* Indaga la PGR en registros catastrales  * 69 allegados en la mira  * El pobre es él, no los parientes  * Iván Hillman provoca veto de Conagua a Veracruz  * No comprueba gastos por mil 500 millones  * Caso Tamayo: la CIDH también exige justicia  * ¿Y la Fiscalía regional en Coatza?

Una fibra derrumba al tirano: la familia. Ahí pega la PGR. Va por la esposa y la suegra, la madre y el hermano, el concuño y el primo, la red de prestanombres que fueron forjando la fortuna descomunal y en tiempo récord de Javier Duarte.

Va por 69 personas físicas y morales, los allegados, el círculo rojo del gobernador de Veracruz, los que de la nada se erigieron en acaudalados, por sus manos los millones y las mansiones, potentados con ranchos y chalets, dueños de condominios en edificios de superlujo.

Mal día para Javier Duarte. Lo sacude Reforma  —miércoles 27— con una revelación que esta vez no puede eludir: la Procuraduría General de la República indaga entre la familia y los amigos cuantos bienes poseen y cómo los pudieron adquirir.

Hurga la PGR en la base de datos de la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz. Quiere establecer cuanto tenían antes de asaltar el poder y cuanto detentan en los últimos días de Javier Duarte como desgobernador.

Quiere información catastral, los registros de Karime Macías Tubilla, su esposa; María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su suegra; Cecilia de Ochoa Guasti, su madre, y Daniel Duarte de Ochoa, su hermano.

Va por José Armando Rodríguez Ayache, su concuño, el de los departamentos, junto con su esposa Mónica Macías Tubilla, en la Torre Pelícano, en Boca del Río, y ella con una casa en Woodlands, Texas, el paraíso en el que quieren disfrutar de lo obtenido en su paso por el poder en Veracruz.

Rastrea la PGR a Jorge Fernando Ramírez Tubilla, primo político del gobernador, primo hermano de Karime, ex subsecretario de Ingresos del gobierno de Veracruz, su nom​bre en una casa de Maricopa, Arizona, Estados Unidos.

Integra el expediente FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016, radicado en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, donde también solicita la documentación catastral de dos equipos de beisbol: los Cafeteros de Córdoba y los Rojos del Águila de Veracruz.

Detalla Reforma:

“El 5 de julio el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra del mandatario Javier Duarte por desvío de recursos públicos. Una en la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR y otra ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por evasión fiscal.

“La primera denuncia está relacionada con información sobre la red de operadores de Duarte para desviar del erario recursos en la compra de bienes en el país y en el extranjero.

“En tanto, la segunda se basa en información que detalla una lista de 22 ‘empresas fantasmas’, que fueron creadas al inicio de la Administración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.

“La PGR investiga además propiedades en Veracruz de funcionarios como José Antonio Chara Mansur, delegado federal de la Secretaría de Economía y a quien en la denuncia se le vincula con 13 propiedades en Woodlands, Texas; Octavio Manuel Ruiz Barroso, edil de Alvarado y Gerardo Bonilla Suárez, encargado del Velódromo de Xalapa”.

Sigue Reforma:

“La Procuraduría General de la República (PGR) indaga los antecedentes catastrales de 35 empresas de Veracruz, entre ellas, los equipos de beisbol Cafeteros de Córdoba y Rojos del Águila de Veracruz.

“Esto como parte de las denuncias contra el Gobernador Javier Duarte por desvíos de dinero, que abarcan a familiares y colaboradores cercanos que presuntamente han fungido como testaferros.

“De acuerdo con una denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, el mandatario veracruzano cuenta con alrededor de 25 bienes inmuebles ilícitamente adquiridos a través de prestanombres con un el valor superior a los 3 mil millones de pesos.

Y”unes asentó en la denuncia que Moisés Mansur Cysneiros, es socio de la Inmobiliaria Cartujano y que ha construido algunos de esos inmuebles.

“La PGR elaboró una lista de 69 personas físicas y morales de las cuales solicitó sus antecedentes catastrales a la Dirección General de de Catastro y Valuación de Veracruz desde el pasado 19 de julio.

“En esa solicitud de información, figuran 35 empresas que van desde inmobiliarias, hasta tiendas deportivas, de frutas y verduras, autotransportes, refacciones y de gasolineras.

“Por ejemplo, la PGR quiere conocer los antecedentes catastrales del equipo Cafeteros de Córdoba, que resurgieron en 1972 cuando Chara Mansur llevó a esa ciudad la franquicia de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) para el cual se construyó el estadio ‘Beisborama’.

“Actualmente ese equipo juega a nivel estatal y lo encabeza José Antonio Mansur Beltrán.

La PGR también quiere la misma información de los Rojos del Águila de Veracruz, que es parte de la LMB.

“Sus directivos son José Antonio Mansur Galán y Jean Paul Mansur Beltrán, quienes también son parte de la lista de la investigación federal FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

“Otras empresas de las cuales la PGR solicitó antecedentes catastrales son Frutas y Verduras Asépticas (Fyver) asentada en Coatzacoalcos desde 2005; Hidrosina Plus; Contreras y Janeiros SC, firma de abogados especializados en las materias fiscal y administrativa; y Mansur Sports, asentada en Córdoba.

“En la relación de propietarios de los inmuebles atribuidos en la denuncia de Yunes contra Duarte, sobresalen 13 en Woodlands, Texas, a nombre de José Antonio Mansur Beltrán, quien es delegado de la Secretaría de Economía en Veracruz.

“Con esto, la PGR no sólo requirió la información catastral de José Antonio Mansur Beltrán sino de Mónica Patricia Mansur Beltrán; el empresario Nisim Mansur Cohen, Lucía Patricia Beltrán Sánchez, José Antonio Ruiz Bandín; José Juan Janeiro Rodríguez (socio de Contreras y Janeiros SC); José Manuel Ruiz Falcón; y David Alejandro Osorio Aguirre”.

Sabíase de las estrecheces familiares, unos sin empleo, otros trampeando para sobrevivir, alejados de la vida de opulencia que sólo dan los golpes de suerte, la herencia desbordada o los años de trabajo a todo vapor.

Sabíase de la medianía económica antes que Javier Duarte fuera gobernador, incluso en los días en que era secretario de Finanzas de Fidel Herrera Beltrán, su mentor e impulsor.

Desatado el escándalo, admitida la existencia de la indagatoria por parte de la PGR, se asume Javier Duarte como un gobernador pobre, si acaso 2 millones de pesos, joyas que son herencia de la abuelita de Karime Macías, dos casas, una con valor de 700 mil pesos y otra por un millón. Nada más.

Preconiza el gober que él, por si no saben, es casi pobre. Acumula una ridícula fortuna mientras a Karime, la suegra, la mamá, el hermano, el concuño y el primo, los amigos, los empleados, los socios, les Va mucho mejor.

Lo que Javier Duarte no les ha dicho a su familiares es que él, pobre como es, no tiene nada que esconder. Ellos sí. 

A los familiares los cerca la PGR por la súbita fortuna que ostentan, por el uso de recursos de procedencia ilícita, por su explosivo enriquecimiento, por el origen del dinero que detentan.

Quizá Javier Duarte la libre. Su familia no.

Archivo muerto

Por omiso, negligente, por no comprobar el uso de recursos, Iván Hillman llevó a Veracruz a la condición de “entidad inelegible” para recibir los millones de Conagua. No hubo en 2016 inversión en obras de agua, drenaje y alcantarillado. Y el Terrible Iván dejó de comprobar el uso de mil 500 millones de pesos. Le imputan al ex alcalde de Coatzacoalcos supuestas irregularidades en los programas Apazu y Prossapys, que son los dos únicos programas federales que realiza la Comisión Nacional del Agua. Con ello se  frenaron construcciones ya iniciadas, en el 2014 y 2015, y fueron canceladas gestiones para 2016. Lo revela el asesor de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de diputados, Manuel Sánchez Giles, y lo difunde La Jornada Veracruz, en a pluma de Fernando Inés Carmona. “El delegado de Conagua no comprobó el uso de recursos económicos federales que se destinaron para el estado de Veracruz, dinero que se debió aplicar en diversas obras de agua, drenaje y alcantarillado en aquellos municipios del estado que gestionaron los recursos”, precisa Sánchez Giles. Explica que el veto a Veracruz en 2016 también se atribuye a la falta de comprobación de gastos, “así como del cierre de ejercicio y todo esto es responsabilidad del director general del organismo de Cuenca Golfo Centro de Conagua, Iván Hillman Chapoy, así como del director de agua y saneamiento de la misma dependencia, Carlos Ignacio Alonso Zúñiga. Es un dinero que no se comprueba en qué se utilizó”. Es crónica la desfachatez de Iván Hillman. Siendo alcalde de Coatzacoalcos ejerció 2 mil millones de pesos. Nadie sabe en qué los invirtió. Su obra es fantasmal, intangible. Y ahora, una década después, vuelve a las andadas. Provocó que Veracruz fuera vetada por la Conagua, por no comprobar en qué aplica los millones que pasan por sus manos. Habría qué empresas realizan obra en gestión, algunas de Coatzacoalcos, especializadas en inflar montos y estimaciones. Habría que ver el derroche sin comprobación. Habría que ver la relación laboral con los empleados. Ahí hay pus… Para Pedro Tamayo, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide justicia. Su Relatoría Especial destaca que el periodista se hallaba bajo las medidas cautelares del gobierno de Veracruz, “medidas extraordinarias de protección”. Y aún así el asesinato ocurrió. No protegió a Pedro Tamayo Rosas, corresponsal de El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político en Tierra Blanca, el Sistema de Alerta Temprana y Planes de Contingencia. Expresa la Relatoría Especial de la CIDH “su profunda preocupación por el aumento de la violencia contra periodistas en México, que se expresa en el incremento de la cifra de asesinados en relación con años anteriores, cuyas muertes podrían estar vinculadas al ejercicio de la profesión”. Son ya ocho días. Nada se sabe de los asesinos. Nada se advierte en torno a los policías que realizaban rondines en torno al hogar, o a los que llamaron a la ambulancia proporcionando un domicilio distinto al lugar donde ocurrió el crimen, o a la patrulla que interceptó al taxi en que viajaba un hijo de Pedro Tamayo tratando de darle alcance al vehículo en que huían los sicarios. Van ocho días, condena el crimen la UNESCO y la Relatoría Especial de la CIDH, protesta la prensa crítica, se indigna la sociedad, lloran sus deudos, y la impunidad sigue inalterable, los criminales protegidos e intocables… Nada camina en la Fiscalía General. O sí. Si acaso el show de “Culín”, sus alardes, el ego y los reflectores, pero de justicia ni hablar. Ni quien confíe en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro zona sur, ubicada en Coatzacoalcos, la llamada Unidad de Extorsión, que no resuelve secuestros y cuando ocurren suele llegar a los domicilios de los familiares cuando, se supone, nadie sabe aún nada. Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, presume instalaciones nuevas para la Fiscalía Regional, en Coatzacoalcos. Las recorre. Trasciende que el arrendador es el diputado García Bringas. Se le da amplia difusión. Y todo sigue igual. Ni instalaciones ad hoc ni justicia para la sociedad. Todo es un embuste…

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