​Cambia, engaña, miente. Camaleónica, Mónica Robles de Hillman ensalza y golpea, adula y traiciona. Así apuntaló a Francisco Portilla, descartó a 21 aspirantes a fiscal, lo encumbró, destacó su perfil —“el mejor”— y en el último lance reculó.

Pregona que se abstuvo de votar, de convalidar el nombramiento de Francisco Portilla Bonilla como fiscal anticorrupción, el alfil de Javier Duarte para conformar la burbuja de impunidad que le evite parar en prisión.

Dice la diputada por Coatzacoalcos que Portilla Bonilla tenía el mejor perfil pero que no era autónomo y de ahí que no suscribiera el dictamen de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, aunque éste pasara con el voto de Marcela Aguilera Landeta y Gustavo Gudiño Corro y luego fuera congelado.

“El perfil del licenciado Portilla —agrega Mónica Robles—, sin duda es el mejor de los que se presentaron. Sin embargo, yo consideré que no cumplía con un principio, que aunque no estaba considerado en la convocatoria, sí forma parte del espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, del cual deriva el estatal, que es el principio de autonomía”. Ajá.

A lo largo de semanas, 22 aspirantes a fiscal anticorrupción pasaron por el Congreso. Entregaron documentación, afianzaron su propuesta, cabildearon, sus padrinos en el círculo duartista, los fidelistas pujando por el cargo desde el cual atarían de manos al próximo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

A la Comisión de Procuración de Justicia llegó el contingente de aspirantes y de los 22 fueron descartados 14. Portilla Bonilla seguía ahí, en el ánimo de Mónica Robles, Aguilera Landera y Gudiño Corro.

Hubo un período de entrevistas. Los evaluó la tríada de diputados, sus alcances, sus conceptos sobre la impunidad, un show en el que la mayoría de las propuestas eran para garantizar que la acción de la justicia no llegara al gobernador de Veracruz.

Sabíase de antemano que la Fiscalía Anticorrupción sería para Portilla Bonilla, ligado y servil a Javier Duarte, un tiempo subsecretario de Gobierno, operador en Córdoba en los días en que Javier Duarte fue inventado como diputado federal, en 2009, el cargo que le permitió contar con el requisito para llegar al gobierno de Veracruz.

Así hasta el 30 de junio. Ese día, presionado por la sociedad de Veracruz, distanciado del PRI nacional, cuya presidenta Carolina Monroy lo tildó de falto de ética por confeccionar un paquete de impunidad, tenso el ambiente político por la agresión a Yunes azul a las puertas del Congreso estatal, Javier Duarte dio marcha atrás.

Tuvo entonces Mónica Robles que justificar el revire. Y dijo que Francisco Portilla Bonilla no reunía el requisito de autonomía.

Lo descubrió la mañana del 30 de junio, cuando el tema de la Fiscalía Anticorrupción fue retirado de la orden del día.

Mañosa, tramposa, Mónica Robles invocó un requisito que no aparecía en la convocatoria a la que ciñeron los 22 aspirantes a fiscal.

“Al haber sido funcionario publico de la administración estatal tan reciente, en 2015, eso lo hace que no tenga ese principio, que aunque no está establecido en la convocatoria si está establecido en el sistema nacional”, refiere Mónica Robles a la Agencia AVC.

No es que Mónica Robles esté en contra de las maniobras de Javier Duarte para consumar su paquete de impunidad. Tan es así que con lo que sí estuvo de acuerdo fue con la creación de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo —Sala Anticorrupción—, “cuya función será conocer las responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares e impondría las sanciones correspondientes”, y por la que ese mismo 30 de junio votó a favor.

De acuerdo con el comunicado del Congreso de Veracruz, 30 legisladores la aprobaron, 14 votaron en contra y hubo cuatro abstenciones. Mónica Robles votó a favor de la Sala de la Impunidad Duartista.

Reza el boletín:

“Durante la novena sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno aprobó este dictamen con 30 votos a favor de los diputados de los grupos legislativos del PRI, PVEM y Nueva Alianza; 14 en contra –de los diputados de las bancadas del PAN, PRD-MC, del legislador del PT, Eladio del Ángel Zumaya; del PRI, Ricardo Ahued Bardahuil; del PVEM, Jesús Vázquez González- y cuatro abstenciones –de los diputados Gerardo Fuentes Flores, de Nueva Alianza; Octavio Pérez Garay y José Ramón Gutiérrez de Velasco, del PRI, así como de Domingo Bahena Corbalá, independiente”.

Mónica Robles no aparece entre los que votaron en contra ni se abstuvo. Su voto fue a favor.

Más adelante, el comunicado agrega:

“Esta modificación legal instaurará la Sala Especializada en Materia Anticorrupción, misma que recibirá las denuncias clasificadas como faltas graves promovidas por la Contraloría General del Estado (CGE) los órganos de control interno de los entes públicos estatales o municipales o por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (ORFIS) y establecer la sanción que harían acreedores quienes infrinjan la legislación.

“También fincará a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

“Sancionará a particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves con la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden estatal, municipal o intermunicipal, según corresponda.

Toda la nbancada panista y el PRD votaron en contra.

El único del PRI que votó en contra fue Ricardo Ahued.

El único del PVEM que votó en contra fue José Jesús Vázquez.

Cuatro abstenciones: Gerardo Fuentes Flores, de Nueva Alianza; Octavio Pérez Garay y José Ramón Gutiérrez de Velasco, del PRI, así como de Domingo Bahena Corbalá, independiente.

Archivo muerto

Fidelista, duartista, Lupe Porras quiere ser magistrada. Puja para estar en la terna Que proponga el desgobernador de Veracruz para integrar la Sala Anticorrupción —Sala Especializada en Materia Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo— con la que Javier Duarte se pretende blindar. Lu-pilla mayor, con una estela de corrupción, con cuentas chuecas en Minatitlán, cuya alcaldía presidió, es la carta de Ciro Félix Porras, su hijo, diputado local, que con el beneplácito del fidelismo y del duartismo, la quiere ver simulando que aplica la ley contra la corrupción. Trasciende en el Congreso de Veracruz que sólo así —su mami en la terna infernal— Cirito votaría por el fiscal anticorrupción que proponga Javier Duarte, a punto de un ataque de nervios el gordobés por tener fiscal y magistrados a modo, cómplices que lo cuiden, que eviten que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, una vez en el cargo, lo confine en la cárcel. ¡Qué aberración! Lu-pilla Porras sumió a Minatitlán en la bancarrota, dispuso de créditos bancarios, dejó de pagarlos, liberó cheques sin la firma del síndico, acumuló inconsistencias en el manejo de los recursos por más de 500 millones de pesos, pagó 45 millones de pesos por un puente, el de Capoacán, que nunca se construyó, reprimió a sus adversarios y críticos con porros. Y ahora, vía Ciro, su hijo, el legislador, quiere ser magistrada anticorrupción. Lo que es la desfachatez… 

Cambio en la cúpula del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, en septiembre. Deja su presidencia Luis Fajardo Vázquez, quien por más de cinco años lo encabezó. Vía el OCC, se pudo tener una medición precisa del nivel de violencia e inseguridad que devora a Coatzacoalcos y al sur de Veracruz, con metodología para identificar el delito, sus causas, sus omisiones, el papel que juega la autoridad, la efectividad o no de los operativos policíacos, si funcionó o no el Mando Único Policial, el crecimiento del secuestro, la extorsión, el levantón. Cifras, datos, el por qué del caos y el baño de sangre, en la labor del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, primero en su género en Veracruz, con el respaldo de figuras de la talla de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Alejandro Martí, de México SOS, se constituyó en un termómetro de la violencia, incómodo para el duartismo, sobre todo para Arturo Bermúdez Zurita, el “general” de cero estrellas, secretario de Seguridad Pública, cuya policía es lo peor que le pudo ocurrir a Veracruz, inodada en levantones de inocentes que luego son entregados al crimen organizado. Se va Luis Fajardo pero OCC seguirá en la misma línea y con la misma intensidad… 

A ver. Dice Brenda Manzanilla Rico que un despacho de la ciudad de México será el que se encargue de cuantificar el impuesto predial que Braskem-Idesa deberá pagar al ayuntamiento de Nanchital. O sea que la tesorería municipal no tiene capacidad de realizar esa labor, medir la extensión del predio en que se ubica el complejo Etileno XXI, verificar la tabla de valores catastrales, determinar el monto a pagar. Suena a transa de la alcaldesa, semejante a lo que hiciera Marcelo Montiel en Coatzacoalcos, cuando usó información que conoció cuando fue oficial mayor del Congreso de Veracruz, frenando a Armando Rotter que pretendió cobrar a las subsidiarias de Pemex en Pajaritos, Cangrejera y Morelos, entonces convertidas en sociedades anónimas, y esperó a ser presidente municipal para apretar, embargar, condonar y llevarse un botín de 242 millones de pesos, incurriendo en un delito fiscal, pues estaba impedido para eximir de pago al contribuyente. Sólo falta con que Brenda Manzanilla use los servicios de Abogados y Asociados Internacionales, de Tony Macías, para realizar un par de notificaciones y llevarse una millonaria comisión… Insensibles, gobierno federal y de Veracruz a la exigencia —no solicitud— de cumplir con la llegada de la Gendarmería Nacional a Coatzacoalcos. A solicitud del cabildo de Coatzacoalcos, empresarios, profesionistas y líderes de agrupaciones civiles suscribieron un desplegado en el que reiteraban el llamado a que esa instancia federal la que asuma el control de las tareas para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Días después no hay respuesta. en el desplegado se evidencia la crisis de seguridad, operativos policíacos fallidos, la población inerme. Javier Duarte dijo días antes de la elección del 5 de junio que la Gendarmería llegaba a Coatzacoalcos. Falso. Dice su secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, que sí llegó pero se tuvo que ir a Chiapas y Oaxaca. Falso. Si así fuera lo sabrían el alcalde Joaquín Caballero y su cabildo, los mandos policíacos locales, la prensa adscrita a la fuente policíaca. No hay tal. Y transcurren los días y la indiferencia en el gobierno peñista y ni se diga en el duartista es criminal…

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