Mediatizar a la opinión pública, y así a la sociedad, es tarea de legisladores, de partidos, del sistema político mexicano y de quienes le marcan la ruta a las instituciones. En las últimas semanas, el debate mediático —la línea editorial de la prensa, la TV y la radio— se centró en los saldos que deja la Cámara de Diputados en su LX Legislatura Federal. Se hizo cera y pabilo de el trabajo legislativo; la agenda pendiente; los rezagos; la conducción de uno de los segmentos dentro de la cúpula de oro que gobierna a México; el despilfarro; los dineros inmerecidos; el costosísimo aparato de poder que opera en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y la inutilidad de sus acciones para el desarrollo del país. De la Cámara de Diputados se ha dicho todo. Se “descubrieron” salarios exorbitantes, reembolso de boletos de avión, apoyo legislativo, apoyo para atención ciudadana, salario por períodos extraordinarios, gastos funerarios, seguro de gastos médicos mayores y una cauda de conceptos que hacen a los diputados una casta privilegiada de la política mexicana.
Ese debate mediático reclamó la excesiva carga para el presupuesto del país; la inmoralidad de que sea los mismos diputados quienes propongan, aprueben y asignen sus salarios. Comparó el trabajo legislativo con el desempeño de cualquier mexicano en otras áreas de la economía y determinó que hay injusticia esférica: es injusticia por donde se le quiera ver. Propusieron los medios, usando la voz de los actores de la vida pública, que se termine la farsa de los diputados plurinominales y que también se vayan al diablo los senadores de representación proporcional, o sea los también pluris. Pidieron que se modifique el esquema de pago; que se supriman tantos conceptos que se le pagan a los legisladores y que se haga más eficiente y efectivo su trabajo. Teóricamente, sería un alivio para las finanzas públicas disminuir las percepciones de la Cámara de Diputados y como propone el panista Juan José Rodríguez Pratts, que se cree un órgano que vigile al Poder Legislativo. Lo resumió así: ¿quién vigila al vigilante? Lo único que no encuadra es por qué no lo hizo y propuso el legislador tabasqueño cuando fue diputado en esta Legislatura que hoy concluye su gestión. Que la prensa ponga el dedo en la llaga y que diversos actores de la vida pública adviertan que el régimen de privilegios al Poder Judicial debe terminar, es loable. Pero cada tres años es el mismo circo. Se rasgan las vestiduras, aniquilan reputaciones y horrorizan a la sociedad. Al final, nada es serio. Sólo el afán de mediatizar a la opinión pública, conducirla, pastorearla y dejarla con al principio.
Nada dice la prensa, por ejemplo, de las partidas de publicidad que paga la Cámara de Diputados y el Senado a las televisoras, a la radio y a la prensa escrita. Se trata de contratos de publicidad millonarios, independientes de lo que erogan los grupos parlamentarios —PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y PANAL— y que son una sangría para el Presupuesto de Egresos de la Federación, o sea del dinero que los mexicanos. En ese rubro no hincan el diente los medios de comunicación. Se saben cómplices. Su labor es entretener a la opinión pública y, por ende, a la sociedad.

No sorprendió que la bursatilización de las participaciones federales la probara la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Veracruz. Lo que llamó la atención fue el voto en contra de tres legisladores del tricolor. Se sabía que  habría mayoriteo priísta; que los diputados de la oposición tomarían la tribuna; que reprobarían esta nueva forma de endeudamiento; que acusarían que con este paquete que será cotizado en el mercado de valores, Veracruz tendrá una deuda de 31 mil millones de pesos. Pero nadie esperaba que los diputados del PRI actuaran como oposición. Es este el meollo del debate… Julio Aldana Prieto, empresario a quien le frustraron su proyecto de transformación de basura, pronto comenzará a emprender acciones legales contra aquellos alcaldes del sur de Veracruz que pasaron por alto contratos, convenios y la inversión millonaria que Julio Aldana realizó para echar a andar el proyecto Solvere, con tecnología de punta, superior al reciclamiento de basura. De un momento a otro comenzará el circo de los alcaldes denunciados por daños millonarios… De risa, esa designación de Mélida Campos Martínez como nueva delegada de Transporte en Coatzacoalcos. Ya antes había sido delegada de tránsito en Agua Dulce; luego pasó a ser jefa de la Oficina de Hacienda del Estado en Minatitlán. Cuando se dio su relevado, hace poco más de un mes, lo menos que se dijo es que no dejaba su día por menos de 20 mil pesos; que estaba sujeta a investigación por parte del área encargada de vigilarle qué tanto le crecen las uñas y qué tan afiladas las tienen los funcionarios del gobierno de Veracruz. Pero nada ocurrió. Al paso de unas cuantas semanas, doña Mélida Campos obtuvo su premio: la Delegación de Transporte en Coatzacoalcos. Ahí la corrupción es de antología. Un dato: por las unidades del transporte urbano que carecen de placa, que carecen de concesión, que no pasan la revista por presentar pésimo estado del vehículo o por usar placa sobrepuesta, se cobra 200 pesos al día por dejarlas circular. En esas condiciones se hallan 600 unidades de transporte —urbanos, taxis, de carga y materialistas—. El negocio es de 120 mil pesos diarios; o sea 3 millones 600 mil pesos mensuales. No, si a Mélida no le dieron; la pusieron donde hay…