* Exhibe Yunes Linares al secretario de Seguridad  * Los socios, sus parientes  * Reclaman 71 millones a Javier Duarte  * Fideicomiso para pagarle a los amigos   * Dos decapitadas en Xalapa  * Laboraban en la SSP  * Dos ejecutados en Coatza  * Amagan con romper tuberías del Yuribia  * Incumple pagos el gober

Al falso “general” le sobra quien le escriba. Le reseñan violencia y ejecuciones, sangre y levantados, represión y tortura, y ahora la red de empresas que sirven al Clan Bermúdez Zurita, los parientes y el socio, para esquilmar a Veracruz.

Mercader, más que policía, Bermúdez vive días negros y escarnio social, exhibido en la esencia de la corrupción, lucrando con el tema de seguridad, vía negocios en los que figura él o lo hacen sus hermanos, su mamá y un socio, Roberto Esquivel Hernández, por el que se descubrió todo.

Lo balconea Miguel Ángel Yunes Linares. Letal lo que dice, lo que exhibe, la telaraña de trastupijes, retrata al funcionario sin moral que usa la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a su cargo para hacer fortuna, él y su parentela en el desenfreno del poder.

Habla Yunes, de nueva cuenta, ante la prensa. Refrenda que Javier Duarte con su Congreso cómplice fraguan otro atraco a Veracruz, tomando recursos del 3 por ciento a la Nómina, constituyendo un fideicomiso más, comprometiendo pagos hasta por 10 años, abuso transexenal, para garantizar el pago a las empresas del duartismo.

Describe la irresponsabilidad del desgobernador y la mala leche que corre por sus venas, jugando a ser perverso, simulando que pretende aliviar la deuda con los acreedores, ocultando que el beneficio es para la mafia duartista en funciones de proveedor del gobierno estatal.

Un nombre fue la clave para llegar a Bermúdez y su clan: Roberto Esquivel Hernández, operador del secretario de Seguridad en las empresas familiares, que a su vez resultaron ser proveedoras de la SSP, negocios hoteleros, inmobiliarias, operadoras de cantinas, casinos y pulquerías.

Aparece Roberto Esquivel en la lista de acreedores que avaló el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, con un adeudo de 71 millones 747 mil 852 pesos, como deuda de la SSP. 

El documento presenta la firma de “conformidad” de su titular de la Sefiplan, del subsecretario de Egresos, Jorge Jaramillo Méndez, y del tesorero, Arnulfo Octavio García Fragoso, y por parte de la SSP,  el jefe de la Unidad Administrativa, Alejandro Contreras Uscanga.

Por el monto de lo que se le debe, bastó seguirle la pista.

Yunes Linares sostiene que tras consultar el Registro Público de la Propiedad, aparecieron las sociedades mercantiles en que Roberto Esquivel figuraba. Su nombre figura como comisario o apoderado en la mayor parte de las empresas del Clan Bermúdez.

Otras de las empresas, igualmente acreedoras del gobierno duartista, son propiedad de parientes de Bermúdez Zurita, sus hermanos y su mamá, supuestamente también dos hijos.

Se trata de 20 empresas constituidas sin el menor pudor, los Bermúdez Zurita en todas, a la vista la rapacidad y el cinismo, la ambición y el descaro, varias de ellas dedicadas a la seguridad privada, otras al turismo, el negocio inmobiliario, el transporte y la aviación, el casino y el préstamo, el restaurant y la cantina, y hasta la pulquería.

Una: Grupo Profesional de Resguardo se dedica a dar asesoría, consultoría en seguridad, venta, renta, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos de seguridad. Su socio principal es Arturo Bermúdez Zurita y su apoderado, Roberto Esquivel Hernández.

Otra: Seguridad Privada GPRSA, cuyo objeto social es la seguridad privada a personas. Sus socios, Jesús Gabriel y Carolina Bermúdez Zurita. Su apoderado, Roberto Esquivel Hernández.

Una más: Grupo Profesional de Alarmas, especializada en asesoría, consultoría en seguridad, venta, renta, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos de seguridad. Su comisario es Roberto Esquivel Hernández.

Otra más: Profesionales en seguridad privada, dedicada a servicios de seguridad privada en lugares, establecimientos y vigilancia de inmuebles, así como venta, renta, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos de seguridad. Socio principal, Jesús Gabriel Bermúdez Zurita, y el comisario, Roberto Esquivel Hernández.

Una más. Icaza Development Group, una constructora y supervisora de obras de urbanización, cuyos socios son María Guadalupe Zurita García, madre del secretario de Seguridad Pública, y su hermano Miguel Ángel Bermúdez Zurita.

Según detalla Yunes Linares, prepara Javier Duarte un “robo transexenal”, coludido con el diputado rémora, Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien pastorea a la pandilla cómplice.

“Pretende apoderarse de los impuestos que pagarán los empresarios veracruzanos los próximos años, mediante una artimaña burda disfrazada de fideicomiso pasado por la aprobación de un Congreso donde suponen que prevalecerá la indignidad y falta de compromiso con Veracruz”.

Refiere que Duarte ha presentado una segunda lista de “acreedores” donde aparecen los “adeudos” por dependencia y la relación aparece “validada” con la firma del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Subsecretario de Egresos, el Tesorero y el responsable de la dependencia correspondiente.

“La lista de Duarte —agrega el gobernador electo— mezcla nombres de algunas personas y empresas honorables con cantidades mínimas a pagar, pero el grueso de lo que pretenden que paguemos los veracruzanos los próximos 5 o 10 años corresponde a empresas o personas físicas fantasmas, que sólo cubren a los verdaderos beneficiarios del atraco, que son Duarte y sus cómplices”. 

Y cita el caso de Bermúdez Zurita. “Llama la atención la cantidad de empresas y la diversidad de rubros a los que se dedica junto con sus familiares y socios.

“Entre estos rubros están servicios de seguridad privada, venta de equipos electrónicos, constructoras, hotelería, antros, casinos, cantinas, pulquerías, casas de empeño y transporte; subrayó que en 10 de éstas empresas y operaciones de compraventa fueron celebradas en la Notaría del licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, quien después fue asesinado en la Ciudad de México.

“Yo pregunto si alguien de los presentes sabe qué servicios prestó a Veracruz el Señor Roberto Esquivel Hernández para que se pretenda pagarle esa cantidad extraordinaria que equivale al presupuesto total de un año del municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica”, añade.

“No permitiré que un atraco de éstas dimensiones quede impune, hago un llamado a la sociedad veracruzana para que se oponga a éste robo transexenal. Exijamos a Javier Duarte que retire su iniciativa y demandemos a los diputados que cumplan con su obligación de rechazarla, Veracruz está al borde del colapso, no debemos permitir que en sus últimos días ésta banda termine de destruirnos”, concluyó el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. 

Despedazado en las redes sociales, tácitamente quedó el secretario de Seguridad en estado catatónico. No respira, no se mueve, no llora. No se sabe dónde perdió la lengua el “general” Bermúdez. Sólo dice en un tuit insulso.

“Toda mi vida me he desempeñado dentro de la legalidad y lo seguiré haciendo. No abonaré a este linchamiento político”.

No es linchamiento político. Es la radiografía de sus trapacerías, el negocio de la seguridad.

Archivo muerto

Y la violencia no amaina. Dos mujeres decapitadas cimbran a Xalapa, la capital de Veracruz, y dos ejecutados alarman en Coatzacoalcos. Ellas eran empleadas en la Secretaría de Seguridad Pública, embolsados sus restos, acompañados de una cartulina que contenía un mensaje que el duartismo no permitió conocer. 

Sacude a los xalapeños por lo que implica ese nivel de violencia, que mueve a recordar los 35 asesinados hallados al pie del monumento a Los Voladores de Papantla, en Boca del Río, cuando el gobierno de Javier Duarte iniciaba y pronto habría de sucumbir ante el embate de los cárteles, a los que dejó actuar y cogobernar.

Se prenden las alarmas en Coatzacoalcos con el hallazgo de dos cuerpos en la colonia Vistalmar, descompuestos sus cuerpos, con el tiro de gracia, amordazados. Por una de las víctimas ya se había pagado el rescate, presumiblemente 100 mil pesos, y aún así los captores les quitaron la vida. 

Hay más casos, una contadora pública, interceptada cuando salía de su hogar y llevada con rumbo desconocido. 

Crece la violencia, el secuestro, la sangre de los inocentes, la desaparición de quienes difícilmente han de volver, y la Gendarmería Nacional no llega a Veracruz, indiferente Enrique Peña Nieto, Javier Duarte, el Congreso federal, el aparato de seguridad, inútil la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, que con mantarraya —el implemento para detectar la ubicación de teléfonos celulares— o sin ella, siguen dando palos de ciego, limitada a pedir dinero a las familias, sin garantía de que las víctimas volverán. 

Y casi nunca vuelven… Tambores de guerra en Tatahuicapan. Amagan los ejidatarios y comuneros con destruir tubería del Yuribia, la presa que abastece de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y parte de Cosoleacaque por falta de pagos del gobierno de Veracruz. Aducen incumplimiento y que este 20 de julio, agotada la paciencia, vuelven a la radicalización. 

Exigen 23 millones de pesos y ante la insolvencia del gobierno duartista seguro es que dejarán a Coatzacoalcos sin agua. Ya antes lo hicieron y ya antes enfrentaron denuncias penales y órdenes de aprehensión. La presa Yuribia es propiedad federal… 

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