* Más de 700 mil firmas exigiendo justicia  * La carta y el reproche  * Protesta en la sede del gobierno de Veracruz en el DF  * Casa Blanca: burla legal y derrota moral  * Mirna y el desastre educativo  * Maestros que no son maestros  * El mercadólogo perverso  * Montano busca espacios para el alemanismo
 
Van dos. Hablan los intelectuales, los periodistas, los artistas, los defensores de derechos humanos y la exigencia es la misma: esclarecer el crimen de Rubén Espinosa. Y hacerlo con integridad. Y que sea efectivo. Y castigar a los verdaderos culpables.

Ahí va el reproche, el segundo, a un mes del asesinato del fotoperiodista de Proceso, Cuartoscuro y AVC, ultimado el viernes 31 de julio, en su exilio en el DF, huyendo de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, por el asedio y las amenazas, porque temía por su vida.

Reclaman y reprochan 640 periodistas, secundados por más de 700 mil firmas de 192 países, en un desplegado a cuatro planas publicado en el diario El Universal, este lunes 31 de agosto. Al abrir, sobre un fondo negro, a toda la plana, se lee la sentencia, contundente: “No nos callarán”.

Es el grito que se escucha en las redes sociales, en Twitter y Facebook, que se vuelve viral, que concita apoyos y solidaridad ante la embestida contra la prensa crítica, contra los movimientos de protesta, contra las voces que expresan el rechazo a la intransigencia oficial, al clima de hostigamiento y agresión que forjó el gordobés, en una trampa de la que no puede salir.

Rubén Espinosa Becerril detestaba el exilio. Le podía andar con miedo. Lo alteraba vivir entre las sombras, no salir, ver coartada su libertad para informar, sin poder captar las imágenes que revelan el rostro siniestro del poder, el actuar violento de la policía al disolver una manifestación, la arbitrariedad mostrada en desalojos de maestros, o la sangre que emerge del rostro del estudiante apaleado por el grupo parapolicíaco del duartismo en aquella madrugada terrible del 5 de junio en Xalapa.

Se fue al Distrito Federal. Allá lo ubicaron. Allá sintió los pasos de sus verdugos. Los vio de frente, cínico el hablar cuando le expresó un tipo que era él, Rubén, el periodista que había salido de Veracruz.

Días después su vida se extinguió. Fue torturado, asesinado, con el tiro de gracia en la cabeza, su cuerpo hallado en una recámara del departamento 401 de Luz Saviñón 1909, colonia Narvarte.

 Junto a él, Nadia Vera Pérez, activista social, antropóloga, productora cultural, valiente joven que antes de dejar Veracruz había expresado que Javier Duarte no gobierna, que dejó el poder al crimen organizado. Decía Nadia que si algo le ocurría —así lo registró el portal Rompeviento TV— el responsable sería el gobernador de Veracruz.

Mataron a Rubén y a Nadia. También a la colombiana Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete. Su caso lo manipula la Procuraduría de Justicia del DF. Es robo, es asunto de drogas, dice. No descarta la línea de las amenazas de la pandilla duartista, de los esbirros de Javier Duarte, pero sólo simula que la sigue.

Se hace interrogar el gordobés. Le envían personal de la Procuraduría del DF a Xalapa. Responde —o responden sus abogados— a un cuestionario. Dice lo que todos esperan oír: es inocente.

Lo interrogan por segunda vez. Vuelve a decir que ni remotamente podría ordenar el crimen de nadie. Ahora, sin embargo, Javier Duarte se queja de linchamiento público, de sufrir un juicio sumario, de ser embestido por intelectuales manipulados.

Su reacción en la conferencia de prensa del lunes 31, exhibe el rostro maltrecho de un gobernador rebasado, víctima de su inquina contra la prensa crítica, descompuesto por la contundencia del desplegado de El Universal, avalado por más de 700 mil firmas, exigiendo al presidente Enrique Peña Nieto que se esclarezca el crimen de Rubén Espinosa y las cuatro mujeres.

¿A quien recuerda Javier Duarte con su lamento? A Francisco Labastida, candidato presidencial priísta en 2000. Vicente Fox lo punzó. El candidato del PRI se quejó en el debate: “Me ha llamado La Vestida; me ha dicho Mariquita sin Calzones”. Ese fue el acabose.

Y así está Javier Duarte.“No lo hice ni lo mandé a hacer“, cuenta apabullado por la condena mundial.

“No tengo nada que ver en este caso —precisa—, pues ni lo hice ni lo mandé a hacer, como en ninguno de los otros que se relacionan con lamentables incidentes en los que han privado de la vida a trabajadores de medios de comunicación”.

Políticamente está acabado. Lleva en sus manos la sangre de los 14 periodistas asesinados, en su alma el peso moral de una tragedia que no debió ocurrir.

Puede evadir un juicio, puede librar la cárcel, pero no evita la sentencia histórica de haber gestado un clima de hostilidad contra la prensa crítica, del ambiente de agresión, de los golpes y patadas, los toletazos y el toque eléctrico con que actuó su policía contra reporteros y fotógrafos que cubrían eventos públicos, uno de ellos Rubén Espinosa, exiliado cuando no resistió más la amenaza y la presión, cuando sintió que si no huía lo ejecutarían en Veracruz.

Impresiona la sentencia de los firmantes de la carta: “No nos callarán”. Es el reclamo a un sistema político que ha llevado su fobia a la libertad de expresión a niveles de guerra sangrienta.

Y en ese escenario, Veracruz es el peor. 14 crímenes acumula Javier Duarte en sus casi cinco años de gobierno, más de 30 periodistas exiliados, cuatro desparecidos, decenas de golpeados, amenazados y amedrentados.

“Vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México. Cuando se ataca a un periodista se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera”, dice la carta en uno de sus párrafos.

A Peña Nieto le exigen garantizar una “investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que, en cada caso, se puedan haber visto involucrados”.

El texto corresponde al contenido de la carta enviada a Peña Nieto por altos ejecutivos de PEN América y PEN Internacional, así como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y fue suscrito el 15 de agosto.

Instaban al gobierno de Peña Nieto a suscribir “un compromiso efectivo para garantizar la libertad de expresión en México”.
Expresaban su indignación por los constantes ataques a reporteros porque “ello atenta contra el Derecho a la información de la sociedad entera”.

Hablan de impunidad. Citan cifras. Revelan que desde 2000, decenas de reporteros han sido asesinados o son desaparecidos.

Las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reflejan algo alarmante: gran parte de los ataque a la prensa es perpetrada por funcionarios públicos. Es una “censura a tiros”.

De Javier Duarte exponen:
“Desde que el actual gobernador, Javier Duarte, llegó al poder en el 2010, las amenazas, los maltratos, y los asesinos de periodistas han alcanzado cifras sin precedentes en Veracruz: 14 han muerto de manera atroz, y tres han desaparecido. En cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas”.

Proceso, al aludir al tema, refiere:
“Los denunciantes recriminaron a Peña Nieto que en México las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas ‘son alarmantes’. Según la CNDH, 89% de los asesinatos permanecen sin resolver y las autoridades obstaculizan sus investigaciones.

“Por último, los firmantes nacionales e internacionales recriminaron a Peña Nieto que los reporteros mexicanos ‘viven en peligro mortal.

Las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos, y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos son causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros’.

“Y fueron contundentes al exigirle que ‘no debe haber más asesinatos’. El asesinato de Rubén Espinosa y las cuatro mujeres en la colonia Narvarte ‘debe ser investigado con integridad. Los verdaderos homicidas tienen que recibir juicio justo y condena pronta’ ”.

Y rematan:
“No nos callarán”.
Otro documento, titulado “Paremos los ataques a la libertad de expresión”, demanda que Javier Duarte sea investigado “a fondo y sin demora”.

Ese día, el lunes 31, un grupo llegó a la sede del gobierno de Veracruz en el DF. Colocó impresiones de la portada de Proceso con la foto de Rubén Espinosa, con gorra de la Secretaría de Seguridad Pública Javier Duarte, inmensa su figura, la mirada perdida.

Aquel ejemplar de Proceso contenía la reseña de otro crimen de prensa: el levantón, tortura y ejecución de Gregorio Jiménez de la Cruz, de Coatzacoalcos, fotoperiodista de Notisur, Liberal del Sur y La Red, cuyo cuerpo apareció el 11 de febrero de 2014 en una fosa clandestina, en el municipio de las Choapas.

Irritó a Javier Duarte verse descomunal en la portada de Proceso y el texto revelador. Lo irritaba Noé Zavaleta, corresponsal en Veracruz, al citar los pormenores del crimen de Goyo Jiménez y el clima de hostigamiento forjado por el duartismo hacia los periodistas con voz crítica. Enlistaba el semanario de Julio Scherer la impunidad en el caso Regina Martínez, también corresponsal, también asesinada, también enlodada por la jauría judicial del gobernador, ultimada en su hogar de Xalapa, la tarde del 28 de abril de 2012.

Gasta miles de millones Javier Duarte en difusión de imagen, cuotas de publicidad a grandes medios y vacas sagradas del periodismo. Es dispendio inútil y hasta estúpido. Es la fórmula fallida de Maria Gina Domínguez Colío, su primera vocera, engañadora vil, sin talento, marrullera, entrometida en las redacciones, vetando información, disponiendo hasta del trabajo de reporteros y ejecutivos de los medios, que urdiera un saqueo a las arcas pagando espacios en la prensa que nunca sirvieron para darle lustre al gobernador, condenado ahora en todo el planeta por las muertes de los periodistas.

Se la hizo buena Javier Duarte a Peña Nieto. Sacude a la comunidad intelectual, periodística, artística, a los defensores de derechos humanos y de defensa de los periodistas el caso Rubén Espinosa. Y lo expresan en la víspera del informe de gobierno.

Así es Javier Duarte. Agita el avispero y luego clama auxilio. Hostiga a la prensa crítica, los espía, los amedrenta, provoca el roce físico, la amenaza, fuerza el exilio y hasta el DF llegan sus esbirros para consumar la fechoría. Y al ocurrir el crimen se dice víctima de un linchamiento público, pieza de un juicio sumario.

Saben ahora en Los Pinos qué tan corrosivo resulta el gobernador de Veracruz, su grado de acidez pública, la infinita capacidad para provocar el escándalo y la condena popular.

Tan mal que anda Peña Nieto y Duarte lo termina de empinar.
Clara y precisa la sentencia: “No nos callarán”. Y así será.
 
Archivo muerto
 
Burla pura la de la Casa Blanca de la Gaviota. Los exonera el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, en algo que así pintaba porque ni modo que un empleado le rompa la figura al patrón. Determina Virgilio, el ex consejero electoral del IFE que de imparcial sólo tenía la etiqueta, más priísta que EPN y Don Beltrone, que no hay conflicto de interés. De nada vale, pues, que esté acreditado y reconocido que la mansión de Las Lomas la financió la empresa constructora Higa, la favorita del presidente, la que se llenó de contratos en el Estado de México, cuando Peña Nieto gobernaba su entidad; que la señora presidenta, Angélica Rivera, en su papel de La Dueña, diga que Televisa le pagaba con diamantes sus deprimentes papeles en los telechurros que protagonizaba, deplorable remedo de María Félix, a menos que su interpretación del rol de la consorte del preciso haya incluido en pago la cuevita de 86 millones de pesos. Salen limpios los Peña-Rivera en esa simulada investigación cuando se ha documentado y se acredita que todo apunta a un acto de corrupción, de conflicto de interés, de simulación, de enriquecimiento sobradamente explicable. Legalmente están limpios. Moralmente están puercos. Peña Nieto lleva a México a una debacle, el peso pulverizado, la devaluación que terminará en inflación, ascenso en las tasas de interés, pérdida del poder adquisitivo, más pobreza, más rezago social, el fracaso de las reformas estructurales. Presumían los priístas que ellos sí sabían cómo hacerlo. Ajá. Peña Nieto en tres años lleva ya 80 mil muertos por la inseguridad, la violencia, el narcotráfico. Felipe Calderón tuvo un registro de 83 mil pero en todo un sexenio. De eso, ¿qué dirá peña Nieto en este tercer informe de gobierno, la mitad de su gestión? ¿Qué dirá de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos? Pero llegará la próxima elección y habrá abstencionismo, permanecerán en sus hogares o se irán a la playa, no a las urnas, los que hoy gritan y se inconforman. Y con su voto duro el PRI seguirá en el poder. Mitad culpa de los que se comen al país, mitad culpa de los que, con su inacción, les guisan, les sirven y les asean los dientes...

No se ve que pinte Alejandro Montano pero ahí está. Se apunta quizá no para gobernar Veracruz por dos años, pero sí para regatear espacios para el alemanismo. Dice ahora que quiere ser minigobernador en el 2016, como lo anunció un año atrás, cuando todos —Héctor, José Francisco, Miguel Ángel, Fernando Yunes, los rojos y los azules, incluidos— tildaban de irresponsable a Javier Duarte por jugar con los tiempos de la sucesión. Si Flavino Ríos accedía a la Secretaría de Gobierno, sería la señal para el destape de Montano. Y así fue, previo paso del oaxaqueño con acta apócrifa de Minatitlán por la Secretaría de Educación. Montano, pues, ya está en la carrera del PRI...
 
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