Un embuste diferente es Jaime Quintanilla, el candidato verde que clona sentencias judiciales, que vive en los tribunales, que salta de partido en partido y hasta revienta a la pastora Lucy Enríquez de la ex Comunidad de Dios.

Una opción diferente, dice ser el empresario inmobiliario, al que ni en Century lo aguantaron, cobijado en las faldas de la diputada Mónica Robles de Hillman para el asalto al poder.

Poco tiene que ofrecer el hasta ahora candidato del Partido Verde Ecologista de México a la diputación local por Coatzacoalcos, como no sea el bluff y el cuento, el rollo del que presume saber generar empleo cuando de un tajo echa abajo inversiones, y se ufana que de una solvencia moral que en los hechos es maquillaje.

Su historial lo destroza. Políticamente no existe. Lo inventó el ex alcalde Juan Hillman Jiménez, lo cachó su hijo, el también ex alcalde Iván Hillman Chapoy, y lo usa la diputada Mónica Robles, esposa de Iván.

Pretendió ser diputado federal en 2009. O mejor dicho, ser candidato a modo en el PAN para dejar pasar al candidato del PRI, Iván Hillman.

No lo logró, pues en la interna Rafael García Bringas lo hizo trizas. Medio año después ya no era panista. Se integró a la pandilla duartista en Juventud Dinámica —¿juventud a su edad?— y en 2013 fue el coordinador de campaña de Mónica Robles, en una elección por la diputación local que se ganó porque el marcelismo desistió de lanzar voto cruzado como el plan original.

Así pasó del PAN al PRI y ahora es candidato verde, atropellando los estatutos del PVEM, sin ser electo en asamblea, de risa su registro, pues acudió al Órgano Público Local Electoral del distrito 29, el Coatza Urbano, amadrinado por Mónica Robles, sin haberse realizado previamente el registro supletorio ante el OPLE estatal.

Un embuste diferente es Jaime Quintanilla Hayek, célebre en los juzgados de Coatzacoalcos por la osadía de haber clonado dos sentencias judiciales para que su familia cobrara la indemnización por afectación de predios a un costado del trazo del Libarmiento Vial o Acceso al Puerto de Coatzacoalcos.

El 5 de junio de 2009, INFORME ROJO describió cómo el clan Quintanilla clonó las dos sentencias judiciales para así cobrar la indemnización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue la crónica de un fraude. Aquí lo medular:

“No obstante, los Quintanilla han recurrido a diversos recursos legales para hacer aparecer el predio situado a un lado del hotel Terranova y del Sporting Club, como con el terreno de 170 hectáreas, parte del cual se ubica dentro del río.

“En tribunales han exhibido una y otra vez la escritura 9471, expedida por el notario No. 4 de Jalapa, Joaquín Carrillo Patraca, el 6 de julio de 1979. A los Quintanilla les ha servido para demandar indemnizaciones por afectación de parte de su terreno por la construcción del Acceso al Puerto de Coatzacoalcos, obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo terrenos ajenos, cuyos dueños los han inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

“Su afán por adueñarse de esos predios los mantiene en un callejón sin salida. Jaime Quintanilla Hayek, frustrado aspirante panista a la diputación federal por Coatzacoalcos, ha incurrido en excesos legales que son tipificados como falsificación y uso de documentos falsos, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito. De ello existen pruebas irrefutables. Una de ellas es la clonación de una sentencia judicial para hacer aparecer a los Quintanilla como beneficiarios del juicio 904/2004 en el que demandan la nulidad de la escritura en que se ampara la propiedad de la familia Bringas Burelo. Se aprecian las firmas que aparecen en el documento burdamente escaneadas con sistemas digitales.

“Para darle solidez a la sentencia, los Quintanilla obtuvieron una certificación del secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia, Cristóbal Hernández Cruz. Sin embargo, luego de una búsqueda en el índice judicial pudo determinarse que el juicio 904/2004 no corresponde a la disputa por el predio, sino a un juicio por pensión alimenticia que nada tenía que ver en el caso.

“Cuando el Consejo de la Judicatura conoció el caso, incurrió en omisiones al no sancionar al secretario del juzgado y ponerlo en manos del Ministerio Público.

“Esa y otras argucias para ostentarse como dueños de las 170 hectáreas de La Piedra, le permitieron a la familia Quintanilla cobrar indemnizaciones por las afectaciones de la obra de construcción del Acceso al Puerto de Coatzacoalcos: el 23 de diciembre de 2004, según cheque 0001724 de Banamex, un millón 695 mil 555 pesos, y el 31 de diciembre de 2004, según cheque 0001732 de Banamex, un millón 587 mil pesos. Y acreditó un siguiente pago por un millón 633 mil 169.40 pesos, el 14 de marzo de 2005.

“Pese a que la SCT carecía de elementos que determinaran que los Quintanilla eran los propietarios de los predios, y más aún, a sabiendas que existía un litigio por el terreno, liberó las indemnizaciones. Incurrió así en incumplimiento del deber legal.

“Cientos de hojas conforman el expediente Quintanilla. Son el compendio de un fraude maquinado, con sentencias adversas, simulaciones jurídicas, falsificación de documentos, colusión de servidores públicos y el encubrimiento del gobierno estatal y federal. Sin embargo, todo ha sido documentado.

“Es un rompecabezas cuyas piezas comienzan a embonar.

Esa es una. También célebre, la otra tiene que ver con la venta del inmueble denominado Medicentro, adquirido por la Comunidad de Dios cuando aún vivía el pastor Claudio Martínez Morales.

Se pactó la operación en 17 millones de pesos. Al Clan Quintanilla le fueron pagados 9 millones de pesos a razón de 450 mil pesos mensuales. Sin embargo, cuando ocurrió el asesinato del pastor Claudio, su viuda, la pastora Lucy Enríquez de Martínez comenzó a realizar pagos incompletos.

Quintanilla aplicó la cláusula de incumplimiento. Demandó a Lucy Martínez y a Comunidad de Dios y se agenció todo lo pagado, como establecía el contrato.

Ignoró que la ley establece que debía devolver un porcentaje de lo pagado. Ignoró que las iglesias son propiedad del Estado. Ignoró que la Secretaría de Gobernación debía ser enterada del juicio contra una de las iglesias.

Tuvo una oferta de compra para desistir de juicio, por los 17 millones de pesos, pero lo desechó. Cobró los 9 millones de pesos y por la vía judicial, maniobró para no entregar el inmueble.

Así va el candidato verde, rapaz con todos, implacable, buscando poder. 

Es un embuste difertente.

Archivo muerto

Contra Duarte y contra el Peje. Tilda Miguel Ángel Yunes Linares al gobernador de gran corruptor, Javier Duarte cooptando a Andrés Manuel López Obrador, golpeando al candidato de la coalición PAN-PRD y soslayando el gran atraco de Alí Babá y los 40 duartistas. Dice Yunes azul: “Que no los engañen, el poder corruptor de Duarte ha llegado hasta MORENA y lo vamos a demostrar mañana aquí en Coatzacoalcos”. Su arenga en el parque Independencia, y con él Margarita Zavala de Calderón, que ya se muestra hacia la candidatura presidencial del PAN para 2018. Prende el fuego Yunes Linares con otra frase: “Llegó a lograr que jamás López Obrador criticara a Duarte y sí al PAN y eso se llama corromper. El peje se corrompió en Veracruz”. Nutrido el mitin, no como el evento de Minatitlán, que resultó un fiasco, resultado del conflicto entre el panismo y el candidato Javier Soberano, que desde su ladrillo ve hacia abajo y se siente más iluminado que Zeus, echando por la borda que el PRI en Minatitlán lleva como candidato a un rufián, Ricardo Orozco Alor, que repudia a los petroleros como los petroleros a él. Pero Soberano, creído que es alguien en el escenario político, lo echa todo a perder… 

Jorge Carlos Ramírez Marín sostiene que si alguien —priistas o no— usó los programas sociales con fines electorales, que responda ante la ley. Felipe Amadeo Flores Espinoza sostiene que el PRI no se vale de los programas sociales para ganar elecciones. O sea, el vicecoordinador priista en la Cámara de Diputados saca las manos y a que si Alejandro Baquedano, alias “LadyPutazo”, delinquió, que vaya a prisión, y el líder del PRI en Veracruz exonera a priori, como siempre, encubriendo a los mapaches.. 

Ocurrió en Poza Rica, ahí done Javier Duarte llamó a los periodistas “manzanas podridas”.  Manuel Torres González, ex reportero de TV Azteca, pasó a ser el periodista número 16 —algunas versiones lo san como el número 18— en ser asesinado durante el régimen duartista. Lo abatieron cuando caminaba hacia su domicilio. Había trabajado para la televisora del Ajusco y luego fue corresponsal de diversos medios en Veracruz. Y como siempre, “Culín”, alias el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, le busca por donde no es. Pretende soslayar su labor periodística como posible móvil. Y eso agravia a Manuel Torres, a su familia, a su gremio. Le ayuda el líder del PRI estatal, Felipe Amadeo Flores Espinoza, quien no habla del caso. Sólo dice que Manuel Torres militaba en el PRI. ¿Y eso qué? Por años fue periodista y por ahí hay que hurgarle… 

No para Marcos Theurel. Bajó a Lu-pilla Félix, su esposa, y ya no fue candidata de Alternativa Veracruzana a la diputación local por Coatzacoalcos Urbano, pero ahora tapiza de espectaculares la ciudad con la imagen de Héctor Yunes y la señora Theurel. Hay alarma en el PRI. Hay alarma porque los electores entran en confusión. La ven ahí y suponen que Lu-pilla contiende por la diputación de mayoría, pese a que entre las leyendas del anuncio se lee que es candidata plurinominal. Hay alarma entre el marcelismo porque escuchan que los electores sostienen que así sí van a votar por el AVE para gobernador y para diputada local. Adiós, pues, a los votos para el PRI y para Víctor Rodríguez. Theurel se las vuelve a hacer… 

Es una casa de tres pisos. Se halla sobre la calle Diego Leño, cercana al hospital Gastón Melo, en Xalapa. Es un búnker del PRI donde opera Ignacio Hernández Berrueco, operador de Héctor Yunes. Utiliza personal del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), por órdenes del comisionado-coladera, Fernando González Ortiz, gente de la Gerencia de Desarrollo Humano y Capacitación. Ahí hace su chamba Cristina Navarro; la contadora Leticia Gómez; la piscóloga Deyanira Judith Hernández y el mozo del IPAX, Valentín Abad. Todos están adscritos a la Gerencia de Desarrollo Humano, donde fue titular Hernández Berrueco, el famoso Zapatitos Blancos, ex alcalde de Minatitlán que con recursos públicos le daba el toque final a casas de periodistas succionadores. Y cómo no si la actual gerente es Dora Adriana Cruz, recomendada del ex edil. O sea, cobran en el IPAX y operan para el PRI en una casa de seguridad. Lo del IPAX vuelve a plana estelar… 

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