No es que Samyra Khoury sea una mala fiscal. Es que se especializa en violar la ley, incurrir en abuso de autoridad, atropellar juicios de amparo, destrozar el patrimonio de los demás y, sobre todo, ser servil al tío incómodo del gobernador Javier Duarte.

Protagoniza un turbio episodio legal, atrapada en el caso Los Almendros, en que restituye hasta los terrenos que no son parte del juicio contra el tormentoso empresario José  Gertrudis Guízar Valladares, uno de los conflictivos hermanos del diputado Gonzalo Guízar Valladares.

Samyra del Carmen Khoury Colorado es pieza clave en el proceso de desalojo de por lo menos 300 familias que habían levantado casas, la mayoría de lámina y cartón, otras de material e incluso con alberca, en el predio situado entre la colonia Almendros y el malecón de Coatzacoalcos.

Partía la orden de la Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia al juez primero de Primera Instancia, Guillermo Vargas Hernández, para concretar el desalojo del predio reclamado por la empresa Gestiones Inmobiliarias Arkitektur, invadido por decenas de familias a las que engañó uno de los ex propietarios del terreno, Manuel Bringas Burelo, y su asesor, el pseudoabogado Samuel Fernando Muñoz de la Rosa, sedicente defensor de derechos humanos.

Samyra Khoury secundó las acciones del juez Vargas, cuyo historial en casos turbios y acusaciones de corrupción es del dominio público. Actuó sobre el predio escriturado a nombre de Rosario Ramírez, a quien vinculan en la Fiscalía con Gertrudis Guízar en calidad de prestanombres, y a sabiendas que existe un juicio de amparo procedió al desalojo y a la destrucción de la vivienda ahí edificada.

Era un caso de trámite para restituir la posesión a Arkitektur. Sin embargo, la acción legal se ejecutó sobre el resto del predio, que no está sujeto a otros juicios por fraccionamiento indebido, en los que existe orden de aprehensión contra Manuel Bringas y Samuel Muñoz.

Sabía Samyra Khoury que el juicio de amparo interpuesto por el incómodo José Gertrudis Guízar impedía acciones legales. Sabía que la ex apoderada legal de Arkitektur, Martha Martínez, había atestiguado que ese predio no es propiedad de la empresa inmobiliaria. Aún procedió a la restitución, violando el amparo.

Incurrió en abuso de autoridad porque, a fin de cuentas, es su naturaleza.

Ese día, en los terrenos de Los Almendros, se hacía sentir la mano de Javier Duarte, pasivo hasta entonces, omiso ante las denuncias de fraccionamiento indebido interpuestas por el ayuntamiento de Coatzacoalcos contra Manuel Bringas y Samuel Muñoz, y el fraude por la venta de lotes en un predio que fue, pero ya no era suyo.

Un personaje, ajeno al conflicto hasta entonces, irrumpía en la escena legal. Se trataba de Jorge Ramírez Perez, tío político del gobernador de Veracruz, padre el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Jorge Fernando Ramírez tubilla.

Así, el “tío incómodo”, nuevo apoderado de Arkitektur, iniciaba la limpia del predio Los Almendros, tomado de la mano de la fiscal regional para el sur de Veracruz, la polémica Samyra Khoury, violando amparos, excediendo sus funciones, incurriendo en abuso de autoridad, destrozando el patrimonio de cientos de familias, que así pagaban el precio de haberse prestado a una invasión, engañados algunos por la mancuerna Bringas-Samuel, autores del fraude millonario.

Ramírez Perez, célebre por contar con un ingreso a prisión el 6 de febrero de 1993, por fraude a Bancomer, junto con Jesús Antonio Macías Yasegey y Luis Dacarett Habib, en los días en que gobernaba Patricio Chirinos Calero y su puño férreo era el hoy diputado panista Miguel Ángel Yunes Linares, es la prima dona de Arkitektur para rescatar el terreno que les invadieron las hordas de Manuel Bringas y Samuel Muñoz de la Rosa.

A Jorge Ramírez sirve la fiscal regional, especialista en ejecutar ordenes de aprehensión y desalojos de predios, una redituable actividad en el aparato de justicia estatal.

Enfrenta ya el recurso de inconformidad por la violación al juicio de amparo, que es tema federal, y el reclamo de familias invasoras, así como propietarios de predios que nada tenían que ver con el desalojo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

No es mala fiscal sino que le gusta violentar la ley. 

Archivo muerto

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