Por algo, Anabel Flores fue silenciada. Sea por que sabía del crimen organizado, por ser testigo de un levantón a manos de militares, porque una desaparición forzada es explosiva, porque pudo hablar de más. Se la llevaron y apareció muerta.

Su caso sacude al gremio periodístico, pues es ya la comunicadora número 17 en ser asesinada en el Veracruz de Javier Duarte, su régimen el más hostil con la prensa, el que los tilda de “manzanas podridas” y “expresión de la delincuencia”.

Quemante su muerte, mueve al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, a criminalizarla a priori, el lodo sobre quien ya no está, deslizando la liga entre la periodista de El sol de Orizaba con un presunto delincuente, Victor Osorio Santacruz, alias “El Pantera”, detenido el 30 de agosto de 2014 en el municipio de Acultzingo, del que ya volvió a saberse más.

Levantada el lunes 8 en su domicilio de Mariano Escobedo, conurbado a Orizaba, Anabel Flores apareció al día siguiente en la carretera que conduce a Tehuacán en el estado de Puebla.

Antes que fuera hallada, el fiscal de Veracruz ya la criminalizaba. Decía Bravo Contreras que investigarían varias líneas, incluyendo la de su relación con El Pantera. Y abundó en que aquel 30 de agosto, la ocurrir la detención, la periodista se hallaba presente.

Y así fue, pero no en los términos que “Culín” insinuaba.

Sus familiares aclararon que Anabel Flores Salazar se hallaba con ellos, en una reunión con demáss parientes y amigos. Llegaron elementos con ropa militar realizaron un operativo y detuvieron a tres personas, no conocidas de ella. Anabel reclamó identificándose como periodista.

Consta ese episodio en un reportaje de la periodista Lulú López, corresponsal de Excélsior en Xalapa, difundido el 3 de noviembre de 2014, en el que recoge la Versión de la esposa del Pantera y cuya parte medular es la siguiente

“ `Aquí es un infierno, diariamente encuentran cuerpos, fosas, hay desapariciones, los soldados se meten entre los cañales y se escuchan lamentos de personas que son golpeadas’, aseguró Norma Albor Cano, esposa de Víctor Osorio Santacruz, un expolicía presuntamente levantado junto con dos personas, por elementos del Ejército en la comunidad Sierra de Agua, municipio de Acultzingo.

“El 30 de agosto, Víctor Osorio, Miguel López y Delfino Hernández Falcón desayunaban en el merendero Jaimitos Barbacoa, a orillas de la carretera que conduce a la cabecera municipal.

“Testigos le afirmaron tanto a Norma Albor como a Yadira García Chávez que militares llegaron al merendero y obligaron a los comensales a entrar en la cocina, y a los que ya no pudieron meter los obligaron a permanecer tirados en el suelo bocabajo.

“ ‘Era un gritadero, porque había más de 100 personas. Siempre está lleno ese restaurante’, narró Yadira García y dijo que una reportera observó el episodio y le aseguró que los soldados se llevaron a los tres varones.

“ ‘(La reportera) empieza a sacar fotos con su celular al ver que están golpeando a uno de ellos y se acerca un militar, se lo arrebata junto con el gafete y sacan a las tres personas, entre ellas mi esposo. Los suben y se los llevan’.

“Los tres sujetos, actualmente desaparecidos, son comerciantes de accesorios de automóviles, aunque Víctor Osorio Santacruz era policía, ocupación que abandonó cuando comenzó a ser hostigado por los militares, quienes hace un año lo trataron de detener.

“Al ser un lugar en el que pobladores se conocen entre sí, la noticia llegó a oídos de las esposas, quienes comenzaron un largo peregrinar entre hospitales, Ministerios Públicos y el cuartel militar que se ubica en la región.

“Yadira reconoció que Norma Albores fue quien más se movilizó, incluso siguió al convoy que llevaba a los tres levantados (hasta el momento no hay órdenes de aprehensión que indiquen que habían sido detenidos) y llegó hasta un paraje solitario en el que testigos aseguran que entraron los soldados y golpearon a los tres sujetos.

“Norma logró tomar una fotografía de un sitio en el que encontró manchas de sangre.

Las esposas de los tres levantados acudieron al Palacio Municipal, donde hay una sede militar, y ahí hablaron con uno de los mandos castrenses: Juan Martínez, quien al ver a las mujeres respondió a gritos que no quería hablar con ellas y se retiró.

“ ‘Los soldados nos comenzaron a tomar fotos de celular y al preguntarles por qué nos tomaban fotografías, nos dijeron que era para elaborar un informe. Entonces Norma sacó su teléfono celular y tomó fotografías’, sostuvo Yadira.

“Estas imágenes fueron mostradas a la reportera que presenció las escenas en el merendero y, aparentemente, aún con el rostro cubierto, reconoció a los que se llevaron a Víctor, Miguel y Delfino. 

“Los familiares de los plagiados acudieron al Ministerio Público. En la subsede de la PGR en Orizaba, inexplicablemente se declararon incompetentes para conocer del caso y los enviaron a la sede principal, en Veracruz.

“Al mismo tiempo, las mujeres solicitaron un amparo federal para sus esposos.

“En el caso de Víctor, Norma reconoció que hace un año su esposo comenzó a ser acosado por militares, incluso uno de ellos ostenta la clave Fantasma, y trataba de fincarle responsabilidad por ser propietario de una camioneta Frontier 2008.

“ ‘De la anterior ocasión que lo trataron de detener le quedaron cicatrices, lo golpearon, le dieron tehuacanazos…’, sin embargo, Víctor logró huir a bordo de su camioneta, que terminó volcada en los cañales y los militares se la llevaron, pero tuvo que ser devuelta, porque no se justificó la retención del vehículo.

“A partir de entonces, la tropa militar y Fantasma lo anduvieron buscando en comunidades de la región y le dejaron mensajes. Hasta el momento no se ha aclarado el caso, que está en manos de la PGR y que estaría próxima a enviar agentes de la Ciudad de México para hacer las indagatorias.

“Maltrato y criminalización

“Norma lamentó la postura de las instituciones públicas: ‘Me lo dijeron así: si se lo llevaron fue por algo, a lo mejor era un delincuente; yo les digo: aunque sea delincuente no tienen por qué desaparecerlo, están obligados a ponerlo a disposición y entonces un juez se hará cargo’.

“Fue hasta que las tres mujeres fueron al DF a solicitar ante la PGR agilizar las investigaciones como lograron que el pasado 29 de octubre llegaran agentes para revisar el caso.

“Debido a que Yadira y Norma hicieron público este caso, esta última, al día siguiente de la desaparición de su esposo, recibió una llamada telefónica en la que le advertían que irían por una de sus hijas para que dejara de acusar a los soldados.

“También le dijeron que ya habían matado a su esposo y tenía que quedarse callada. Un día después sorprendió a militares fotografíando su casa.

“Tanto Yadira como Norma coinciden en mencionar que el corredor Orizaba, Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, Sierra de Agua, Acultzingo es una zona donde constantemente aparecen cuerpos, fosas clandestinas y hay intervenciones militares o policiacas sin mediar órdenes de aprehensión”.

¿Qué sabía Anabel Flores en torno a esa aprehensión o levantón? ¿Quién quiso acallarla? ¿Disponía de información quemante para el crimen organizado o para quienes realizaron la detención del Pantera? ¿Eran realmente militares quienes irrumpieron en el restaurant Jaimitos Barbacoa? ¿Fueron militares quienes la levantaron a ella el lunes 8? ¿O fueron sicarios con ropa militar, quienes posteriormente la mataron y arrojaron su cadáver en Puebla? ¿Y por qué no en Veracruz?

Mientras se desentraña su caso, “Culín” la seguirá criminalizando violando la decrecía del expediente judicial.

​Archivo muerto

Dos años sin Goyo. Dos años ya que el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz apareció en una fosa clandestina, en la colonia J. Mario Rosado, en Las Choapas. Aquel 11 de febrero de 2014 era el sexto día del levantón del reportero de Notisur, Liberal del Sur y La Red, en su domicilio de Villa Allende, congregación de Coatzacoalcos. Son dos años sin justicia, entre traspiés del aparato judicial duartista, centrado todo en el móvil de la venganza de una vecina por un pleito personal, Teresa de Jesús Hernández, que pagó a los sicarios 20 mil pesos por el “trabajito”. O sea, en oferta los matones. Comenzó el show judicial el entonces procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, asesorado por el telenovelero Enoch Maldonado Caraza, y lo siguió Fisculín Bravo, a quien por milímetros estuvo a punto de írsele de la mano el caso por un amparo logrado en primera instancia por los coacusados. En dos años, la hipótesis de que a Goyo Jiménez lo hubieran matado por lo que escribía no contó; la liga de un ex militar inmiscuido con el crimen organizado con Teresa Hernández, su yerno, tampoco fue seguida, así haya sido ejecutado —o silenciado— el tipo meses después; las denuncias por desaparición de indocumentados en Villa Allende y la red de prostitución con mujeres centroamericanas, así como dos crímenes cometidos dentro de la cantina que regenteaba “La Tere”, tampoco fueron línea a seguir. Dos años y Goyo sigue esperando justicia. Lo abandonó su gremio. Salvo una decena de periodistas que siguen su caso, que escudriñan, que denuncian, que escriben sobre él, los demás callan. Lo traicionó después del levantón su propio periódico, Notisur, acallando las protestas que exigían hallarlo con vida, obligando a la plantilla de reporteros a dejar de marchar, instando el mandamás del rotativo, Marco Antonio Anaya Huerta, a no caer en el juego de otros medios, alusión a Diario del Istmo, conminando a todos a dejar de ejercer presión. Minutos después de esa reunión, trascendía que el cuerpo de Goyo yacía en una fosa clandestina. Goyo muerto y los medios negociando más publicidad, más prebendas. Repugnante historia que hay que contar a detalle… 

A Héctor Yunes la muerte le viene bien. La de Anabel Flores, mejor. La de dos de los jóvenes de Playa Vicente, igual. Usa sus muertes el priista para impulsar su paniaguada precampaña. Monta los crímenes en el discurso, los trepa en las redes sociales. Se duele el precandidato al microgobierno de Veracruz, quizá como se dolió del asesinato de José Gertrudis, hermano del diputado federal y líder del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares, en Coatzacoalcos. Dio el pésame, puso el rostro triste y de ahí se fue a una comida de amigos donde hubo “risas y diálogos”, ambiente de fiesta. Del duelo pasa al jolgorio Héctor Yunes con insultante audacia. Ahora es por Bernardo Benítez Arróniz y José Alfredo González Díaz, dos de los cinco jóvenes levantados en Tierra Blanca por la policía estatal, policía criminal del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, entregados al crimen organizado, cuyos cuerpos, según el gobierno federal y de Veracruz, fueron calcinados en el rancho El Limón, en Tlalixcoyan. Como ciudadano y padre se duele Héctor Yunes. “Este es un tema que nos golpea como sociedad, más allá de militancia y simpatías”, dice. “Nunca más debe haber en #Veracruz este tipo de crímenes. Nunca más la vida de un joven segada”. Y arenga: “Los responsables serán castigados, nos aseguraremos como sociedad que así ocurra. No importa donde se escondan ni quién los proteja. Pagarán”. ¿Ah sí? Del crimen de la periodista Anabel Flores Salazar, señala el priista: “Como padre, como hermano y como hijo, me uno al sentimiento de dolor por la ejecución de la periodista Anabel Flores Salazar”. Y repite el estribillo: “Expreso a ustedes que sacaré a #Veracruz de la lista negra y la nota roja. Demando acciones inmediatas para castigar a estos criminales”. El mismo rollo en ambos casos, la misma promesa, la misma omisión de nombres. Habla a medias Héctor Yunes. No dice quiénes son los culpables de la violencia en Veracruz. No identifica a Fidel Herrera Beltrán, a Javier Duarte, a Arturo Bermúdez, a “Culín”, alias el fiscal Luis Ángel Bravo. Su discurso es falaz. Usa la muerte como ardid de campaña, el duelo de los familiares como palanca mediática, máscara del engañador, recurso del hipócrita. Promete castigar a los culpables y olvida decir que los culpables son compañeros de partido, priistas distinguidos, activos el PRI…

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