* Analiza proceder contra los firmantes del desplegado  * El problema de Veracruz es psiquiátrico  * ¿Quién le imputó que era el autor intelectual del multihomicidio?  * Tres veces más costará el túnel  * Bulevar Barrillas, daños  * En escuela oficial, padres pagan salario de maestroS
 
No, no es financiero, ni de seguridad, ni político. El problema de Veracruz es psiquiátrico, atado al delirio y a la obsesión, a la venganza y a la revancha de Javier Duarte contra los que protestan, los que disienten, periodistas y activistas sociales, tuiteros y blogueros, a los que enfrenta con amenaza de cárcel y represión.

Irredento, el gobernador de Veracruz, vía su corifeo en turno, antes el bronquito Buganza, ahora el oaxaqueño Flavino Ríos Alvarado, saca de sus entrañas su inagotable carga de intolerancia para frenar la debacle moral y el escándalo por el crimen del fotoperiodista Rubén Espinosa.

Masacrado y hecho trizas, analiza denunciar a quienes le imputan la autoría intelectual del multihomicidio de la Narvarte, la ejecución del fotógrafo de Proceso, Cuartoscuro y AVC; del asesinato de la activista, antropóloga y productora cultural, Nadia Vera Pérez, y de la muerte de Yesenia Quiroz Alfaro, la colombiana Milena Virginia Martín y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, ultimados todos el 31 de julio en el departamento 401 de Luz Saviñón 1909, en el Distrito Federal.

Habla por él su secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado. Usa la treta y el recurso falaz de implicar en sus guerras personales a la institución de gobierno. Dice Flavino Ríos que “el gobierno de Veracruz” contempla la posibilidad de demandar por daño moral a aquellos que señalaron a Javier Duarte de estar involucrado en el crimen del fotoperiodista.

Su argumento es pueril y banal, paja pura. Expresa el secretario de gobierno que “no se puede juzgar mediáticamente”, sin que antes se presenten pruebas, se investigue, que el Ministerio Público consigne y que sea un juez quien decida. No pueden ser los medios los que linchen y responsabilicen.

Ya vive Flavino Ríos en la senilidad política prematura. No es “el gobierno de Veracruz” el que protagoniza el escándalo por el crimen de Rubén Espinosa sino Javier Duarte por su fobia a la prensa crítica, por las madrizas que le propina su policía a los periodistas críticos, por la represión a activistas sociales, por la exclusión de reporteros, analistas y columnistas en medios que reciben cuotas de publicidad oficial, por el espionaje y la amenaza, por las listas negras y la agresión con grupos de choque.

No es el gobierno de Veracruz el verdugo; el verdugo es Javier Duarte, el mal llamado gobernador. No es la institución; es el individuo. ¿Estamos, don Flavino?

Dragonea, pues, cuando afirma el gobierno de Veracruz contempla demandar por daño moral a aquellos que implican a Javier Duarte con el crimen de Rubén Espinosa. Quiere el gordobés que sea sufragada su demanda con recursos del erario por actos que no son de gobierno.

Javier Duarte también llora. No le duelen tanto los gritos de “asesino” que le lanzan en las marchas y protestas en Plaza Lerdo o Plaza Regina Martínez, en las calles, frente a palacio de gobierno, sino el desplegado de los 640 periodistas y 725 mil firmantes de 192 países, publicado en El Universal, bajo un contundente “No nos callarán”.

Supo en el amanecer del lunes 31 de agosto, justo al mes de la masacre de la Narvarte, que la comunidad intelectual, periodística, artística, defensora de derechos humanos, defensora de los derechos de los periodistas, lo increpaban por la muerte de 14 comunicadores en lo que va de su sexenio; por el clima de hostigamiento, por el ambiente hostil, por los exiliados y perseguidos, por los apaleados y amenazados.
Le dolió un párrafo:

“Desde que el actual gobernador, Javier Duarte, llegó al poder en el 2010, las amenazas, los maltratos, y los asesinos de periodistas han alcanzado cifras sin precedentes en Veracruz: 14 han muerto de manera atroz, y tres han desaparecido. En cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas”.

Responde Javier Duarte que el desplegado lo agravia: “Soy el gobernador de Veracruz y represento la honorabilidad de toda una sociedad y eso sí me agravia”. ¿Representa la honorabilidad de toda una sociedad? Que no joda.

¿Habrá leído el contenido del desplegado con todo detalle? Al parecer no. En el texto no le imputan la autoría intelectual del crimen del fotoperiodista Rubén Espinosa, Nadia Vera y las tres mujeres, pero alguien le vendió el cuento.

Otro texto titulado “Paremos los ataques a la libertad de expresión”, plantea que Javier Duarte sea investigado “a fondo y sin demora”. ¿Le están diciendo autor intelectual? Por supuesto que no.

Demandar por daño moral es una trastada. Pretende amedrentar y suavizar la crítica, infundir miedo y revelar que no por nada presume su identificación con Francisco Franco, el dictador español, igual la voz, la intransigencia, aunque aquel pensaba.

Puede empezar por uno de los firmantes, Salman Rushdie, el escritor inglés, perseguido por sus Versos Satánicos que ofendieron al Islam, que desató la ira del mundo musulmán y que originó la fatwa, la condena a muerte del ayatola Jomeini. Una fatwa de Javier Duarte contra Rushdie tendría, cómo no, repercusión mundial.

Podría denunciar a Carl Bernstein, el célebre reportero que junto Bob Woodward, realizaron la investigación que llevó al escándalo Watergate, al descubrimiento de un operativo de espionaje, el uso de fondos públicos y la caída del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon.

Puede llamar a los tribunales a Noam Chomski, el intelectual de izquierda más respetado de Estados Unidos, estudioso de la política mexicana, de la corrupción de quienes detentan el poder, de la suplantación de la voluntad popular.

Podría Javier Duarte demandar y llevar a los juzgados a Gael García Bernal, Diego Luna, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Lydia Cacho, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Juan Villoro, Tom Brokaw, Jon Lee Anderson, Sandra Cisneros, Margaret Atwood y al premio Nobel John Coetze.

Y todo porque en el desplegado exigen una investigación con integridad, efectiva y que se castigue a los verdaderos culpables. ¿Es agraviante eso, como reclama Javier Duarte?

Asoma de nuevo el rostro intolerante del gobernador, la intransigencia con sus críticos, el uso del aparato de poder para salvar el pellejo, fustigado porque nadie, ningún gobernador en todo México, acumula tantos crímenes de periodistas como él.

Su intolerancia fue mayúscula, descomunal, cuando llevó a la cárcel a dos usuarios de las redes sociales, la maestra Maruchi Bravo Pagola y el profesor Gilberto Martínez Vera.

Los acusó de ser los artífices de una noticia que convulsionó al puerto de Veracruz. Habían retuiteado y compartido una información aparecida en un portal electrónico que señalaba agresiones del crimen organizado contra niños en las escuelas.

Hubo caos. Hubo pánico. Pero ni Maruchi ni Gilberto fueron el origen de aquella información. La retuitearon como venía surcando las redes. Y no fueron los únicos.

Javier Duarte los reprimió. Allanaron sus domicilios, se llevaron sus teléfonos, los llenaron de lodo, los refundieron en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

Sin figura delictiva para procesarlos, el gobernador de Veracruz inventó una nueva legislación con el apoyo de la pandilla legislativa en el Congreso estatal. Y ante la presión en los medios, en las organizaciones de derechos humanos, como ahora, los tuvo que liberar.

No tiene remedio Javier Duarte. Se dice agraviado. Sostiene que no ordenó el multihomicidio, la masacre de la Narvarte. Se duele porque 640 periodistas y 725 mil firmas en 192 países, exijan a Enrique Peña Nieto que sea esclarecido el crimen de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.

Esto es el clímax. Revela que el problema de Veracruz no es político, ni de seguridad, ni por la violencia y el baño de sangre, ni financiero pese a su compulsión a mentir en torno a la deuda pública.

El problema es de personalidad, psicológico, psiquiátrico, de obsesiones y odios, de frustraciones y delirios, de venganzas y revanchas, contra periodistas y activistas sociales, contra tuiteros y blogueros, contra todo aquel que levanta la voz, contra quienes ejercen la protesta.
Vaya lío mental. A quien lo increpa, lo amenaza con cárcel y represión.
Que preparen el diván.
 
Archivo muerto
 
No será el doble. Será el triple de la inversión original. Refiere Tomás Ruiz que el túnel sumergido de Coatzacoalcos duplicará su costo. Sabrá de dónde vienen sus datos y sus cifras, pero el daño es mayor. “La obra inicialmente costaría mil 784 millones de pesos; más tarde el presupuesto se amplió a 2 mil 66 millones y llevan invertidos 4 mil 913 millones de pesos y no está terminada”. La cita es de Milenio, parte de un reportaje titulado “A 10 años, sin concluir túnel sumergido de Coatzacoalcos”, difundido el 26 de julio de 2014 en el portal del periódico. O sea, tres veces más de lo presupuestado. Tomás Ruiz, sin embargo, sostiene que el costo sólo se duplicó. Como se le vea, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas da por sentado que el túnel tiene futuro; que las demandas de los contratistas —los más de 800 millones que reclama OPC— son asunto del concesionario y que forman parte del riesgo y las pérdidas; que el gobierno de Veracruz no erogará un centavo más; que la obra concluirá en agosto de 2016. Supuestamente así será. Lo insólito es que a estas alturas del partido, al 85 por ciento de ejecución, Pemex aún no ceda los derechos de vía para construir la rampa de acceso en el lado de Villa Allende. Dice un insider que Pemex pide el reconocimiento, regularización, inscripción en el catastro y validación de millones de metros de terreno en todo el sur de Veracruz. Si no, no libera el derecho de vía...

Llegaron la lluvias y afloró la falta de calidad. Hay daños en el bulevar Barrillas-Ciudad Olmeca, justo en el área de DIPEPSA, en el poniente de Coatzacoalcos. Es la crónica de un fraude anunciado, una pavimentación estratégica que no hizo la empresa que firmó el contrato, que se repartieron entre el director de Infraestructura del ayuntamiento, Guillermo Ibarra Macías y Juan Tomás Palma García, con saldo de pleito a muerte porque al final los volúmenes de obra no los vio el célebre Ibarra, amigo del alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, socios en todo, y que por ser una operación ilegal, no puede elevar su voz para reclamar...

Dan clases y son los padres de familia quienes sufragan sus salarios. Y así, cuando se habla de reforma educativa, cuando Enrique Peña Nieto insiste en que es esa la madre de todas las reformas, una escuela en Coatzacoalcos, la Veracruz, en Villas de San Martín, mantiene sus formas arcaicas y un negocio en las sombras. Cubría las clases Luis Alberto Pérez Farías. Al saberse que no era maestro titulado, esparcido el rumor, decidió emigrar.
Lo sustituyó Joel Roque Sánchez, quien no es maestro sino médico, y que pese a haber dado clases y dejar bien preparado a su grupo, no suscribió ninguna boleta de calificación.
Su salario fue cubierto por los padres de familia. Así va la escuela Veracruz, con maestros a los que deben cubrirles el sueldo porque la Secretaría de Educación Pública no los tiene en nómina, o porque remite los sobres de pago y alguien los escamotea. Y a todo esto, ¿qué hace la regidora de educación en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, Mirna García Ávalos? Ah, sí; es la cuaderna de la directora del plantel, María Guadalupe Pérez Farías...
 
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