Como era previsible, el Caso Celestino Rivera comienza a hacer crisis. Se teje su desafuero para ser juzgado por una denuncia por violación, al tiempo que el Partido de la Revolución Democrática acusa un complot priísta.
Celestino Rivera Hernández, diputado local y ex alcalde de Tempoal, enfrenta el señalamiento de haber violado a una joven indígena de 15 años de edad, quien lo acusa de manera directa y contundente. Su caso se agravó cuando la directora del Instituto de la Mujer en Veracruz, Martha Mendoza Parissi, en forma inusual lo hizo público y asumió un papel que el perredismo interpretó como un exceso y una usurpación de las funciones que por ley debe desempeñar el Ministerio Público. Ciertamente, Mendoza Parissi carece de atribuciones ministeriales. Su intención es, a todas luces, mediática y hasta escandalosa. Ha exacerbado los ánimos contra un legislador sobre el que pesa una denuncia de extrema gravedad, pero hasta ahora goza del fuero constitucional que lo exime de estar sujeto a un proceso penal. Simultáneamente, organizaciones civiles han asumido la defensa de la joven indígena y exigido que Rivera Hernández sea desaforado y enjuiciado. Quizá tengan razón. Quizá Celestino Rivera haya incurrido en un delito grave. Pero lo cierto es que en el Congreso de Veracruz no existe requerimiento del Ministerio Público o de algún juez para proceder legalmente contra el legislador. Así lo ha expresado el presidente de la Legislatura, Fernando González Arroyo, quien en forma por demás cuidadosa puntualiza que las conductas de los legisladores son responsabilidad de quien las realiza y no del Poder Legislativo de Veracruz.
Pero mientras los alfiles el PRI ejecutan la embestida y son enfrentados por el PRD, un perredista de altos vuelos, Enrique Romero Aquino, le ha pedido al diputado Celestino Rivera que solicite licencia y someta a una investigación y hasta cierto punto que se ponga en manos de la ley.
Así, descompuesto, manoseado, el Caso Celestino Rivera comienza hacer crisis. Lo acusan quienes carecen de facultades para divulgar la investigación del Ministerio Público y que en el caso de Martha Mendoza Parissi es una violación a la secrecía. Lo defiende su partido, el PRD, que advierte que se trata de una maniobra priísta. Y lo empina Enrique Romero Aquino, ex líder perredista en Veracruz, cuya fama de pepenador de conflictos políticos es de todos sabida.
Un auténtico caos.

Cero y van dos ataques contra este columnista. Apenas la madrugada del martes 11, manos criminales pintarrajearon un auto de mi propiedad. Estamparon con aerosol el nombre “Musio” y el de los medios de comunicación “Liberal”, “Olmeca TV” y comenzaban a pintar el de “Presencia”. Ayer, al filo de las 10 de la mañana, luego que se dieran detalles de aquel suceso en el programa televisivo La Noticia en el Café, en Olmeca TV, sucedió otro hecho: fue arrojada la cabeza de un cerdo a la casa de la hermana del secretario de Comunicaciones del Estado de Veracruz, Marco César Theurel Cotero. En la cabeza inerte aparecían los nombres  del propio Theurel, del que decían “Te vas a morir”; así como “Marcelo”, “Luna”, “Edel”, “Rolando” y “Mussio”. Aludían al alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel; al asesor de prensa del gobernador Fidel Herrera Beltrán, Miguel Angel Luna Modesto; al director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y dueño del periódico Liberal del Sur, Edel Alvarez Peña; al vicepresidente de ese rotativo y columnista político, Rolando Quevedo Lara, y a quien escribe este INFORME ROJO y que también es autor de la columna Bitácora del Poder en Liberal del Sur, al que le agregaron la palabra “MUERTO”. Este hecho tiene una fuerte connotación política. Ocurre demasiado pronto, a once meses de la elección para gobernador del estado, diputados locales y alcaldes. Tiene implícita la amenaza a tres funcionarios del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, un alcalde y dos periodistas. El mensaje tiene los rasgos y tintes de los que proferían las mafias criminales italianas, usando partes de animal para enviar una amenaza tan sangrienta como contundente. Cabría preguntarse quiénes son los enemigos de Marco Theurel, Marcelo Montiel, Miguel Angel Luna, Edel Alvarez, Rolando Quevedo y Mussio Cárdenas. En el caso concreto de este último, las críticas se han enfocado a los hermanos del diputado Gonzalo Guízar por diversas denuncias en las que se les acusa de fraude, de apropiarse de terrenos, de ser conflictivos y de amenazar periodistas. Se ha expuesto con crudeza la aplastante derrota que le propinó el Partido Acción Nacional al priísta Iván Hillman en la elección para diputado federal en Coatzacoalcos y la desastrosa operación política del síndico Mariano Moreno Canepa, el cerebro perverso de Hillman Chapoy. Se ha ventilado la serie de irregularidades por parte del ex director de Carreteras Estatales, Roberto Chagra Nacif, alias Beto Coca, destrampado funcionario que terminó cayendo de la gracia del gobernador Fidel Herrera. Se han expuesto los desatinos de la secretaria de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Milene Chagra Nacif, también huérfana del fidelismo, inclinada en las últimas fechas al yunismo. Se ha señalado la traición de la perredista Roselia Barajas de Robles Martínez, suegra de Iván Hillman Chapoy, que participó como candidata de Convergencia por la Democracia a diputada federal plurinominal, como parte del operativo de Andrés Manuel López Obrador para despeñar al PRD. Dilucidar el origen de las amenazas y el daño en propiedad ajena —en el caso del vehículo de este columnista— será tarea del Ministerio Público…