* Abuso de poder de Gladys Merlín * Detienen a dos menores de edad y les inventan que repartían propaganda contra Duarte * Los incomunicaron seis horas y les tomaron declaración sin la presencia de sus padres

 

Mago no es, pero Rogelio Lemarroy González tuvo la habilidad para desaparecer más de 70 millones de pesos del erario público cuando fue alcalde de Coatzacoalcos. La cifra, por escandalosa que parezca, no implica todo el daño que se le causó a las finanzas municipales. Corresponde únicamente al año 1997.

Ese balance de la conducta pública de Lemarroy González se halla consignado en una auditoría realizada por el prestigiado despacho contable Price Waterhouse Coopers, cuya copia tuvieron en sus manos tres síndicos y seis regidores del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, todos ellos vinculados a la comisión de hacienda, entre el año 2000 y 2010. Un ejemplar de esa pesquisa le fue entregado a este columnista por empleados municipales.

Dicha auditoría se efectuó a fines de 1998 a petición del entonces alcalde Armando Rotter Maldonado, de extracción perredista, quien le dio curso al depositarla en las manos del entonces gobernador Miguel Alemán Velasco y en el Congreso de Veracruz, sin resultado alguno por razones de complicidad y disimulo. Lemarroy González, Alemán y la mayoría en el Congreso se hallaban vinculados al PRI.

Se trata de un legajo de 85 páginas y varios anexos. En su renglón de conclusiones, Price Waterhouse Coopers señala categóricamente:

“De la revisión efectuada se detectaron partidas que no se encuentran debidamente apoyadas con documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos aplicables a entidades gubernamentales por un importe de $72,265,599 (Setenta y dos millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos), debido a las razones expuestas en el texto de este informe y por las cantidades que se señalan en los anexos 3 y 4 que forman parte integrante del mismo”.

La auditoría reveló a detalle diversas irregularidades cometidas por Lemarroy y su equipo financiero. Por ejemplo, en el renglón de “proveedores de bienes y servicios”, el daño patrimonial alcanzó 2 millones 59 mil 825 pesos.

 

Entre las anomalías se cuenta que los proveedores no fueron localizados en los domicilios señalados en la documentación de soporte, o que ni siquiera incluyeron el domicilio, o que desconocieron haber efectuado operaciones con el Ayuntamiento.

Lemarroy González y su equipo municipal pagaron un millón 180 mil 986 pesos sin recibos que presentaran los requisitos fiscales de rigor; lo hicieron con “recibos simples”. Pagaron 286 mil 758 pesos “sin factura original”.

 

Destinaron 113 mil 530 pesos a “pago de combustibles”, sin la “identificación del vehículo y funcionario que realizó el consumo”. Lemarroy y su familia son propietarios de la empresa Servifácil, un consorcio gasolinero que ha sido el principal abastecedor de ese producto al Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Otros giros que no pudieron justificarse en la auditoría practicada a Rogelio Lemarroy fueron conservación de vehículos, viáticos, atenciones a visitantes y funcionarios, honorarios médicos y compras en supermercados.

Lo más escandaloso fue el tema de proveedores de bienes y servicios y contratistas, donde la administración Lemarroy pagó 21 millones 451 mil 973 pesos con cheque nominativo.

 

Sin embargo, más de 10 millones carecían de sustento, ya que los proveedores no existían, aportaron domicilios falsos o no respondieron a las solicitudes para comprobar la existencia de la relación con el Ayuntamiento.

En ese tenor, Price Waterhouse Coopers estableció que 69 millones 688 mil 156 pesos fueron pagados a contratistas de obra pública, pero “la administración municipal no cuenta con expedientes que incluyan evidencia del cómo se realizaron las adjudicaciones de obras, bienes o servicios a los contratistas y proveedores por parte de la administración anterior”.

Los anexos de la auditoría a Rogelio Lemarroy determinaron un desaseo total en las finanzas públicas. Sólo pudo indagarse en las cuentas correspondientes al ejercicio 1997, ya que los años 1995 y 1996 prácticamente fueron borrados de las bases contables. Las huellas del manejo financiero del ex alcalde Lemarroy se extinguieron y no pisó la cárcel porque contó con la complicidad alemanista para no dar cuenta de los más de 72 millones de pesos desaparecidos.

Hoy, sin embargo, Rogelio Lemarroy es el flamante operador financiero del candidato panista a la alcaldía de Coatzacoalcos, Gonzalo Guízar Valladares.
Dios los hace, como se ve, y ellos se juntan.

Nueva arbitrariedad de Gladys Merlín Castro en Cosoleacaque. Encarceló a dos menores edad, quienes repartían invitaciones para el festejo del Día del Niño, organizado por el Partido Acción Nacional.

 

Agentes de tránsito los detuvieron el sábado 1 de mayo; los trasladaron a la presidencia municipal; los obligaron a firmar documentos en que supuestamente aceptaban que distribuían volantes difamatorios contra el candidato del PRI al gobierno de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y los fotografiaron.

 

De ahí los remitieron a la policía intermunicipal para después entregarlos al agente del Ministerio Público del fuero Común, Juan Ariel Castro Pulido, de tristes y agrios recuerdos cuando ocupó el mismo cargo en Coatzacoalcos, quien abrió la investigación ministerial COSOL/374/2010.

 

Permanecieron detenidos seis horas, sin culpa alguna. Se trató de un montaje burdo y descarado, ejecutado por el líder del PRI en Cosoleacaque, José Alfredo Alor.

 

Este nuevo atropello se suma a la cadena de abusos de poder de doña Gladys Merlín que tendrá, sin duda, un alto costo político. Los jóvenes Luis Angel Cobix Hernández, de 16 años, y Agustín Galindo Pérez, de 15, fueron privados de su libertad, intimidados, obligados a aceptar una culpa que no tienen.

 

Se les aisló y tomó declaración sin la presencia de sus padres y de un abogado, como marca la ley. Fue una abierta violación a sus derechos humanos.

 

El iniciador del atropello fue el hermano de la alcaldesa, Heliodoro Merlín Castro, delegado de Tránsito en Cosoleacaque, lo que convierte el hecho en abuso más del cacicazgo Merlín.

 

Dan pena los priístas al recurrir a montajes legaloides para enfrentar a sus enemigos y aminorar la debacle duartista. ¿No que en Veracruz los niños no se tocan? En Veracruz, lo que va para adelante, es el estado de terror...