, por ejemplo–, sistemas de inteligencia –entre ellos los dispositivos para el monitoreo interno y remoto, así como la verificación de información en tiempo real de los visitantes–, protocolos de gestión en la custodia –entrenamiento especializado y desvinculación de la Policía Federal–, así como las barreras físicas que inhiben fugas y rescates. Las funciones y responsabilidades estaban compartamentalizadas, para que nadie tuviera autoridad absoluta en el penal.

“Si había tantos controles de seguridad, ¿por qué se fugó El Chapo? Esta pregunta nos lleva a la tercera parte. Desde el comienzo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se desarrollaron cambios de alta relevancia para mostrar una estrategia diferente a la desplegada por el gobierno de Felipe Calderón. Manuel Mondragón fue nombrado comisionado nacional de Seguridad, que absorbería las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Mondragón no llegó por capacidad, sino porque el equipo de transición lo seleccionó por encuesta. ‘Era el jefe de Policía mejor evaluado del país’, dijo uno de los responsables de ese proceso. Popularidad sobre capacidad. Parte de los resultados se incubaron en esa decisión.

“Mondragón modificó protocolos y procedimientos que no fueron restaurados tras su salida. Entre los principales se encontró la desaparición de varias de las áreas más sensibles de inteligencia. Otra de sus primeras decisiones fue desconectar Plataforma México y pasar todos los controles al órgano penitenciario. Al hacerlo, limitó, por ejemplo, el monitoreo remoto de las cárceles de máxima seguridad desde el Distrito Federal, desde donde se observaba toda el área de regaderas. En el sistema previo a que fuera tocado por el nuevo gobierno, las cámaras tomaban parte de los baños, por lo que es imposible que no se percataran que se estaba haciendo un túnel.

“La imagen del dormitorio y de una zona de regaderas siempre es visible en el sistema de vigilancia y por el oficial que está dentro de las áreas de dormitorios en un puesto de vigilancia. Qué tanto quedaron ciegas por el desmantelamiento de Plataforma México no se sabe, pero es una pregunta que tiene que responder el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo,bajo cuyo cargo está el monitoreo remoto de los penales, y el responsable directo es Ramón Pequeño, jefe de Inteligencia. El órgano desconcentrado de penales depende del comisionado Rubido, quien con la fuga de Guzmán suma dos escapes en menos de un año. A los tres se les escapó otro punto en la vigilancia de un interno tan sensible para la seguridad mexicana: no lo cambiaron de celda. Al no hacerse, garantizaron que el túnel llegaría a su cita con El Chapo”.

¿Qué pudo motivar que El Chapo se fugara? La DEA le había advertido al gobierno mexicano sobre amenazas al líder del Cártel de Sinaloa. Sería ultimado en la cárcel, ya fuera por decisión de bandas rivales o porque sus antiguos aliados, los narcopolíticos, temían que de ser deportado a Estados Unidos pudiera revelar nombres y circunstancias, la identidad de los socios y las instituciones usadas para alcanzar su condición de narco número uno a nivel mundial.

Abundan los cabos sueltos. Falta lógica en la versión del túnel. Está presente la hipótesis del posible atentado en prisión o el temor de sus socios a la extradición. En medio de todo, está un presidente, Enrique Peña Nieto, que enfrenta el mayor descrédito, superior al escándalo de la Casa Blanca.
Falta ahora que hable El Chapo y diga lo que realmente ocurrió. Si es que habla. O si es que alcanza a hablar.
 
Archivo muerto
 
Nada peor que ser invitado de lujo, acudir a la fiesta y encontrarse con que el anfitrión no está. Le ocurrió a Javier Duarte. Llegó a Coatzacoalcos, el viernes 10. Encabezó dos eventos de Sedesol federal: la entrega de un comedor comunitario y los apoyos del programa Jefas de Familia. Todo bien, excepto que el delegado de Sedesol federal en Veracruz, Marcelo Montiel, no acudió. Ni él ni su subdelegado administrativo, Víctor Rodríguez Gallegos, a quien el gobernador vetó para la candidatura a diputado federal por Coatzacoalcos, sustentado en que el tipo no permea ni en su casa, carece de imagen en las colonias y tiene imagen de gandalla que no la borra ni con láser. Evidente el desaire, la afrenta es un dardo político. Son los signos de la ruptura, los proyectos encontrados, guerra de baja intensidad, el golpe por golpe. Y así seguirán...

Arrinconado, en el extremo de la mesa, Rafael García Bringas ya sabe lo que es la orfandad política. Se acabaron los días de campaña, los reflectores sobre él, las porras y la adulación. Esta vez no fue así. En los eventos de Sedesol federal en Coatzacoalcos, el viernes 10, nadie lo consentía. Le tocó congeniar con dos promotoras sociales y nadie más. Representa García Bringas la imagen de la derrota, la humillación electoral, el agotamiento político, pues no cualquiera acumula tres fracasos en las urnas, dos en su intento de ser diputado federal y uno cuando buscó ser alcalde de Coatzacoalcos en 2007. Decían los viejos priístas que tras una derrota electoral hay que mantenerse en la sombra hasta que la memoria comienza a fallar...

De reversa mami. Rectifica Javier Duarte, deja sin efecto un fragmento del Reglamento de Tránsito y sale ahora con una Ley Antimordida en la que sólo él cree. Lo abrumaron las protestas, marchas por todo Veracruz, repudio y mentadas. Le condenan las multas excesivas, que el peatón fuera sancionado, que sirviera el nuevo ordenamiento para resarcir la pérdida en la tenencia vehicular y decenas de aberraciones más. Sólo unos días duró el engendro. Lo aprobó la mayoría miope del PRI y sus aliados, diputados serviles que legislan por consigna, que apuñalan a la sociedad. Le sirvieron de cómplices al (des) gobernador, alzando la mano, avalando un reglamento que habría de detonar la protesta, que enfureció a los veracruzanos en general y que habría de reducir a verdadero e ínfimo tamaño a Javier Duarte. Días después sale el gobernador a decir que siempre no, que se le pasó la mano. No sabe, pues, qué envía al Congreso de los serviles, incapaz de medir el impacto de sus decisiones. Y sus aliados legisladores, analfabetas o analfabestias, diputados por consigna, que no leen las atrocidades que les envían desde palacio, pero que las aprueban sin chistar. Le sobran, eso sí, las locuras a Javier Duarte. Ahora propone una Ley Antimordida. De veras la imaginación es perversa. Si de algo se nutren los gobernadores es de la mordida con que se burlan las multas de tránsito, los entres policíacos, la dádiva en las dependencias, el diezmo entre los constructores. Es la economía subterránea que inicia en el municipio y escala hasta el gobierno estatal sin pasar por las arcas públicas. Y si algo faltara propone que se eleve a delito grave, sin libertad bajo fianza, a quien conduciendo en estado de ebriedad provoque un accidente, daño a terceros o les provoque la muerte. La bautizan como la Ley Maryjose, en alusión a la periodista Maryjose Gamboa, quien atropelló y dio muerte a un peatón que no usó el puente peatonal, quien cruzó imprudentemente la avenida, quien ocasionó el accidente. Luego intervendría el otro enfermo de la pandilla: el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, inventor de un aliento alcohólico que nunca le pudo probar a Maryjose porque no existió, una temeridad que tampoco demostró y un exceso de velocidad que no se pudo acreditar. Aquello fue una infamia. A Maryjose la mantuvieron ocho meses en la cárcel injustamente, sólo por los caprichos de un gobernador sin escrúpulos y un fiscal de mala leche. La mantuvieron tras las rejas por ser crítica, indoblegable, valiente y no claudicar en la descripción del desastroso paso de Javier Duarte por el gobierno de Veracruz, No es esta la Ley Maryjose. Es la Ley Culín con la que Javier Duarte pretende que los ebrios asuman las consecuencias en caso de accidente y daños a terceros. ¿Habrá que ver a cuántos les inventan el aliento alcohólico para remitirlos a prisión o arreglarse en lo oscurito, pasándose por donde sea la Ley Antimordida?...

¿Y qué multa se merece quien, a menudo él sí ebrio, él sí temerario, él sí a ciegas, él sí malintencionado, conduce en forma irresponsable al estado de Veracruz? Delito grave debiera ser quebrar financieramente a Veracruz, fomentar la corrupción, estancarlo, negar la realidad violenta y el baño de sangre, auspiciar grupos de choque, represores consumados, agresores de universitarios sólo porque el “general” de plomo, Arturo Bermúdez, los cataloga como “incómodos” o “anarquistas”. Delito grave debiera estar enfrentando Javier Duarte, por el daño irreversible a Veracruz...

 
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